Los movimientos sociales y piqueteros se preparan para un diciembre de alta tensión con el Gobierno nacional. Diversas organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha avanzan en conversaciones para coordinar acciones conjuntas antes de fin de año, mientras buscan sumar a gremios y sindicatos afiancen a una ofensiva política y callejera contra las políticas económicas de Javier Milei. “Va a ser un diciembre difícil”, sintetizaron y resonó a advertencia.

Funcionarios de la Casa Rosada, afirman estar “preparados” para un fin de noviembre y el último mes de 2025 de “alta conflictividad y movilizaciones en todo el país”. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sostuvieron que la política de “tolerancia cero a los piquetes” se va a mantener. Y recordaron: “Los gerentes de la pobreza pueden amenazar todo lo que quieran, pero les recuerdo que de diez mil piquetes a año pasamos a cero corte arterias como la Avenida 9 de Julio”.

Dirigentes de la conducción de la UTEP le confirmaron a Infobae que trabajan en “un documento propositivo” que se presentará en los primeros días de diciembre, en coincidencia con la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con una reforma laboral. “Será una propuesta integral desde la economía popular para discutir el rumbo del país”, señalaron desde la organización.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, adelantó que se está gestando una acción conjunta con distintos sectores del campo popular: “Estamos trabajando para hacer una movida importante a principio de diciembre con todos los movimientos sociales, populares y aquellos que se reivindican piqueteros. Algunos sectores sindicales también”. La ruta de las medidas de fuerza será cerrada, acordada, en los próximos días.

Gramajo explicó que, además de la coordinación territorial, la UTEP elabora un documento para instalar un debate público sobre la situación de millones de trabajadores que quedan fuera de la discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno: “Estamos trabajando un borrador de documento donde vamos a plantear la problemática de los 10 o 12 millones de trabajadores que no discute la reforma laboral”. Y agregó: “Nosotros tenemos propuestas para intervenir en esta discusión. El debate principal está puesto en los trabajadores formales, pero el Gobierno intenta construir un relato público de que esta reforma va a resolver el problema de la informalidad, y sabemos que no es así”.

El dirigente también anticipó que también participarán en otros debates de la agenda oficial: “Por supuesto, también vamos a intervenir en la discusión sobre la política de los vouchers que supuestamente quiere implementar el Gobierno, que no es más ni menos que repetir el fracaso de Mauricio Macri y Alberto Fernández” con programas alternativos a lo que fue el programa Potenciar Trabajo que fue dato de baja por la Libertad Avanza y trasformado en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social y que fue anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP durante sus primeros 12 años de vida, también participará de manera activa en las marchas y movilizaciones. El dirigente ya mantiene conversaciones en el partido bonaerense de La Matanza con Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Nuestro pueblo está hambreado. Tenemos que pelear. No solo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios,con auditorias nunca realizadas, además nuestra conquista más importante que fue el Salario Social Complementario está en la mitad de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los díasen las distintas actividades de la economía popular”, aseguró el integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social.

“El hambre no espera”, reforzó la idea el dirigente del Movimiento Misioneros de Francisco y recordó que su principal convocatoria para las próximas movilizaciones -y las que ya encabezó- “es por el salario social complementario”.

“Se viene un diciembre duro”

En paralelo, dirigentes y militantes de movimientos sociales y sindicatos que integran la Multisectorial de La Matanzadebatieron las próximas medidas para “enfrentar las políticas económicas del Gobierno nacional”. El encuentro se realizó en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, donde los presentes coincidieron en “salir a las calles” y reanudar las movilizaciones de manera progresiva.

Entre los participantes hubo representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTA Autónoma de La Matanza, Barrios de Pie, el Partido Comunista local, el Sindicato de Canillitas, la Federación Argentina Azul; el Frente Patriótico por la Justicia Social y un Ala de Clubes de Barrios, personal del Hospital Paroissien y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines.

