El Presidente preguntó: «¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

“Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla», agregó.

En clara referencia a Techint, aseguró: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero USD 4.000 cuando se paga USD 1.400 y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“.

Días atrás, el mandatario posteó en X: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”.Javier Madanes Quintanilla

Este mensaje se dio en el marco de una tensión creciente entre el Gobierno y el grupo empresario, tras la adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos de 480 kilómetros, con una oferta de USD 203 millones, es decir, 25% menos que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint.

Fate, también

En su discurso de esta noche, Milei les dijo a los diputados: “Ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”.

En ese momento, hizo referencia a Fate y al despido de los empleados de la planta de Madanes Quintanilla. “¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?“, arremetió.La fábrica de Fate en San Fernando (Maximiliano Luna)

Luego, agregó, siguiendo con el tono de preguntas: “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica USD 50 cuando la importada cuesta USD 5?“.

También mencionó que se habla de “apertura indiscriminada” cuando Argentina es el país más cerrado del mundo para su nivel de PBI. “¿De qué apertura indiscriminada me hablan? ¡Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico!“, expresó.

“Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía generará pérdida de puestos de trabajo. En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. El análisis es muy simple: cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado, y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios”, cerró en esa etapa del discurso.

En una intervención que captó la atención de toda la platea, el empresario reclamó una presencia más activa del Estado en la definición de políticas industriales. Para graficar su preocupación, eligió un caso concreto: el salto exponencial de las importaciones de electrodomésticos.

“El año pasado se importaban 5.000 lavarropas por mes y este año el número creció a 85.000, mientras que en heladeras se pasó de 10.000 a 80.000”, advirtió. Con ese ejemplo sobre la mesa, Rocca lanzó un mensaje directo al resto del empresariado: “Produce y da valor agregado o cierra y usa la cadena comercial para distribuir material importado”.

Más tarde, fue incluso más explícito respecto del rol estatal ante este fenómeno: “¿El Estado deja que las fuerzas presionen libremente por el exceso de capacidad en China y la dificultad de competir en nuestro país, o podemos tener un diálogo?”, planteó.

Uno de los empresarios con trayectoria en la UIA sintetizó las transformaciones del debate global: “Hace unos años la política industrial era solo reforma laboral y tributaria. Hoy el mundo la discute seriamente, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea”. Según este industrial, mientras las grandes potencias eligen sectores estratégicos, “Argentina sigue con un discurso de neutralidad total. Ese es el punto que hoy más cuesta que el Gobierno entienda”.

Los números que inquietan a Rocca

Ámbito accedió al Excel que circula entre los despachos de “la T”. Según esos registros, en 2024 se importaron 106.583 lavarropas, mientras que entre enero y agosto de 2025 el número saltó a 689.916 unidades. La variación implica un incremento del 547%.

En términos de participación de mercado, el share de los productos importados escaló del 8,8% al 49,5% en un año. En términos históricos, la referencia se encuentra en niveles de 2003, cuando se ubicaba en el 50%, mientras que 2001 representó el 82%.

“La política industrial para el Gobierno es mala palabra, y mantiene las importaciones como pseudo control de precios”, evaluó un empresario del sector. También remarcó un dato: en la última feria china de Cantón, en mayo, la presencia de empresarios argentinos fue una de las más numerosas que se recuerde.

China es, de hecho, la pieza central del debate. El gigante asiático produce más de 1.000 millones de toneladas métricas de acero por año, según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Para 2025, la entidad proyecta que las importaciones cubrirán casi el 40% del acero utilizado en la región, mientras que la producción latinoamericana volverá a caer: Chile (-41,4%), México (-20,9%) y Argentina (-13%).

“China no quiere vender acero: busca entrar con el producto terminado”, resumió una fuente del sector. En cuanto a los tubos de acero, la inquietud es creciente: “Ya no es solo el Estado, también los demandan los privados. Los números aún no son significativos, pero el lobo está, y un día el lobo entra”.

Rocca cerró su presentación con una consigna: “Tenemos que volver a hacer política industrial, ver cómo Argentina se inserta en este nuevo mundo”.

Un mapa heterogéneo: márgenes ajustados, consumo débil y presión impositiva

El paso por la UIA evidenció la diversidad de realidades dentro del entramado productivo. Mucho depende del sector, del tamaño de las empresas y del impacto que las importaciones tengan sobre cada actividad. Aun así, la mayoría coincidió en un punto: las reformas aprobadas por el Congreso podrían mejorar la previsibilidad.

En el balance empresario, los cambios tributarios pesan más que los laborales. “El debate urgente hoy son los márgenes de ganancia primero”, coinciden. Esto ocurre en un contexto donde el consumo apenas muestra señales aisladas de repunte o directamente continúa en caída.

En este punto, un consultor que trabaja con grandes grupos fabriles sintetizó el escenario: “Hoy el problema principal no es el costo: es la demanda. El consumo está frenado y ya no funciona la lógica inflacionaria de comprar antes de que suba”. Otro empresario completó el análisis: “Con menos plata en los bolsillos y sin inflación acelerada, desapareció la posibilidad de patear problemas para adelante. Eso dejó muy expuesta la caída de la demanda”.

