El padecimiento de Gabriela Fernández Aberastain no es un caso típico de pornoextorsión, donde el que viraliza un video íntimo es un ex novio despechado. En esta oportunidad, la persona acusada de compartir ese material en las redes es Tatiana Yacarini, la actual pareja de su ex, Diego Oliveri, quien se habría dejado llevar por la ira y los celos al creer que él aún seguía manteniendo una relación con la profesora de fitness.

Oliveri, por su parte, es señalado como el entregador de las filmaciones y el que persuadió a Yacarini para que ejecutara la venganza: hacer públicos los registros. Además, el hombre fue denunciado por la víctima por violencia de género y amenazas de muerte.

La causa, que se inició en abril de 2020, volvió a activarse la semana pasada cuando el juez Marcos Gabriel Flores Leyes, titular del Juzgado de Garantía N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, dictó el procesamiento de ambos acusados y los citó a indagatoria el lunes 5. Sin embargo, ninguno se presentó y el abogado de los acusados presentó certificados psiquiátricos para justificarlos.La profesora de fitness compartió en su Instagram el video que subió Tatiana Yacarini el día que recibió la notificación del procesamiento en su contra

Mientras que Oliveri fue procesado por los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real;Yacarini quedó procesada por los delitos distribución indebida de correspondenciay amenazas.

Llegar a esta instancia fue posible gracias al resultado de las pericias electrónica realizadas en los teléfonos móviles de los acusados.

Gabriela Fernández Aberastain vive en la ciudad de San Luis y se gana la vida como profesora de gimnasia

De las cinco cuentas de Instagram que tenía asociadas el teléfono de Yacarini, la mujer utilizó tres (@riendas_sueltas, @joaquinaaymara y @tatianayaccarini) para enviarle mensajes intimidantes y extorsivos a Fernández Aberastain. También se comprobó que Yacarini utilizó esa línea telefónica para intercambiar mensajes de WhatsApp con Oliveri, que se relacionan con la viralización del video íntimo objeto de la denuncia. Allí está incluida la conversación que mantuvieron la madrugada del 13 de abril de 2020, donde él le envía el video erótico de Fernández Aberastian y ella admite que va a difundir el material.

En el peritaje del celular de Oliveri, además de comprobarse su autoría intelectual en el hecho, se encontraron capturas de pantalla de los mensajes y amenazas que él le había enviado a su ex desde el usuario falso de Instagram “Jhonn Wilson” y los mensajes vía Messenger y Whatsapp que había intercambiado con la denunciante. También se hallaron otros videos inéditos de contenido sexual que le había mandado Fernández Aberastain.

«La mancha no se saca nunca más», le dice Diego Oliveri a su ex, Gabriela Ferndández Aberstain, en una conversación por Messenger. Como ella se negaba a volver con él, la amenazó con viralizar un video íntimo

La valoración de las pruebas fue hecha por el juez Flores Leyes, quien en el expediente -al que tuvo acceso Infobae– remarcó que una vez concluida la relación entre la víctima y el victimario (fueron 3 años en total) “el señor Oliveri continuó persiguiendo y hostigando a la aquí denunciante en autos, ya sea desde mensajes de textos como también así mensajes desde las distintas redes sociales, e incluso apareciéndose en el mismo domicilio de la señora Fernández, con la única finalidad de amenazarla diciendo que la haría ‘famosa’ porque iba a publicar los videos que le había enviado cuando estaban en pareja con el propósito de desprestigiarla y demostrar ‘lo puta’ que era”.

Y agregó: “Este grado de violencia, el cual nunca cesó, sino que muy por el contrario fueron incrementando con el paso del tiempo a posterior de la culminación de la relación que mantenían Oliveri y Fernández, se suma a todo esto, el comienzo de la violencia ejercida por la nueva pareja del hombre, la otra imputada, la señora Yaccarini”.

Gabriela mantuvo una relación tormentosa con su ex durante tres años, donde también lo denunció por violencia de género

De hecho, el juez hizo referencia a uno de los mensajes amenazantes que Oliveri le mandó a su ex, que decía: “Ya le mandé todo (a Yacarini), te va a destruir porque ella es mala en serio y no le importa nada, sus hijos van a difundir todo”.

