Ellos son Toyota, Volkswagen, Nissan y Ford. En el transcurso del día, Renault, Chevrolet y Stellantis, podrían firmar también su compromiso de comercializar un modelo bajo el programa que congelaría el precio por septiembre y octubre -según publica Infobae-.

No es casual que se trate de cuatro marcas que producen localmente pick-ups, y que ese sea el producto sobre el que han podido actualizar sus precios a los valores de septiembre. La razón está dada porque al ser vehículos comerciales, las camionetas no pagan el impuesto interno conocido como a los autos de lujo, lo que les permite a sus fabricantes, pautar sus precios sin necesidad de esperar a que la AFIP publique el esperado nuevo tope que debería estar vigente desde el 1 de septiembre.

Los modelos que esas cuatro marcas pondrían en “Precios Justos” serían Ford Ranger, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok, y Toyota Hilux, todos con una versión de tracción simple.

“El objetivo del programa es que cada empresa ponga un producto de fabricación nacional dentro de ‘Precios Justos’, hay algunas marcas que tienen varias opciones, otras no, sólo una o dos”, dice un ejecutivo de una de las empresas que todavía no ha suscripto el convenio con el gobierno.

Aunque sin confirmación oficial, como las cuatro marcas que ya han firmado fabrican pick-ups en nuestro país, sería bastante lógico que dispongan de una versión de acceso de esos modelos para el programa. Entre las que aún no lo hay suscripto, el escenario es el siguiente:

Las camionetas que vende General Motors, S10 y Montana, se fabrican en Brasil, por lo tanto sería el SUV Tracker el producto del cual surja una versión para “Precios Justos”, Sin embargo, teniendo en cuenta que la validez inicial sería de dos meses, podrían colocar el Chervrolet Cruze, que se dejará de fabricar en diciembre pero tiene un modelo debajo del límite de impuesto a los autos de lujo. Los autos más accesibles de la marca, los Onix Joy y Onix plus, vienen también de Brasil.

Renault, por su lado, es probablemente la fábrica que más opciones tiene para colocar un modelo en el programa de “Precios Justos”, ya que produce en Santa Isabel varios modelos. La pick-up Alaskan y el comercial utilitario Kangoo podrían entrar por no pagar impuesto a los autos de lujo por su categorización. En cambio, si eligieran un modelo, podría ser Santero, Stepway o Logan las opciones también.

Así dadas las cosas, y aunque estén acordados los términos de comercialización de manera individual en el caso de cuatro fabricantes, hasta que no hayan firmado todas las marcas que producen vehículos en Argentina, el tope para el impuesto a los autos de lujo seguirá frenado. Aunque la diferencia entre el escenario del viernes y lunes por la mañana, donde reinaba la incertidumbre, parece ya no ser el mismo, y quienes acordaron con el gobierno ya tienen claro el panorama para los próximos dos meses, es decir, hasta después de las elecciones presidenciales en primera vuelta.

En los casos de las empresas que ya firmaron el acuerdo con el Gobierno, el efecto se puede apreciar al conocer que en las primeras listas de precios estimativas y todavía internas que empiezan a aparecer, los aumentos de septiembre están entre el 12% y el 15%. En cambio, quienes aún no han suscripto el acuerdo, armaron sus listas con aumentos relativos y condicionados, expresando que un modelo determinado, tendría un aumento a determinar el tope del impuesto, lo que indica que efectivamente, aún no hay certeza de cuál será el límite de precio para quedar en la escala a la que pertenece cada vehículo.

De acuerdo a los supermercadistas, las empresas productoras de alimentos están aplicando subas en los productos que rondan entre un 20% y 45%, muy por encima de lo fijado por el Gobierno en marco del acuerdo de precios de productos de consumo masivo.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a Coto, Cencosud, Carrefour y Chango Más, entre otros, reconocieron ante la consulta de TN que estos incrementos existen y que son rechazados por el sector.

“Nuestro sector rechaza los listados que llegan por encima de la pauta del 3,2%”, expuso Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU. Y además advirtió que esto genera “tensiones” en el abastecimiento de productos a los supermercados. “Recibimos en general mucha menos mercadería de la que podríamos vender”, aseguró Martínez.

