El juicio oral que comenzó de manera semipresencial en la Oficina Judicial de Rawson que tiene en el banquillo de los acusados a Pablo Korn y Damián D’Amico por la compra de materiales eléctricos por parte de la Subsecretarìa de Servicios Pùblico de la Provincia cuando el primero era titular del organismo y el segundo en carácter de proveedor desde un comercio de ese ramo en la ciudad de Trelew.

Los abogados defensores Enrique Korn (defensor de Pablo Korn) y Federico Ruffa (defensor de D’Amico) realizaron planteos que fueron replicados por el fiscal general Omar Rodríguez y ahora el tribunal de enjuiciamiento deberá resolver en fecha aún no precisada, pero que será comunicada a la Oficina Judicial de Rawson manteniendo los plazos procesales. Se trata de los jueces Cèsar Zaratiegui, Ivana Gonzàlez y Sergio Piñeda.

La causa está relacionada con la adquisición de materiales para paliar el colapso del sistema eléctrico de la ciudad de Comodoro Rivadavia durante la situación de emergencia climática que durante varios días afectó a esa ciudad, entre los meses de marzo y abril del año 2017.

Los fiscales investigan el presunto favoritismo de Korn cuando cumplía funciones al frente del área de Servicios Públicos de la provincia y contrató de manera directa bienes y materiales a la empresa de “su amigo y socio en la actividad privada”, tal como lo manifestó el fiscal general Omar Rodriguez en la audiencia preliminar, en alusión de D’Amico. 

Las investigaciones se basan en corroborar si D’Amico se vio beneficiado por una decena de compras que sumaron algo más de 3.700.000 pesos al direccionar Korn las adquisiciones priorizando “su interés particular por encima del interés público”.

Pablo Korn y Damián D’Amico están imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

El ex titular de Servicios Públicos de Chubut irá a juicio oral por la compra de materiales eléctricos durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Así lo determinó la juez Martha Moreno y tiene una expectativa de pena de más de tres años.

Se trata de la causa en la que se lo acusa de presuntas negociaciones incompatibles junto al empresario de Trelew Darío D’Amico y se trata de la primera causa que va a juicio relacionada con la emergencia en esta ciudad, publica hoy ADNSur.

En julio del 2018 el juez Marcelo Orlando dispuso la apertura de la investigación por 6 meses contra Pablo Korn y Darío Rubén D’Amico por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, el primero como autor y el segundo como partícipe necesario.

La causa que impulsa la Unidad Anticorrupción es por la compra de materiales para restablecer los servicios de agua y energía en Comodoro durante la emergencia climática.

Según los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, los imputados eran “socios y amigos”. Korn habría aprovechado su cargo para direccionar 10 expedientes de compras de materiales eléctricos para beneficiar a D’Amico con el pago de $ 3.726.244, entre el 15 y 18 de agosto de 2017. El ex subsecretario habría priorizado “su interés particular por encima del interés público” y “firmó numerosas notas al ministro coordinador de Gabinete para solicitar se abonase las facturas de la firma”.

A Alejandro Pagani y Pablo Korn se los investiga por haber favorecido en la adjudicación de una obra multimillonaria a una empresa para la construcción de la estación transformadora área central Stella Maris de Comodoro que jamás se terminó.

La audiencia en Rawson en la que imputarán a siete exfuncionarios por la contratación directa de una obra del Stella Maris

Este miércoles, también estarán sentados en el banquillo de los acusados los miembros de una “comisión pre adjudicadora” que integraron en su momento Fabián Smith, de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro y los actuales funcionarios de servicios públicos Mario Alegre y Jorge Block.

La investigación por el trámite de esta obra, que se desprende de una mega denuncia que incluye también a otros emprendimientos, se le delegó al fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, informó hoy LU20.

El miércoles a las 10 en Rawson, ante el juez Marcelo Orlando (foto), se realizará la audiencia de apertura de investigación para los exfuncionarios provinciales Pablo Korn y Alejandro Pagani, y el empresario Massoud Ighani, entre otros. Es por la contratación directa de una obra para Comodoro Rivadavia.

La causa la llevan adelante los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño. La hipótesis de los fiscales es que Korn y Pagani, cuando eran subsecretario de Servicios Públicos y Ministro de Infraestructura y Planeamiento respectivamente, direccionaron una obra de servicios públicos para Ighani, titular de la Unión Transitoria de Empresas Rigel – Incopa de Comodoro Rivadavia, quien se benefició con el 20% de anticipo del monto de la obra de aproximadamente $90.000.000.  “Aprovechándose del cargo que ostentaban, direccionaron la contratación directa para beneficiar económicamente a la UTE RIGEL – INCOPA”, sostienen los fiscales.

“A partir de Julio de 2016, Korn y Pagani se interesaron en la contratación directa con la U.T.E. RIGEL – INCOPA de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La contratación era para la alimentación de energía eléctrica y estación transformadora Área Central Stella Maris”, indicaron Báez y Bugueño en su escrito presentado ante la Oficina Judicial.

La contratación se realizó a través de invitación a empresas constructoras. Pero, según afirman los fiscales, “sin perjuicio del avance de la investigación, surge que esta UTE no fue invitada formalmente, pero aparece en la apertura de ofertas, y es la que luego es contratada. Los funcionarios ignoraron a las restantes firmas que habían sido formalmente invitadas”.

En el trámite de adjudicación intervinieron otros funcionarios, en lo que se denominó una Comisión de Pre adjudicación, integrada por Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos.

Para los fiscales, surge como partícipe necesario el apoderado de la UTE Massoud Ighani, cuya complicidad fue necesaria para concretar la maniobra fraudulenta.  “No es un dato menor que esta U.T.E. también fue la beneficiada de forma directa en otra obra y en el mismo lapso temporal por otra obra millonaria que se encuentra también bajo investigación, que es la contratación por el “Suministro de electricidad Rada Tilly”, indicaron Báez y Bugueño.

Negociaciones incompatibles

La calificación legal por la cual serán investigados es por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores para Pagani, Korn, Feller, Alegre y Block; y de partícipes para Smith e Inghani.

En este tipo de delito, “la conducta que la ley penaliza consiste en interesarse, en la búsqueda de un beneficio propio del funcionario o para un tercero, en cualquier contrato u operación en el que le corresponda intervenir debido a su cargo”, explicó Bugueño. La autoría corresponde por lo tanto en exclusividad al funcionario. Y el partícipe necesario, en este caso Inghani y Smith, tienen prevista la misma pena. “A los fines de la pena, la cuestión es indiferente, desde que al partícipe necesario le corresponde la misma sanción penal que al autor”, cerró el funcionario.