A ello se suman la baja nominalidad -interrumpida en los últimos cuatro meses pero visible en términos interanuales-, el tipo de cambio que incentiva las importaciones y una apertura comercial que obliga a recalibrar el rumbo.

A diferencia del clima que predominó en la Conferencia Industrial del año pasado, los debates de esta edición tuvieron un tono más crudo. Entre café y bandejas de pastelería, un empresario fue al hueso: “Si el consumo cae, ¿cómo puedo seguir pagando impuestos? Hay empresas que optan por vender desde la informalidad”.

En materia laboral, el trabajo no registrado no es un problema nuevo, pero tampoco hay señales de dinámica expansiva. “Hoy no estamos contratando. Si no hay crecimiento, la reforma no tiene peso”, sintetizó otra fuente.

Diego Coatz, economista jefe de la UIA, detalló la estructura de costos industriales: los impuestos -incluyendo IVA- representan el 46%, los insumos y materias primas el 25%, el costo laboral el 16%, y luego se ubican logística (6%) y energía (6%). A ello se suma un mercado de trabajo fragmentado: de 22 millones de puestos, 9,2 millones son privados registrados, 9,1 millones privados no registrados y 3,8 millones pertenecen al sector público.

Un gobierno que no respondió al reclamo industrial

Pese a la expectativa, los principales funcionarios no desarrollaron definiciones claras sobre el entramado productivo. “Menem (Martín) fue el único que dijo la palabra pyme”, ironizó un empresario tras escuchar la exposición del presidente de la Cámara de Diputados.

Un dirigente pyme fue más tajante: “Este Gobierno no va a pensar en la micro. Abren las importaciones y nadie hace doble click para ver los costos de las empresas. Mejor traer limpia una remera de Bangladesh hecha por un nene”.

Ante la falta de señales oficiales, muchas firmas exploran alternativas propias. “La reinvención implica dedicarme a ventas de nicho, porque mis productos ya entran todos de afuera”, definió un vendedor de herramientas mecánicas mientras salía del Centro de Convenciones.

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, presentó una demanda judicial en contra del Estado Nacional donde reclama el pago de 2.500 millones de pesos más los intereses correspondientes en concepto de los subsidios al gas en Vaca Muerta que eliminó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

La semana pasada la firma, que tiene a Fortín de Piedra como su desarrollo estrella en Vaca Muerta, le envió una nota a Lopetegui instando a resolver por vía administrativa la disputa abierta. En la misiva, informa el diario Río Negro, la petrolera advertía la posibilidad de recurrir a la justicia.

Según informó Tecpetrol a la Comisión Nacional de Valores la demanda solicita “la declaración de nulidad de las Resoluciones de la Secretaría de Energía a través de las cuales se liquidaron los pagos provisorios de las compensaciones previstas en la Resolución 46 para los períodos de agosto, septiembre y octubre de 2018”.

La empresa de Paolo Rocca solicitó a la justicia que declare nula la resolución que emitió Lopetegui para rechazar los recursos jerárquicos interpuesto. El nuevo Plan Gas contempla el pago de un anticipo de un 85% de la producción proyectada para cada mes y una compensación posterior del 15% restante a partir del cotejo con las declaraciones juradas de producción de cada petrolera.

En el caso de Tecpetrol, la firma tenía una curva de producción inicial de 8,5 millones de metros cúbicos por día, pero en la práctica inyecta al sistema nacional entre 15 y 17,5 millones de metros cúbicos por día, es decir el doble.

Es por esto que los pagos complementarios son los que dejan de manifiesto la decisión de Nación de sólo pagar sobre esa curva inicial, un punto que desde Tecpetrol sostienen que es erróneo porque otra resolución también emitida por el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, la Resolución 419/2017, establece que los nuevos desarrollos no tendrían tope.

Desde la petrolera se detalló que “junto con la declaración de nulidad de los actos mencionados se solicita el reconocimiento a favor de Tecpetrol de los montos dejados de percibir con motivo del cambio de criterio adoptado, los cuales ascienden para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 a un monto aproximado de 2.500 millones de pesos más los intereses correspondientes”.

Además la firma indicó que “informamos que en caso de que en las sucesivas liquidaciones de las compensaciones mensuales la Secretaría de Energía de la Nación mantenga el criterio cuestionado, Tecpetrol procederá a promover los respectivos reclamos judiciales”.

El gobierno defendió la decisión de recortar los subsidios fundándose en las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la disparada del dólar.

La usina termonuclear Angra 3 no sólo le trae problemas judiciales al ex presidente de Brasil Michel Temer. En los próximos días, la Justicia argentina deberá realizar una pericia informática sobre los correos electrónicos de la empresa ítalo-argentina Techint, investigada en los tribunales de Retiro por su supuesta participación en el pago de sobornos a ex funcionarios del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del ex mandatario de Brasil.

