Ambas acusadas no estuvieron presentes en la sala, tal como lo hicieron en audiencias anteriores. Permanecieron en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde se encuentran encerradas y se negaron a escuchar la imposición de sus penas, que serán comunicadas a través de sus defensas -según publica Infobae-.

Espósito Valenti, la madre, había sido declarada el 2 de febrero último como la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. Su situación fue más grave aún: se la declaró culpable también del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Durante la audiencia previa de alegatos que se realizó este lunes 13 de febrero, la fiscal Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas fueran condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.

El abogado querellante que representa a la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del Código Penal, en relación con el artículo 80. Sus fundamentos, entre otras razones, se basaron en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que el crimen de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

La noche del crimen y la macabra revelación de la autopsia

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2.300 de Santa Rosa, donde vivía junto a su madre y la entonces pareja de la mujer.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de un período de agonía. Su madre y la pareja de la misma habían dicho en el centro médico al que lo llevaron ya moribundo que un ladrón había entrado a su casa y había golpeado al chico: era mentira. Páez apareció con el chico en brazos frente a la sala médica del barrio Río Atuel, a poca distancia de su casa. Varios vecinos intentaron reanimar a Lucio, que finalmente perdió la vida en el Hospital Evita de la ciudad.

Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por la paliza que recibió. Las torturas a Lucio ocurrían hace meses y el cadáver del chico las reflejó. Ante los magistrados en el juicio, Juan Carlos Toulouse – el forense que practicó la autopsia al cuerpo-reafirmó sus conclusiones originales: dijo que el niño falleció a causa de una ‘feroz golpiza’ y que presentaba ‘lesiones en varias partes del cuerpo’, según informaron fuentes judiciales.

Aseguró que había sido víctima de abusos sexuales ‘recientes y de vieja data’, al mismo tiempo que presentaba ‘un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días’”.

“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”, según la autopsia presentada en la causa. Además de los signos de abuso, presentó quemaduras y mordidas.

Antes de su muerte en el Hospital Evita de Santa Rosa, Lucio había sido asistido médicamente al menos cinco veces en tres meses por traumatismos en diversos centros de salud. Los médicos que vieron sus lesiones no denunciaron nada. Tampoco su jardín de infantes. La jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester había decidido que Lucio viva con sus asesinas, sin realizar un estudio socioambiental, luego de que la tía paterna de Lucio desistiera de su tenencia.

A comienzos de este mes, el bloque de diputados del peronismo y las bancadas de la oposición de la provincia de La Pampa anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la magistrada.

Tras la decisión de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, el proceso llega a su fin, luego de trece audiencias y 87 testigos, a 3 años y 17 días del hecho.

Termina un caso paradigmático, un hecho que identificó a la sociedad y que lo volvió el expediente más seguido por el público general desde el femicidio de Ángeles Rawson en 2014. La síntesis más lúcida al respecto, de por qué este caso atrapó la atención general, fue realizada por el juez David Mancinelli, el encargado de enviar a prisión a los rugbiers, bajo cuya firma estuvo la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni e inicialmente el fiscal Walter Mércuri -según publica Infobae-.

Mancinelli aseguró:

“Las bondades de Fernando captaron la atención de la sociedad. Era un hijo cariñoso, un compañero leal, un novio fiel, comprometido con tareas sociales. Silvino y Graciela criaron a un ser humano hermoso. No fue el justo el final que tuvo, no merecía ese martirio. Y la gente vio en Fernando a sus hijos, a sus hermanos. La sociedad ya no tolera la violencia, la prepotencia. Fernando fue abrazado como un símbolo de paz”.

Los fundamentos del fallo estarán disponibles en la jornada de hoy en la página de la Suprema Corte bonaerense. En todo caso, el equipo de defensores de los acusados ya tiene redactada su apelación que presentará en Casación. El destino de los acusados en la cárcel podrá comenzar a dividirse, tras estar encerrados tres años en pabellones exclusivos para ellos, estipulan fuentes penitenciarias. Podrán ser separados y enviados incluso lejos de sus familias, de acuerdo a los pedidos de cupo que haga la Justicia.

Cuáles fueron las pruebas contra los ocho imputados

Máximo Thomsen fue, sin dudas, el más comprometido. Además del cruce que tuvo con Báez Sosa dentro de Le Brique, y que le valió la expulsión del boliche, lo complican varios videos en los que se lo ve pateando a Fernando mientras está en el piso. Aparte del material audiovisual, distintos testigos, entre ellos Tomás Bidonde y Lucas Filardi, aseguraron haberlo visto dándole “puntinazos” a la víctima y “pisotones”.

Sin embargo, la prueba más determinante en su contra llegó a través de una pericia scopométrica. La misma concluyó que la marca de una pisada en la cara de Fernando se correspondía con el calzado que el rugbier llevaba puesto la madrugada del crimen. “No había posibilidad de error de que fuera de otra zapatilla”, dijo la perito Haydeé Almirón en referencia a las Cyclone negras que, además, tenían sangre de la víctima.