También explicó que las suba en los precios de los alimentos no solo se ven reflejadas en las listas de productos que reciben por parte de las empresas productoras de alimentos, sino que aparecen cambios en las condiciones comerciales que reflejan “aumentos encubiertos”.

“No son solo listas, sino cambios en los plazos de pago, descuentos por volumen y promociones, que las van eliminando y que suponen un incremento encubierto”, detalló el director ejecutivo de ASU.

Esta semana hubo reuniones entre los representantes de las cadenas de supermercados y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, donde se analizó el cumplimiento del programa de Precios Justos.

“El cumplimiento del acuerdo, tanto en el segmento de precios fijos como en el de sendero -precios por fuera del acuerdo-de 3,2%, fue del 98,8%. De hecho, a nivel sendero el promedio de cadenas da un 3,1%, es decir, por debajo del techo del 3,2%, y en alimentos algunas cadenas están un poco más abajo todavía”, defendió el directivo de ASU.

Distinta es la situación de los comercios de cercanía, que no forman parte de los acuerdos de precios oficial y los aumentos de precio se sienten con más fuerza. Desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires señalaron que en los barrios el precio de las harinas aumentó hasta un 50% y que sus derivados, como las galletitas o los fideos, desde enero subieron a un ritmo del 10%.

Por su parte, fuentes del sector supermercadistas del interior del país aseguraron que los incrementos de precios son diarios, especialmente en los alimentos. En este sentido, sostuvieron que “los proveedores le venden a pérdidas a las grandes cadenas y lo compensan con aumento en los supermercados o almacenes de barrio”.

Con todo, la caída no es pareja: mientras que las ventas en los autoservicios -los comercios más chicos o de cercanía- caen un 8,9% en comparación con febrero del año pasado, los grandes supermercados mantienen su tendencia positiva con un crecimiento de 8,3 por ciento en el mismo período.

Este fenómeno con una amplia brecha con comercios en alza y otros en caída se explica por las bases de comparación con respecto a febrero del año pasado -cuando la situación era inversa- y también, en gran medida, por la acentuada diferencia de precios, según el informe de Scentia.

Una de las causas es la aplicación del acuerdo de Precios Justos, un Programa oficial que solo abarca a las principales cadenas de supermercado. Además de la lista de casi 2.000 productos con precios fijos hasta junio que forman parte del acuerdo, hay un tope de 3,2% mensual para los aumentos del resto de los productos comercializados por las empresas que firmaron el convenio -según publica Infobae-.

En cambio, en los comercios de cercanía, los aumentos que aplican las empresas son más altos, lo que incrementa el nivel de diferencia de precios. En la Secretaría de Comercio analizan que hay “rentabilidad cruzada” de las compañías, que suben por fuera del acuerdo para obtener la rentabilidad que pierden por participar del programa.

“La captación de shoppers (consumidores) por parte del canal supermercados, provenientes de otros canales, también da más claridad a este contexto”, señalaron en Scentia.

Por rubros, las principales caídas se dieron en las categorías de limpieza de la ropa y del hogar (8,6%) y productos impulsivos, como golosinas y snacks (5,5%). En tanto, los únicos rubros que registraron números positivos fueron bebidas sin alcohol, con 7,9%, y congelados, con 0,6 por ciento.

Si se toma solo a los autoservicios, hay caídas de 15,8% para productos para la limpieza de la ropa y el hogar, de 14,4% para higiene y cosmética y 13,9% para bebidas con alcohol.

Según un análisis de la consultora Ecolatina, desde la puesta en marcha del programa de Precios Justos, la diferencia entre los aumentos de precios en los distintos canales -suerpermercados o autoservicios- es notable: por ejemplo, en el canal tradicional (comercios pequeños) el agua creció 10 puntos porcentuales por encima del canal moderno (super e hipermercados); los fideos, 9 puntos; la leche, 7 puntos y los yogures, 6 puntos.

“Esta brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía o pequeños autoservicios implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables”, explicaron desde la consultora.

Según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos destinan sólo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno (grandes cadenas), mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.

La mayor parte de los incumplimientos se registran en la falta de stock, en menor medida en problemas con la cartelería, y en algunos pocos casos, sobreprecios o productos gemelos, con diferencias casi imperceptibles con los comprendidos por el programa. Así lo indicó un informe elaborado por el Instituto de Estudios por la Soberanía popular “Mariano Moreno”. Se relevaron 525 supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y se analizaron 11.550 productos.

