Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 se perdieron casi 196 mil empleos asalariados registrados en el sistema de seguridad social argentino. En el mismo período, el salario mínimo, vital y móvil se contrajo en términos reales un 32%, ubicándose por debajo de los niveles de 2001, antes de la salida de la convertibilidad.

Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 se perdieron casi 196 mil empleos asalariados registrados en el sistema de seguridad social argentino. En el mismo período, el salario mínimo, vital y móvil se contrajo en términos reales un 32%, ubicándose por debajo de los niveles de 2001, antes de la salida de la convertibilidad.

De acuerdo con el documento, el total de trabajadores asalariados registrados en marzo de 2025 era de aproximadamente 10.104.000 personas, incluyendo empleo en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

En términos mensuales, se registró una pérdida de 9 mil empleos en marzo respecto de febrero. En la comparación interanual, la reducción alcanza 71 mil puestos (-0,7%). Pero el dato más significativo es la caída acumulada desde noviembre de 2023: 195.900 empleos menos, lo que implica una contracción del 1,9%.

El informe destaca que el empleo asalariado formal ya venía en descenso desde septiembre de 2023, con una seguidilla de caídas que se prolongaron hasta julio de 2024. A partir de ese momento, el indicador mostró una tendencia de estancamiento, alternando leves alzas y bajas, sin una recuperación sostenida.

Desempeño por sectores

El comportamiento del empleo asalariado formal fue heterogéneo según el tipo de empleador. En el sector público, por ejemplo, se verificó una tendencia decreciente desde comienzos de 2024. En marzo de 2025 se registraron 3,4 millones de empleos públicos formales, lo que representa una caída de 34 mil puestos (-1,0%) respecto a marzo de 2024 y de 58 mil (-1,7%) frente a noviembre de 2023.

El empleo registrado en casas particularesfue el más afectado en términos de duración: acumuló 20 meses consecutivos de caída, desde agosto de 2023 hasta marzo de 2025. 

En ese período, se perdieron casi 59 mil puestos, lo que representa una contracción del 11,7% desde el máximo de la serie (octubre de 2019). En marzo de este año, el empleo en este régimen fue de 442 mil trabajadoras, con una reducción interanual de 14.900 puestos (-3,3%) y una pérdida de 22 mil puestos (-4,8%) desde noviembre.

En cuanto al empleo asalariado formal en empresas privadas, la cantidad de trabajadores en marzo fue de 6,25 millones. Este segmento mostró once meses de caída consecutiva entre septiembre de 2023 y julio de 2024, una leve recuperación entre agosto y diciembre, y luego nuevas fluctuaciones. En marzo de 2025 se perdieron 7.300 empleos formales en el sector privado, retrocediendo al nivel observado en mayo del año anterior.

La comparación interanual reflejada en el informe de la UBA muestra una pérdida de 22.500 empleos (-0,4%) y de 115.300 (-1,8%) desde noviembre de 2023. El informe subraya que este nivel de empleo es similar al de junio de 2018 y 2,4% inferior al máximo de la serie, registrado en agosto de 2023.

Salario mínimo a la baja

El documento también analiza la evolución del salario mínimo, vital y móvil (SMVM)en términos reales. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el poder adquisitivo del SMVM se redujo 32%, acumulando una de las caídas más pronunciadas en los últimos 20 años.

En diciembre de 2023, el SMVM real cayó un 15% producto de la aceleración inflacionaria, seguido de una baja adicional del 17% en enero. 

Si bien en mayo de 2025 se observó un leve repunte de 0,3%, los valores actuales se encuentran por debajo de los niveles de 2001. Además, se encuentran 62% por debajo del pico registrado en septiembre de 2011.

Los ingresos del sector privado

El informe también relevó los datos sobre las remuneraciones promedio de los trabajadores registrados del sector privado, a través del Índice de Salarios del Indec y del propio SIPA.

Entre noviembre y diciembre de 2023 se produjo una fuerte contracción del salario promedio real. Luego, entre abril de 2024 y enero de 2025, hubo una serie de pequeños aumentos reales, interrumpidos por caídas en febrero (-0,1%), marzo (-1,5%) y abril (-0,2%). De esta forma, el nivel de abril quedó 1,2% por debajo del valor de noviembre de 2023.

