Esta mañana, los abogados de los seis imputados en la causa «El Embrujo» que el martes solicitaron la probation, habían rechazado que el Juez Sergio Piñeda sea quien resuelva sobre la medidas y piden que el tema sea elevado a la Cámara Penal.

Al iniciarse la audiencia para revisar la probation solicitada por los imputados Juan Carlos “Tato” Ramón, Jorge Godoy, Christian Gisande, Natalia McLeod,  Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa, el defensor Fabián Gabalachis pidió que no sea el juez Sergio Piñeda quien decida sobre las medidas, y solicitó que el magistrado rechace el caso y se lo eleve a la Cámara Penal para que resuelva quién debe decidir sobre los seis pedidos de la suspensión del juicio a prueba.

También adelantó Gabalachis que recusaría al juez Piñeda si este decidía sobre las probation y aseguró que «pareciera que este juicio debe seguir a cualquier costo obviando cuestiones administrativas».

Sin embargo, el fiscal Omar Rodríguez señaló que «Piñeda es el juez competente para resolver las probation porque fue quien ya resolvió todas las otras presentaciones» y adelantaron que rechazarían cualquier tipo de recusación sobre el magistrado.

La posición del Ministerio Público Fiscal fue avalada por las querellas constituidas a través de la Fiscalía de Estado, la Fiscalía Anticorrupción y también por Iniciativa Ciudada, cuyo abogado, Eduardo Hualpa, aseguró que «quieren que este juicio no se haga a cualquier costo»..

Martín Montenovo, el presidente del Consejo de la Magistratura, informó que “el objeto de la denuncia estuvo relacionado a la detención del ex ministro Bortagaray y la decisión tuvo que ver con un análisis preliminar que significa que podría existir un mal desempeño de funciones”.

Además indicó que “la primera etapa la lleva adelante el Consejo, en caso de que se admita la instrucción sumarial, que son 90 días corridos. En el caso del juez Piñeda se decidió abrir la vía sumarial y los fiscales no deben intervenir”.

“Los hechos denunciados tiene que ver con la detención de un ministro del ejecutivo que tenía fueros y por ende tenía inmunidad de arresto  solo podía ser arrestado ´con las manos en la masa´. El fuero es una garantía para la gente, para que los funcionarios no sean corridos de su quehacer natural en virtud de una denuncia“ explicó Montenovo.

Y agregó que “a partir de que se ponga en funciones el instructor, que fue sorteado ayer, se investigarán los hechos denunciados con respecto a la detención del ministro Bortagaray “

Las conclusiones son tratadas por el pleno y tienen tres opciones: pueden considerar la hipótesis de mal desempeño no se configuro por lo cual se reciban las actuaciones, o bien que se configuraron y se justifica la apertura del proceso de magistrado o considerar que se produjo una irregularidad pero no enjuiciamiento, en ese caso, el expediente iría a una vía interna que no implica exoneración”, remarcó.

La rectificación de las imputaciones y las medidas de morigeración, fueron los principales ejes de la audiencia. El defensor Omar López, mencionó que son cuatro los hechos que pueden imputarle a su defendido, y especificó, uno consumado y tres tentados.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado por los Dres. Alex Williams y Omar Rodríguez, defendieron su postura, “se metieron en el auto de elevación a juicio quiero dejarlo aclarado” dijo Rodríguez en su locución y Williams agregó, “si deberíamos tomar lo que solicita el defensor de «Tato» Ramón, ahora con este nuevo planteo cambia la plataforma fáctica, por lo tanto se estima una pena posible que iría de tres años a 16 años. La querella adhirió a lo solicitado por el MPF.

Al concluir los fundamentos de ambas partes el Juez Sergio Piñeda resolvió rectificar el punto seis del auto de elevación a juicio, por lo que le correspondería a Tato Ramón, la imputación por un  hecho consumado y tres tentados, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario con custodia policial, y de esta forma preservar el derecho de legítima defensa, expuso el Juez en su veredicto.

