“Acá hay una clara maniobra por parte de un funcionario, con particulares, que en este caso se hacen nombrar sabiendo que no van a prestar ningún tipo de servicios. Esa es la maniobra, no es muy compleja de entender. A partir de ahí ellos reciben un salario, una contraprestación sabiendo que no trabajan. Eso está comprobado y en algunos casos hay retornos a las cuentas bancarias”, enfatizó hoy el Fiscal Omar Rodríguez.

Y agregó que de no ser así, “que explique (Torres Otarola) por qué el jardinero le hace depósitos a Cañumil de su sueldo de director que cobra en Buenos Aires, o por qué la madre de Gilardino (quien fuera Coordinador de Gabinete de Das Neves) le hace depósitos a él, o por qué no lo nombraron, si podrían haberlo hecho pues no había ningún tipo de inconvenientes. En los papeles existía la posibilidad de hacerlo pero políticamente decidieron que no”.

En torno al volumen de la suma, dijo que eso va a ser motivo de una pericia y después -eventualmente- del informe del contador, pero que son varios millones. “Hay que investigarlo porque tiene que ver con un presunto enriquecimiento ilícito ya que hay mucho movimiento de dinero”, determinó.

Acerca de que en Comodoro se conoció otra denuncia contra Torres Otarola y si se podría hacer una unificación de causas, Rodríguez dijo que efectivamente existió, pero tiene entendido al haberse comunicado con el fiscal Iturrioz, que eso tiene que ver con compras de alimentos que él mismo está investigando, y su colega se lo va a remitir pues sería el mismo hecho.

Tipo de causa

Sobre la tipificación de causa compleja, ya que involucra sus funciones como ministra, dijo que en el marco de la emergencia se hicieron compras a proveedores locales para asistir a gente del interior de la provincia. Consultado sobre si es la misma maniobra de la emergencia climática, el Fiscal dijo que han consultado, pero no parece que en este caso sea de esa manera.

“El Código habla que cuando existe un número importante de personas y de hechos, está la posibilidad de decretar el procedimiento complejo. Además hay que sumarle como un extra -que no lo contempló el Código porque no estaba- lo que tiene que ver con la pandemia. Hay muchas evidencias que tenemos que incorporar que se vuelven difíciles de obtener justamente porque no están todos los organismos funcionando a pleno, hay cuestiones que hay que pedir a Buenos Aires y se hace difícil en ese contexto. Aparece como razonable de todas maneras”, analizó.

Rodríguez aseguró que “si tengo elementos antes, por supuesto que no voy a esperar, ni voy a hacer uso de un plazo tan extenso. Ni siquiera lo hicimos en el caso de la causa de Correa de El Embrujo. Lo solicité, porque me pareció que corresponde y nada más”. En total son 13 hechos que comenzaron en 2015, desde que Torres Otarola era diputada provincial: hay un tramo de lo investigado de cuando era legisladora y otro de cuando fue ministra de Familia.

Engañó a Arcioni

De la posibilidad de convocar al Gobernador por la serie incorporaciones realizadas en ese decreto con el aval del Ejecutivo, Rodríguez dijo que “quizás no sería relevante sino que firmó los decretos en función de lo que nosotros dijimos: que fue engañado. A él le plantearon un listado de personas para ocupar un cargo de director o subsecretario en función de la idoneidad, la que fue valorada por Otarola; y ese listado fue firmado en confianza por el Gobernador”.

“Esto quiere decir que el Gobernador fue engañado. Sino, que explique por qué estaba este jardinero viviendo en Buenos Aires y era director y le depositaba a Cañumil parte de su sueldo. Esta gente nunca vino acá, no sé ni si conocen la provincia. Incluso ni llamaron. En algunos casos son personas que tienen una buena posición económica, pero dieron por bienvenido recibir esto igual”, agregó el Fiscal.

Conclusiones

Rodríguez señaló a manera de conclusión que “este tipo de casos se van a seguir repitiendo por más que haya penas ejemplificadoras. El que va por el camino de la delincuencia lo va a seguir haciendo, no lo va a frenar ni un Código Penal ni las penas más altas, ni investigaciones efectivas”.