En términos nominales, la remuneración promedio en abril de 2025 fue de $1.594.900(sin estacionalidad), pero su poder adquisitivo sigue lejos de los niveles alcanzados en años anteriores. De hecho, el valor actual es 17,6% inferior al máximo histórico, registrado en mayo de 2013.

Según el informe, aunque hubo una recuperación salarial parcial en algunos meses de 2024, las sucesivas caídas de 2025 anularon ese avance. Por ejemplo, en octubre de 2024 el salario promedio había superado en 0,9% el valor de noviembre de 2023, pero en abril de 2025 ya estaba 0,3% por debajo de ese mismo mes.

“Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, se han llevado a cabo dos reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en febrero y mayo”, comienza explicando un informe de CIFRA CTA que analiza la dramática situación.

Ambas reuniones concluyeron con decisiones de la Secretaría de Trabajo “que determinó los aumentos salariales del año. Los incrementos nominales totalizaron un 60,5% respecto a noviembre de 2023, mientras que la inflación proyectada para el mismo período supera el 136%. Esto ha resultado en una pérdida real de casi un tercio del salario mínimo”, sostiene.

Esta reducción se suma a las disminuciones significativas que ocurrieron en años anteriores, con una caída anual superior al 10% durante 2018, 2019 y 2020. En julio de 2024, el salario mínimo real se encuentra un 43% por debajo del nivel de noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y un 564% por debajo del nivel de noviembre de 2015.

Datos alarmantes

Además, el informe sostiene -según publica Ámbito– que el valor actual es inferior al de la mayor parte de la década de 1990. En esa época, al igual que ahora, el salario mínimo era tan bajo “que había perdido su función como piso salarial, en un contexto de desregulación y flexibilización del mercado laboral impulsado por el Gobierno”, advierte.

La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza e indigencia también refleja este retroceso histórico. En julio, el salario mínimo solo permite cubrir el 56.8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y el 25.6% de la canasta de pobreza, cifras similares a las de la crisis de la convertibilidad en 2001/2002.

De no haber sufrido la pérdida de poder adquisitivo desde finales de 2015 hasta la fecha, el salario mínimo en julio de este año sería de aproximadamente $540.000 y representaría más del 143% de la canasta básica alimentaria mencionada.

Según los datos de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE) los salarios aumentaron un 11,5% en el segundo mes del año, frente a una inflación que alcanzó el 13,2%, tal como reflejó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

De esta manera, el salario promedio en febrero fue de $619.007,05, un valor que, al igual que en enero, se ubicó por debajo de la canasta familiar de pobreza. Así quedó reflejado con el dato del INDEC, ya que un matrimonio con 2 hijos menores necesitó $690.901,57 para cubrir sus necesidades básicas, sin considerar el alquiler.

Los salarios de los trabajadores tuvieron una caída del 26% interanual en febrero, según los cálculos del economista Salvador Vitelli, quien aportó que con el retroceso del segundo mes del año se alcanzó la peor caída cuatrimestral en la historia del índice -según publica Ámbito-.

En este sentido superaron el derrumbe de la convertibilidad en cuanto a un periodo de cuatro meses, que fue del 20%, y se acercan al mínimo mensual.

En 2023, el salario promedio terminó en $484.298,40, creciendo un 149,4% frente al valor que presentaba a finales del 2022 cuando alcanzaba los $194.175,11. La suba no fue suficiente para ganarle a la inflación que fue del 211,4% en los 12 meses del año pasado. La diferencia representó una pérdida del poder adquisitivo del 20% para los 10 millones de trabajadores formales del sector público y privado que contempla el RIPTE.

Vale recordar que el RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

El indicador es una de las variables que se toma en cuenta para el cálculo de la movilidad previsional junto a la evolución de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, descontando el incremento del padrón de beneficiarios.

El dato lo aportó este miércoles un informe de Marcos Cohen Arazi, economista del Leral (de la Fundación Mediterránea), según el cual la peor parte se la llevaron las micro y pequeñas empresas (mipymes).

El Frente de Todos recuperó el Gobierno Nacional en diciembre de 2019 y arrancó el 2020 con 533 mil empresas. A los 12 meses posteriores, Argentina ya había perdido 22.500 firmas.

Si bien esto fue resultado del impacto que tuvo la pandemia, que provocó una caída de la actividad del 9,9% en 2020 según el Indec, también influyó la recesión de los dos últimos años del Gobierno de Mauricio Macri, cuando el PIB descendió 2,6% en 2018 y 2% en 2019.

