El titular del interbloque Argentina Federal, el senador Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que al discurso presidencial “le faltó la definición más importante y que es sobre la situación económica. No dijo cuándo se termina este proceso de ajuste fenomenal a fuerza de aumentos constantes de tarifas que tanto está golpeando a la clase media, a todos los trabajadores y también a las empresas que no pueden crecer y generar trabajo”.

En tanto, para la senadora del Fpv-PJ, Anabel Fernández Sagasti, los dichos de Macri estuvieron “colmados de cinismo y agresión a la oposición y de gritos. No hubo ni una sola medida que ayude a paliar la grave situación que tenemos. El gobierno que viene va a tener que desactivar una bomba de tiempo, ya no pesada herencia, que tiene que ver con mayor inflación, más desocupación, pobreza y recesión y con una deuda pública casi impagable para los argentinos”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, dijo –según publica Página 12– que el discurso presidencial se corresponde con el de un hombre “enojado e irascible” y, como tal, lo definió como “violento, peleándose con los dirigentes opositores, buscando frases efectistas en modo campaña. Fue el acto de lanzamiento de la reelección del Presidente con el manual de (Jaime) Durán Barba”. Incluso dijo que Macri “no habló de economía, de inflación, de recesión ni de como regenerar nuevos puestos de trabajo. No dijo nada sobre lo que los argentinos esperaban escuchar: la posibilidad de congelar tarifas”.

Desde el Frente Renovador, la diputada Graciela Camaño dijo que los dichos de Macri estuvieron “plagados de mentiras y con un nivel de impotencia muy grande. No dijo mucho de lo que viene, dijo mucho de lo que él cree que es el país, que lamentablemente no es la realidad. Todo es un relato. Este año vino con un discurso de barricada. Se tiene que hacer cargo del desastre que hicieron en el país y de eso no habló. Creo que el cargo le quedó grande. Espero que sea el último discurso como Presidente”.

El Presidente del interbloque Argentina Federal de la Cámara baja, Pablo Kosiner reconoció que esperaba que el Presidente “se sincere sobre su lamentable gestión y brinde respuestas para los argentinos. Sin embargo, le siguen armando discursos sin contenido. El Gobierno tiene que entender que no debe seguir recurriendo a los DNU para los temas que son facultad del Congreso. Este año queremos un parlamento activo, avanzar en la aprobación de una ley de extinción de dominio, lograr tarifas justas y defender la industria nacional. Mientras la gente vive un momento de incertidumbre, es alarmante que desde el oficialismo celebren las expresiones para la tribuna”.

El diputado del FIT, Nicolás del Caño, definió al discurso como “totalmente ficticio” donde Macri “habló de un país diferente al real. Escuchar que va a bajar la inflación, que está creando empleo, es completamente distinto a la realidad que vive la mayoría del pueblo y por eso planteamos que sin romper el pacto de coloniaje con el FMI no hay ninguna perspectiva favorable para el pueblo trabajador”. A su turno, la también diputada de izquierda, Romina del Plá, dijo que Macri se jactó de haber habilitado el debate del aborto, “sin embargo también se encargó de evitar que se apruebe y que ni se aplique ni los mínimos derechos de las niñas y de las personas gestantes como lo hemos visto en Tucumán y Jujuy, una hipocresía fenomenal. Y acá con todo desparpajo se habla de las políticas para evitar el embarazo adolescente”.

El referente de Red por Argentina, Felipe Solá, aseguró que “la única salida que tiene un presidente que le va tan mal como Macri es primero armar un show con los propios y llenar las gradas de gritones. Lo mismo que una bancada que tiene vergüenza, donde la única forma de taparla es pararse, gritar, gritar más fuerte. Borges decía ‘los que gritan tienen miedo’. Tienen miedo del desastre que han hecho. Macri viene acá a generar ese clima. Lo que dijo es mentira y sobre todo obvió la pérdida de salario, de laburo, Peugeot suspendió dos mil trabajadores. Fue un discurso provocador típico de alguien que no tiene mucho o nada para mostrar y tiene que esconder el desastre. Para mi esa provocación tiene un solo nombre: despedida”. Por su parte, la diputada de Somos, Victoria Donda, calificó al discurso de “hipócrita, propio de aquel que tiene que mentir para ocultar la realidad y su fracaso estrepitoso”. Por último, el diputado Fernando Espinoza dijo que “provoca tristeza tener un presidente que en su discurso sólo nos puede ofrecer provocación y enojo. Hoy quiso lanzar su campaña por la reelección, pero le salió muy mal. Estas palabras, dichas con enojo y retando a los argentinos van a generar un efecto contraproducente. Después de este discurso, Macri decepcionó a muchas personas que permanecían indecisas”.

