La medida fue ordenada por el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Brandoni Nonell, quien dispuso que se realice de manera virtual el próximo viernes.

El objetivo de la pericia es determinar el grado de salud mental de la exprimera dama, quien vive en España. En la solicitud presentada previamente, el expresidente también pidió que su expareja entregue su teléfono para que sea peritado.

Ante la orden de la Justicia, la abogada de Fabiola Yañez presentó un recurso de apelación en el que solicitó que el juez se declare incompetente y remita la causa a la Justicia de Madrid, dado que —según argumentó— es donde vive el hijo de la pareja.

En el escrito presentado, Mariana Gallego se opuso a la realización de las pericias psicológica «sobre todo por la forma improcedente, incompetente e ilegítima en las que las mismas se fundan y ordenan». También aseguró que se trata de una «clara violación a la intimidad» de la exprimera dama.

El segundo argumento planteado por Gallego reside en la «incompetencia en razón del territorio y de la materia». «Parece que este magistrado también pretende sentenciar sobre el pedido de restitución internacional del niño Francisco, difiriéndolo al resultado de la medida encomendada al organismo de protección de los derechos de la niñez de Madrid», indicó.

«Francisco tiene su centro de vida en España, con residencia permanente junto a su madre, avalada por quien ahora pretende servirse de la justicia local para forzar un cambio de cuidado personal que nunca ha sido planteado ante los tribunales competentes en materia de familia», aseguró Gallego.

Sobre el cierre del escrito, la abogada de Yañez planteó una serie de preguntas: «¿Por qué Alberto Fernández no inició un proceso sobre régimen de comunicación en España? ¿Por qué no tramitó ante el organismo pertinente la restitución? ¿Por qué tampoco, si tan preocupado está por las supuestas dificultades para maternar de la madre de su hijo, no solicitó el cuidado del niño en España, donde no tiene restricción alguna y le sobran recursos?».

En este expediente declararon los custodios que tuvo Yañez, que hablaron sobre las salidas nocturnas de la ex primera dama, y de episodios en que la vieron en estado de ebriedad. El exmandatario quiere que se determine si la madre de su hijo está o no en condiciones de garantizar el cuidado del menor.

El 6 de enero se le prohibió a la ex primera dama contactar al expresidente por 90 días, por ningún motivo que no esté estrictamente vinculado al hijo de ambos. La resolución del juez dispuso que a partir de la notificación, Yañez no tenga “ningún tipo de conversación” con el expresidente, «por sí o por interpósita persona, con excepción aquello que haga sobre la patria potestad del hijo en común».

El fallo determinó además que tanto Yañez como Fernández «deberán abstenerse de difundir sobre el contenido de la presente causa y/o sobre cualquier cuestión respecto a su hijo menor de edad, ya sea en forma directa, indirecta, por interpósita persona».

La denuncia de Alberto Fernández a Yañez por amenazas incluyó reclamos sobre la custodia de Francisco, el hijo de ambos, y está respaldada por audios que el exmandatario considera claves para demostrar su versión de los hechos.

El expresidente reclamó en la denuncia que hizo su abogada, Silvina Carreira, el «reintegro inmediato» del menor de dos años desde España a la Argentina, argumentando que la situación actual podría representar un riesgo para su bienestar.

Alberto Fernández dijo que no pudo comunicarse con su hijo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y cuestionó las llamadas nocturnas recibidas desde Madrid, con acusaciones de hostigamiento de parte de Yañez.

El expresidente planteó en el escrito que su hijo pasó las Fiestas sin familia «mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos» y aportó notas que mostraron la cena de Año Nuevo de Yañez en un restaurante en Madrid, España.

Alberto Fernández cuestionó: «El 31 de diciembre último se la vio (a Yañez) festejando el fin de año en un restaurante que ofrecía ‘barra libre’ y vinos ‘en maridaje’ con los platos. Ello con lo que implica dado el tenor de los mensajes que recibí ante un evidente estado de intoxicación que en principio considero que pudiera ser por exceso de consumo de alcohol».

El fiscal Carlos Díaz Mayer, durante este lunes, se reunió con el personal de la Policía Federal que se encargará de peritar la zona de los incendios de la Comarca Andina. Además, el magistrado supervisó los procedimientos realizados en el marco de la investigación por el atentado al vehículo del presidente, indicó el Ministerio Público Fiscal.

Con respecto a la reunión con los bomberos de la División de Investigación de Siniestros de la Policía Federal, el fiscal explicó: «Pedí su intervención en las pericias de los incendios para determinar fehacientemente donde se iniciaron y cuál fue el motivo que los generó. Necesitamos determinar si fueron intencionales o no y en su caso determinar responsabilidades más allá que entiendo que por acción o por omisión habrá responsables pero eso será determinado en el curso de la investigación que estoy llevando adelante».

Por otro lado, el magistrado del Ministerio Público Fiscal estuvo en contacto con el personal de la Brigada de Investigaciones a cargo de los cinco allanamientos por los hechos del sábado que afectaron al presidente de la Nación. Al respecto, Díaz Mayer explicó: «Se secuestraron celulares y ropa. La detención fue a los fines de realizar una identificación completa y además hacer un reconocimiento médico trasladándolos al hospital, completando la etapa comunicándoles la imputación. Que sepan que tienen un legajo abierto en su contra, más allá de la apertura formal de la investigación que es el acto formal ante el juez, prevista por el Código Procesal».

Hasta el momento la investigación es provincial, en tanto, la Justicia Federal intervendría en lo relacionado con la seguridad del presidente, entendiendo que la justicia provincial no podría intervenir en las situaciones de responsabilidades sobre la custodia del presidente de la Nación. En este marco, los delitos investigados por el fiscal son atentados a la autoridad y daños. «Habrá que evaluar con la intervención del juez penal de Esquel si la justicia provincial tiene competencia o debiera intervenir la federal», sostuvo.

La Fiscalía de Lago Puelo interviene de oficio desde el momento de los hechos. «Aun no llegaron las actuaciones ya que debido al corte de servicio eléctrico a raíz del incendio, las comisarías están realizando las actuaciones manualmente y se conectan cuando encienden los generadores alimentados con combustible. Cuando se recabe toda esta documentación se requerirá la fijación de una audiencia de formalización de la investigación», señaló Díaz Mayer.

Hay que mencionar que la fiscalía, con sede en la localidad de El Hoyo, no tiene agua potable ni electricidad, al igual que toda la zona.

En este sentido, señaló que “la primera dirigencia pericial fue llevada adelante por un perito especialista en Incendios. Las conclusiones iniciales de esta pericia indicaron que en el interior de la Confitería  se encontraron ocho focos diseminados en toda la superficie con restos de gases inertes de un líquido combustible, que tenía como objetivo acelerar el fuego que se inició allí”.

“Por eso se concluye que el incendio fue intencional. Algunos de estos ocho focos están muy cercanos a un fogón”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “la pericia también indica que hubo un cortocircuito pero que fue post incendio y se halló un vidrio roto”.

“Relacionar a la RAM con este incendio ahora me parece poco prudente y prematuro. Si esto realmente fue intencional, alguien lo hizo pero hasta el momento los autores son ignorados”, expresó.

Finalmente, Bustos concluyó que “ayer declaró la gerenta de la Confitería, Lucrecia Taux, y aseguró que no vio indicios que el incendio se haya podido generar por un leño mal apagado. Cuando se retiraron a las 18 todo funcionaba normal”