El jueves, el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, ordenó el arresto de Temer, quien quedó involucrado en una nueva investigación del Lava Jato, centrada en la obra de la usina Angra3. Varias constructoras brasileñas, como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, entre otras, y Techint están en la mira por haber conformado un supuesto cartel empresario para distribuirse contratos con la empresa estatal Eletronuclear, a cargo de la obra. Así lo relatan los fiscales del caso en un documento al que accedió PERFIL.

Desde 2017, el juez federal Sebastián Ramos está a cargo de una investigación local que debe determinar si Techint impartió órdenes desde Buenos Aires para cometer delitos en Brasil. El magistrado ordenó en octubre último una serie de allanamientos a dos sedes de Techint en Buenos Aires, confirmaron fuentes del expediente a PERFIL. El miércoles, los expertos de análisis científico de la Policía de la Ciudad comenzarán a analizar 683 archivos extraídos de la compañía y relacionados con la obra en Brasil.

Ejecutivos de tres de las constructoras asociadas con la empresa de los Rocca en esta obra ya reconocieron en Brasil haber pagado sobornos para obtener los contratos y apuntaron siempre al partido de Temer, entonces aliado del Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, Techint niega participación en los pagos.

Por su rol en esta obra, la empresa liderada por Paolo Rocca fue sancionada por el Tribunal de Cuentas brasileño y no podrá participar en licitaciones públicas por cinco años en ese país. El tribunal confirmó la condena la semana pasada. La compañía apelará la decisión ante la Justicia, según informaron en la empresa.

Las licitaciones de la usina Angra 3 se realizaron entre 2012 y 2013 y se adjudicaron en 2014.

La detención de Temer fue originada por la delación de uno de los empresarios que habría pagado sobornos a su grupo político. Las investigaciones demostraron que los pagos implicaron el desvío de 10,8 millones de reales a través de empresas fantasma.

Ante la consulta de PERFIL, Techint aclaró que la empresa “formó parte de uno de los consorcios contratados en el proyecto Angra 3, con un séptimo de participación. La obra fue paralizada en 2015 dada la falta de fondos de la empresa contratante, con un avance inferior al 10 por ciento”.

“Techint Engenharia e Construção S.A. manifiesta que tanto la compañía como sus empleados actuaron de conformidad con todas las disposiciones del pliego de licitación emitido por Eletronuclear para la contratación del proyecto Angra 3 que, incluso, fue auditado y validado por el propio TCU”, aclaró Techint esta semana.

Paolo Rocca dio un paso más en su guerra contra la Secretaría de Energía por el recorte de subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta. Tras amenazar con iniciar un juicio contra el Estado, ahora la petrolera del grupo Techint deslizó que dará de baja equipos y suspenderá a al menos 300 trabajadores, justo cuando el sindicalista Guillermo Pereyra amenazó con romper los acuerdos laborales si hay un solo despido.

Se trata de una reacción esperable por parte de Rocca, ya que su firma Tecpetrol es la principal perjudicada por los cambios en la Resolución 46 que impuso Gustavo Lopetegui. Como contó LPO, ante la imposibilidad de lograr un consenso con las petroleras, el secretario de Energía decidió que la peor parte se la llevara la petrolera de Techint, que hasta el momento era la más beneficiada con los subsidios.

Es que Lopetegui decidió que pasará a pagar sólo por la producción de gas declarada al momento de solicitar el beneficio de la Resolución 46, lo que implica un fuerte golpe para Tecpetrol ya que había presentado una curva de producción original de 8 millones de m3 por día, que rápidamente la llevó a 17 millones, ante el boom de producción en el área Fortín de Piedra. Ese crecimiento de producción explicó en gran parte el boom del gas de Vaca Muerta en 2018.

Pero el recorte de subsidios implica para Tecpetrol -según los cálculos del grupo- que recibirá 350 millones de dólares menos por año y, además de amenazar con juicios al Estado, empezó a frenar la producción. Según el diario Río Negro, la petrolera de Rocca sacará de actividad tres de las cuatro torres de perforación que posee en Fortín de Piedra, lo que derivará en la suspensión de al menos 300 trabajadores.

Los trabajadores que saldrán de actividad son empleados de las empresas de servicios que Tecpetrol tiene contratadas y es en función de que esos contratos siguen teniendo vigencia que los operarios no perderán sus puestos de trabajo sino que pasarán a lo que se conoce en la jerga petrolera como stand by, indica el citado medio.

Con el recorte de producción, la petrolera de Rocca busca equilibrar números y llevar la producción al plan original de 8 millones de m3 por día, es decir la parte que continuará recibiendo subsidios del Estado. Pero es también un claro mensaje al Gobierno nacional y una advertencia acerca de las consecuencias laborales que puede traer el recorte.

La decisión coincide con la amenaza que realizó el martes el senador nacional y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, durante una impactante asamblea con 20 mil trabajadores en la localidad de Añelo, el corazón de Vaca Muerta.

