El Gobierno declaró en crisis a cuatro obras sociales ante una serie de irregularidades e incumplimientos detectados en esos prestadores de salud. Deberán presentar un plan de emergencia en un plazo no mayor a 15 días.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial, en una serie de resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las obras sociales que deberán presentar un plan de contingencia son: la Obra Social Fedecámaras (Fedecamaras); la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A.

En todos los casos, el Gobierno justificó la normativa al remarcar que los prestadores se encuentran en situación de crisis por presentar, al 28 de febrero de 2025, un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el anexo del decreto 1400/01.

En los considerandos de la normativa, se explicó que ante la situación que presentaban las obras sociales “resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el anexo III” de ese decreto.

En las resoluciones publicadas este martes se remarcó que los agentes del seguro de salud deberán presentar un Plan de Contingencia en un plazo no mayor a 15 días. 

Esa hoja de ruta tiene que cumplir una serie de requisitos: “Como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los criterios números 1, 2 y 3 del anexo II del decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del plan”, señala la normativa.

“Las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas deefectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia”, agregaron los documentos.

La acompañante terapéutica, Natalia Menéndez, se refirió al reclamo que vienen realizando contra las obras sociales. “Muchas veces tenemos que esperar 90 días para que llegue una autorización. Hay familias que no pueden esperar ese lapso de tiempo para que sus hijos comiencen las terapias”, aseveró.

En este sentido, señaló que “queremos visibilizar todo el destrato que recibimos de las obras sociales y el atraso en los pagos”.

“Todos los acompañantes terapéuticos tenemos salarios muy bajos. Desde diciembre del año pasado no tenemos aumento”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz. 

Asimismo, aclaró que “el último incremento que recibimos fue de solo el 2%. Es realmente vergonzoso”.

“Muchas veces tenemos que esperar 90 días para que llegue una autorización. Hay familias que no pueden esperar ese lapso de tiempo para que sus hijos comiencen las terapias”, indicó.

En este marco, destacó que “nosotros trabajamos con amor pero también tenemos familia que mantener”.

“Yo hace 17 años que trabajo de esto. La realidad es que la remamos todos los días”, expresó. 

Finalmente, Menéndez concluyó: “Necesitamos que haya más empatía por el otro”.

La resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre pasado, fijó un plazo límite hasta el 1° de diciembre para que las empresas de medicina prepaga que quieran recibir en forma directa, sin triangular, aportes y contribuciones, se inscriban en el Registro Nacional de Agentes de Salud. El incumplimiento de la inscripción impedirá que las empresas de medicina prepaga no registradas reciban aportes y contribuciones por la vía de las obras sociales.

De todos modos, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que las empresas más grandes ya están todas inscriptas, por lo que los afiliados ya pueden, si lo desean, ejercer la opción para derivar directamente sus aportes a su prestadora y tener, en un plazo que puede ser de dos meses, una rebaja en el costo de su plan. ¿Por qué? Porque los costos de intermediación representan entre el 3% y el 7% del valor del servicio, que ahora desaparecerán y deberían ser trasladados a los afiliados.

Son unos 4,3 millones de trabajadores que derivan aportes y que tendrán que realizar el trámite para ejercer la opción que deseen. Es obligatorio. De no hacerlo, serán las empresas las que seguramente se comuniquen con sus afiliados para recordárselo. Los afiliados particulares no tienen que hacer absolutamente nada, en tanto que los que reciben la plena cobertura del plan por parte de la empresa donde trabaja (plan corporativo), serán las compañías las que realizarán los correspondientes trámites, indicaron las fuentes.