Los productos que menos se encuentran en las góndolas son jabón en polvo, aceite, azúcar y fideos. En cuanto al rubro que presenta mayores faltantes es el de limpieza, con un 67,16%. De acuerdo con el área geográfica del AMBA, el trabajo registra mayores incumplimientos es la zona sur con un 41,71%, que precisamente es la que tiene el índice más alto de consumo de productos incluidos en el programa oficial.

El estudio también señala que el nivel general de incumplimientos de Precios Justos, desde el anuncio de la renovación del acuerdo de precios en febrero por parte del Ministro de Economía, aumentó notablemente.

En ese sentido, el relevamiento indica que en las cadenas supermercadistas más importantes, donde se deberían encontrar estos productos, los incumplimientos superan ampliamente los de las primeras semanas de puesta en marcha del programa.

Además, el informe sostiene que luego del anuncio del nuevo programa de precios, los incumplimientos crecieron, aun cuando el Gobierno permitió un aumento de 9% en aquellos que estaban congelados hasta el 28 de febrero.

En el estudio también se reveló algunos datos que hasta ahora no se conocían hasta el momento, como por ejemplo, el caso de los supermercados Día, donde es difícil conseguir los bizcochos “9 de Oro”, que se encuentran dentro del programa Precios Justos.

Sin embargo, ante la faltante de este producto, en la góndola se puede encontrar los bizcochos de marca Día, fabricados por la misma empresa que produce los 9 de Oro: Molinos Cañuelas. Ante esto, el informe resalta que “la empresa productora no puede cumplir con el abastecimiento del producto acordado en el programa, pero puede entregarle a un supermercado un producto de similares características, aunque con otra marca”.

El titular del “Mariano Moreno”, Rafael Klejzer, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, concluyó que “el programa Precios Justos no está generando precios de referencia, no está logrando uno de sus principales objetivos, que es abastecer con productos de primera necesidad a un sector importante de la población; y, por lo tanto, no está frenando la inflación en el segmento de los alimentos, que escala en forma sistemática”.

En este sentido, señaló que “el panorama no es muy alentador para ningún sector. La canasta escolar es una locura”

“Mientras nosotros festejábamos el Mundial hemos recibido aumentos de todo tipo y nadie se da dado cuenta de eso”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “electricidad, gas, transporte… Todo se ha disparado y lo peor es que hasta el momento no escuché ninguna oferta política que nos saque de esta situación. Solo hay chicanas de un lado y del otro. Y eso habla de la decadencia que vivimos”.

“La verdad es que todos estamos inmersos en un cuadro que no beneficia absolutamente a nadie. De un millón de pesos que genera un negocio, el Estado se lleva 600.000 mil pesos pero ese dinero a no se ve retribuido en nada. Yo prefiero que me saquen el subisidio a la luz y pagar 30.000 pesos y no 10.000 pero no darle al Gobierno el 60% de lo que recaudo”, indicó.

En este marco, destacó que “a nadie se le ocurrió generar incentivos para fomentar la creación de empleo en el sector privado”.

“Yo veo a la gente haciendo malabares de todo tipo para poder comprar los alimentos. Todos sufrimos esto. Es imposible sostener los Precios Justos en un contexto inflacionario”, concluyó finalmente Ceriani.

«Esta semana estamos con 769 multas por $ 806.450.000 por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del Programa, duplicidad de etiquetado; y esto de algún modo es un paso más en la idea de que no podemos llevar orden en los precios y construir previsibilidad si permitimos los abusos«, manifestó el funcionario nacional.

Las multas -señaló Tombolini- «se desplegaron tanto en cadenas de supermercados como «Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo»; como en empresas alimenticias como «Cabrales y Nestlé».

El secretario explicó que, luego de labrase el acta, «se le da el descargo a quien se le imputa y después se procede a la multa».

Uno de los casos es el de una sucursal de la cadena Jumbo ubicada en San Lorenzo 3773, en el partido bonaerense de San Martín, la cual fue clausurada anoche tras un operativo «relámpago» realizado en conjunto entre la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Martín junto con el área de habilitaciones del municipio.

«Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un faltante», relató Tombolini -según publica Ámbito-.