«No me va a temblar el pulso si hay que romper todos los acuerdos que se hicieron», dijo en referencia a los acuerdos laborales que cerró con Mauricio Macri para flexibilizar algunas de las condiciones de la industria petrolera. «No vamos a permitir que ahora nos vengan a cambiar las reglas», planteó Pereyra, que reiteró que no aceptará «un solo despido».

Luego de conocerse la noticia de que el Gobierno pondrá un freno a los subsidios por producción de gas en Vaca Muerta, Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, envió un comunicado Comisión Nacional de Valores, donde cotiza, en el que destaca su postura, reclama una deuda de $5.655 millones para el 2018 y amenaza con revisar su plan de inversiones.

«Según se comunicó a la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir», dice la «hecho relevante» enviado a la Bolsa.

Además, agrega que «este cambio de criterio impacta negativamente el flujo de fondos de la Sociedad, por lo que, sin perjuicio de la reserva mencionada, en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha instruido a la Dirección General de la Compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros».

La empresa Techint pagó coimas a ex funcionarios del kirchnerismo para “solucionar la situación de Sidor en Venezuela”, asegura el fallo de la justicia federal en la resolución por la cual dicta el procesamiento de su titular, Paolo Rocca. ¿Pero cuál era la situación que reclamaba solucionarse? Los antecedentes por las cuales el gobierno de Hugo Chávez decidió, en mayo de 2009, renacionalizar la siderúrgica Sidor son poco conocidos en Argentina. Detrás de ese hecho, está encubierta una historia de corrupción, abusos de posición dominante y una rebelión popular que reclamó la expulsión de Techint de Venezuela. Aquí los repasamos, en base a testimonios de actores directos de los hechos.

Sidor, Siderúrgica del Orinoco, es un complejo industrial pensado fundamentalmente como abastecedor de tubos sin costura para los yacimientos de extracción de petróleo de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana. Erigida en Puerto Ordaz, una de las comunidades que conforman Ciudad Guayana, fue fundada en 1964 durante el gobierno de Raúl Leoni. La región se caracteriza, además, por contar con recursos naturales disponibles como el hierro, para lo cual se creó en la zona la firma Ferrominera Orinoco, para la extracción, procesamiento y comercialización de mineral de hierro y sus derivados. Y proveedora de Sidor. Es controlada por la Corporación Venezolana de Guayana, adscripta al Ministerio de Industrias Básicas y Minería.

Como en otros países de la región –Argentina, entre ellos–, la siderurgia nace en Venezuela como la preocupación de una generación de militares nacionalistas por evitar la dependencia externa de un material estratégico para la guerra, el acero. El estudio preliminar para instalar una industria siderúrgica en Venezuela data de 1943, cuando la segunda guerra mundial puso en riesgo el abastecimiento de acero para la nación caribeña. Además, ya por entonces se consideró necesario apuntalar la producción de tubos sin costura y la fabricación de taladros de perforación para la industria petrolera. Sin embargo, la puesta en marcha del desarrollo del proyecto demoraría más de 20 años. Sidor fue fundada recién en 1964.

La privatización

Pese al profundo carácter estratégico y nacionalista que alimentó su creación, Sidor fue vendida a un consorcio privado en medio de la ola privatizadora de los 90, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, en 1997. Su comprador resultó ser el consorcio ítalo-argentino Techint.

La operación, según contó a este diario el periodista e investigador venezolano Modesto Emilio Guerrero, residente en Buenos Aires desde hace ya un par de décadas, fue encabezada por el CEO de aquel momento de Ternium-Techint, Javier Tizado (padre del homónimo ministro de Producción de María Eugenia Vidal). “Tizado entabló una relación personal con Ignacio Arcaya, quien era embajador en Buenos Aires desde 1995, y fue quien se ocupó de presentar e impulsar el ingreso de Techint a Sidor; es decir, actuó de lobbista de la empresa de los Rocca”. La operación se concretó por compra directa y en paquete del 60 por ciento de las acciones de Sidor, lo cual le dio el control absoluto de la siderúrgica. Según recuerda el investigador, Arcaya fue denunciado por la recepción de importantes obsequios por los servicios prestados: un caballo pura sangre de polo (deporte al que el embajador era muy aficionado, y los equinos argentinos de la especialidad muy apetecidos) y una casa de descanso en la isla Margarita (lugar paradisíaco del Caribe venezolano). “La privatización de Sidor nació corrupta”, subrayó Modesto Guerrero.

El gobierno de Calderas duró poco más. Hugo Chávez llega al gobierno en marzo de 1999 pero Paolo Rocca mantuvo el buen vínculo con el nuevo gobierno en la transición. Tras la cesión de Sidor a manos de Techint, había logrado mantener los beneficios que le otorgaba su estatus de empresa estatal. Lo fundamental, recuerda Modesto, era recibir la energía eléctrica gratis y el mineral de hierro a valores muy subsidiados. Ambos insumos eran provistos por empresas estatales y, por lo tanto, representaban a la vez una fuerte transferencia del Estado a favor del consorcio privado, y una notable reducción de sus costos de producción.