Los distintos sectores reconocieron que “se viene un diciembre duro” y acordaron “retomar las movilizaciones en forma paulatina para frenar las políticas de ajuste de Milei” con mayores concentraciones y protestas en las proximidades de las fiestas de Navidad y Fin de Año. También ratificaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionaron el rol de la CGT, a la que acusaron de ser “funcional al Gobierno”.

En declaraciones a Radio Universidad, el secretario general de la CTA Autónoma distrital, Beto Galeano, sostuvo que “la democracia no es solo votar cada dos años, sino también expresarse libremente”.

El dirigente gremial también expresó: “La disputa es en las calles. Lo vamos a hacer junto a una buena parte de nuestro pueblo, que no es suicida, pero tampoco tiene miedo a las represiones y no se va a quedar de rodillas en su casa. Estamos dispuestos a ser el canal de expresión de las rebeliones populares”, afirmó.

El sindicalista reclamó “un modelo de país completamente distinto, con trabajo y salarios dignos”, y advirtió que buscarán “no repetir los errores del gobierno de Alberto Fernández”.

A su turno, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, apuntó contra “la entrega del país a Estados Unidos por parte de los sectores oligárquicos que trabajan para dejar en la ruina al pueblo”. Explicó además que la Multisectorial de La Matanza había interrumpido sus reuniones “por las distintas tareas asumidas durante la cuestión electoral”, pero que ahora retomarán la coordinación de acciones.

Entre las definiciones de la Multisectorial, el referente de la CCC señaló que se resolvió lanzar una Jornada Nacional de Lucha el 28 de noviembre, que tendrá su epicentro en La Matanza, pero que, según adelantó, será coordinada a nivel federal junto a otras organizaciones de todo el país.

“La falta de trabajo es sinónimo de hambre”, explicó el exdiputado nacional, quien añadió que la jornada buscará visibilizar la situación social y rechazar las reformas previsional y laboral que impulsa el Gobierno, a las que calificó como intentos de “dividir al movimiento obrero”.

Agenda de movilizaciones

Mientras tanto, la UTEP definió un cronograma de acciones para los próximos días. El viernes 14 de noviembre realizará una concentración de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a las 10 de la mañana. Reclamarán la apertura de una mesa de diálogo para la regularización del sector, denunciando persecuciones, decomisos y estigmatización por parte de fuerzas estatales.

En tanto, el 26 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria del Consejo del Salario, habrá una nueva movilización a las puertas de la Secretaría de Trabajo. Exigirán el acople del Salario Social Complementario al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), su actualización, un bono de fin de año y la continuidad del programa durante 2026.

Con el calendario social y político en tensión, y diciembre en el horizonte, las organizaciones de base buscan volver a ocupar las calles como escenario central de disputa con el Gobierno libertario.

Hartos de las presiones (que interpretan como “extorsiones”), gobernadores del Frente de Todos con apoyo de dirigentes clave de La Cámpora quieren que el gobierno de Alberto Fernández apure una reforma en la gestión de los planes sociales para que sean las provincias y los municipios quienes administren los subsidios y la asistencia que distribuye la Nación y no las organizaciones piqueteras, a las que el secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, definió como “sindicatos” de pobres y desocupados.

Fue en la entrevista que Infobae publicó el domingo 5 de junio que el funcionario y líder del Movimiento Evita -a cargo de un presupuesto público de 270 mil millones de pesos- explicó el significado de la idea de “economía popular” y definió a las organizaciones populares como “sindicatos de esa gente”, en referencia a las personas de bajos recursos que dependen de los subsidios para sobrevivir. En una semana que estuvo signada por las internas por el avión venezolano-iraní y el manejo de la economía, una nueva fricción entre sectores del Frente de Todos apareció en el escenario, ahora por la política social.

La ofensiva contra esas organizaciones se conoce un día después de la marcha piquetera que enloqueció el tránsito porteño y mantuvo bloqueada por unas 10 horas la Avenida 9 de Julio, y luego de que estallara el escándalo por el cobro del 2% de los planes a los beneficiarios del Polo Obrero. El 2022 se encamina a ser un año récord histórico de protestas y piquetes, superior incluso a los que se dieron entre el 2001 y el 2002, el año de la crisis más terrible que vivió la Argentina en el siglo XXI.