El secretario aclaró que la clausura se vincula con una infracción a la ordenanza municipal 9.007 «que tienen que ver con un tema vinculado con Bomberos», y que Comercio se encarga, por su parte, de verificar «infracciones a la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor».

El Programa Precios Justos, relanzado a principios de este mes, fija los precios de casi 2.000 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.

Los productos se encuentran en los supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Del mismo modo, estipula un aumento de 3,2% mensual sobre otros 50.000 productos hasta el próximo 30 de junio.

Los datos revelan que una familia de dos personas adultas y dos chicos, que en el primer mes de 2022 precisaba $33.685,25 para adquirir sus alimentos indispensables, en el primer mes de este año necesitó $68.094,31 para comprar los mismos productos.

El principal motivo – según publica TN– tiene que ver con las características propias de la vida diaria en esos barrios. En su mayoría, las familias se ven imposibilitadas de hacer compras mensuales en supermercados de grandes superficies para aprovechar promociones y descuentos, debido a que cobran a diario o semanalmente, y se abastecen en los comercios de cercanía donde programas oficiales, como Precios Justos, tienen poco alcance.

“Ya inició el año y lejos está de instalarse una perspectiva favorable para los sectores populares en general y mucho menos para los que cobran remuneraciones mínimas o tienen trabajos no registrados”, señaló Isaac Rudnik, director de ISEPCI.

Según sostuvo, los Programas de Control de Precios “aun cuando van acompañados de profusas campañas de propaganda, no tienen ningún efecto sobre un proceso inflacionario que lejos está de encontrar un techo, y sigue siendo, ante la mirada complaciente del gobierno, el mecanismo más contundente para el continuo traslado de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más ricos del país”.

Los alimentos que más aumentaron en Enero

De acuerdo con el relevamiento de ISEPCI, en el primer mes del año el rubro de productos de almacén liderados por los lácteos (leche, manteca, quesos) encabezó los aumentos con un 8%, seguido por las frutas y verduras, con el 7,33%, y las carnes, con el 2,33%.

En la comparación interanual, los productos de verdulería fueron los que más aumentaron, con un alza del 150% en Enero respecto del mismo mes de 2022; mientras que los de almacén subieron 118,18% y las carnes anotaron incrementos del orden del 58,48%.

Los alimentos que más aumentaron de precio en Enero respecto de Diciembre fueron:

-Zanahoria: +31,58%

-Naranja: +25%

-Tomate: +20%

-Arvejas (lata): +17,27%

-Pera: +16,67%

-Manzana: +15,79%

-Papa y manteca: +15%

-Leche: +14,29%

-Fideos guiseros: +13,33%

-Harina de trigo y aceite mezcla: +12,5%

Sin embargo, este acuerdo alcanza a los hipermercados, supermercados y mayoristas, y no así a los comercios de cercanía donde compran los consumidores de menor poder adquisitivo, que son precisamente quienes más necesitan acceder a los precios más bajos -según publica TN-.

Los comercios de proximidad, como almacenes y autoservicios chinos, que concentran el 60% del consumo, tienen una brecha de precios cada vez más grande con los supermercados.

Desde la consultora Scentia señalan que esta tendencia se percibe desde Abril de 2020. A partir de esa fecha se produjo “un quiebre en la velocidad de cambios de precios entre canales”.

En Agosto de 2022, la diferencia de precios entre los comercios de cercanía y los supermercados fue del 25%. Esta tendencia se profundizó con el paso de los meses.

Este fenómeno en parte sucede porque los supermercados tienen mayor poder de negociación a la hora de pactar los precios con sus proveedores, a quienes le compran mayor cantidad de mercadería.

Pero además, otro factor que incide es que en las políticas oficiales de control de precios están incluidas históricamente las grandes cadenas de supermercados y no así los pequeños comercios o autoservicios chinos. Esto se debe principalmente a que el Gobierno tiene un mayor poder de fiscalización en las góndolas a través de las inspecciones y no así en los comercios de proximidad, que son mayores en cantidad.

Por su parte, la titular de la Cámara que agrupa a los autoservicios chinos (CEDEAPSA), Yolanda Duran, sostuvo que el sector no forma parte del Programa de Precios Justos porque el Gobierno no los convocó.