Los años pospandemia fueron de recuperación de la actividad. La economía creció 10,4% en 2021 y 5,4% el año pasado. Sin embargo, se pudieron recuperar apenas el 45% de las empresas dadas de baja, lo cual quiere decir que, en promedio, Argentina perdió 80 compañías por semana.

Las mipymes

En el país, la situación difiere notablemente según el tamaño. Las empresas de mayor envergadura tuvieron una mejor performance, ya que en tres años se sumaron 700 compañías.

El problema fue para las mipymes, de las cuales quedaron 12.900 empresas menos.

Según el informe, en el mismo período, la cantidad de monotributistas pasó de 1,63 a 1,9 millones, lo que implica que se crearon 270 mil nuevos emprendimientos o autoempleo bajo el régimen simplificado, un promedio de 1.700 por semana.

“Posiblemente, parte de esos emprendimientos corresponden a empleos asalariados registrados que no se crearon, sea esto fruto de que no existieron oportunidades ocupacionales como asalariados, o que no se dieron por la vía formal (empleo en relación de dependencia). Este crecimiento probablemente nos dice más acerca de la reforma laboral que está pendiente, que, de un auge emprendedor notable, aunque seguramente hay de las dos cosas”, explicó Cohen Arazi.

En Romano Group destacaron que esos salarios son equivalentes a los mismos niveles de junio de 2007 en términos reales, es decir, sin tener en cuenta la inflación. Si se comparan esos montos al valor del dólar Contado con Liquidación (CCL) ese ingreso representa US$500 mientras que en el último máximo, en 2017, eran US$1720 mensuales.

El economista de la consultora, Salvador Vitelli, no es optimista respecto a lo que sucederá este año, en medio de aumentos de precios que no dan tregua. “La pérdida del poder adquisitivo es una deuda de este Gobierno. Hubo una fuerte caída debido a la pérdida de valor que tuvo la moneda en estos años y revertir esa tendencia será el desafío de la próxima gestión, pero tiene que hacerse controlando la inflación”, indicó -según publica TN-.

“No hay otra salida porque en definitiva las paritarias le ponen un piso a la nominalidad. En la medida que eso no pase, la erosión va a ser mayor, como esperamos que suceda en 2023, ya que en los próximos meses el piso de la variación Índice de Precios al Consumidor (IPC) será de 6,5% o 7% mensual”, consideró Vitelli.

Por su parte, el economista Fernando Marull estimó que los salarios registrados se encuentran casi $64.000 por debajo de lo que estaban a finales del 2015, cuando el oficialismo perdió las presidenciales. También son menores a los de 2019, cuando Mauricio Macri no logró ser reelecto tras el impacto de la crisis de ese entonces.

Los indicadores sociales también llegarán con un deterioro importante al período electoral, con una inflación que superará cómodamente el 100% anual este año y que derivará en una pobreza en torno al 42% para el primer semestre, según la consultora Econviews.

“Los ingresos de casi nadie en la economía crecieron a este ritmo. De manera que decir que vamos a ir a votar con un nivel de pobreza e indigencia mayor a esta altura no es un juicio de valor, es una fórmula matemática”, concluyeron.

El salario mínimo es la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo que le asegure una vida digna. El valor sirve como referencia sobre el sector informal y también para la actualización de Programas sociales, como el Potenciar Trabajo o las Becas Progresar -según publica TN-.

El consejo del SMVM, integrado por 16 representantes sindicales y 16 de las cámaras empresarias con la cartera laboral como coordinadora, resolvió en noviembre que a partir del 1° de marzo el ingreso mínimo sea de $69.500. Una familia de cuatro integrantes compuesta por dos adultos y dos niños necesitó hasta enero $163.539 para no ser considerada pobre, según el INDEC, por lo que si ese hogar percibe hoy dos salarios mínimos no supera el umbral.

En los últimos años, la caída del poder adquisitivo para este segmento fue significativa. Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) arrojó que en la presidencia de Alberto Fernández el salario mínimo acumuló una baja del 18% desde el inicio de la gestión. Hubo un movimiento parejo frente a la inflación hasta mediados de 2022 y, desde entonces, cada asalariado acumuló una pérdida de $45.000 de su bolsillo.