El trámite para derivar aportes, paso a paso

1. Ingresar a la página web de ARCA, ex AFIP (https://afip.gov.ar/) con CUIT y Clave fiscal.
2. Luego entrar en los servicios de Mi SSSalud
3. Elegir opción de cambio
4. Elegir la obra social/prepaga elegida. Si la decisión es quedarse, por ejemplo, en la prepaga actual, debe elegir ésa. La prepaga tiene la obligación de recibirlo en las mismas condiciones en la que estaba hasta el día anterior. De lo contrario, recibirá las sanciones correspondientes.
5. Puede elegir una nueva, pero en ese caso, la persona ingresará como un nuevo afiliado y la empresa le pedirá luego completar los formularios correspondientes.
6. Confirmar el trámite haciendo clic en el botón Aceptar. El número de trámite aparecerá en el recuadro verde superior.
7. Ratificá los datos ingresados y presioná el botón Confirmar. Automáticamente se te enviará un mail a tu casilla de correo.
8. Ingresar en el enlace Confirmar trámite que aparece en el mail de confirmación para finalizar la solicitud. Tiene la persona 48 horas para confirmar el trámite para que la opción de cambio sea considerada, en caso de no hacerlo la misma será desestimada.

Los trabajadores que derivan aportes tienen la obligación de ejercer la opción y elegir a qué prestadora irán sus fondos de forma directa

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) explicaron a este medio que, de acuerdo con la resolución publicada en octubre, las empresas de medicina prepaga interesadas en recibir aportes y contribuciones de forma directa deberían inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud hasta el 1° de diciembre, ya que dejará de existir el mecanismo de triangulación, es decir, de derivación de aportes de las obras sociales a las prepagas.

“Son 4,3 millones de personas que derivan aportes. No se las puede forzar, pero una vez que se anotaron las empresas, los afiliados podrán accionar. De hecho, ya las grandes están todas anotadas y ya ARCA las tiene dentro del listado para que aparezcan en el sistema cuando la gente haga el trámite”, explicó una fuente del organismo. Por lo tanto, hay muchos que ya pueden ejercer la opción. En algunos casos, puede ser que la aparición en el sistema demore algunos días porque una vez inscriptas en el registro, deben cumplir con algunos trámites, como por ejemplo la apertura de una cuenta bancaria -en la que recibirán los aportes y contribuciones de forma directa-.

La Superintendencia de Servicios de Salud sacará el lunes un comunicado en el que informará cuáles son las empresas que ya están anotadas y en las que ya se puede hacer el trámite y para cuáles hay que esperar unos días. No son muchas las firmas. Según dijo la fuente consultada, sólo 80 firmas, de las más de 400 existentes, recibían derivación de aportes; y de ésas, unas 20 tienen el 95% de las 4,3 millones de personas, y están todas anotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los afiliados puede ejercer ya la opción en la página web de ARCA.

¿Cuándo debería el afiliado percibir un descuento en su plan?

A partir de la opción que ejerza el afiliado, los fondos le llegarán a la prepaga elegida -la misma u otra- dentro de los siguientes 60 días. Recién ahí el trabajador podrá observar una diferencia a pagar a su favor. Debería la empresa restarle ese costo de intermediación que ya no tiene para que el afiliado pague algo menos.

Del total que figura en el recibo de sueldos de aporte y contribución, el 15% se destina al Fondo Solidario, y el resto irá directamente a la prepaga elegida. Si le alcanza para cubrir su plan, no deberá pagar nada adicional. Si no, deberá abonar la diferencia. Pero ya no estará ese costo de intermediación. Y también deberá incluirse los subsidios que tienen desde la SSS para todos los afiliados, los monotributistas y los mayores de 65 años. Hay un subsidio general que son unos $2.000; otro para los monotributistas, que asciende a $5.000, y otro para los mayores, de $38.000. Ese dinero también irá directamente a la cuenta de la prepaga y deberá restarse del plan a pagar, explicaron desde la entidad.

“Son unos $30.000 millones por mes entre costos de intermediación y subsidios que hoy no están llegando al afiliado y se quedaban en las obras sociales”, dijo un funcionario.

El Superintendente explicó que la Superintendencia de Servicios de Salud inició un proceso de ordenamiento en el sistema, centrado en fiscalizar tanto a las obras sociales nacionales como a las empresas de medicina prepaga. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, afirmó Oriolo.