De acuerdo al relato de Gabriela, fueron ellos los encargados de compartirlos en grupos de amigos de fútbol, de asados, de compañeros de estudios y de trabajo.

Estas capturas desacreditaron lo que había dicho Olivieri apenas se enteró de la denuncia en su contra. Al plantear su defensa, había esgrimido que su novia Yacarini tenía la clave de su celular y que al descubrir el video de su ex “se desató el escándalo por un tema entre mujeres”.

«Todo el mundo se va a enterar», le dice Oliveri a su ex, dándole a entender que ya le había enviado el video a Yacarini para que lo viralice

Además, el juez Flores Leyes señaló que “como si aún todo esto fuera poco, ese video que la señora Yaccarini tenía en su poder, aparte de viralizarlo, se lo envía a través de una cuenta falsa de Instagram al hijo menor señora Fernández que en aquel entonces tenía tan 9 años, pero que por suerte no logró visualizar ya que él mismo tenía el contenido bloqueado por la misma red social y luego fue borrado de su dispositivo por la denunciante”.

Lo que le sucedió a Fernández Aberastain marcó un hito en la sociedad puntana ya que se convirtió en la primera víctima de género digital en llevar su denuncia a la Justicia. “Nunca en mi vida había tocado fondo de esta manera. Es como si me hubiera violado todo un pueblo delante de mis hijos”, se lamentó la mujer, quien ahora se muestra más esperanzada en ponerle fin a este calvario.

A Gabriel C. le vibró el celular en su bolsillo tantas veces que se sobresaltó. Recién había salido de su trabajo como empleado municipal en la localidad chubutense de Trevelin, cuando vio varias notificaciones en su teléfono. Un numero desconocido le enviaba capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. Cuando abrió el mensaje no podía creer lo que estaba viendo. Era un chat entre una persona con su foto de perfil y una mujer, donde se intercambiaban fotos al desnudo, una charla falsa que nunca había sucedido.

A los pocos segundos, Gabriel, de 35 años, recibió el llamado de un hombre presentándose como fiscal de la provincia. Fue solo el comienzo de una sextorsión que terminó, insólitamente, con el propioempleado separado de su trabajo, humillado ante su familia y amigos y con una causa real en la Justicia chubutense por grooming.

Varios días después, el hombre pudo demostrar que, en realidad, había sido víctima de una estafa y que la conversación era falsa. Le habían sacado su foto de perfil y la usaron en una charla trucha. Así, se inició una investigación que descubrió el accionar de una banda dedicada a realizar este tipo de extorsiones, con decenas de víctimas en su historial y millones de pesos obtenidos como botín.

En el expediente donde se investiga la maniobra hay chats y audios, a los que accedió Infobae, donde quedan al descubierto los trucos sucios de los estafadores.

Un audio dice:

“Buenas tardes caballero, lo llama el fiscal Alexis Williams de Chubut. Lo contactamos porque sabemos que usted estuvo hablando con una menor y eso es un delito que lo puede llevar a la cárcel por muchos años. Tenemos que iniciar un expediente. La única forma de evitarlo es que nos deposite $50 mil”, dijo el estafador para arrancar el dialogo.

Gabriel -un nombre de fantasía empleado en esta nota para proteger su identidad- le contestó que ese chat era falso, que esa charla nunca había sucedido. La respuesta fue una amenaza. “Si no deposita la plata, además de iniciarle la causa, vamos a enviar las capturas a su trabajo y le vamos a arruinar la vida”.

La localidad de Trevelin está ubicada dentro del departamento de Futaleufú, en Chubut (Wikipedia)

Los delincuentes no eran improvisados, efectivamente sabían que Gabriel trabajaba en la municipalidad de Trevelin. Habían hecho una mínima pero eficiente inteligencia previa.

La víctima se asustó. Fueron tantos los llamados en los siguientes días que no supo que hacer. Pensó en contarle a su mujer, pero los chats tenían su foto de perfil e iba a ser difícil explicarlo. Tampoco quería acudir a la justicia por miedo a que se difunda la situación, más pensando en un pueblo chico.