El juez al escuchar ambas partes, llamo a un cuarto intermedio para resolver, y al término de veinte minutos, hizo conocer su veredicto, rechazando la petición de la defensa.

En la oficina judicial de Rawson, se llevó a cabo este martes otra audiencia de revisión de la medida de coerción, en la causa denominada “Embrujo”. El defensor Damian D´antonio, remplazo al defensor Omar López, en la asistencia del imputado. El defensor López, habría solicitado la audiencia de revisión, pero D´antonio fue quien acompaño a Ramón.

Al inicio de la audiencia, el defensor, pidió que su defendido continúe cumpliendo la medida pero con la modalidad de arresto domiciliario y tobillera electrónica, basando su defensa en dos razones, la primera,  revisar el auto de elevación a juicio y la segunda, el paso del tiempo, teniendo en cuenta que Ramón está en prisión desde el 8 de marzo pasado.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez por su parte rechazaron el pedido de la defensa, por alegar que no existe ningún hecho nuevo, además mencionaron “estamos frente a un hecho muy grave”. Rodríguez y Williams hicieron otra interpretación basada en el caso concreto, que se estima una pena de cuatro años y medio. La Fiscalía de Estado adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal –según publica Diario El Chubut-.

Cabe destacar que por los mismos hechos que se investigan, otros 12 imputados fueron enviados a juicio oral y público. En esa oportunidad Reinoso no pudo asistir por razones de salud que lo obligaron a viajar a la Capital Federal.

El abogado defensor de Reinoso, no se opuso a ninguno de los planteos formales que realizó la acusación. Basado en la “tranquilidad de conciencia” de su asistido, pidió la realización del juicio oral y público a la mayor brevedad. Indicó que la “incertidumbre” respecto de su situación que le genera esta etapa del proceso “tiene consecuencias personales, laborales y sociales”. Reinoso presentó pruebas documentales de descargo y el testimonio de siete personas para el juicio oral que se prevé se realizará en los primeros meses del próximo mes de marzo”.

“Tengo la convicción de que saldrá airoso de la situación procesal”, dijo Miguel Ángel Moyano, el abogado defensor de Reinoso.

Para los fiscales Reinoso en su cargo del mantenimiento de las viviendas oficiales, fue  “una pieza necesaria” en las maniobras de enriquecimiento de la “asociación ilícita que lideraba Diego Correa”. Se refirieron a los pagos por reparaciones en viviendas oficiales con los que se benefició el grupo de imputados en esta causa, mediante contrataciones directas a las empresas creadas al solo efecto de hacerse de los dineros públicos”, en alusión a Dual Cuore S.R.L. y Cepat S.R.L.

Para los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodríguez, Reinoso está involucrado en dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa. Se le imputa el delito de “defraudación por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado en perjuicio de la administración pública”. En la causa también están imputados Diego Correa, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Diego Luter, Darío Correa, Giuliana Mac Leod, Cristian Gisande, Federico Gatica y Juan Carlos Godoy.

En la audiencia también estuvieron presentes los querellantes Christian Martinez y Javier Stampone por la Fiscalía de Estado, Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, Alfredo Mesa de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria en carácter de denunciante, y Ángel  Cayupil y Eduardo Hualpa  en representación de la Agrupación Iniciativa Ciudadana –según publica Diario El Chubut-.

En la audiencia de revisión de la medida que ya tomó el juez Sergio Piñeda en contra de ambos imputados, Gabalachis insistió con su línea argumental al destacar que con la decisión de enviar el caso a juicio oral y público, han quedado despejados los riesgos procesales de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Para los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams que sostienen la continuidad de la prisión preventiva en un centro de detención, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, se mantienen ante el inicio en pocos meses más del juicio oral y público.

La resolución de los jueces César Zaratiegui y Mirta Moreno se conocerá este miércoles a las 9 horas en la Oficina Judicial de Rawson –según publica Diario El Chubut-.