«Impericia, mala praxis y desidia política», «sorpresa y profundo malestar» fueron las expresiones utilizadas por la UCR para expresar su descontento con las autoridades de Cambiemos encargadas de negociar los votos para ocupar las vacantes del Consejo de la Magistratura, que la semana pasada el peronismo le arrebató a la bancada oficialista, que pretendía colocar allí a Mario Negri. Desde la UCR apuntaron sobre el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, y sobre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quienes desconfían por un posible acuerdo con el peronismo. Las heridas internas fueron expuestas en la reunión de interbloque de este mediodía, en la que Monzó, junto con el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, y la secretaria parlamentaria, Silvia Lospennato (PRO), intentó convencer a  sus aliados para mantener la convocatoria de mañana, la última sesión del año.

En dicha sesión, el Ejecutivo precisaba aprobar, entre otras iniciativas, las modificaciones al Presupuesto 2019 negociadas con los senadores del interbloque Justicialista que le permitieron aprobar el ajuste exigido por el FMI. Por un lado están pendientes las modificaciones al impuesto de Bienes Personales, sobre el que se decidió excluir a las viviendas de uso familiar valuadas en menos de 18 millones de pesos. También se debe aprobar la modificación al artículo 85 del Presupuesto, a través del cual la Casa Rosada vuelve a la carga para gravar a cooperativas y mutuales, que el peronismo consiguió reducir a la mitad y como una «contribución extraordinaria».

En la misma agenda figuraba también la aprobación de la ley de alquileres, debatida desde hace dos años y que obtuvo media sanción en la Cámara alta. Esa norma fue una promesa del presidente Mauricio Macri pocas semanas atrás, después de la última megadevaluación que hizo inaccesibles los promocionados créditos UVA y disparó el costo de los alquileres –según publica Página 12-.

Además, el oficialismo había conseguido dictamen para otras dos normas, la desregulación de la producción y venta de papel prensa, que modificaría la ley que lo declaró de interés nacional (proyecto promovido por el Grupo Clarín, propietario de Papel Prensa, junto con La Nación y el Estado), y la denominada «Ley Bayer-Monsanto», impulsada por los grandes productores de semillas y resistida por los sectores de la agricultura familiar y diversas organizaciones académicas, políticas y sociales.

A pesar del enojo por parte del radicalismo por la pérdida de una silla en el Consejo de la Magistratura, los referentes del PRO intentarán tejer los acuerdos necesarios con los radicales y el sector dialoguista del peronismo para poder avanzar con la agenda legislativa el próximo martes. En caso de que el intento fracase, la Casa Rosada analizará convocar a sesiones extraordinarias para tratar, sin necesidad de acuerdo, las leyes que crea necesarias.

De acuerdo con los primeros poroteos, tras la sorpresiva unidad de los bloques peronistas, sólo habría margen para aprobar la reforma de Bienes Personales, y quedaría en la cuerda floja el proyecto para que los todos los jueces comiencen a pagar Ganancias.

«No sé cómo se les ocurre a ellos que nosotros podríamos haber evitado esos votos de la oposición, cómo podríamos haber hecho para evitar que se unieran distintos bloques y votaran en conjunto», se defendió el diputado Pablo Tonelli, en diálogo con AM 530. Tonelli, quien quedó como el único consejero por el oficialismo, lamentó que los bloques peronistas sumaran más voluntades que Cambiemos» y reconoció que frente a ese acuerdo político «no hay objeciones legales».

Haciendo uso de la redacción ambigua que posee la ley del Consejo de la Magistratura, esta vez las distintas expresiones del peronismo lograron un consenso para destronar al oficialismo, que ya tenía pensado postular como consejeros al radical Mario Negri y a Tonelli.

La postulación de De Pedro y Camaño contó con el respaldo no sólo del FpV-PJ y el massismo, sino de un amplio abanico opositor que va desde Felipe Solá, de Red por Argentina, Leonardo Grosso del Movimiento Evita, Victoria Donda de Libres del Sur, los diputados santafesinos Alejandro Ramos y Alejandra Rodenas, el bloquismo sanjuanino, el Frente Cívico por Santiago, los peronistas de Córdoba y Tucumán y hasta Sergio Ziliotto, a cargo de la presidencia del Bloque Justicialista. En verdad, su titular, el salteño Pablo Kosiner, rechazaba la propuesta por lo que delegó la firma en su segundo.

Una jugada similar había ocurrido ayer mismo en el Senado, cuando el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, consiguió 27 firmas a favor de su postulación y la de la santiagueña Ada Itúrrez, que responde al gobernador Gerardo Zamora. Los respaldos del rionegrino habían sido de los 18 del Bloque Justicialista, más los dos socios pampeanos y los dos chubutenses con los que conforman el interbloque. Y para garantizarse superar los 25 votos del interbloque Cambiemos de la Cámara Alta, Pichetto logró el respaldo de los 3 senadores santiagueños y de los dos tucumanos, José Alperovich y Beatriz Mirkin, recién salidos de esa bancada.