Ante la desesperación, Gabriel eligió el peor camino en estos casos. Ingresó a un círculo del que es difícil salir. Accedió a pagar $50 mil para que dejen de molestarlo. Incluso recibió una falsa nota membretada por el Ministerio Publico Fiscal, donde se dejaba constancia del pago. Pensó que todo se iba a terminar. Se equivocaba, esa transferencia era el principio de su tormento.

Luego de haber enviado el dinero, pasó algunos días de tranquilidad. No fueron muchos. Los estafadores se comunicaron nuevamente porque querían más plata. Seguían haciéndose pasar por un supuesto fiscal. Esta vez la comunicación fue por audio de WhatsApp y quedó registrada.

“Lo que demanda este Ministerio Público Fiscal, por daño psíquico y psicológico causado a la menor moral de la menor, es un monto de $220 mil. Esto se pide que se adecue con el 50% para darle inicio al sistema de mediación y darle intervención al tratamiento de la menor. Esto por un lado, después el resto lo puede realizar en cuotas o en dos veces. Sería cuestión de hablarlo, yo necesitaba hablar con usted para que me confirme qué desea hacer y, en efecto que así fuere, dejarlo asentado en el sistema”, se escucha en el audio que está en el expediente y al que accedió este medio.

El documento falso que los estafadores le enviaron a la víctima

Parece ridículo pero los delincuentes le ofrecieron un plan de pago a la víctima. Sin embargo, esta vez Gabriel no accedió a pagar y amenazó denunciar la situación ante el procurador provincial. Se lo dijo al falso fiscal. No le creyeron y lo volvieron a apretar por audio.

Impostando la voz y tratando de usar palabras de la jerga judicial, le dijeron: “Mire, estaba en reunión con otro fiscal porque estamos en un debate, ¿me explico?. Otra, que usted no está en condiciones de poner ningún tipo de condiciones y segundo es que si no le pase la cuenta es porque todavía yo no hablé con usted. Yo tengo que hablar con usted y dejar todo asentado porque esto no es algo que se hace en el aire, ¿me explico? Así que sea más serio. Sé que es un tipo grande ya. Por lo tanto, no me venga a decir a mi o a correr o a decir que usted va al procurador. Haga lo que tenga que hacer. Yo hoy mismo desestimo el sistema de mediación y le doy curso de denuncia. En el transcurso de la mañana lo estará notificando. Si quiere que vayamos a la justicia, perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido”.

La víctima se mantuvo firme en su posición. No iba a pagar más. Se los volvió a decir. Al fin y al cabo, los chats eran falsos. Él no había hecho nada malo. Pensó que las amenazas de los delincuentes, eran sólo eso. Nuevamente se equivocó.

Dos días después lo llamaron las autoridades del municipio donde trabajaba. Se había iniciado el protocolo ante denuncias contra empleados. “El padre de una menor de edad nos envió capturas de una charla tuya con la nena”, le dijeron. Gabriel intentó explicar, pero desde el municipio le mostraron las capturas y respondieron que debían seguir los pasos estipulados ante estas situaciones. Lo sancionaron y lo denunciaron en la Justicia penal, donde se le inició una causa por grooming.

La conversación entre los delincuentes, haciéndose pasar por padres de una menor, y la empleada municipal que recibió la denuncia quedó registrada.

Los chats entre los delincuentes, haciéndose pasar por padre de una víctima, y la empleada municipal que recibió la denuncia

“Hola necesito contactarme con este hombre”, escribieron al chat donde el municipio recibe denuncias y reclamos barriales y adjuntaron una foto de Gabriel tomada de sus redes sociales. “Trabaja para ustedes. Soy el padre de “Dayana” y este degenerado le mandó fotos íntimas a una menor de edad. No quiere dar la cara. Si sos padre o madre no lo encubras”, escribieron los delincuentes. Inmediatamente adjuntaron las capturas de pantalla de la conversación falsa.

El expediente quedó en manos del fiscal Carlos Richeri que comenzó a investigar a Gabriel: “El municipio hizo lo que corresponde y nosotros comenzamos por el primer paso que es contactar a la víctima para asistirla. La buscamos por todos lados y no la podíamos encontrar. Dos semanas después de la denuncia nos dimos cuenta de que algo extraño sucedía. No existía la tal “Dayana”. Los teléfonos no coincidían”, explica el fiscal en dialogo con Infobae.