“El que tiene el firme convencimiento de que hay que hacer plata cueste lo que cueste, va a seguir actuando de la manera que actúa. En eso, lo único que puede llegar a haber quizá, es alguna disminución, o tal vez que no sean tan burdos los casos de corrupción, pero seguramente esto no va a desaparecer”, sostuvo.

Por último, remarcó que en esta instancia procesal, la Fiscalía de Estado no puede participar hasta que no esté abierta la Investigación. “La oportunidad para presentarse en la causa es a partir de la formal admisión de la Apertura de Investigación. Mientras tanto, no pueden hacerlo”, concluyó.

Esto corresponde a su oficina de Rawson, y lo envió al recinto legislativo de la provincia del Chubut, el Fiscal General de la ciudad de Trelew, Omar José Rodríguez, en autos caratulados “Ministerio Público Fiscal s/Averiguación de Delito”, tramitado ante la Unidad Fiscal Especializada Delitos Contra la Administración Pública, perteneciendo al período diciembre 2015 – diciembre 2019.

Allí, el funcionario del MPF solicitó un informe sobre los sueldos netos abonados a María Cecilia Torres Otarola, indicando si fue mediante cheque o depósito bancario, además de los viáticos liquidados a ella, indicando asimismo monto, fecha y forma de pago.

Del mismo modo, pidió un informe sobre gastos reconocidos a la entonces diputada en concepto de alojamiento, combustible, pasajes, etc. indicando también el detalle, al igual que sobre viviendas alquiladas con su ubicación, monto abonado y período correspondiente.

Además, solicitó un informe sobre los asesores y/o secretarios y/o contratados que fueron asignados a ella, individualizándolos por apellidos, nombre y DNI; entregar copia de los proyectos legislativos 73 y 74 que presentara Torres Otarola en el año 2018.

Rodríguez también pidió informar si ciertas personas fueron empleados, asesores y/o contratados de la Legislatura y, en caso afirmativo, indicar su fecha de ingreso y egreso, instrumento de designación y contrato, además de indicar el monto, la fecha y la forma de pago llevados adelante para: Alexis Eduardo Ganga, María Paz Moler, Silvana Adriana Cañumil, Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Carlos Antonio Cundari, Raúl Isaac Rodera, Pamela Matamala, Marcelo César Neira, Juan Martín Sandoval Martínez, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto y Branco Neira Rodera.

La misiva se libró najo la consigna de dar cumplimiento a la respuesta conforme a las mandas de los artículos 116, 152 y 178 2do. párrafo del C.P.P. de la provincia del Chubut y art. VI de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que piden por la debida celeridad y colaboración que se debe prestar al mismo, bajo apercibimiento de Ley.

“Generalmente todos los instrumentos, la documentación, es ingresada a través del testimonio por ejemplo un acta de allanamiento y en ese acta firman varias personas varios policías nosotros ofrecimos todos los que han firmado el acta, pero por ahí con el acuerdo de las partes podemos prescindir de algunos de los policías y en vez de hacer venir a cuatro policías para que ratifiquen el acta y el contenido de la misma, con dos ya sería suficiente, entonces esa es una forma de achicar al menos la cantidad de testigos”, dijo Rodríguez al término de la misma.

Y sobre si se espera algún otro tipo de audiencia antes del juicio y la morigeración de algunas presiones, dijo que va a haber una de la que están a la espera para ver si la fijan o si hay alguna interpretación de que no, en el sentido de que mañana se cumple un año de las detenciones del primer grupo.

“Generalmente se revisan cada seis meses, pero nosotros entendemos que no se debe fijar fecha mañana porque la audiencia preliminar donde se volvió a discutir toda la cuestión de las medidas de coerción fue en octubre, y todavía no transcurrió el plazo de 6 meses”, indicó en declaraciones emitidas por FM La Petrolera 89.3 MHz.

En tal sentido, dijo Rodríguez que “será una modalidad de tres veces por semana: martes miércoles y jueves de mañana y de tarde es el horario que han fijado para la actividad del debate”.

En cuanto a la situación del detenido Federico Gatica, dijo que el Juzgado Federal rechazó la postura de la cuestión Federal: “entiendo que el defensor ha apelado, pero el Tribunal hasta ahora no ha resuelto ninguna situación o ha solicitado al Federal pedir el expediente o la carpeta relacionada con Gatica. En principio va a ser juzgado en la órbita ordinaria”, deslizó.