Este beneficio quedó claramente reflejado en sus operaciones de exportación, para lo cual Sidor estaba plenamente preparada, por su capacidad de producción pero, además, por la ubicación estratégica elegida para su instalación, que le permite un acceso fluvial (por vía de los ríos Caroni y Orinoco) al Mar Caribe y seguir vía marítima hasta México, adonde exportó buena parte de su producción de acero en los años que Techint gestionó la planta.

Precisamente, este fue uno de los orígenes del conflicto de los Rocca con el gobierno de Chávez. Y una de las razones que echó más leña al fuego de la protesta sindical, que terminó prácticamente en una pueblada para que Paolo Rocca fuera expulsado de Ciudad Guayana.

A costa del Estado

Sidor es la mayor acería no sólo de Venezuela, sino de toda la cuenca del Caribe. Si se toma en cuenta el conjunto de Latinoamérica, es la cuarta. Ubicada en una región estratégica por sus riquezas minerales (hierro, aluminio y bauxita), más el acceso directo a las rutas marítimas del Atlántico Norte, sus ventajas comerciales son múltiples. Pero lo que fue concebido como un proyecto para el desarrollo de un proyecto estratégico para la defensa y la soberanía nacional, en manos de Techint se convirtió en un espectacular negocio privado, del que ni siquiera los trabajadores de la empresa resultaron beneficiados.

Subsidiado en el costo del suministro eléctrico y en el mineral de hierro, Techint aprovechó la capacidad de su planta de Sidor para producir hasta 4 millones de toneladas al año de acero líquido para exportarlo, en alta proporción, a su planta de Ternium en México. Allí se procesaba para convertirlo en chapa laminada o tubos, desde donde lo exportaba. Paradójicamente, Pdvsa se veía obligado a obtener los tubos sin costura para la extracción de petróleo por vía de la importación, incluso comprándole a Ternium México. Y lo más llamativo: a precios del mercado internacional.

En los primeros años de gobierno de Chávez, Paolo Rocca viajaba frecuentemente a Caracas y mantenía una relación relativamente amigable, apareciendo incluso como una suerte de “socio” del proceso de consolidación de la revolución bolivariana. En oportunidad de una visita del presidente Néstor Kirchner a Venezuela, para la presentación de la asociación entre la estatal argentina Enarsa con la petrolera Pdvsa, para la explotación del un yacimiento en Ayacucho (Faja de Orinoco), en febrero de 2007, una de las imágenes que llamó la atención del autor de esta nota (que cubrió el acontecimiento para Página 12) fue el rol de Paolo Rocca en el evento. No sólo subió al escenario y posó a la par de Kirchner y Chávez (como un tercer mandatario), sino que en toda la celebración se lo vio moverse con soltura entre los funcionarios uniformados con camisa roja del gobierno venezolano. Los conflictos con el gobierno venezolano ya existían, pero Rocca sabía manejar la diplomacia y la relación ambivalente que mantenía, tanto con el gobierno de Chávez, cono con el de Néstor Kirchner. Dos años después de aquel evento, en mayo de 2009, el comandante Chávez anunciaba la renacionalización de Sidor entre el júbilo de trabajadores y sindicatos.

Inicio del conflicto

Durante años, el gobierno de Hugo Chávez le reclamó al grupo Techint que garantizara el abastecimiento de laminados de acero y tubos sin costura que le reclamaban la industria venezolana a precios compatibles con los costos reducidos de producción que tenía por efecto de los subsidios estatales. Y no sólo eso: Sidor también se aprovechó de recortes en beneficios laborales con los que castigó a sus empleados tras la privatización. El cambio de régimen representó para sus empleados recortes en la atención médica, guarderías infantiles para sus hijos, bonos vacacionales, además de la pérdida de derechos por parte de 9000 trabajadores que quedaron tercerizados con salarios inferiores, a través de empresas subcontratistas, contra alrededor de 4500 que mantuvieron su condición de empleados fijos. La falta de respuestas a lo largo de los años y la combatividad de algunos de los sectores obreros más representativos en Guayana, llevó a que fuera subiendo hasta que la intervención del gobierno y la renacionalización de Sidor se convirtieran en un clamor popular.

“Las tasas de ganancia de Sidor eran espectaculares, y los sindicatos sabían que era por las fortunas que Techint se ahorró por los subsidios del Estado a la electricidad, el mineral de hierro y la bauxita (a través de la estatal BauxiVen)”, recordó Modesto Guerrero. “Ternium-Techint se trajo en el paquete accionario de Sidor, al comprarlo, todos los beneficios de los que gozaba como empresa estatal, ni siquiera pagaba el peaje de circulación por el río Orinoco. El sindicalismo lo denunció y Guayana explotó en una rebelión popular. Creo que fue la primera vez que Chávez tomó conocimiento real de la situación. El pedido de que lo echaran a Paolo Rocca se convirtió en un clamor popular en toda la región”, completó.