Luego, en el expediente, se verificó que los chats eran truchos y Gabriel pasó de ser acusado de pedófilo a ser víctima de una estafa.

“Cuando uno repasa la historia completa, por supuesto que encuentra huecos en la historia que armaron los estafadores. Visto con tranquilidad, sería fácil darse cuenta del engaño. Pero hay que ponerse en el lugar del hombre y entender su desesperación”, aclaran desde la Justicia chubutense.

En cuanto a la investigación para dar con los estafadores, aun no hay novedades. “Descartamos que se trate de una banda compuesta por presos, como suele suceder en estos casos. El líder está cercado y creemos que será atrapado en cualquier momento”, anticipa el fiscal.

Sin embargo, para Gabriel C., que atrapen a sus estafadores no cambiará mucho la ecuación. Desde que fue denunciado en la municipalidad su vida se volvió un calvario. El hombre entró en una profunda depresión que, hasta el día de hoy, no le permite salir de su casa y ni regresar a su puesto de trabajo.

Alejandra llegó temprano a su trabajo en una reconocida empresa multinacional aquel 13 de enero de 2016. A las 11 de la mañana ya había despachado a la mayoría de los clientes y aprovechó la pequeña pausa para leer algunas noticias en su celular. Apenas encendió la pantalla vio un mensaje de Julio R., su ex. Se sobresaltó con sólo ver la notificación pero cuando leyó el contenido directamente se paralizó.

El mensaje decía: “Respetame y te respeto. Si no, todo se va a la mierda. No me jodas al pedo. ¿Tu papá sabe que te filmaste cogiendo?”.

El hombre con el que compartió gran parte de su vida, y con quien tenía un hijo, la hostigaba con mostrar videos y fotos de su intimidad.

Este fue tan sólo el comienzo de una serie de extorsiones, maltratos y violencia que Alejandra denunció en la Justicia. Cuatro años después, la historia culmina. Julio fue condenado por el delito de amenazas coactivas a dos años de prisión en suspenso por Tribunal Oral Criminal N° 4.

El fallo de 57 páginas, al que tuvo acceso Infobae, comienza con el relato descarnado de Alejandra, un nombre ficticio empleado para esta nota para proteger a la víctima, sobre su relación con Julio R., empresario dedicado al rubro petrolero y de combustibles, parte de una sociedad anónima del rubro desde 2015 según el Boletín Oficial, cuya identidad real también es mantenida en reserva para no exponer a su ex pareja.

“Nos conocimos de casualidad a principios de 2014. Él fue cliente mío y luego me invitó a almorzar y ahí empezamos a salir. Consolidamos la pareja en febrero de 2015 cuando nació nuestro hijo y nos fuimos a vivir juntos a un departamento en Coghlan. En ese momento la relación se volvió caótica. La convivencia fue un infierno”.

Luego la víctima, hoy de 41 años, contó ante el juez lo que sufrió al momento de dar a luz a su hijo: “Ya cuando estaba embarazada viví muchas situaciones de agresión, insultos y menosprecio. Me quería obligar a que vayamos a un boliche swinger y que otros hombres se acuesten conmigo, yo no quería. Tan mal la pasé que nuestro bebé nació prematuro por tanta angustia que yo sufría”.

En la resolución judicial se cita, a modo de ejemplo para demostrar el maltrato, un mensaje que el acusado le envió a la víctima el 28 de enero de 2016: “Vos sabrás quién sos calentando tipos a full y cogiendo con cualquiera. Prostituta decís vos, no yo. Mi sobrino cuando vio tu Facebook hace días dijo ‘qué puta es’. Así te ven los hombres”.

Alejandra relató también las noches en las que solía dormir con su bebe de 4 meses en el banco de una plaza de Cohglan. Prefería eso a compartir el departamento con Julio: “Era tanto el maltrato que eso era mejor. Insultos constantes, gritos, faltas de respeto hacia mis creencias religiosas, hostigamiento desde el lado económico porque yo en ese momento no trabajaba. Fueron noches duras”.