Mientras tanto en torno a cómo llegan el Ministerio Público Fiscal y él en lo personal a este juicio, sostuvo que arriban bien, con mucha expectativa. “Nosotros somos muy optimistas en el sentido que existe muchísima información y evidencia que si logramos pasar eso en el juicio, creo que vamos a conseguir las condenas que estamos buscando”.

“La situación de Diego Correa como jefe y en función de todo lo que se le reprocha, tiene un piso de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, como también los distintos miembros de la banda como por ejemplo Luthers para quien hemos pedido seis años -siempre de mínimo- y de ahí en más puede ser que suba la pretensión”, concluyó.

Una de las conclusiones del encuentro que se desarrolló semanas atrás entre fiscales de Chubut y las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC, fue que ninguno de los bancos de la provincia del Chubut giró información sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a los organismos nacionales.

“Dentro de los bancos existen áreas específicas para informar a la UIF todas las operaciones sospechosas y situaciones que tengan un elemento llamativo. Hay muchos casos de funcionarios que tenían plazos fijos, cajas de seguridad y Chubut es una de las pocas provincias que no tiene reportes a la UIF”, relató Rodríguez en diálogo con Radio 10 de Trelew.

El fiscal consideró llamativo este supuesto proteccionismo de las entidades bancarias, fundamentalmente porque las causas de corrupción que se desataron en Chubut tienen un común denominador: “Se bancarizaba mucha plata”.

Sin embargo, indicó que la bancarización de fondos se materializaba sin complejidades y “sin ningún tipo de riesgo, porque no se reportaban esas operaciones sospechosas”.

Citó algunos ejemplos en donde exfuncionarios actualmente imputados, “tenían plazos fijos de $1.500.000 ó $ 2.000.000 con un único sueldo de 40.000 pesos”. Describió que esta situación “te tiene que llamar la atención”.

“Cuando fuimos a Buenos Aires, desde la UIF y la PROCELAC nos notificaron esta situación que desde los bancos de Chubut no había ninguna operación sospechosa reportada”, confió Rodríguez en declaraciones reproducidas hoy por el diario El Chubut.

Puntualizó que en las causas que llevan adelante junto al fiscal Alex Williams, “tenemos datos de que han existido múltiples hechos de operaciones sospechosas”.

El fiscal Omar Rodríguez, quien integra la unidad que conformó la procuración general de la provincia para investigar hechos de corrupción en la administración pública, confirmó una “lista ampliada” que surge de la intervención a la computadora que fue secuestrada en la casa de la madre del “valijero” Diego Luthers. En ella figuran montos ingresados y pagados en un minucioso asiento contable de todo el dinero negro.

En diálogo con Radio Chubut de Trelew, el propio fiscal empleó el término de “valijero” para referirse a Luthers, quien hacía los asientos contables y efectuaba los pagos por orden del ex subsecretario Diego Correa, a quien se sindica como el jefe de la banda. En la lista ampliada surge con nitidez el pago de las empresas y los destinatarios, con un nivel de prolijidad en el detalle que sorprende a los investigadores.

El concepto de “valijero” además se condice con la forma en que transportaban el dinero en efectivo, porque tanto Correa como Luthers se desplazaban con mochilas cargadas de billetes.

El fiscal explicó que cada vez cuenta con más pruebas que están procesando y aclaró que en muchos casos no fueron citados a declarar personas porque están esperando para hacerlos comparecer como imputados y no como testigos. El funcionario reconoció que cuentan con muchos aportes a través de mecanismos como WhatsApp, donde reciben mucha información que orienta la pesquisa.

Además, aclaró que la causa original de la que surgió toda esta cadena de corrupción vinculada con la adquisición de bienes para los damnificados por la inundación en Comodoro Rivadavia “está más cerca del delito peculado que de la compra con sobreprecio” porque en la mayoría de los casos la mercadería o los bienes adquiridos jamás ingresaron a la provincia.