En conclusión, con las herramientas que usó el macrismo, ahora el peronismo (en sus distintas expresiones) recupera terreno en el Consejo de la Magistratura luego de que Cambiemos avanzara con fuerza este año en el estamento de los jueces, abogados y académicos. En un primer escenario se podría decir que de 13 integrantes, el oficialismo tiene 8 con tendencia a su favor: 1 del Poder Ejecutivo, Juan Pablo Mahiques; 2 legisladores, Inés Brizuela y Doria y Pablo Tonelli; 2 jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; 2 abogados, Juan Pablo Más Vélez y Marina Sánchez Herrero y 1 académico, Diego Molea.

La oposición, en cambio, tendrá 5: 1 juez, Alberto Lugones y 4 legisladores: Pichetto e Iturrez, De Pedro y Camaño. De todas maneras, los consejeros de la oposición no son un homogéneo y habrá que ver cómo actúan algunos en cada caso. En particular la lupa estaá puesta en nombres como Pichetto, un peronista cercano al oficialismo y con profundos vínculos con sectores del Poder Judicial dada su extensa trayectoria política y sus siete años de consejero entre 1998 y 2005 –según pública Página 12-.

Durante el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja que conduce el legislador del PRO, Luciano Laspina, se anunciaron una serie de modificaciones a la iniciativa inicial, enviada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 17 de septiembre, con el objetivo de conseguir mayores voluntades.

Estas se sumaron a las acordadas en las últimas semanas con los gobernadores y que incluyen el paquete fiscal que también se va a tratar este miércoles en el recinto: revalúo de Ganancias, la suba de las alícuotas de Bienes Personales y la adenda al Consenso Fiscal 2018.

• Cambios en las condiciones para reestructurar la deuda

El oficialismo anunció la eliminación del polémico artículo 53 del Presupuesto 2019 que proponía cambiar las condiciones de reestructuración de la deuda externa.

La gestión de Macri proponía al Congreso la modificación de la Ley 24.156 para habilitar que una eventual reestructuración de deuda ya no tenga que ser con una mejora en plazos, montos e intereses sino «en las condiciones imperantes del mercado financiero», lo que causó el rechazo de la mayor parte de la oposición.

«Dicen los medios que van a sacar el artículo 53. No les creemos porque está claro que necesitan el instrumento de reestructuración de deuda porque vamos a un escenario de cesación de pagos», dijo la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Pla.

«En un hecho histórico voy a conceder el pedido de la diputada (Romina) Del Pla. Para no agitar fantasmas vamos a eliminar el artículo 53. Ese artículo era «solamente para darle más atribuciones a la secretaría de finanzas, argumentó Laspina.

• Permitirá que adultos mayores beneficiarios de pensión PUAM puedan seguir trabajando

Laspina confirmó que el oficialismo dará marcha atrás con la reforma que había planteado originalmente que dejaba sin opción de seguir trabajando a quienes quisieran acceder a la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM).

El proyecto inicial tenía previsto restringir el acceso a esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, de manera tal de impedir que personas beneficiarias pudieran tener un ingreso extra.

Se trataba de una restricción sensible, ya que el régimen de PUAM permitía a los beneficiarios seguir haciendo aportes a la seguridad social hasta completar la cantidad de años requeridos para acceder a un haber jubilatorio ordinario.

Presionado por las críticas, finalmente el oficialismo dio el brazo a torcer y concedió que monotributistas sociales puedan seguir percibiendo la PUAM, aunque condicionado al resto de los requisitos socioeconómicos para personas de más de 65 años.

• Ganancias y cooperativas

Cambiemos también aceptó dar un volantazo respecto de su pretensión inicial de incorporar a cooperativas y mutuales al régimen de pago de impuesto a las Ganancias.

En cambio, se incluirá en el Presupuesto un impuesto especial al patrimonio con una alícuota progresiva, que dejará exentas a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales.

Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Laspina explicó que la idea es generar un «mínimo patrimonial», y estimó que de las 1400 cooperativas del país, «más de 1200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio».

Otro cambio significativo en el dictamen de Presupuesto es que se incluirá una partida de refuerzo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 500 millones de pesos.

• Fondo compensador al Transporte

Otro de los cambios, que había sido cerrado este lunes, tras una reunión en la que participó el ministro de Trasporte, Guillermo Dietrich, fue la incorporación al proyecto de Presupuesto 2019 de un artículo por el cual se creará un fondo especial de 6.500 millones de pesos para las provincias, a fin de compensar el traspaso de subsidios del transporte de pasajeros y evitar un fuerte aumento de los boletos.