Pero el trabajo detalló que durante el Gobierno de Mauricio Macri la caída fue de $1.428.000 si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC fue de 300% acumulado y el haber mínimo subió solo 213% entre finales de 2015 y 2019. Así, la pérdida fue de $1.473.000 acumulada en los últimos casi ocho años.

El Ministerio de Trabajo se reunirá con el Consejo el martes 21 de marzo para definir un nuevo incremento. La pauta oficial que marca el Presupuesto es de 60% de inflación anual, pero las consultoras anticipan que solo en el primer trimestre de 2023 estará en torno al 20% y consumirá un tercio de dicha pauta. Habrá que ver cuál será el aumento que se definirá durante el encuentro, aunque suele estar vinculado a las expectativas oficiales y seguramente no se recuperará la merma de los últimos años.

EL INDEC informó este martes que el IPC de febrero fue de 6,6%. Además, el organismo publicará este jueves el valor al segundo mes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de pobreza. Ambos índices son clave por el fuerte salto que tuvieron los alimentos en los primeros meses de 2023.

El 13 de diciembre pasado, César Rivas circulaba en su auto por la Ruta Nacional 9, cerca de la localidad salteña de Rosario de La Frontera, cuando sufrió un accidente vial. En la ocasión, su perro Claymore, que iba con él en el vehículo, se perdió.

César se recuperó del susto y del accidente, sanó las heridas pero una seguía abierta: no lograba encontrar a su mascota, un pitbull de tres años, su fiel compañero que permanecería perdido por un mes. Pero el final fue de telenovela, como él mismo aseguró.

Porque un mes después del accidente, un llamado telefónico le cambió la vida. “Estaba haciendo un trámite en Salta cuando recibí un llamado para consultar si estaba buscando un perrito de color amarillo. Le dije que sí”, contó cómo había recibido datos del paradero de Claymore.

Y esperando reencuentro llegó. “La familia está feliz y contenta. Fue un final de película, de telenovela. No bajamos los brazos. Mucha gente colaboró, participó durante la búsqueda”, explicó Rivas a la televisión salteña.

Esas cifras muestran que un poco más de la mitad son asalariados registrados y un 24% son trabajadores no asalariados (monotributistas o cuentapropistas).

El informe dice que entre julio y septiembre hubo una baja en la cantidad de puestos de trabajo totales (0,1%), principalmente debido a un aumento del trabajo “en negro” (0,4%) y una caída en el trabajo asalariado (0,2%).

Los economistas coinciden en que el alto nivel de “trabajadores en negro” es uno de los factores que complica a todos los Gobiernos a la hora de tener un presupuesto balanceado y controlar el déficit fiscal –según publica el portal Redacción-.

Si se toma el total de trabajadores no registrados, la mayoría pertenece al servicio doméstico, comercio, agricultura y construcción.

Una mirada más profunda sobre estas cifras revela que el 71% de las empleadas domésticas no está registrada. En el top 3 de los sectores con más trabajadores en negro le siguen la agricultura y el sector de hotelería y gastronomía.

La mayor cantidad de trabajadores en blanco está en el rubro educación, donde el 73% corresponde a la gestión pública y el 27% a la privada. Le sigue la administración pública.

Para dar una idea del impacto de la caída del empleo en la economía, el aporte de la remuneración al trabajo en el tercer trimestre de 2018 cayó 4,76 puntos porcentuales y en consecuencia pasó a representar el 45,9% del PBI. La mayor baja fue en el sector privado.

Cabe mencionar que la remuneración de los asalariados tiene dos componentes: los sueldos, ya sean en dinero o en especie, y las contribuciones al seguro social que pagan los empleadores.

Al contrario de lo que pasó en la economía nacional, en el período de gobierno de Cambiemos, el salario mínimo en dólares creció en Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil. El otro país que junto a la Argentina tuvo un resultado negativo es Venezuela.  En el último año, la mayor parte de los países de la región tuvo caídas del salario mínimo medido en dólares, aunque en la Argentina esa baja fue del 37 por ciento, muy superior al resto, sólo superada por Venezuela (-40 por ciento). Especialistas advierten que la caída del salario en dólares implica una desmejora en términos distribución del ingreso. También aclaran que el salario en dólares tiene incidencia relativa en la mejora de la competitividad exportadora, aunque en cambio se traduce en efectos recesivos que terminan impactando a la baja sobre las importaciones.