“Es tiempo de construir consensos estructurales respecto de políticas para el desarrollo productivo, con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”. Este párrafo, en apariencia inofensivo, apareció en la declaración que hace una semana firmaron 16 mandatarios alineados con el Frente de Todos y que fue el anuncio de una batalla política de alto voltaje. Pérsico, además, es uno de los socios políticos principales de Alberto Fernández.

Un alto dirigente de La Cámpora consultado por Infobae confirmó que impulsan la presentación de un proyecto de ley para reformar la política social, pero se ocupó de aclarar que la ofensiva “no es contra Pérsico”. De todos modos, admitió la incomodidad porque el dirigente sea quien lidera una organización que recibe ayuda del Estado y, a la vez, está “del otro lado del mostrador” distribuyendo esa misma asistencia.

La declaración de los mandatarios que firmaron la creación de la Liga de Gobernadores.

Más ácidos fueron funcionarios de provincias y municipios que se quejan por la acción política que, desde el Movimiento Evita y con fondos que administran desde el gobierno nacional, realizan en el territorio: “Dan planes y al mismo tiempo plantan candidatos”, se quejaron en off the record.

Menos beligerantes, desde tres gobiernos provinciales confirmaron que apoyan una reforma de la política social que distribuye el gobierno nacional, pero evitaron hablaron de Pérsico o de las organizaciones piqueteras que este jueves marcharon por toda la Avenida 9 de Julio, desde la Autopista Illia, en Retiro, hasta la Autopista 9 de Julio Sur, en Constitución.

“La idea es que los planes se conviertan en trabajo y no haya intermediarios en el proceso, que los manejen provincias y municipios, pero también que en un tiempo perentorio pasen a ser un empleo”, transmitió uno de los 16 gobernadores que firmaron la declaración “Por más federalismo y unidad nacional”, que también incluía el respaldo a la polémica reforma de la Corte Suprema de Justicia.

La discusión que plantearon los gobernadores tiene un objetivo político pero también presupuestario. Es que, según datos del Ministerio de Desarrollo Social a los que accedió Infobae, el programa Potenciar Trabajo -el principal que distribuye la gestión de Alberto Fernández- pasó de 65 mil millones de pesos en 2020, a 209 mil millones el año pasado. Y en los primeros cinco meses del 2022 (el “devengado consumido”) llegó a los 137 mil millones de pesos.

Lo cierto es que las caras que se vieron ayer en el microcentro porteño marchando por planes sociales y comida son el reverso de otra imagen que también existe en Argentina: la del turismo récord. Según previsiones del sector, entre 2,5 y 3 millones de personas está previsto que viajen por el interior del país a disfrutar los cuatro días de fin de semana XXL que empezó hoy y termina el lunes próximo por los feriados en homenaje a Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. Con una ocupación de entre el 75% y el 100%, de acuerdo con información del Ministerio de Turismo que encabeza Matías Lammens, destinos como Mar del Plata, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Las Leñas, La Quebrada de Humahuaca, Potrero de los Funes, Ushuaia o El Calafate, están con reservas a tope.

Se trata de un universo que en teoría coincide con los trabajadores formales que empezaron a recibir los primeros aumentos de las paritarias que cerraron sin conflictos. Un resumen del Ministerio de Trabajo -al que accedió Infobae– detalla que los acuerdos de 38 actividades incluyeron subas promedio anualizadas del 60%, todos con cláusula de revisión que, con una inflación viajando por encima del 70% anual, obligará a una nueva discusión.

La economía de un gobierno desarticulado

La de los planes sociales es la menos conocida y nueva discusión hacia el interior de la coalición oficialista, que tuvo esta semana tres andariveles donde circularon las zancadillas. “No sé qué planillas miran Guzmán, Pesce y el Presidente”, afirmó esta semana uno de los dirigentes que habla con la presidenta Cristina Kirchner y que se mostró preocupado por la disparada del dólar, la caída de las reservas y el derrumbe de los bonos de deuda en pesos.