En una maratónica audiencia en el marco de la causa “Embrujo”, el Juez Sergio Piñeda resolvió que los cinco imputados, Mc Leod, Ramón, Souza, Gatica y Luther continúen cumpliendo con prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

Por su parte, Diego Correa presentó un escrito solicitando seguir detenido. Lo mismo hizo Sandro Figueroa. Los fiscales argumentaron el peligro de fuga de los imputados.

Rodríguez y Williams expusieron durante casi cuatro horas los peligros procesales de los siete imputados, a los que se sumaron la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción. Las defensas, en cambio plantearon profundos reparos a que sus clientes continúen detenidos.

Los fiscales focalizaron sus alegatos en la asociación ilícita y en el rol de cada uno de los integrantes dentro de este esquema presuntamente defraudatorio.

Detallaron con precisión el desempeño de cada uno de los imputados y se ampararon en las penas efectivas para requerir la continuidad de las prisiones preventivas. Cabe destacar que la imputación presentada por los fiscales ilustra condenas de más de cuatro años en todos los casos. “Pasamos del grado de sospecha a la alta probabilidad”, esbozó Williams.

Los abogados Fabián Gabalachis (Mc Leod); Omar López (Ramón); Patricio Romero (Gatica); Damián D’Antonio (Souza); y Lisandro Benítez (Luthers) delinearon diferentes estrategias para morigerar la medida de coerción.

A los pedidos de los abogados defensores, por “deterioro psicológico y mental” en los casos de Natalia Mc Leod y Daniela Souza, el juez Piñeda resolvió no conceder la prisión domiciliaria, argumentando que «no están dados los elementos» para otorgarla.

Para el caso del resto de los imputados, Piñeda aclaró que las medidas de coerción deben ser excepcionales. “Estamos hablando de dinero público que servía para beneficiar a un grupo. La pena que se espera es clave. Los peligros procesales están latentes. La acusación final de los fiscales aumenta la probabilidad de los peligros procesales”, sentenció el juez.

“La  sede de la Banda estaba en Fontana 50”

“La sede de esta banda delictiva estaba en Fontana 50. Cuando tenían que buscar dinero lo hacía en Casa de Gobierno. Pagaban en Casa de Gobierno”, dijo Williams.

Por su parte, Rodríguez aseveró que cada uno de los partícipes “tenían perfectamente conciencia de que pertenecían a un grupo delictivo para beneficiarse del Estado”.

La parte acusatoria se metió de lleno en el ámbito político y formuló que “cuando se vislumbraba que Das Neves iba a ganar las elecciones, Mc Leod sale del directorio y la reemplaza Sandro Figueroa, su tío materno».

“Armaron una asociación ilícita para cometer delitos en la administración pública. En 2013 empezó a funcionar esta banda”, dijo Rodríguez, quien agregó que “tenían grandes lazos con el poder provincial y con los municipios. Correa era el jefe de la banda que se encargó de reclutar personas y distribuyó tareas y dinero”.

Vales de nafta del Estado

El fiscal Williams ventiló nuevas operatorias que materializaban algunos de los integrantes y que reflejan el uso del Estado como “un botín”.

“El grado de desparpajo era notable. Souza y Figueroa pedían vales de nafta para las camionetas de las empresas. El Estado pagaba la nafta para las camionetas de empresas de Correa”, disparó Williams.

En la misma sintonía, relató que Daniela Souza “iba constantemente a Casa de Gobierno a buscar dinero» y reflejó que había dos pintores que fueron contratados para el Estado, «pero los hacían trabajar en la construcción de la casa en Playa Unión y en los dúplex de Correa”.

Otro de los datos controversiales que aportaron los fiscales para demostrar el mecanismo que utilizaban los imputados, fue cuando se refirieron a una obra que se realizó en Casa de Gobierno.

“Para los pisos del Salón de los Constituyentes Luthers le envió un mensaje a Ramón pidiéndole que arme dos presupuestos con los montos ya fijados. En esa licitación participó Dual Core y Concretando (empresa de Ramón)”, precisó Williams.

La firma Concretando participaba en todas las compulsas de precio para simular licitud en el proceso, aunque siempre presupuestaba por encima de Dual Core –según publica Diario El Chubut-.