En este sentido, Oriolo detalló -según publica Infobae– que existen actualmente 661 empresas de medicina prepaga registradas en Argentina, de las cuales solo diez cuentan con una inscripción definitiva. “Nos encontramos con sorpresas muy importantes. Tenemos hoy registradas 661 empresas de medicinas privadas, de las cuales solo diez están inscritas definitivamente. Las otras 651 solo tienen una inscripción transitoria provisoria”, explicó el Superintendente, dejando en claro que la mayoría de estas entidades no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la ley para su funcionamiento.

Según Oriolo, el análisis de la Superintendencia reveló que 127 de estas empresas presentaron ninguna documentación desde su inscripción. “Nunca presentaron un solo papel. Cuando hablamos de papel, estamos hablando de cartillas, contratos, la parte contable y administrativa. Es decir, no han presentado nada”, enfatizó. Ante esta situación, la Superintendencia requirió la documentación necesaria a todas las empresas involucradas.

Como resultado de este proceso, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de la Superintendencia. “Publicamos un edicto en el Boletín Oficial diciendo que iban a ser dadas de baja. De esas 61 empresas, solo tres respondieron. Dos de ellas pidieron la baja voluntaria porque no estaban en actividad, y la tercera está intentando ponerse en orden”, detalló Oriolo, quien también señaló que este proceso continuará con otras 127 empresas que tampoco presentaron la documentación solicitada.

Una de las obras sociales más relevantes en la mira de la Superintendencia es Osprera, la obra social que atiende a los obreros rurales en todo el país. Con más de 760.000 afiliados, esta obra social ha sido objeto de intervención por parte del organismo debido a su falta de solvencia y graves problemas en la prestación de servicios. “Hicimos auditorías con los prestadores para ver cuál es la cobertura, porque en definitiva lo que buscamos es que el beneficiario reciba lo que le corresponde”, señaló Oriolo.

El resultado de esas auditorías fue alarmante: más del 70% de los prestadores de Osprera no estaban brindando los servicios que, según la obra social, deberían estar disponibles para los afiliados. “Hicimos llamados telefónicos a los médicos, a los prestadores, y casi el 70% de los prestadores de su cartilla, la que ellos dicen tener, no estaban prestando servicios”, afirmó el Superintendente.

Además, Osprera enfrenta una situación financiera crítica, sostuvo el funcionario. A pesar de haber recibido una ayuda financiera de 9 millones y medio de dólares en octubre del año pasado, la deuda previsional de la obra social creció un 63% desde entonces. “Recibieron ese auxilio y, aun así, hoy tienen una deuda superior”, reveló Oriolo, añadiendo que la obra social también tiene una deuda con los hospitales públicos por más de 1.500 millones de pesos. Debido a estas irregularidades, la Superintendencia decidió nombrar un administrador provisorio para Osprera, quien se encargará de llevar adelante la intervención.

Otra práctica que la Superintendencia está tratando de eliminar es la triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Según Oriolo, esta práctica genera costos adicionales innecesarios para los beneficiarios sin aportar ningún valor agregado. “Estimamos que entre un 3% y un 8% del costo de lo que paga un beneficiario final de una empresa de medicina privada que pasa por una obra social es un costo sin valor agregado”, explicó el funcionario.

Oriolo subrayó que uno de los objetivos principales de la Superintendencia es garantizar que los aportes de los trabajadores lleguen directamente a la prestación de servicios y no se pierdan en costos de intermediación. “Lo que nosotros queremos es que el aporte de cada uno de los trabajadores llegue directamente a una prestación y no que en el camino queden en distintas manos de tercerización”, afirmó Oriolo, quien señaló que se está trabajando muy fuerte en este sentido para corregir estas distorsiones.

Una de las principales dificultades que enfrenta la Superintendencia en este proceso de reordenamiento es la existencia de “cajas negras” en el sistema de obras sociales. Estas cajas negras, según Oriolo, están relacionadas con las triangulaciones y generan costos innecesarios para los beneficiarios. “Hay cajas negras. Hay obras sociales con muchísimos beneficiarios que tienen pocos empleados, porque lo único que hacen es un pasaje de manos. Pero es simplemente un peaje”, denunció Oriolo.