La Unidad Anticorrupción detectó empresas fantasma creadas para quedarse con parte de los 46 millones de pesos de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Era dinero destinado por decreto para módulos alimentarios, colchones, frazadas, leña, pasto y agua. Como los proveedores que se hicieron figurar no existían, esa mercadería ni siquiera pudo haberse comprado, pese a las promesas para las familias azotadas por el temporal en el sur chubutense.

Según el fiscal Alex Williams, el dinero se habría repartido entre los responsables de los organismos del Gobierno provincial que trabajaron en esa emergencia. En otros casos los proveedores existieron pero prestaron facturas para el fraude. Una parte del desfalco fue a parar a sus bolsillos.

“La línea de los sobreprecios conduce seriamente a la sospecha de maniobras mediante las cuales se pedían facturaciones a algunos proveedores, sin respaldo de mercadería”, le dijo el fiscal al diario Jornada de Trelew. “Hay facturas que el Estado pagó y por las cuales sospechamos muy seriamente que no hubo contraprestación”.

Cuando los investigadores buscaron las firmas que presuntamente vendieron los elementos a los proveedores locales, “eran empresa fantasmas con domicilio inexistente”. Williams confirmó “la inexistencia absoluta de ningún tipo de registro, planilla ni rendición ni nada que se le parezca en los dos depósitos de Comodoro Rivadavia y Rawson”. Cuando junto con el fiscal Omar Rodríguez pidieron la constancia de recepción de los cargamentos, no hallaron nada.

“Cuando investigamos la documentación respaldatoria, el proveedor no existe o por ejemplo, empezó a prestar servicios declarados en la AFIP en la misma fecha que ellos le compraron”, reveló. Esas firmas no tenían antecedentes, empleados ni movimientos bancarios. “Es falso, se buscó una empresa que aporte una boleta. No tenían respaldo documental de ningún tipo”.

Williams confirmó que “hicimos el camino inverso de las facturas hacia atrás en el tiempo y que el material se haya entregado es inverosímil: mal puede haberse entregado si el proveedor al que ellos dicen que le compraron no existe”.

Pura cáscara

La Unidad revisó domicilios legales y fiscales. “Eran empresas vacías, una cáscara sin nada”. Algunas direcciones eran casas de familia. Y en los depósitos la respuesta era que “no hubo control y la situación era caótica. Los remitos los firmaba cualquiera y pierden fuerza de acreditación, o hay un garabato sin aclarar quién lo recibió, sólo para cumplir con las formas”.

“Todo refuerza la hipótesis de que la emergencia climática se aprovechó para lucrar por parte de la Coordinación de Gabinete, Unidad Gobernador y el Ministerio de Familia. Estas áreas están fuertemente involucradas en la adquisición falsa de bienes con proveedores que nunca tuvieron respaldo”. Recién se chequeó apenas una tercera parte de una primera tanda de compras sospechadas.

Otro ejemplo del fiscal es “comprarle a un negocio que no tiene depósito ni capacidad económica 1.500 colchones de la noche de la mañana. Si hoy alguien le compra uno, no tiene”.

-¿Hay proveedores que sí existen pero sólo prestaron factura?

-Los locales en gran parte hicieron eso. Tenemos alta sospecha de que prestaban factura, cobraban el dinero, porque fluía fuertemente, y el reparto era entre las personas que dirigían el organismo público y el comerciante que prestaba la factura. De esa manera hicieron fluir el dinero de la caja negra durante la emergencia.

Cruza con Correa

Hay datos de compras que se cruzan con la contabilidad de la recaudación que llevó Diego Correa. “Coincidentemente en la época de la emergencia hay referencias contables de ingresos y egresos”. Los fiscales corroboraron que los datos son verosímiles. En los expedientes originales de la emergencia hay referencias específicas de la planilla. En la semana se supo de mercadería que se compró pero no llegó. El nuevo dato es comprometedor para los investigados ya que se trata de material que ni siquiera se adquirió.

“Todos los datos que nos propusimos objetivar, los objetivamos. Quiere decir que la planilla contiene información real y cada vez pisamos más firme sobre esa línea de investigación”. Por ejemplo el pago del service de un auto por 7.092. “Fuimos a la agencia oficial, pedimos la facturación y encontramos que en la misma fecha que figura en la contabilidad de Correa, figura en la concesionaria ese service por ese precio, es una correspondencia absoluta”, dijo Williams.