Alejandra decidió ponerle punto final a su tormento un día que, tal como relató, estuvo “al borde del colapso”. Tomó sus cosas, a su bebé y se fue del departamento a la casa de sus padres en la zona norte del Conurbano. Una vez que se alejó, pensó que todo había terminado o que, al menos, la situación iba a mejorar. Se equivocaba. Sucedió todo lo contrario. Hubo una situación en particular que desencadenó en la furia de su ex y en la sextorsión.

Otra ex novia del imputado, que se había enterado de la situación, se comunicó con Alejandra y compartieron sus traumáticas vivencias. “Me contó que ella había vivido lo mismo que yo”.

Cuando Julio R. se enteró de esta comunicación entre sus ex supuestamente comenzó con amenazas de todo tipo. Así, le mencionó a Alejandra las imágenes íntimas en su poder. El mensaje completo, citado en forma completa, fue tomado como prueba por la Justicia:

“De mi vida y mi flia no hablás. Que te quede claro. Si no voy a empezar a hablar yo de vos por todos lados. Respetame y te respeto. Si no, todo se va a la mierda. Tengo unas fotos y unos videos hermosos. No me jodas al pedo. ¿Tu papá sabe que te filmaste cogiendo?”

En otro mensaje, de la misma fecha, continúan las amenazas, siempre con eje en las imágenes íntimas: “Dale tarada, mal educada, creída de mierda. Yo estaba trabajando tranquilo y por tu conventillo del orto con (menciona a su ex novia) me rompen las pelotas.Y no creo que donde trabajás les guste tu video. La que es de cuarta sos vos. Punto”.

La víctima, según siempre su relato en el tribunal, intentó restarle importancia a la posible difusión con el objetivo de disuadir a su ex: “Los videos eran de sexo explícito y se veía mi tatuaje y mi cara. Yo tenía terror de que lo vea mi familia y la gente del trabajo. Su objetivo era manchar mi buen nombre. Me hice la superada diciéndole que mis padres ya sabían que yo me filmaba, que yo se los había contado. Fue mi estrategia para que no los suba. Al día de hoy no sé si efectivamente los posteo en alguna página porno”.

Con las amenazas registradas en su celular y su estado emocional al borde de la saturación, Alejandra realizó la denuncia correspondiente en la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema. Los especialistas de esa dependencia elaboraron un informe psicológico que fue incorporado en la condena del TOC N°4:

“De su relato se desprende el involucramiento en un vínculo de pareja de naturaleza abusiva, que habría erosionado su autoestima y limitado su autonomía. Al momento de la entrevista se evalúa un discurso ordenado, coherente, y secuenciado, denota angustia y ansiedad ante los hechos que narra”, aseguraron.

Cuatro años después de la denuncia, el pasado 20 de agosto, se realizó el juicio oral. El juez Julio Báez, que preside el tribunal, entendió que las amenazas estaban probadas y que el objetivo de Julio R. era el de evitar el contacto entre sus ex y, además, “condicionar de manera psíquica a su ex pareja en referencia específica a la libertad de caminar por la calle, concurrir a su trabajo o al colegio del hijo que poseen en común sin estar pensando que la gente pudo haber visto el video”.

Así, el veredicto se suma a otros que comienzan a producirse a lo largo del país en diversos fueros para castigar la pornoextorsión o sextorsión, sin un marco legal aún definido a nivel nacional. “Los Jueces creyeron en los dichos de la mujer, escucharon tanto su relato y examinaron las pruebas, como las de su victimario. Y resalto este detalle, por que no es menor, las mujeres no hablábamos porque no se nos creía, así de simple, se nos mandaba de nuevo a casa si denunciábamos hechos de violencia doméstica”, explica la doctora María Paula García, abogada especialista en cuestiones de género.

Su ex pareja, el tatuador Patricio Pioli, se convirtió en el primer condenado por pornoextorsión de la historia argentina. Recibió cinco años de prisión efectiva tras una decisión del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidido por la jueza Edith Agüero junto a los magistrados María Petrillo y Fernando Romero. La misma pena había sido pedida por los fiscales acusadores, por los delitos de coacción y lesiones leves, en medio de una feroz trama de violencia de género.

