La normativa deroga el antiguo Decreto-Ley N.º 333 de 1958, que regía a la PFA desde hace más de seis décadas. En su lugar, se aprueba un nuevo Estatuto Orgánico y se lanza un proceso integral de modernización, con reorganización de personal, reorientación presupuestaria y una revisión profunda de la estructura interna.

“Resulta necesario actualizar sus misiones, modificar su estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades”, sostiene el texto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

De policía generalista a fuerza de investigación federal

El decreto establece que la Policía Federal dejará de cumplir funciones en materia de seguridad no federal dentro del territorio porteño, en cumplimiento del convenio de transferencia progresiva firmado en 2016 con el Gobierno de la Ciudad. A partir de ahora, la prioridad será el abordaje de organizaciones criminales, delitos complejos, crimen organizado e investigación judicial.

El texto instruye al Ministerio de Seguridad a redefinir el perfil del personal y establecer un cronograma de reducción progresiva del ingreso de suboficiales, con un tope fijado por debajo del número incorporado en 2025. Además, se habilita el pase de suboficiales a oficiales en función de sus estudios, experiencia o desempeño.

También se faculta al Ministerio a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores y, si fuera necesario, reincorporar a personal ya retirado para garantizar la continuidad de las funciones esenciales.

Profesionalización, tecnología e ingreso universitario

Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación del Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, destinado a la adquisición de tecnología, rediseño de procesos, formación y articulación con el sistema judicial. Ese fondo se financiará con el ahorro derivado de la reducción de nuevos ingresos de personal.

El Gobierno impulsa además un nuevo Programa de Ingreso y Formación de Universitarios ya Graduados, siguiendo modelos de fuerzas de investigación extranjeras como el FBI. 

Este mecanismo busca incorporar perfiles técnicos y profesionales en áreas estratégicas, con remuneraciones y grados diferenciados.

La reforma también establece la necesidad de modernizar los programas de formación existentes, adaptar protocolos de actuación, implementar sistemas de evaluación del desempeño y fortalecer la autonomía de la Dirección de Asuntos Internos, que tendrá un vínculo funcional directo con el Ministerio de Seguridad.

Derogaciones y marco de emergencia

Con la publicación del decreto, se derogan los artículos 12, 13, 14, 15 y 20 de la Ley N.º 18.711, además de la normativa de 1958 que establecía el marco institucional original de la PFA. La medida se adopta en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley de Bases N.º 27.742, que faculta al Ejecutivo a reorganizar organismos de la administración nacional.

El decreto ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo establece la Ley N.º 26.122, que regula la intervención parlamentaria en decretos delegados.

Agentes de la PFA realizaron allanamientos en distintas zonas de Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Estos lugares se destinaban a la recepción de estas especies producto de su caza furtiva, el cautiverio, procreación y posterior distribución para su venta ilegal en otras provincias del interior del país e incluso el exterior.

El comienzo de una larga investigación

La investigación comenzó en 2021 a partir de una denuncia de venta irregular de animales exóticos y consistió en diferentes tareas de campo, escuchas telefónicas y seguimientos. De esta manera, se estableció la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de especies protegidas.

Esta red criminal tenía una cadena de comercialización interjurisdiccional, en la que los animales tras ser capturados en forma masiva en las zonas de montes y bosques de Tucumán, Santiago del Estero y Entre Ríos, eran transportados y puestos en cautiverio en distintas casas particulares y comercios.

Luego, con una variada logística entre autos, micros de larga distancia y camiones, eran escondidos entre equipajes y cargas para no ser detectados en los controles. Así llegaron a proveer a otros intermediarios, que abastecían a quienes comercializaban por redes sociales y otros métodos.

A lo largo de todo este proceso, se sumaron serios hechos de maltrato y crueldad animal que en muchos casos terminaron con la muerte de innumerables especies, llegando a sobrevivir sólo un 30% de los animales transportados. Esto se debía a la falta de agua, comida y los lugares donde eran ubicados para ser transportadas.

A través de la investigación se pudo establecer que los proveedores principales operaban en Santiago del Estero, Entre Ríos y Tucumán. Mientras que en Buenos Aires se halló una familia que se dedicaba a la venta de especies a través de redes sociales, coordinando las entregas en cercanías de las casas donde se manejaban con total impunidad.

Con la identificación de cada uno de los integrantes de la banda criminal ordenaron los allanamientos, llevando a cabo un mega operativo en el cual lograron allanar un total de 17 lugares utilizados para el acopio y cautiverio de especies. También se secuestraron una gran cantidad de celulares, computadoras y documentación relacionada con los delitos de Tráfico de Fauna Silvestre.

A su vez, detectaron maltrato animal ya que algunas especies se encontraban desplumadas, sin agua, con garrapatas y en diminutas jaulas, además de otras que ya estaban muertas. También secuestraron armas de fuego largas y cortas, pieles de felinos y pusieron a disposición de la Justicia a cada uno de los responsables identificados.

Algunas especies fueron trasladadas a distintos centros como Temaikén y ONG Pájaros caídos. Los llevaron para que se recuperen y luego sean puestas en su hábitat natural.