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) constituye el piso legal para el salario de los trabajadores en relación de dependencia. No se trata de un valor que automáticamente impacta en las remuneraciones, pero sí lo hace estableciendo un umbral más alto o más bajo para la negociación colectiva. El SMVM se define a través del Consejo del Salario, que reúne a representantes del Gobierno, gremios y entidades empresarias. Para ofrecer alguna respuesta a la crisis económica, el Gobierno decidió adelantar la última cuota de suba del salario mínimo para principios de marzo (el alza estaba prevista para junio), cuando aumentó de 11.900 a 12.500 pesos.

En términos nominales, el SMVM subió durante la gestión de Cambiemos un 123 por ciento, de 5588 a 12.500 pesos. Este dato de por sí refleja un deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo, si se tiene en cuenta que la inflación acumulada en ese período en las canastas de consumo de los asalariados es del 173 por ciento según la medición de la UMET. Pero además, el SMVM quedó retrasado frente a la línea de pobreza. Los últimos datos estadísticos porteños muestran que en enero de 2016 dos salarios mínimos de 6060 pesos cada uno servían para comprar 1,2 veces la canasta básica que permitía no ser pobre en términos de ingresos a un hogar compuesto por dos adultos económicamente activos, propietarios de la vivienda, y dos niños. En noviembre de 2018, dos salarios mínimos de 10.700 pesos (un total de 21.400) sólo alcanzaban para adquirir un 70 por ciento de la canasta de pobreza de 30.818 pesos que corresponde al mismo hogar.

En paralelo a la pérdida del poder adquisitivo en pesos del salario, la evaluación de los ingresos en términos de “moneda dura” permite encuadrar la situación nacional en términos regionales. En noviembre de 2015, el SMVM estaba en 5588 pesos, lo cual equivalía a 589 dólares con el dólar a 9,5 pesos. En ese momento, Argentina estaba en una primera posición muy holgada frente a otros países, seguida por Ecuador y Chile, con salarios mínimos de 354 y 352 dólares, respectivamente. Parte de esa enorme diferencia (más de 200 dólares) con la segunda y tercera posición se explica por el dólar “barato” oficial a 9,50 pesos que se vendía con restricciones, en contraposición del dólar “blue” a 16 pesos definido por un mercado chico y opaco. La fuerte devaluación de diciembre de 2015 y posterior estabilidad cambiaria junto a subas del SMVM redujeron el salario mínimo a 501 dólares en diciembre de 2017. En ese momento, todavía se ubicaba en el primer lugar del ranking regional, aunque la brecha se había achicado a 75 dólares frente al salario mínimo de 425 dólares de Chile y Uruguay.

Con la devaluación del año pasado, el salario mínimo en la Argentina se hundió hasta los 297 dólares, en la línea de Bolivia y lejos de los 457 dólares de Uruguay, 456 de Chile, 394 de Ecuador y 348 dólares de Paraguay. Por debajo de la Argentina están Perú (281 dólares), Colombia (262) y Brasil (261) y en el último lugar, Venezuela, con un salario mínimo de 5 dólares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el SMVM como una de las herramientas para reducir la desigualdad salarial –según publica Página 12-.

La encuesta de PwC no es optimista sobre una recuperación a la vista del salario, justo en año electoral, que el Gobierno se encomienda a que las paritarias aporten una ilusión estadística. Los participantes de la compulsa de la consultora internacional estimaron los incrementos promedio en 26/29%, frente a un resultado de inflación que estará aún por verse, aunque seguramente superará la pauta del 23% presupuestada. Las empresas manifestaron que aplican compensaciones y beneficios para hacer un mix con la exigüidad de los aumentos salariales, a fin de que, sobre todo, los recursos humanos más valiosos no se vayan. También buscan modos alternativos antes que destruir los puestos de trabajo, lo cual por un lado tranquiliza a las fuerzas laborales, pero por otro, las hacen manejarse con pies de plomo ante las patronales.

Se lo mida en pesos, en dólares o en poder adquisitivo, el salario fue el gran perdedor de 2018. Lo peor es que tampoco, en la tradicional Encuesta de Remuneraciones realizada por PwC Argentina, las 170 organizaciones y 278 puestos tabulados que participaron le asignan perspectivas alentadoras.