El artículo incorporado al Presupuesto 2019 establece que ese fondo será manejado por el Ministerio de Transporte. Los nuevos recursos provendrán de la suba en las alícuotas de Bienes Personales.

• Marcha atrás con la eliminación de las exenciones en Ganancias

Durante las negociaciones, el oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó un pedido de la oposición para que el proyecto de Presupuesto 2019 finalmente no contemple la eliminación de las exenciones en Ganancias que contenía la versión que había enviado al Congreso el Ejecutivo.

La versión original del proyecto de Presupuesto 2019 contemplaba eliminar las exenciones que tenían los trabajadores sobre diferentes ítems de los salarios en la cuarta categoría, como viáticos, gastos de representación y otros rubros, incluidos en leyes nacionales y convenios colectivos de trabajo.

Se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores: viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.

El Ejecutivo pretendía recaudar 25.000 millones de pesos extra con cambios en la forma que se aplica el tributo, y con la inclusión de sectores que estaban exentos.

• Bienes Personales, beneficios para propietarios rurales

Este lunes se selló en la oficina de Emilio Monzó un cambio al dictamen de mayoría que se firmó el jueves pasado, con el objetivo de beneficiar a los propietarios rurales, a pedido de gobernadores e intendentes de la oposición y del oficialismo del interior del país.

En la iniciativa con despacho, se planteaba la incorporación al régimen de Bienes Personales de los titulares de inmuebles rurales, quienes hasta ahora se encontraban exentos de este impuesto dado que pagaban por Ganancia Mínima Presunta, un tributo que caduca el año que viene.

Sin embargo, finalmente se ponderó en la discusión que los dueños del campo ya habían sido afectados por el freno a la baja de retenciones, por lo que la decisión fue otorgarle el beneficio de que el pago de Bienes Personales puedan efectuarlo a cuenta de Ganancias.

• Otros cambios

Entre otras modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen cambios, la eliminación de los impuestos internos a los vinos espumantes.

Por pedido del propio Cambiemos, se acordó además la ampliación de las partidas en 500 millones para el Conicet, el INTA y el mismo monto para el área de Cultura.

También se acordó mantener los plus especiales para los jubilados y pensionados de la Patagonia por zona desfavorable e incluir a los fideicomisos de los proyectos de Participación Público y Privada (PPP) de las provincias con los mismos beneficios que la Nación, en relación a las exenciones impositivas para las obras que se encaren en los distritos del país, a la vez que se eliminaron las modificaciones al Código Aduanero contempladas en el texto original.

Se trata de una batería de proyectos que el Gobierno pactó con los gobernadores, y buscan blindar el Presupuesto 2019, ya que son medidas orientadas a aumentar la recaudación de la Nación y de las provincias.

El Frente para la Victoria se opuso a las tres iniciativas, mientras que el bloque Justicialista y el Frente Renovador avalaron el revalúo, pero se negaron a firmar los otros dos dictámenes de mayoría.

El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna adelantó su rechazo a la adenda al Pacto Fiscal, que los gobernadores pactaron con el Gobierno nacional hace menos de un año para compensar a las provincias por los recortes estipulados en el Presupuesto, vía un incremento de la recaudación (por ejemplo permite derogar las exenciones del impuesto a las Ganancias para empleados y funcionarios públicos, y suspender la rebaja del impuesto a los Sellos).

Según dijo, se trata de una reforma impuesta por el Poder Ejecutivo que «avasalla» las facultades propias del Poder Legislativo para fijar impuestos.

«Le anticipo que la adenda fiscal no la voy a estar acompañando porque creo que avasalla las atribuciones del Poder legislativo y estamos en un país con independencia de poderes», avisó.

El diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof cuestionó la «improvisación» con que el oficialismo quiere cerrar el paquete fiscal, dadas las dificultades para alcanzar la meta de déficit cero.

«Nos cuesta mucho saber hacia dónde van. La frase es recular en ojotas. Porque nos tuvieron un buen rato discutiendo la centralidad para que vengan las inversiones de bajar los impuestos a bienes personales en correlato con esa ley de blanqueo, y ahora el Poder Ejecutivo inventa impuestos a contramano de toda su filosofía», señaló el ex ministro de Economía, quien hizo hincapié en marcar las contradicciones del oficialismo.

El proyecto de reforma de Bienes Personales incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.

A su vez, quienes declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; entre $5.000.000 y $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.

Para Lavagna ese piso sigue siendo muy bajo y «golpea» a la clase media, ya que equivale a poco más de 50.000 dólares, «menos que un departamento de un ambiente en Capital».

El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años, o cuando en cada período se superara el 33% anual.

Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto pasado, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo- según publica Ámbito-.