Recordó que en su momento contrató a Dual Core siendo gerente del consorcio Girsu para una obra relativamente chica de unos 200 mil pesos. “Con quien contrata es con Daniela Souza, socia gerente de Dual Core”, detalló. Pero con posterioridad y ya siendo presidente del ISSyS, “Eguillor le sale de garante a Souza en un dúplex que alquilaba en Playa Unión. Es decir que había una relación estrecha de confianza, sino nadie sale de garante en una alquiler de más de 20 mil pesos”. Y lo paradójico del caso es que Diego Correa no pudo ser el garante de Souza porque “su recibo de sueldo era muy bajo; era de unos 30 mil pesos”.

Rodríguez continuó repasando que Eguillor al frente de Seros “contrata a Sepat, la otra empresa de Correa cuya apoderada era Souza” para alquilar unas carpas. “Esa es la otra vinculación y consideramos que ahí hay una negociación incompatible”, continuó el fiscal. Pero además, “Eguillor tiene vínculo porque era contador de Dual Core y en el allanamiento en su estudio se encontraron facturas de la empresa en el cesto de basura”. Concluyó el fiscal que “están todos vinculados y tenían conocimiento acabado de cómo funcionaba esto. Lo de Eguillor hasta ahora, aparece como una negociación incompatible respecto de él haber contratado de manera directa con Sepat por encima del régimen de contratación de Seros. Y esa empresa y esas carpas las trae a instancias de Eugenia Felicetti que es la mujer de Diego Luthers y trabajaba como asesora de Seros”.

‘Chito’ Alarcón

También es motivo de análisis para los fiscales la situación del responsable del área de Ceremonial de la Provincia, Oscar ‘Chito’ Alarcón, quien elevaba a Correa los pedidos de contratación de Sepat para algunos actos.

“La pregunta es: ¿Sabía Alarcón quién era Giuliana Mac Leod? ¿Sabía que era la cuñada de Correa? ¿Cómo no observó, si tenía conocimiento, a sabiendas que no podía contratar? Sin embargo en todos los expedientes surgen los argumentos que hacía Alarcón para contratar a Sepat”, indicó el fiscal a FM El Chubut.

El fiscal Omar Rodríguez, que junto a Alex Williams vienen trabajando desde diciembre la llamada Causa Correa, repasó la marcha de la investigación que conmociona a la provincia por sus vinculaciones políticas.

Según indicó el fiscal en FM El Chubut, “puede haber más propiedades (vinculadas a Correa) fuera de la provincia. Al manejar tanto volumen de dinero en efectivo, necesitaban blanquearlo incorporándolo al mercado financiero legal, y una de las formas era comprando bienes”.

Por el momento se está chequeando la posible existencia de otros bienes en Argentina pero “no quita que haya hecho inversiones en el exterior”. Y aunque planteó que como caso emblemático del intento de lavado de activos están los consultorios médicos que Mezeta Consulting que se habían comenzado a construir en Rawson, “tenemos algunos datos que estamos chequeando que podría haber pasado lo mismo en otro lado”.

Atento a que aún trabajan en esa posibilidad, Rodríguez se limitó a decir que ese proyecto de construcción “es en otra provincia patagónica”, pero prefirió no explayarsee porque aún es objeto de investigación. Aunque se trataría de un complejo turístico en una zona balnearia.

Cabeza de la banda

El fiscal Rodríguez puntualizó que se están focalizando en el grupo encabezado por Correa “que era el que se hacía de fondos del erario público a través de Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting, y que blanqueaban y distribuían el dinero”.

La teoría es que Correa era el líder de esa asociación ilícita. Y dejó en claro que “más arriba de Correa estaba (Mario) Das Neves. Correa era el subsecretario y estaba en la privada del gobernador”. Pero “hoy asegurar que Das Neves tenía conocimiento o que era el responsable de lo que hacía Correa, casi sería una imprudencia de mi parte porque se trata de una persona cuya acción penal se extinguió. El gobernador Das Neves ha fallecido, hacer conjeturas de ese tipo es bastante delicado porque es una persona que no se puede defender”.