Después de la devaluación, el sueldo mínimo en dólares retrocedió 66% respecto del año anterior. Cuando la paridad quedó en $39, de los 437 que estaba previamente cayó a 263, situándose por debajo de Chile y Uruguay, de acuerdo con los datos de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En la moneda nacional, la inflación le quitó 20 puntos a los ajustes generales de entre el 27 y 28% promedio que surgen de la compulsa de PwC Argentina.

Y si se toma como poder adquisitivo el peso de las tarifas de los servicios públicos en una remuneración mínima, del 16,4% que ocupaba en 2017 saltó al 23,5% en 2018.

Desde inicios de 2016, los incrementos acumulados promedian el 3.624% en energía eléctrica, 2.401% en gas natural, y 1.025% en agua potable de red. En transporte fueron del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes, para el acumulado trianual.

Por el costado que se lo vea, el salario ha sido la variable de ¿ajuste o desajuste? de la maltrecha economía.

Entre los comicios de medio término de octubre de 2017 y el final de la 2da corrida cambiaria de magnitud, los sueldos aumentaron 25% contra más del 40% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las provincias aprovecharon este período de transición poselectoral para hincar el diente en la plantilla de sueldos y retribuciones, que se come en promedio la mitad de las erogaciones.

Este retraso permitió a las gobernaciones mejorar los números y disminuir el impacto del gasto público en el PBI, según el estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF): en 2017 el gasto en personal del total de las provincias para el 3er trimestre representó el 5,82% del PBI, mientras que para el año pasado se redujo al 5,32%.

De esta manera, la caída sobre el peso del gasto fue del 0,52% en apenas 12 meses, puntualiza el IARAF, y en términos reales el poder de compra de la masa salarial del conjunto de provincias se redujo un 6% anual entre ambos años.

Con los trabajadores de rehenes por el ajuste sobre sus ingresos que determinaron tanto el proceso recesivo cuanto el miedo a la desocupación o al subempleo, las negociaciones de paritarias “estarán marcadas por pedidos de cláusulas de revisión y dependerán del panorama económico de los próximos meses”, opina la gerenta de People & Change de PwC Argentina, Mariela Rendón, en función de lo informado por las empresas participantes en la encuesta, donde estiman para este año incrementos que rondarían entre 26% y 29% promedio.

“La recuperación del poder adquisitivo no será fácil ni rápida, pero desde Recursos Humanos se seguirá trabajando en propuestas que traten de responder y acompañar a las necesidades del personal y así mantenerse competitivos, en la medida de lo posible, atendiendo los cambios que se puedan presentar en este periodo lleno de desafíos”, señaló la ejecutiva.

La base de cálculo salarial en el cierre de 2018 se alteró con el bono compensatorio de los 5.000 pesos que entregaron las principales empresas a su personal y con un porcentaje adicional a manera de adelanto de los incrementos del 2019 entre noviembre y diciembre otorgado en algunos casos, pero de todos modos, la mayoría de los salarios quedaron por debajo de la inflación, de acuerdo con el relevamiento –según publica Urgente 24-.

De todos modos, “la brecha negativa no se podrá recuperar en el corto plazo. Un año que empieza con anuncios de incrementos en servicios básicos, la inflación que aún no cede y un mercado interno afectado por el contexto económico, nos prepara para un escenario poco optimista”, sintetizó la vocera de PwC de la muestra.

El reporte señala que “2018 fue un año marcado por los cambios y reajustes presupuestarios a nivel de compensaciones y beneficios, en donde el 20% de incremento promedio para todo el año que se había estimado en el 1er trimestre, se tuvo que modificar gradualmente en función a los acontecimientos económicos de público conocimiento”.

Y que, a pesar de esto, solo el 64% de las empresas realiza 2 ajustes al año en sus remuneraciones mientras que un 11% realiza 1 ajuste al año.

Subraya el informe que hubo organizaciones que, a pesar de los presupuestos acotados, trataron de compensar los desfasajes a través de varias iniciativas, ya sean éstas con impacto monetario (incorporación o mejoras en reintegros de gastos, adelanto de bono) o con foco en mejorar el balance vida-trabajo.

Para el año que se inicia, ese ejercicio de combinar la recompensa económica con beneficios en las condiciones redundará, conforme consignaron los encuestados, en el abordaje de grandes desafíos en materia de Recursos Humanos, canalizados en la gestión de compensaciones y beneficios, retención de talentos, alineación de RRHH a los objetivos de la empresa, relaciones laborales y solapamiento salarial.