Modesto, que conversó en sus investigaciones con varios de los protagonistas directos de las asambleas, plebiscitos y encuentros del denominado Taller Político Social en esos años, asegura que fue en un encuentro con dirigentes sindicales en Ciudad Guayana, el 21 de mayo de 2009, cuando Hugo Chávez, después de escuchar la argumentación de los líderes de la revuelta, pronunció la palabras que le dieron un vuelco definitivo al asunto: “me la juego por ustedes, los trabajadores de la Patria”. Unos días después anunciaba la renacionalización de Sidor y otras seis empresas industriales, y comenzaba un proceso de reconstrucción del movimiento obrero y su relación con el gobierno, que quedaría frustrado poco después con su enfermedad, que lo llevó a la muerte.

Lo que vino después fue la propuesta de compensación a Techint y el pago de una cifra cercana a los 2000 millones de dólares, que fue muy cuestionada por los sectores sindicales pero fue parte de una salida política, en la que el gobierno argentino (ya con Cristina al frente) le pidió que buscara evitar que los Rocca llevaran el conflicto a una instancia de denuncia internacional.

Techint mantenía esa relación ambivalente con el gobierno argentino, esa suerte de pulseada permanente entre las corporaciones monopólicas y un gobierno que las enfrentaba pero que no alcanzaba a contar con herramientas como para prescindir de ellas. Rocca abusó de esa relación en Argentina y Venezuela. Hizo negocios a expensas de las necesidades de los gobiernos de entonces, y a veces en contra de ellos. Hoy, cuando la situación judicial, impulsada por otras corporaciones pero ya no locales, se vuelve contra ellos, Paolo Rocca pretende mostrar a sus víctimas de ayer como sus victimarios. Como chicana judicial no está mal, pero frente a la realidad histórica, es absolutamente falso.

Mientras en Argentina el juez Claudio Bonadio mantiene una más que llamativa cautela contra Techint y evita citar aunque más no sea como testigo a Paolo Rocca, en Brasil la justicia avanzó fuerte contra el holding, al que acusa de integrar un cartel de obra pública para perjudicar al Estado.

Según reveló el diario La Nación, la Justicia brasileña abrió un proceso civil en contra de Techint por integrar un presunto cartel de la obra pública en ese país que habría perjudicado al Estado brasileño por miles de millones de dólares y que podría terminar con la imposición de una multa multimillonaria contra el holding.

La Advocacía Geral da União (AGU), el equivalente brasileño a la Procuración General del Tesoro argentina, acusó a Techint, a otras doce empresas y a siete personas de cometer actos ilícitos en perjuicio de la petrolera Petrobras y les reclamó una indemnización global cercana a los US$ 3600 millones. Además de Techint están involucradas siete constructoras: Queiroz Galvao, IESA, Hochtief y Promon, entre otras.

Según la acusación, Techint integró en Brasil el «club de las nueve», en alusión a las empresas que habrían recibido información privilegiada sobre las licitaciones de Petrobras y coordinaban sus ofertas en perjuicio de la petrolera. «El cartel», indicó la AGU, «consistió en la unión de voluntades de diversas empresas que se reunían para definir cuál sería la vencedora en cada licitación y defraudaban, así, la competitividad, aumentando el valor de los contratos artificialmente».

La acusación de cartelización para beneficiarse con la obra pública que le hacen a Techint en Brasil es la misma de la que se acusa en las constructoras argentinas involucradas en la causa de los cuadernos, que según los testimonios de los empresarios «arrepentidos» fue una imposición de Néstor Kirchner y Julio de Vido que los amenazaban con llevarlos a la quiebra.

Paolo Rocca y dos de sus principales laderos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, admitieron que pagaron coimas al kirchnerismo. Los últimos lo hicieron ante la justicia: Zabaleta tras ser detenido y sumarse al régimen del arrepentido, y Betnaza que asumió la responsabilidad. En cambio, Rocca lo hizo durante un evento de AEA en el que participó el presidente Macri. «No fuimos ni cómplices ni partícipes», aclaró.

Se trata de una inédita admisión pública de pago de coimas por parte del empresario más importante del país, aunque de manera insólita para el juez Claudio Bonadio no tuvo importancia para indagarlo. Ni siquiera para citarlo en calidad de testigo. Lejos de eso, el magistrado se encargó de filtrar a la prensa que no piensa llamarlo.

En tribunales creen que el esfuerzo que hace el juez para que la causa no toque al dueño de la empresa más importante del país compromete la «integridad» de la causa, informa hoy el sitio web La Política Online. Con los procesamientos a punto de salir, resulta muy extraño que Bonadio ni siquiera le hay solicitado a Rocca que detalle sus dichos en AEA. El avance contra Techint en Brasil e Italia deja más en evidencia al juez.

Respecto a su situación en Brasil, desde Techint dijeron a La Nación que que recurrirán la decisión judicial «por entender que el reclamo presenta serias deficiencias, porque se pretende penalizar actos ilícitos generales sin probar daño contrato por contrato».