Situación de Pagani

Los fiscales aún están evaluando la situación del ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, quien firmaba el alquiler de la vivienda allanada en Playa Unión donde se secuestró importante documentación para la causa.

“El contrato está firmado por Pagani. ¿Cómo fue a parar a manos de Correa y cómo fue a parar la documentación a esa casa relacionada con el ilícito de Correa y su grupo?”, se preguntó Rodríguez. Y agregó que se deberá determinar “cuál era la relación que tenía Pagani con Correa y compañía”.

“Eslabón fundamental”

El contador Federico Gatica “es un eslabón fundamental dentro del plan de Correa para blanquear dinero”, reiteró el fiscal Rodríguez, recordando que el profesional detenido que aparece como titular de Mezeta Consulting.

Pero además, la situación de Gatica se complicó aún más cuando supo que era motivo de investigación y empezó a intentar simular que era el real propietario de Mezeta “cuando el verdadero dueño era Correa. El dominio de la obra de los consultorios estaba en manos de Correa, lo confirman el empresario Federico Piccione (que declaró en la causa), el arquitecto, el constructor, las escuchas, y el terreno lo compra Luthers antes que se constituya Mezeta”.

El cúmulo de documentación, listados con asientos contables caseros (pero extremadamente prolijos y detallados), ya provocaron la condena social para muchos que enterraron su futuro político bajo sospechas más pesadas que una lápida. Claro que aún se está en una etapa de investigación y restan todavía cinco meses para que el Ministerio Público Fiscal culmine su tarea de recolección de pruebas para formular su acusación. Después llegará el tiempo de demostrar lo sostenido hasta el momento y todo lo que aún falta destapar.

La sociedad crece en indignación y debe ser consciente que nada quedará resuelto en poco tiempo. La contundencia de los hechos motivó que el juez Sergio Piñeda primero, y otros dos magistrados después durante las apelaciones, no dudasen un ápice en dictar seis meses de preventiva para cada uno de los detenidos. Pero será titánica la tarea de los fiscales que ahora son aplaudidos hasta cuando llevan sus hijos al colegio. Por eso, el Procurador Jorge Miquelarena decidió el refuerzo de los doctores Marco Nápoli, de Trelew, y Héctor Iturrioz, de Comodoro, para deshilar con mayor precisión las derivaciones de la ya más que difundida planilla Excel que detallaba el aporte de constructoras a la ‘caja negra de la política’ y el posterior reparto según rangos, compromisos y hasta para gastos domésticos como el gel para la caída del cabello de Diego Correa, detalla hoy el diario El Chubut.

Pero el plantel de fiscales no es precisamente el suficiente para atender casos complejos. Cuando Williams y Rodríguez se pusieron al frente del equipo especial para causas de corrupción en el Estado, tuvieron que derivar las investigaciones que tenían a su cargo a otros colegas. Ahora, lo mismo se está haciendo con las causas de Nápoli e Iturrioz. Un poco de ayuda para unos, pero recarga para otros. La ecuación es simple y es lo que hay. Como también son pocos los recursos materiales para una investigación vinculada a quienes se llevaron varios millones del erario público. Resulta una paradoja, pero ante todo es la demostración de sólo una de las consecuencias de la crisis y, como dijo el fin de semana el radical Gustavo Menna, ‘es inevitable vincular la situación calamitosa de Chubut con los casos de corrupción que se investigan’.

Lo cierto es que estos fiscales tienen un plazo que corre y deben concentrarse ahora en demostrar la existencia de una asociación ilícita y vincular a cada uno de los siete detenidos que tiene la causa. Luego vendrá el tiempo de formular la acusación para llegar a un juicio y podríamos estar dos años alrededor sólo de intentar demostrar esos hechos. Todavía resta conocer el avance de la causa de los sobreprecios durante la emergencia climática, hubo derivaciones como los ‘retornos’ de la obra pública y el reparto de la ‘caja negra’. Por lo tanto, la sociedad deberá bajar el nivel de ansiedad y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no acostumbrarse al sonido de los aplausos, que se irán diluyendo a medida que transcurran los tiempos judiciales que suelen no ir al paso de los deseos de justicia de los ciudadanos.