En consecuencia, la conformidad del empleado, su contracción al trabajo y la mutua conservación del puesto y del talento tendrán más relevancia en la ponderación de las relaciones laborales que la estadística salarial en sí, de la que no cabe esperar alegrías.

Conservar talentos y puestos

Tampoco en materia de contrataciones es para hacerse ilusión alguna. La Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE) de ManpowerGroup aguarda un -4% de retroceso para los primeros 3 meses de 2019, el valor más bajo en los 12 años de investigación.

Las intenciones más débiles se registran en el sector de la Construcción, con una ENE de -11%, seguido por Transporte & Servicios Públicos con -10%, y el sector Manufacturas con -5%.

El único sector con intenciones positivas es Agricultura & Pesca, con un pronóstico de +4%.

En cuanto a las zonas geográficas, 4 de las 6 regiones reportan intenciones de contratación negativas, mientras que los empleadores de la Patagonia y de Cuyo pronostican los mayores aumentos con expectativas de +5%, y de +1%, respectivamente.

Pero yendo de lo sectorial a las oportunidades concretas de empleo, aunque no abunden, los bancos, la industria tecnológica y la actividad petrolera fueron el año pasado los que mayor visualización tuvieron, de acuerdo a un listado elaborado por LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo, que en Argentina tiene más de 6 millones de usuarios registrados, sobre la base de datos relevados de su plataforma.

Las del sector tecnológico sumaron 92.497 vistas, las del sector bancario acumularon 265.783 visualizaciones y las posiciones en empresas petroleras les interesaron a 49.711 personas.

Los 22 empleos destacados y que figuran en dicho ranking superan en total las 660.000 vistas.

“El mercado del empleo en Argentina está en constante cambio, tornándose muy dinámico de acuerdo a las épocas del año. Es por ello interesante poder estudiar con detenimiento cuáles son las tendencias, los intereses y demandas de quienes están en la búsqueda de un nuevo empleo para así generar un acercamiento más acertado entre las empresas y los talentos” comentó Ramiro Luz, líder de LinkedIn Talent Solutions para Hispanoamérica.

Bancos como Santander Río (N º3), Supervielle (N º5) y Banco Macro (N º6) figuran entre las entidades que más candidatos atrajeron (12 de las 22 ofertas laborales son para trabajar en ellos) con 265.783 visitas.

Por su parte, el primer empleo que más atractivo recibió fue para formar parte del equipo del Banco Ciudad (67.590).

Con respecto a qué tipo de empleos fueron los que mayor atractivo generaron, los administrativos fueron los más buscados.

Por ejemplo, auxiliar administrativo en DeSillas.com (N º2), analista administrativo en Samsung Electronics (N º4) y asistente administrativo en The Goodyear Tire & Rubber Company (N º13) se ubican en el podio.

De acuerdo con el reporte oficial, los salarios del sector formal (público y privado) crecieron, en promedio, 27,3% anual. En el sector informal, en tanto, el incremento estimado fue del 21,9%. Los trabajadores en negro recibieron actualizaciones salariales que quedaron 24 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del propio Indec, que marcó en octubre un avance del 45,9 por ciento.

En octubre, los salarios del sector privado registrado crecieron 3,8%, contra una inflación mensual del 5,4%. Ese mes comenzaron a discutirse las cláusulas de revisión que se acordaron en distintas paritarias. En el sector público, la suba fue algo mayor, del 4,7% mensual. El salario informal avanzó 1,7% contra el mes previo. En promedio, el índice de Salarios subió 3,7% desde septiembre.

La caída del salario se asemeja a la de la crisis de 2001/2002. Con la brusca salida de la convertibilidad, las remuneraciones 20 puntos contra la inflación, en 2002. La situación, ahora, es distinta: las cláusulas de revisión de las paritarias moderaron, en algunos sectores, esa pérdida de poder adquisitivo. Eso debería notarse a partir de los datos de noviembre.

El índice de Salarios del Indec es el indicador con el que el tomador de un crédito hipotecario o prendario UVA puede pedir al banco una extensión en el plazo de devolución para achatar la cuota. Si la evolución de salarios es más de 10 puntos inferior a la de la inflación, el banco debe ofrecer esa posibilidad. El cálculo es caso por caso y depende del momento en que se tomó el préstamo.