La Procuración brasileña sostiene que Petrobras les adjudicó de manera irregular a Odebrecht y Techint la construcción de un tramo del Gasduc III. Desde Techint remarcaron, no obstante, que uno de los máximos ejecutivos de Odebrecht devenido «delator premiado», Marcio Faria, desvinculó ese contrato Gasduc III de la operatoria delictiva habitual de la constructora que lideraba la empresa Odebrecht.

“La retirada ordenada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue muy complicada. Tuvimos que hacer frente a un pedido de militarización de la empresa, a restricciones de expatriación de toda nuestra gente en Venezuela. En esta circunstancia, por lo que entiendo, Luis Betnaza, accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces (…) Nosotros en aquel momento actuamos para defender a nuestra gente y en ese contexto se dio el tema que comenté y que ustedes han leído y han visto en los diarios”, sostuvo Rocca en la reunión de AEA, dejando en claro que estaba al tanto del pago ilegal que el ahora ex director de la compañía, Héctor Zabaleta, reconoció ante la Justicia haber realizado luego de que su nombre apareciera en los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.

El propio Luis Betnaza, director institucional del Grupo Techint, se presentó ante el juzgado de Claudio Bonadio el 10 de agosto y explicó que fue él quien le ordenó a Zabaleta la entrega de la “contribución” a Baratta, en diez cuotas de cien mil dólares cada una, para que Néstor Kircher negociara ante Hugo Chávez la indemnización para el holding por la expropiación de su filial Sidor en Venezuela. Pese a todo ello, Macri se mostró ayer junto a Rocca en lo que puede ser interpretado como un respaldo al líder de Techint.

“Estamos convencidos de que Vaca Muerta cambiará la estructura energética de la Argentina y será un motor de desarrollo con un potencial comparable al del campo argentino”, sostuvo ayer Paolo Rocca. Fortín de Piedra lleva 15 meses de trabajo y ya produce 11 millones de metros cúbicos de gas por día, aumentando en un 10 por ciento la producción de todo el país. Para lograrlo contó con el respaldo del Estado Nacional que viene subsidiando el gas que produce la empresa a partir del régimen de incentivo previsto en la resolución 46/17. Esa norma establece que Cammesa les paga a los proyectos beneficiados la diferencia entre el precio promedio del gas en el mercado local y 7,50 dólares por millón de BTU, un valor de referencia que estableció el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, para atraer inversiones.

Luego de visitar Fortín de Piedra, Macri se dirigió al yacimiento Loma Campana de YPF donde realizó un breve discurso en el que celebró el crecimiento de Vaca Muerta, atribuyéndole el mérito del desarrollo no convencional exclusivamente a su propio gobierno. “Vaca Muerta es una revolución positiva, una revolución energética para la Argentina. El presidente de YPF me decía que le parece que fue ayer. Y sí, porque cuando hicimos la primera mesa productiva en la Casa Rosada, en agosto de 2016, convocamos al gobernador (de Neuquén) que de entrada dijo `quiero participar, quiero ser alguien que sume a que esto se desarrolle´. También convocamos a los gremios y las empresas. En ese momento lo hicimos con Juanjo Aranguren, que fue el que empezó a poner en marcha esto que hoy impulsa con tanto entusiasmo Javier Iguacel. Fue Juanjo, al que hoy quiero recordar, y les pido a todos un aplauso porque fue el primero que puso el foco en Vaca Muerta”, sostuvo Macri.

El relato presidencial dejó en el olvido que el primer desarrollo masivo de no convencional en Vaca Muerta lo inició YPF junto con la estadounidense Chevron a partir de 2013. La inversión en esos primeros años fue incluso superior a la que realiza la petrolera estatal ahora. De hecho, según datos del balance, las inversiones totales de YPF en propiedades, plantas y equipos alcanzaron el año pasado los 58.009 millones de pesos. La cifra es casi idéntica en términos nominales a los 58.881 millones de pesos que YPF había invertido en 2014. En dólares la comparación arroja un resultado muy diferente. En 2014 la divisa estadounidense cerró el año a 8,60 pesos. Por lo tanto, se puede estimar que la inversión de YPF equivalió a 6846 millones de dólares, mientras que en 2017 el dólar cerró a 19 pesos, lo que permite estimar una inversión de 3053 millones, un 55 por ciento menor a la de tres años antes.

El titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, sostuvo que “Techint no participó del club de la corrupción de ninguna manera”. Aseguró que tanto él como los ejecutivos de la firma fueron “conscientes de lo que pasaba”, aunque no fueron “cómplices ni partícipes”. Hasta ahora, en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio fue detenido el ex gerente de Techint Héctor Zabaleta, quien ya se vio involucrado en otras investigaciones internacionales sobre el manejo de dinero negro por parte de la empresa.

“Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí. Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien. Pero creo que no fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto”, fue la forma en la que Rocca decidió referirse a la causa de los cuadernos del chofer del ex funcionario Roberto Baratta. Durante su intervención en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca sostuvo que el Ministerio de Planificación solo les dio el 1 por ciento de “toda la inversión” en obra pública. Estuvimos afuera porque no había condiciones para poder participar”, dijo.