Una vida de lujos

“Diego Correa ha incrementado de manera apreciable e injustificable su patrimonio durante el tiempo que fue funcionario público por encima de los treinta y cinco millones de pesos”, sostuvieron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez al culminar la etapa de investigación del caso “El Embrujo”. Se encontraron con más de 20 viajes al exterior, terrenos y vehículos.

Por eso además de la acusación de jefe de una asociación ilícita, también se le imputa enriquecimiento ilícito. “Desde el año 2004 Diego Miguel Correa se ha desempeñado como funcionario público provincial, y no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la administración pública provincial”, indicaron en la acusación.

Detallaron los fiscales que «de las evidencias colectadas en el presente legajo surge que el mismo adquirió con fecha posterior a su ingreso a la función pública cuatro inmuebles en Playa Unión, dos lotes en Trelew, en Lago Puelo y Rawson. Es dueño de una camioneta Hyundai Tucson 2.0; Mercedes Benz Modelo GLK 300; Hyundai Modelo H1; camioneta Ford Modelo Ranger XL; Fiat Modelo Palio Weekend; Camioneta Volkswagen Modelo Amarok 2.0 y una camioneta Toyota Modelo Hilux 4×4».

Además de los bienes descriptos, Correa “ha realizado gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos, así a título de ejemplo se pueden señalar una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de veintiocho mil dólares estadounidenses, más de 20 viajes al exterior en el lapso de tiempo 2013/2018, la posesión de veintidós mil quinientos Euros al momento de su detención, entre otros”.

Bastida estaba desde el pasado 7 de junio cumpliendo tres meses de prisión preventiva. En esa oportunidad, los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz consideraron que había peligro de fuga o entorpecimiento de la causa que revela el pago de sobreprecios y retornos en la obra pública.

A Bastida se le imputa el delito de ser partícipe necesario en dos hechos de una asociación ilícita. Este martes, el juez Piñeda le otorgó la prisión domiciliaria tras la realización de audiencia sin anuncios y que casi pasó desapercibida. El empresario permanecerá en su domicilio de Trelew por el tiempo que le reste a la investigación.

La audiencia comenzará a mañana jueves las 9 horas en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, tras una recusación planteada por los abogados defensores.

Los defensores recusaron al juez Sergio Pineda para apartarlo de la causa. Entre sus argumentos, los abogados particulares sugieren que Pineda no será objetivo al considerar que adelantó opinión al autorizar los allanamientos y detenciones de los imputados.

Los jueces Mirtha Moreno y José García ratificaron al juez Pineda al frente de la causa. Y sostuvieron que no hubo adelantamiento de opinión por parte del juez. Conocida la decisión, a las 18 horas, informaron que la audiencia será al día siguiente.

En la audiencia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez pedirán la imputación por los delitos de «asociación ilícita» sobre los ayer detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia.

Los imputados en la causa son los exfuncionarios provinciales Victor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto a los empresarios Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel. Por su parte, Patricio Mussante, empresario de la construcción de Trelew, fue detenido durante la mañana al arribar al aeropuerto de Trelew.

Defensas

La audiencia se dilató debido a la recusación de los defensores al juez Pineda, solicitando que sea apartado de la causa. El magistrado rechazó los argumentos y su postura fue analizada por dos jueces, Mirtha Moreno y García.

En la causa, el exfuncionario Víctor Cisterna y los empresarios Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende; los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa; los ex funcionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis;  mientras que Gonzalo Carpintero será patrocinado por Carlos del Mármol. Por su parte, el empresario esquelense Oscar Peña por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona; los empresarios comodorenses Esteban Torraca y Andrés Ninin por el comodorense Guillermo Iglesias, y el ex funcionario Diego Luther por Lisandro Benítez, de la defensa pública.

Ruffa defensor de Musante y Piccione: «La pieza procesal donde se decide la detención ya arroja una toma de decisión. Hay una sombra de parcialidad. Está de oferta Pineda».