Ciro Pertossi fue uno de los primeros en abordar a la víctima “mientras estaba de espaldas y en estado de indefensión”, asegura la causa. Según la fiscalía y el particular damnificado, “Ciro Pertossi golpeó a Fernando por su flanco derecho. A la vez que (Enzo) Comelli lo hizo por el izquierdo”, coincidieron en sus alegatos.

A Ciro Pertossi también lo dejaron expuesto los registros fílmicos: en uno de ellos se ve cómo, minutos antes de la golpiza, le dio su buzo a Juan Pedro Guarino. “Un claro indicio de que se iba a pelear”, sostuvo Facundo Améndola, uno de los abogados representantes de los Báez Sosa. En otro video quedó en evidencia cómo “se chupó los dedos para evitar que la Policía descubriera que tenía sangre de Fernando en las manos”, agregó el abogado.

Además, constan en la causa los audios y mensajes que envió desde su celular aquella madrugada. “Chicos de esto no se cuenta nada a nadie”, dijo en el grupo de WhatsApp, “Delboca3″, integrado por todos los imputados. A eso se suman las búsquedas efectuadas en Google, entre las 6.21 y las 6.22 y entre las 10.16 y las 10.17 del 18 de Enero de 2020. “Pelea en Villa Gesell”, escribió Pertossi en el buscador después del crimen. Hay, también, un mensaje que le envió a Ana: “Machu (Máximo) y Enzo mataron a un pibe”. También, en el jean que usó esa noche había sangre de Báez Sosa.

A Enzo Comelli se lo acusó de haber “noqueado” a la víctima. “Agredió a Fernando al unísono con Ciro Pertossi. Él llegó por el flanco izquierdo: es asombrosa la coordinación para pegarle en el mismo momento. Excepcional forma de abordaje. Existió entonces una planificación”, dijo Améndola y subrayó que varios testigos lo reconocieron en la rueda, que golpeó a los amigos de la víctima y luego se sacó fotos al final del hecho.

Durante los últimos días, al igual que Máximo Thomsen, Comelli solicitó una entrevista con una psicóloga en la cárcel de Dolores.

Sobre Blas Cinalli, había ADN suyo debajo de la uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando. Al igual que Ciro Pertossi, los mensajes que mandó aquella madrugada después del crimen lo dejaron expuesto. “Nos pelamos contra unos chetos, los rompimos jajaj”; “Creo que matamos a uno”; “Alta noche. Nos vamos al centro a premiar”. “No hubo un solo mensaje ni una actitud posterior de uno de los acusados que demuestre un tipo de arrepentimiento. Al contrario: se regocijaron”, consideró Améndola.

Ayrton Viollaz. Tanto la fiscalía como el particular damnificado aseguraron que fue quien “dio la orden de empezar el ataque”. “‘Es ahora, es ahora’, gritó cuando constató que la Policía se retiraba del lugar”, coincidieron. En los videos exhibidos al final de los alegatos, el abogado Fernando Burlando identificó a Viollaz “a escasos centímetros de Fernando Báez Sosa”. Además, varios testigos, entre ellos, Julián García y Lucas Begide, lo marcaron como quien impartía gritos temor.

Lucas Pertossi registró el inicio del ataque con su teléfono. “Al escuchar la orden (de Viollaz), comenzó a grabar el video. La secuencia es corta porque dejó de filmar y guardó el celular para sumarse a la pelea. Algunos testigos lo identificaron de pie junto a Fernando y golpeando a los amigos”, apuntaron los fiscales y el particular damnificado. Tras la golpiza, Lucas Pertossi volvió al lugar del hecho y envió un audio a sus amigos diciendo: “Estoy acá cerca de donde está el pibe (…) Caducó”.

Sobre Matías Benicelli, las pericias determinaron que en tres de sus prendas había ADN de Fernando Báez Sosa: jean, camisa y una de sus zapatillas Nike. Paralelamente, el jefe de seguridad de Le Brique al momento del hecho, Alejandro “Chiqui” Muñoz, lo reconoció como quien le pegó una patada a la víctima “y que no se levantó nunca más”. A su vez, otro de los testigos dijo que lo escuchó decirle a Fernando: “Negro de mierda, vamos, mátenlo”. Otra de las testigos, Andrea Ranno, del hotel Inti Huasi, declaró que lo oyó jactarse: “Le rompí toda la jeta”. Un video lo muestra abrazando a Luciano Pertossi tras el hecho.

Sobre Luciano Pertossi. En el pantalón de gabardina gris que llevaba puesto aquel día había manchas de sangre de Fernando. Aunque él mismo se desmarcó en uno de los tres videos de la pelea, la querella de los Báez Sosa lo acusó de haber participado “activamente del ataque”. Además, fue identificado por los testigos Federico Raulera y Federico Tavarozzi: este último dijo que lo vio “revoleando piñas y patadas a todo lo que se le cruzaba”.

Su accionar también quedó expuesto en uno de los registros fílmicos de la golpiza donde se lo ve acercarse a Fernando de forma agachada, como si le dijera algo. “Así como Ciro le dio el buzo a Guarino para que se lo sostenga para pelear, él le dio la billetera”, remarcó Facundo Améndola en sus alegatos.

