Los trabajadores de la administración pública regresan este lunes a la presencialidad plena, de acuerdo con el decreto del Gobierno nacional que estableció como fecha límite el 1 de mayo para poner fin a la modalidad de trabajo remoto, tras haber superado la etapa crítica de la pandemia de coronavirus.

A poco más de dos años de la irrupción de la Covid 19 en el país, este domingo dejan de estar vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios en el país.

«Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios», resolvió la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.

Un primer paso ya había sido dado a mediados de agosto pasado, cuando los empleados estatales empezaron a retornar a sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinó tareas remotas y «presencialidad programada».

En aquel momento, la norma dictada por el Gobierno fijó la presencialidad para «los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19», autorizadas en la Argentina, luego de 14 días posteriores a la inoculación.

Para ese período iniciado en agosto del 2021, el Estado reacondicionó sus sedes, de acuerdo con parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para mantener los cuidados que, además del uso de barbijo y la sanitización, obligó a espaciar el número de personas en un mismo ámbito.

Aquella norma fue dictada a partir de la certeza de que se habían alcanzado «altas coberturas de vacunación con una dosis» y que se había registrado un «descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones».

De todos modos, ahora también los trabajadores deberán continuar respetando recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias.

En paralelo y de acuerdo con la resolución firmada el mes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales deben solicitar los certificados de vacunación a sus trabajadores.

En el caso de aquellos que hayan desistido de vacunarse contra el coronavirus deberán «firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten».

También, los no vacunados tienen que comprometerse a «tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran».

Para esta vuelta definitiva a la presencialidad, el Gobierno dispuso que seguirán «exceptuadas» las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.

«Solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial», explicó en su momento Castellani.

Los exceptuados a prestar servicios de manera presencial son, por un lado, las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.

En este grupo también figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Además, según los parámetros del Ministerio de Salud, «aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta».

Con todo, la resolución que empezó a implementarse hoy advierte que «aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable».

Los avances registrados en el plan de vacunación y el descenso sostenido de casos de coronavirus desde hace 13 semanas constituyen los pilares de la decisión del Gobierno nacional del regreso, a partir del próximo miércoles 1 de setiembre, de los empleados públicos a sus puestos, a lo que se suma la mayor presencialidad en las escuelas de todo el país y el anuncio de la prueba piloto del retorno, aunque aún acotado, de los espectadores a los partidos de fútbol.

Para el gobierno de Alberto Fernández, los avances en el plan de inmunización y otras políticas públicas posibilitan este retorno de las actividades de manera «responsable y cuidadosa», luego de una semana en la que el país alcanzó 50.568.620 vacunas recibidas desde el inicio del operativo de vacunación.

Según las cifras actualizadas de este sábado del Monitor Público de Vacunación, un total de 46.821.494 de dosis fueron distribuidas en todo el país y 41.408.689 ya aplicadas, de las cuales 27.703.975 corresponden a primeras dosis y 13.704.714 a segundas.

Desde el miércoles 1, unos 200 mil empleados estatales serán convocados a retomar el trabajo presencial, en las distintas reparticiones ministeriales y de organismos descentralizados de la administración pública, de los cuales un 60 por ciento estaban realizando trabajo remoto, número que ya había descendido al 40 por ciento para fines de agosto, de acuerdo con datos oficiales.

Según la resolución 91/2021 de la Jefatura de Gabinete, podrán ser citados quienes hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, desde 14 días después de recibirla, independientemente de la edad y la condición de riesgo, pero quedarán excluidas las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.

«Se trata de una presencialidad programada, que arranca el 1 de septiembre, y que implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por persona, con armado de burbujas en muchos sitios en donde la dotación nunca va a estar a pleno», explicó días atrás la secretaria de Gestión y Empleo Público de la jefatura de Gabinete, Ana Castellani.

El sector público nacional en su conjunto tiene unos 900.000 empleados, que incluye a las fuerzas armadas y de seguridad, aunque ese personal siempre estuvo en la presencialidad.

La concurrencia y el trabajo remoto se alternará semanalmente, en función de los días que defina cada autoridad en cada repartición, y se prevé un límite, ya que las tareas a distancia no podrán ser superiores al 50% de la jornada habitual dispuesta o hasta 20 horas semanales.

En cuanto a aquellos trabajadores que no quieran vacunarse, ya que la inmunización no es obligatoria, deberán firmar una declaración jurada, y trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto. Fuentes oficiales estiman que estos empleados alcanzan una proporción «muy menor» de la plantilla.

También, a partir del miércoles, se intensificará la presencialidad en las aulas de todo el país, luego de que el Consejo Federal de Educación aprobara esta semana cambios en los protocolos sanitarios que se encuentran vigentes.

«Tenemos la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Hoy consideramos que se puede avanzar de manera segura y proponemos este paso porque contamos con el aval de las y los especialistas del campo sanitario y epidemiológico, luego de trece semanas de mejora de los indicadores», dijo esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

En ese sentido, el funcionario explicó que los cambios «se aplicarán manteniendo y, en algunos casos, incrementando las medidas de cuidado ya que la pandemia aún no ha terminado».

Finalmente, para el mes de setiembre se espera también una prueba piloto para el retorno del público a los estadios de fútbol, la cual se hará en el encuentro que disputarán la selección Argentina y la de Bolivia el 9 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en el estadio Monumental.