Cinco años atrás, en 2017, Paula denunció a Pioli por viralizar un video íntimo donde los dos mantenían relaciones sexuales. En el medio, el tatuador burló a la Justicia, lo que llevó a que se revoque su excarcelación, hasta concedió una entrevista a una radio donde contó intimidades de Sánchez Frega: reconoció que supuestamente abusó de ella, lo que la llevó a un fuerte cuadro de estrés postraumático, marcado por la angustia e insomnio.

“Tengo una alegría inmensa, porque toda la gente que va a denunciar a su agresor lo mínimo que espera es Justicia, aunque a veces resulte muy difícil obtenerla. Lo único que me dejó un poco disgustada es el hecho de que él va a continuar con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme porque ahora va a presentar un recurso ante Casación y hay que esperar unos 10 días hasta que se resuelva”, afirmó Paula a Infobae, en su primera entrevista ante el fallo.

Sin embargo, el alivio no es total.

Sánchez Frega, mortificada por el espinel de demoras judiciales, quiere ver a su victimario preso cuanto antes. “Yo tengo un temor muy grande, porque Pioli hoy tuvo hasta el atrevimiento de acercarse y hasta señalar con el dedo a los fiscales a quienes trató de corruptos. ¿Qué puedo esperar de una persona que tiene esa conducta? Pioli es un violento y no me canso de decirlo. En varias oportunidades estuvo a punto de matarme y no lo logró. No quiero que pase. Seguirá en su casa sin custodia policial y mi vida seguirá en riesgo porque nadie controla si cumple o no con la domiciliaria”.

“Estoy conforme con que los jueces le hayan dado lo que pidió la fiscalía, pero él debería estar en el penal en este momento. De acá a que quede firme la sentencia puede pasar un año y conmigo puede pasar cualquier cosa, no me siento segura. Ya pasé cuatro años encerrada, no puede seguir viviendo más tiempo así. Yo salí feliz de la sala pero después cuando me comentó todo esto mi abogado me quedé muy preocupada”, finalizó Paula.

Efectivamente, la defensa de Pioli anunció que recurrirá el fallo en Casación. También se le impuso un tratamiento psicológico al tatuador como parte de su pena.

Después de escuchar la sentencia, el tatuador sacó a relucir un cartel que había preparado previamente donde se leía la palabra “Corruptos” en alusión a los fiscales del caso. “Apenas terminó la lectura, el abogado defensor de Pioli anunció la interposición de un recurso en Casación y él sacó el cartel, hecho con papel de computadora, y se lo exhibió a todos los medios que se encontraban en la sala de audiencia para manifestar su disconformidad”, señaló a Infobae Sebastián Andrada, el abogado querellante.

Andrada, además, se mostró muy satisfecho por la condena que le dieron a Pioli. “Desde la parte querellante estamos muy conformes. Fue un proceso probatorio de cuatro años y para Paula ha sido muy empinado poder atravesarlo con numerosas declaraciones y reiteraciones de su testimonio. No ha sido fácil para ella pero pudimos sobreponernos a todas estas cuestiones y obtener una sentencia condenatoria contundente”, sostuvo.

Además de estar acompañada por sus amigas, Paula recibió en todo momento el apoyo del Movimiento de Mujeres de La Rioja. Por eso, dijo que seguirá luchando para que finalmente el proyecto de pornoextorsión –que ya tiene media sanción en el Senado-se convierta en ley. “Es lo que tengo pendiente”, indicó.

El proyecto que propone modificar la ley vigente y aumentar las penas para los casos de difusión sin consentimiento de imágenes y videos sexuales obtenidos en la intimidad avanza a paso firme en el Congreso. Tras obtener media sanción en el Senado ayer por la noche, el camino quedó allanado para que Diputados la convierta en ley y condene con una multa de hasta $267 mil y hasta 10 años y medio de prisión a aquellas personas que pongan al alcance de terceros ese material que viola el derecho a la privacidad.

De las dos iniciativas presentadas sobre el tema, a cargo de la senadoras Claudia Ledesma y Silvia Elías de Pérez, se llegó a una acordada en la Comisión Unicameral de Justicia y Asuntos para modificar dos artículos del Código Penal.