El índice de Salarios se conoció al mismo momento en que el Indec reportó una caída del 13,3% anual en la industria y del 15,9% en la construcción para noviembre.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Producción y Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el décimo mes del año se sumaron 6200 empleados formales en relación a septiembre (un 0,1% más), pero el cambio mensual desestacionalizado registró una baja de 0,3%.

Lo que más pesó en este indicador fue la retracción en el sector privado: en octubre se perdieron 7600 trabajadores formales respecto a septiembre, con un retroceso de 0,1% mensual, que se eleva a 0,4% en la medición desestacionalizada y 0,7% de caída en la comparación con el mismo mes del año pasado (62.200 empleados menos en doce meses).

Los asalariados del sector privado totalizaron 6.185.300, con un crecimiento de 9300 en octubre, que representa una suba de 0,2% mensual, una baja de 0,4% desestacionalizada y un descenso de 1,1% en el interanual (69.900 trabajadores menos) –según publica El Cronista-.

Uno de los datos que se presentaron ayer en el Ministerio de Producción y Trabajo muestra que las provincias oficialistas o alineadas en mayor medida con el Gobierno nacional tuvieron más crecimiento del empleo, al tiempo que en los territorios opositores se registraron las caídas más fuertes.

En la medición interanual, las mayores subas en la cantidad de asalariados privados registrados ocurrieron en Jujuy (5,3%, gobernada por el radical Gerardo Morales), Neuquén (4,4%, comandada por Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino -MPN-), Corrientes (0,8%, del radical Gustavo Valdés) y Mendoza (0,7%, del radical Alfredo Cornejo).

En cambio, en la variación acumulada de los últimos meses, las reducciones más fuertes se observaron en las provincias peronistas de La Rioja (-6%, gobernada por Sergio Casas), Catamarca (-3,7%, de Lucía Corpacci), Santa Cruz (-3%, de Alicia Kirchner) y San Luis (-2,5%, de Alberto Rodríguez Saá).

Según explicó José Anchorena, Director Nacional de Estadísticas y Estudios, octubre es habitualmente uno de fuerte creación de trabajo, por eso pese a que hubo 6200 empleos más que en septiembre, al desestacionalizar el índice eso representa una retracción de 30.900 empleados registrados.

Entre las aclaraciones, el informe de Producción y Trabajo indicó que el Ministerio de Agroindustria encaró un reempadronamiento del Monotributista Social Agropecuario (MSA) entre el 2 de julio y el 10 de agosto, lo que produjo «una interrupción temporaria» y «una disminución de 47.900 trabajadores», sin que hasta ahora se haya observado un reempadronamiento significativo.

Tendencia negativa

La tendencia para noviembre, estudiada en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) también es negativa.

En el total de aglomerados, el empleo retrocedió un 2% interanual y un 0,1% mensual frente a octubre.

Anchorena señaló que en noviembre en el Gran Buenos Aires la variación mensual fue de -0,2%, mientras que en el Interior hubo un pequeño crecimiento de 0,1%.

De esta manera, el funcionario sostuvo que en el Interior se verá una importante recuperación en el primer trimestre de 2019, mientras que en el Gran Buenos Aires la mejora de indicadores se hará notar en el segundo trimestre del año que viene.

Para Anchorena, «la estabilidad de la macroeconomía, la mejora del salario real y el superávit de la balanza comercial» serán los motores de la recuperación del empleo y la actividad en 2019.

Incluso, arriesgó que entre abril y julio del año próximo las paritarias interanuales sumarán un 40% en promedio.

Asimismo, la evolución mensual de las expectativas netas empresarias sobre sus dotaciones en los próximos tres meses para noviembre exhibió que en los aglomerados urbanos existe una paridad entre las empresas que planean aumentar su personal y las que piensan disminuirlo.

Se trata de una baja de 1 punto porcentual en relación a octubre, que según explicó José Anchorena, Director Nacional de Estadísticas y Estudios de la Secretaría de Trabajo y Empleo, es habitual en todos los meses de noviembre de cada año, por la reducción en la actividad de la construcción durante el último bimestre.

En septiembre, peor mes de la crisis, la expectativa era negativa en 0,5%, informó Trabajo.