Se refería al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, que siguen siendo blanco móvil para los sectores más duros del cristinismo. Anoche, en una entrevista televisiva, el titular de la autoridad monetaria sorprendió con varias definiciones sobre la coyuntura. Admitió que el campo no liquidó más de 2.000 millones de dólares. Destacó que “por la pericia del BCRA no hubo una crisis cambiaria”. Y adjudicó la incapacidad para acumular reservas a que en el mercado exista una “percepción de escasez” de dólares.

Con esto, la definición de Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas más escuchados por el círculo rojo, adquiere un nuevo sentido: “Yo puedo simular un escenario en el que el dólar se va al demonio cuando me lo piden, pero es un poco como los protocolos anti incendio: vos tenés un bombero responsable del piso, un protocolo, una salida de emergencia y una forma de bajar por la escalera. Pero si hay fuego de verdad, la gente se toma el ascensor, se pisan las cabezas los unos a los otros”.

El especialista en finanzas que reveló la semana pasada a esta columna la descoordinación en el equipo económico que derrumbó la cotización de los bonos en pesos, agregó: “Si en vez de vender 10 mil millones de pesos de bonos en pesos de una vez lo hacían de a poco no hubieran sonado las alarmas, pero no hacerlo generó un daño enorme. No fue la interna, fue ineptitud”.

También en el sector privado hay dudas sobre el impacto que tendrán las medidas anunciadas para resolver la falta de gasoil. Como con las reservas, el diagnóstico sobre la “percepción de escasez” empujó al Gobierno a anunciar un aumento al 12% del corte de biocombustible y un aumento del 12% del precio en surtidor. “Hay un problema de demanda, no tanto de oferta. Antes que aumentar el corte de biocombustible y el precio en surtidor, tal vez se podía haber controlado más el contrabando en la zona de frontera. Son medidas que tendrían que haberse tomado hace dos semanas y que van a demorar varios días en surtir efecto”, explicaron en una de las petroleras.

Las empresas de transporte son las encargadas de mantener actualizado el mapa de falta de suministro del combustible en todo el país. Mientras, el camionero Hugo Moyano mantiene un silencio estratégico.

El avión venezolano-iraní

La descoordinación que en materia económica mostró el gobierno de Alberto Fernández estos últimos días se repitió ante el grave episodio del avión venezolano-iraní que aterrizó en territorio argentino, pese a las alertas internacionales que se encendieron tanto por la propiedad del avión como por la presencia de Gholamreza Ghasemi Abbas, piloto que está siendo investigado para determinar si formó parte de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Recién este jueves y tras varias idas y vueltas, en la Casa Rosada hubo alivio por las declaraciones de las embajada de Estados Unidos y de Israel, que mostraron preocupación pero reconocieron la actuación de las autoridades argentinas. “Si se hubiera explicado todo desde el primer minuto, en algo tan sensible como un avión con iraníes y venezolanos aterrizando en Ezeiza, hubiera sido más fácil, pero se dejó crecer el tema sin una estrategia para explicar todo lo que se hizo”, se lamentó, mordaz, un funcionario del Gobierno.

Luego de una semana, la portavoz Gabriela Cerruti habló ayer en conferencia de prensa sobre el tema y se quejó de la “novela” que, a su juicio, armaron los medios.

El Gobierno evalúa aumentar el monto de la Tarjeta Alimentar, tras el acampe de organizaciones piqueteras sobre la avenida 9 de Julio, confirmó este domingo el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos.

En la reunión que mantuvo horas antes de que se iniciara el reclamo piquetero, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, había acordado un refuerzo de las partidas alimentarias.

Según dijo Olmos, “se están analizando diferentes herramientas para que los sectores más vulnerables no tengan una pérdida significativa del poder adquisitivo” y anticipó que “en breve va a haber anuncios”.

“En esta semana que pasó se anunció que se va a otorgar un bono a los jubilados de ingresos bajos, y se está viendo el monto de actualización de la Tarjeta Alimentar”, dijo en diálogo con radio AM750.