Duran explicó que los comerciantes utilizan otros recursos para no perder clientes como “buscar los mejores precios y calidades en distintos lugares como mayoristas y distribuidores”. “Con eso y a pesar de que nos están entregando entre 30% y 40% de la mercadería que encargamos, estamos haciendo frente a la situación”, señaló.

La titular que agrupa a los supermercados chinos advirtió sobre la falta de algunos productos como harina, aceite, azúcar y polenta, entre otros. “Ojalá Tombolini y Massa nos tengan en cuenta para entrar en Precios Justos, pero siempre negocian para los grandes y nosotros somos el último eslabón”, recriminó.

Durante el 2022, el consumo masivo aumentó un 1,9% por primera vez en 6 años, según la consultora Scentia. Sin embargo, esa suba se explicó, en parte, por un aumento en las ventas del 3,2% promedio de las grandes cadenas de supermercados, aunque se percibió una caída del 4,7% de la comercialización en los autoservicios y negocios de cercanía.

Para eso, mientras monitorea el cumplimiento del acuerdo, que congeló el valor de 2000 productos desde el 11 de Noviembre hasta el 28 de Febrero próximo, funcionarios de la Secretaría de Comercio que comanda Matías Tombolini comenzaron en los últimos días los contactos con las principales empresas de consumo masivo.

Según pudo saber TN, el mensaje que recibieron los productores de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal fue que la intención oficial es que la segunda etapa de Precios Justos arranque el 1° de Marzo con una sola actualización que se está negociando -que contemple la inflación y suba de costos de los meses previos- de los valores finales de los productos que quedarán congelados y que el resto de los productos aumenten por debajo de 4% mensual actual.

Incluso, el Gobierno busca que los aumentos de unos 30.000 productos “libres” empiecen un sendero de descenso y que el tope mensual de actualización quede más cerca del 3% que del 4% actual. Con esos porcentajes, el equipo económico busca que Precios Justos sirva como anclaje para la canasta de los alimentos, como ocurrió en Noviembre y en Diciembre.

Una meta que luce complicada, al menos por lo que se registró en las últimas semanas. Según las consultoras, enero muestra una inflación en alimentos superior a los meses previos, lo que impactará seguramente en el índice general y complicaría la aspiración de Massa de mostrar un descenso en el primer dato mensual de 2023.

La sequía extrema, por un lado, y la escalada del dólar blue, por el otro, suman tensión a la negociación, sobre todo en los productos frescos, con verduras y frutas que mostraron incrementos de más de 8% hasta la tercera semana de Enero.

El cumplimiento de Precios Justos, en el eje de la discusión

En las reuniones con los proveedores de alimentos y otros artículos de consumo masivo, así como con los supermercados, el Gobierno puntualizó el requerimiento de además de un alza contenida en los precios por fuera de la canasta de 200 productos, se garantice un adecuado abastecimiento de los productos de Precios Justos, además de la señalización y el valor acordado.

De acuerdo con los últimos relevamientos oficiales, se detectó un 67% de cumplimiento en stock, 77% en señalética y 100% en los valores acordados.

Con esos números en mano, se dieron los controles que tuvieron participación del Sindicato de Camioneros, así como de otros gremios y organizaciones sociales. El Sindicato que dirigen Hugo y Pablo Moyano hizo durante el segundo fin de semana una recorrida, junto a inspectores de Defensa del Consumidor, a un centro de distribución de la cadena Coto, en Monte Grande, lo que desató el rechazo de los dirigentes opositores y de referentes empresarios.

Tras esos controles, que se repitieron también en localidades de la Costa Atlántica, el Gobierno elevó fuerte las multas con montos que pueden llegar a $71 millones para quienes incumplan el acuerdo de Precios Justos.

Además, recordaron que el Programa no solo incluye alimentos y consumo masivo, sino también zapatillas y ropa, mientras se negocia incorporar materiales de construcción y artículos de librería en la previa al inicio del ciclo lectivo 2023.

La estrategia del ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a moderar las expectativas inflacionarias mientras ordena el frente fiscal y acumula reservas. Con el plan en marcha buscan llegar a Abril con un índice de precios al consumidor que “empiece con tres”. La Secretaría de Comercio negociará nuevamente para que una canasta de 2.000 productos se mantenga sin variaciones por 90 días -según publica Ámbito-.