«Fue una pesadilla terrible. En los últimos años no pude dormir más de 5 horas». Con esa frase, Martín Muñoz (42) sintetiza los 13 años y 6 meses que pasó privado de su libertad, al ser condenado a 50 años de prisión por un homicidio que tuvo lugar en 2008, hasta que la Justicia determinó que se trató de una «causa armada», lo absolvió y ordenó su inmediata libertad.

La exoneración de Muñoz fue ordenada el pasado 9 de marzo por la Sala I del Tribunal de Casación Bonaerense, a cargo de Mario Eduardo Kohan, María Florencia Budiño y Daniel Gustavo Amerise, quienes decidieron absolverlo por el delito de «homicidio en ocasión de robo», por el cual había sido condenado en 2010.

«Lo primero que hice después de que me liberaron fue ir a la casa de mi mamá. Fue una fiesta. Porque después de 13 años y medio se terminó la pesadilla. Pude conocer a mi nieta de 2 años que es hermosa», exclamó a Télam el hombre de 42 años absuelto.

Según el fallo, al que tuvo acceso esta agencia, los jueces indicaron que «no es posible asegurar, con el grado de certeza que esta instancia requiere, que el aquí encausado haya participado del homicidio», ya que la investigación se basó en torno a rumores y especulaciones que «no encontraron correlato en prueba o indicio alguno».

De esta forma, los magistrados decidieron revocar la sentencia del tribunal oral, a la vez que consideraron que no se efectuó un señalamiento contundente respecto del inculpado, sino que las testigos del hecho se limitaron a mencionar que poseía «similares características a uno de los sospechosos» y que sus testimonios se «vieron contaminados a lo largo del proceso».

El crimen por el cuál fue inculpado

El hecho por el cual Muñoz fue detenido tuvo lugar el 14 de junio de 2008, cuando cuatro hombres asaltaron con armas de fuego el autoservicio «La Perlita», ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, y posteriormente asesinaron a balazos al dueño del local, Juan Carlos Miranda, quien se había resistido al robo.

Días posteriores al crimen, testigos de identidad reservada -a los que se llegó en virtud de «tareas de inteligencia» no aclaradas- indicaron que Muñoz había sido partícipe del robo, por lo que fue convocado a una rueda de reconocimiento en la que no contó con asistencia letrada.

Allí, una de las testigos, que inicialmente no recordaba a ninguno de los asaltantes, señaló que Muñoz «era parecido» a uno de los delincuentes que había participado del robo.

Meses después, otra de las testigos -que anteriormente no lo había identificado- señaló a Muñoz en una segunda rueda de reconocimiento, pero le sindicó un rol distinto en el asalto.

De esa forma, Muñoz quedó detenido el 4 de septiembre de 2008. Dos años después, sin ninguna otra prueba contundente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial Mercedes lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de «robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio ‘criminis causae'».

«Sufrí mucha angustia. Fue una locura. Era pensar todos los días lo mismo, caminaba por arriba de las paredes. Me mantuvo en pie la certeza de mi inocencia y seguir viendo a mi familia», relató Martín, al recordar el momento en el que fue sentenciado a 50 años de prisión.

Hasta lograr su absolución, Muñoz libró una batalla legal durante varios años, donde contó con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos Innocence Proyect y Asociación Pensamiento Penal (APP), las cuales se presentaron ante las autoridades judiciales bajo la figura de «amigos del tribunal» (Amicus Curiae).

«Si no me daban la absolución en Casación, no tenía más fuerzas. No daba más. Me salvó la campana. Sinceramente ya estaba muy cansado. Por suerte, en todo momento estas organizaciones estuvieron en contacto conmigo y me acompañaron», indicó Muñoz.

Por su parte, la APP comenzó a involucrarse en el caso en el año 2015, cuando Muñoz tomó contacto con el fallecido exjuez Mario Juliano, uno de los referentes de la organización.

Indiana Guereño, actual presidenta de dicha organización, afirmó que «el caso está plagado de negligencias investigativas que se ratificaron en el juicio».

«Lo que notamos en esta causa fueron malas prácticas de la justicia. Lo vemos claramente en el caso del tribunal, que en lugar de que se revean esas deficiencias en la investigación, las ratificó. Eso terminó derivando en una sentencia arbitraria», argumentó Guereño, y añadió: «Hay muchísimos Martín Muñoz en todo el país. No es un caso aislado».

Sin embargo, la presidenta de APP expresó que la absolución de Muñoz sí fue un caso llamativo: «Estas absoluciones en este tipo de casos no se dan frecuentemente. Llevan detrás muchísimo trabajo y se logran únicamente porque intermedian organizaciones sociales».

A su vez, el presidente de Innocence Proyect, el abogado Manuel Garrido, explicó que este caso fue «paradigmático para las causas armadas», debido a la gran implicancia que otorgó el tribunal a las ruedas de reconocimiento para finalmente condenar a Muñoz.