Padres Organizados de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, detallaron que se mantiene el criterio de distancia mínima de un metro y medio en espacios cerrados y elimina el tope de alumnos por aula.

«Mantiene el criterio de 14 días de aislamiento para los contactos estrechos pero, en conclusión, si la escuela no puede garantizar el distanciamiento de un metro y medio entre alumnos, el sistema de bimodalidad continuará vigente. Entonces, ¿cuánto ha cambiado realmente?», se preguntaron.

Desde Padres Organizados dicen que no es cierto lo que dice Florencia Perata, Ministra de Educación de Chubut al señalar que ya no habrá un límite de cantidad de chicos en las escuelas y la apertura a una mayor presencialidad será por etapas dentro de los distintos niveles.

«El Ministerio redujo el distanciamiento de dos metros a uno y medio, lo que implica que si el aula no tiene las dimensiones suficientes para albergar a todo el grado, no puede ir todo el grado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Inglaterra, Chile, Uruguay Francia, no tienen distancia», ejemplificaron.

Eugenia Ferreira, de PO Rada Tilly, indicó que «se mantiene la convocatoria para hoy a las 18 en plaza Roque González porque la Ministra Perata dice una cosa, pero la resolución enviada a las escuelas dice algo muy diferente. No se terminan las burbujas».

El Estado Nacional definió la vuelta a la presencialidad de los empleados estatales, mediante una Resolución publicada por la Secretaría de Empleo Público, que otorga a quienes ejerzan la jefatura en cada área, la posibilidad de convocar a los trabajadores a prestar servicios en cada dependencia.

Podrán ser llamados a trabajar de modo presencial quienes tengan aplicada “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. La persona convocada “deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento”.

Por otro lado, se reguló la situación de quienes han tomado la decisión personal de no aplicarse la vacuna, los cuales, serán llamados de todos modos a prestar servicios, bajo su responsabilidad. «Deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión” y de continuar con su postura antivacuna: “deberán firmar una nota con carácter de declaración jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.

Un informe del Ministerio de Educación detalló el funcionamiento del sistema bimodal en el marco de la pandemia por el Covid-19. El escrito fue en respuesta a un pedido de informes elevado en la Legislatura. El informe oficial da cuenta del nivel de presencialidad en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. Además de establecer los protocolos que fueron aprobados.

De la presentación, se desprende que la Región VI, que abarca a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, fue la que en todos los niveles promedió un menor porcentaje de establecimientos con presencialidad. Mientras que el mayor porcentaje de clases presenciales se reflejó en la Región 1 de Las Golondrinas, con casi al 100% en todos sus niveles.

Vale recordar que a través de una Resolución el Gobierno Provincial fijó que desde el lunes se vuelva a la presencialidad en 27 localidades. Comprende a 28 de Julio, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Camarones, Dique Ameghino, El Escorial, El Mirasol, Facundo, Gaiman, Gan Gan, Garayalde, Gastre, Gobernador Costa, Gualjaina, Lago Blanco, Lago Rosario, Lagunita Salada, Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Paso del Sapo, Puerto Pirámides, Rawson, Río Mayo, Tecka, Telsen y Yala Laubat.

En la Escuela Inicial, se relevaron en el informe del Ministerio de Educación dentro de la Región 1 (Cholila, Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo) 8 establecimientos, en los cuales hubo 8 protocolos aprobados, con 100% de presencialidad.

Para la Región II de Puerto Madryn y Pirámides, de 21 escuelas, en 20 hubo presencialidad. En la zona de Esquel, Trevelin, Río Pico, Gobernador Costa, Tecka y José de San Martín, de 20 establecimientos, 16 tuvieron clases en las aulas, publica hoy el diario Jornada.

En la Región IV que corresponde a Trelew, Rawson, Dolavon, Camarones y Paso de Indios, de 31 establecimientos, en 26 del nivel Inicial hubo presencialidad (83,87%). Mientras que el porcentaje más bajo fue en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con un 51,51%.

En lo que refiere a la Primaria el porcentaje más elevado de presencialidad volvió a estar en la Región I, con 22 de los 23 establecimientos escolares con aulas abiertas. En Trelew y la zona del Valle el porcentaje llegó al 91,30%, en tanto que, en la región sur de Comodoro, fue del 50%.

En Secundaria, los valores de presencialidad para las 10 escuelas de la Región I (Lago Puelo, El Maitén, Cholila, Epuyén, Cushamen y El Hoyo), fue del 100%. Del 82% en Puerto Madryn y Pirámides y 74% en Trelew y el Valle. Nuevamente con el indicador más bajo fue en Comodoro-Rada Tilly: 42%.

Educación Rural

Dentro de la Educación Rural, el máximo nivel de presencialidad se obtuvo en la Región I con 97%, comprendida por las zonas de El Coihue, El Blanco, Leleque, Chiolila, Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo, Cerro Radal, Las Golondrinas, Cushamen, Fofocahuel, Ranquil Huao, Ñorquinco Sur y Buenos Aires Chico.

En tanto que el porcentaje más bajo con el 58% es la Región V, que comprende Río Pico, Facundo, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Buen Pasto, Aldea Apeleg, Sarmiento, Alto Río Senguer y Río Mayo.