En el Palacio de Hacienda lo saben, con una inflación en torno al 100% es prácticamente imposible que haya una recuperación palpable del poder adquisitivo del salario, que desde el 2016 hasta ahora sufrió una caída en torno al 23%. Por lo que desacelerar la escalada de precios aparece como un objetivo prioritario de la política económica. “Empezamos a recorrer un sendero a la baja. Nuestro objetivo tiene que ser reducir la inflación sin congelar la economía porque la paz de los cementerios no le sirve a nadie”, sostuvo Massa.

Como viene marcando el propio ministro de Economía, el Gobierno se puso como objetivo desacelerar la inflación un punto porcentual por bimestre. Luego de estacionarla en un 5% promedio durante Noviembre y Diciembre pasados, la expectativa es que en los primeros tres meses del 2023 ronde el 4%, sabiendo que en Marzo por cuestiones estacionales podría darse un salto con respecto a Enero y Febrero.

Con este escenario de base comenzarán en los próximos días las reuniones con las empresas de consumo masivo y los supermercados para renovar Precios Justos. Este Programa cuenta con una canasta de 2.000 productos que se mantienen sin variaciones por 90 días. La Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini buscará sostener esa política, aunque habrá actualizaciones en los valores al inicio del nuevo tramo, como sucedía con Precios Cuidados. También consideran la posibilidad de rotar algunos artículos de acuerdo a lo que se negocie con cada firma, pero siempre con la idea de que haya una referencia en la góndola que no se modifique por tres meses.

El plan oficial también cuenta con algo que en Economía consideran más relevante en cuanto al impacto en el índice de precios al consumidor que esa canasta. Se trata de otros 50.000 productos para los cuáles se acordó un tope de incrementos. Ese techo es hasta ahora del 4%, lo que bautizaron como el plan “cuatro por cuatro”. Massa buscará que a partir de Marzo esté por debajo para alinear las expectativas en torno al objetivo que se plantea para el período, más cerca del 3%.

De todas maneras, en el Palacio de Hacienda insisten en que la estrategia es “integral”. Por lo que sostienen que “los acuerdos colaboran con la desaceleración de la inflación”, pero aclaran que no tendrán el efecto esperado si no se acumulan reservas en el Banco Central o si no se ordena el frente fiscal, otras dos cuestiones que ocupan por estas horas al equipo económico.

Monitoreo del cumplimiento

En el Gobierno se muestran conformes con el nivel de acatamiento que exhibe hasta ahora el Programa Precios Justos. “En relación a los valores que encontramos en las góndolas estamos en un 88% de cumplimiento en la canasta de los 2.000 fijos y en un 81% en los productos que deben moverse con el sendero del 4%”, detalló a este medio una fuente al tanto de los relevamientos oficiales.

Al mismo tiempo, le bajan el tono a la discusión que se instaló en torno a la presunta participación de los gremios en los controles de precios. “Por supuesto que la responsabilidad y la potestad de hacer cumplir los acuerdos es nuestra, pero eso no quita que las asociaciones de consumidores o los sindicatos nos puedan brindar información”, remarcaron desde Comercio.

Después de todo, el planteo inicial fue ese: sentar en la misma mesa a las empresas, los trabajadores y los consumidores. Algo que también quedó reflejado el día de la presentación del plan con la foto de los principales referentes del sector industrial, los supermercados y el titular del Gremio de la Alimentación, Héctor Morcillo.

Noviembre podría ser el mes que otorgue un alivio al Gobierno en su frente más complejo. En el Ministerio de Economía estiman que la inflación que dará a conocer el INDEC en diciembre estará por debajo de la barrera simbólica del 6%. Esto se dará luego de haber puesto en marcha el programa Precios Justos que busca moldear las expectativas en torno al 4% mensual. Luego de sellar el acuerdo con las principales firmas de consumo masivo, la Secretaría de Comercio va por los insumos difundidos. Fuentes oficiales le confirmaron a Ámbito que en los próximos días podría oficializarse la adhesión de los combustibles al plan oficial.

La decisión de avanzar sobre los insumos la hizo pública Sergio Massa semanas atrás en ocasión del lanzamiento de Precios Justos. En ese caso, apuntó a una serie de productos que forman parte de la cadena de valor de los alimentos, como plástico, cartón, vidrio o papel, cuya fabricación está concentrada en alrededor de una decena de firmas. Son costos claves para el sector, fundamentalmente vinculados a los envases.