“El Grupo Techint está muy comprometido con Vaca Muerta como nunca estuvo en los pasados doce años y no tiene proyecto de tal envergadura en ningún lugar el mundo. Hoy se dan las condiciones”, aseguró Rocca.

En la causa también declaró Luis Betnaza, el número dos del holding, quien reconoció pagos a ex funcionarios kirchneristas, pero lo asoció a la situación de Techint en Venezuela. A diferencia de otros empresarios envueltos en el escándalo, que admitieron una participación de la dirigencia institucional en los ilícitos, en este caso Rocca se desligó y atribuyó las coimas a que Betnaza cedió. “Betnaza accedió a una exigencia de un apoyo. La retirada fue muy complicada, para nosotros fue un trauma enorme. El hostigamiento (del gobierno venezolano) fue muy fuerte. Actuamos para defender nuestra gente”, dijo Rocca.

“Yo comparto mucho la visión que nos propone el Presidente de una Argentina más transparente, de una Argentina donde priman las decisiones racionales, una Argentina con una mejor calidad institucional”, aseguró el empresario. “Me parece que todo lo que está pasando esta semana con las investigaciones en curso nos expone la diferencia entre el país en el cual estuvimos y en el cual queremos estar”, indicó, como quien se siente seguro de que la investigación jamás lo alcanzará.

En tanto, el líder del grupo Emepa, Gabriel Romero, se convirtió en nuevo empresario arrepentido en la causa de los cuadernos, tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al gobierno anterior para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná. Romero firmó ayer el acuerdo que lo pasa a la categoría ansiada de “imputado colaborador”.

Romero declaró que pagó sobornos por 600 mil pesos para que le extendieran la concesión de peaje de la Hidrovía del Río Paraná al grupo Emepa, a partir de la firma de decretos presidenciales de Cristina Fernández Kirchner. Uno de los decretos fue en 2010 y permitió la renegociación de las condiciones de explotación de la Hidrovía, esto es ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Como viene ocurriendo en esta causa cuando un empresario se quiebra y colabora, liberaron a alguien: en este caso, fue Rodolfo Poblete, quien fuera director de Relaciones Institucionales de la compañía, quien se había negado a declarar al inicio de la ronda de indagatorias.

Techint montó una red de sociedades offshore que, de acuerdo a las investigaciones en la Justicia de Brasil, Italia y Suiza, se utilizaron para pagar sobornos. Perfil publicó un informe -en colaboración con medios de otros países como L’Espresso, de Milán, y el sitio Poder360, de Brasil- dónde cruzaron datos de Panamá Papers y Paradise Papers y que pone en el foco a la empresa de Paolo Rocca en la causa que sacude a la región: Lava Jato.

Las empresas que dirige Paolo Rocca desde Buenos Aires tienen sedes en dichos países, lo que posibilitó que fiscales de esas jurisdicciones investigaran a la compañía ítalo-argentina. «Los datos que se relatan en esta nota corresponden a documentación bancaria y de sociedades offshore y a los testimonios de arrepentidos y testigos, que permitieron a tres fiscales de Milán reconstruir un circuito a través del cual Techint habría movido millones de dólares en negro alrededor del mundo, según la investigación. Argentina no está fuera de ese circuito», apunta el artículo firmado por la periodista Emilia Delfino.

«Los hombres de Techint involucrados son en su mayoría argentinos y operaron desde Buenos Aires. Los arrepentidos y testigos declararon que las órdenes procedían de Argentina, donde se encuentra el centro operativo del grupo. Uno de los colaboradores, además, contó cómo supuestamente entregaba efectivo negro en la sede de Techint en Alem 1067. La compañía niega las acusaciones e inició una investigación interna que sostiene que no cometió delitos», indica.

La causa brasileña por corrupción en Petrobras conecta con Techint cuando la filial de la ítalo-argentina en Brasil llegó a vender tubos y caños a Petrobras por más de US$ 1.600 millones. «La empresa del gerente de Petrobras recibió entre 2009 y 2014 US$ 8,5 millones de sociedades offshore ligadas a Techint. Se trata de Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA».

Otros nexos con Techint surgen de documentos bancarios, donde las cuentas bancarias de estas empresas en Suiza estaban manejadas por integrantes de Techint. Las personas con poderes sobre las cuentas de Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos eran, al menos hasta fines de 2015, los argentinos Héctor Alberto Zabaleta (director de Administración de Techint), Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint).

El dinero se movía entre cuentas del mismo banco suizo: BSI. Luego, las offshore transferían fondos a Hayley -la empresa de Renato de Souza Duque, director de la división de servicios de Petrobras entre 2003 y 2012-, en otro banco suizo. Todas las transferencias se justificaban con contratos de consultoría, pero para la Justicia de Milán y Brasil esos servicios eran ficticios. Hayley nunca tuvo personal.

Las cuentas eran manejadas por tres colaboradores de Techint en Suiza, siendo Ana María Giorgetti es una de ellas. «Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para Hayley fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer, incluida la contabilidad de las offshore. Otros dos empleados del grupo en Suiza confirmaron sus dichos».