Pero inmediatamente surge la pregunta de qué pasará con otros precios de la economía con aún más injerencia en la formación de la estructura de costos, como los combustibles. Desde la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, confirmaron a Ámbito que se trabaja en un entendimiento con las petroleras que podría formalizarse en los próximos días. Sería justamente un sendero similar a lo que se viene trabajando con la industria de la alimentación.

La revisión de otros eslabones de la cadena de valor fue uno de los pedidos concretos por parte de las empresas. La semana pasada, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios envió una nota al despacho de Tombolini poniendo una serie de condiciones para la adhesión y permanencia en Precios Justos. “No debe producirse una variación significativa de los costos más relevantes de la empresa, como es el caso de sus materias primas”, remarca uno de los puntos salientes del texto firmado por Daniel Funes de Rioja.

Otro reclamo del sector que el Gobierno atendió en los últimos días fue la formalización de la prioridad a la hora de importar insumos para las firmas que acuerden. El comité del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) firmó una resolución que garantiza el «acceso inmediato» al Mercado Único Libre de Cambios para las empresas que adhieran a Precios Justos.

A fuerza de “palo y zanahoria”, la puesta en marcha del acuerdo del programa oficial sigue su curso. “Seguimos formalizando acuerdos. Seguramente esta semana avancemos con el trabajo más territorial, como la difusión del uso de la aplicación, la colaboración con asociaciones de defensa de consumidores y la firma de los acuerdos con los municipios que se van a sumar a las verificaciones”, contaron las fuentes consultadas.

Desaceleración de noviembre

Como contó este medio días atrás, los primeros relevamientos dan cuenta de una desaceleración en los rubros abarcados por Precios Justos. Monitoreos de frecuencia semanal como el de Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y el de la consultora LCG así lo reflejaron en la tercera semana de noviembre. Esta última incluso arrojó que se trató de la variación semanal más baja de alimentos y bebidas en los últimos cinco meses.

Los informes que llegan al Ministerio de Economía, van en esa línea. En el despacho de Sergio Massa dan por descontado que el dato de noviembre, que dará a conocer el INDEC en diciembre, perforará el piso simbólico del 6% mensual. Los más optimistas señalan que podría ubicarse en torno al 5,5% y alinearse con el objetivo planteado por el Gobierno de reducir la inflación un 1% de forma bimestral.

Según la proyección volcada en el presupuesto, la inflación del año que viene estará en torno al 60%. Por eso el ministro insiste en su intención de alinear las expectativas en torno al 4% mensual. En cualquier caso, por fuera de los acuerdos trazados, las miradas del mercado estarán puestas en la capacidad que tenga el Gobierno para administrar tres variables: el déficit, su financiamiento y la acumulación de reservas.

El próximo lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la secretaria de Energía, Flavia Royón, el secretario de Comercio, Matías Tombolini y los representantes de las principales operadoras de combustibles del país para negociar un acuerdo de precios para el sector.

Fuentes cercanas a la secretaría de Energía indicaron que buscan avanzar en un sendero similar a lo que viene trabajando el secretario de Comercio con los productos alimentarios.

“La idea es llegar a un acuerdo de precios por cuatro meses con las principales operadoras de combustibles del país, para agregarlo al programa precios justos”, afirmaron.

El objetivo es lograr un acuerdo de precios de cara al receso estival por la expectativa que hay frente al movimiento turístico interno del próximo verano, después de un 2022 que mostró resultados récord.

A principio de mes, las empresas YPF y Shell aumentaron el precio del combustible un 6% promedio en naftas y gasoil. El incremento tuvo una menor incidencia en nafta, que promedió más del 5%, mientras que el gasoil, aumentó más de un 7%.

Esta disparidad se debe a que el costo de importación y el precio en surtidor local, así como el volumen importado para completar la oferta local, son mayores para el gasoil que para las naftas.

En los últimos 12 meses, el ajuste de precio acumulado de las naftas fue de aproximadamente 52% y el del gasoil del 74% (62% en promedio).

El aumento fue impulsado por el inicio de la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), luego de que su actualización había sido postergada en siete ocasiones por el actual gobierno.