En este sentido, señaló que “mucha gente no va a poder pagar una prepaga por los valores que actualmente están cobrando”.

“Estas definiciones del Gobierno Nacional dejan muchas incomodidades e incertidumbres a los Sindicatos”, dijo.

Asimismo, aclaró que “esto es un perjuicio para todos los trabajadores, porque cuando la gente no pueda pagar más las prepagas va a terminar en los Hospitales públicos”.

“El Presidente y algunos asesores inmediatos a él quieren romper todo, no tienen diálogo con nadie, creen que tienen razón y no se dan cuenta que están pisando a muchos sectores de la sociedad”, indicó.

Finalmente, González concluyó que “la gente no va a aguantar lo que él dice, todos saben lo poco que dura el salario y eso va incrementando el malestar social”.

Respecto al pago por parte de las obras sociales, Clemente señaló: “Los pagos se vienen atrasados, pero a la larga llegan. Hay que tener en cuenta que lo que puede facturar el hospital a las obras sociales es un valor mucho menor a lo que las obras sociales le pagan al privado”.

El director rescató: “La mayoría de las obras sociales pagan el 40% de lo que pagan al privado. Así y todo, ha mejorado mucho nuestro arancelamiento en el hospital, es un sector que se le está prestando más atención” y agregó: “Estamos apuntalando más al sector operativo, ha mejorado mucho nuestro arancelamiento”.

Las obras sociales y las prepagas deberán cubrir tratamientos específicos contra la obesidad y contra los trastornos alimentarios en general, al incluirse nuevas prácticas a raíz del avance de las técnicas quirúrgicas que ya están en el Programa Médico Obligatorio (PMO), informó el Ministerio de Salud.

La ministra Carla Vizzotti aprobó por resolución la actualización y ampliación del conjunto de prestaciones básicas esenciales para la cobertura del abordaje de personas con obesidad que, entre otras novedades, incorpora al PMO a personas con estos trastornos que no estaban incluidas en la norma vigente desde el 2008.

«Invertir en tratamientos, promoción y prevención es algo que nos planteamos desde el primer día de la gestión y por eso me parecía fundamental tomarnos un espacio para poder encontrarnos”, dijo Vizzotti durante un encuentro con referentes de sociedades científicas, de hospitales públicos y pacientes.

Agregó además que «no se trata de algo estético, sino de mejorar la salud de las personas. Para el Estado se trata de una inversión y cualquiera que se dedique a la salud debe actuar con esta mirada sanitaria de fortalecer las líneas de cuidado, ampliar derechos y trabajar para que el acceso sea cada vez de mayor calidad y más equitativo”.

La actualización de las prestaciones básicas esenciales para las personas con obesidad se da en el marco de la Ley 26.396, que declara de interés nacional la prevención y control de este tipo de trastornos alimentarios.

«Dado el avance y modificación de las técnicas quirúrgicas y la nueva evidencia que incorporan otras prácticas y tratamientos destinados a personas con obesidad, y en base a lo determinado por la evidencia, se modificó el acceso a la cobertura, ampliándose a población no incluida con los criterios anteriores», aseguró la cartera. Además, para garantizar el seguimiento y fortalecer la terapéutica, se extendió la cobertura al período post-operatorio.

Las nuevas prestaciones, que deben ser brindadas por todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, fueron incorporadas al PMO en base a la evidencia científica existente y con el consenso de la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO).

El secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia, expresó que la “ley sancionada en 2008 había que actualizarla en el contexto de los avances que en todos estos años se generaron”.

En ese sentido, el funcionario agregó que “las modificaciones que se vienen llevando adelante tienen que ver con la edad, la prestación, el control de los equipos multidisciplinarios, las comorbilidades, en lo que hace al control postquirúrgico y las variantes quirúrgicas. Así que es un avance importante en un tema trascendente como las Enfermedades Crónicas No Transmisibles”.

En representación de las sociedades científicas, Jorge Harraca, presidente de SACO, expresó que “desde las sociedades científicas hemos sido los transmisores de la voz del paciente, una voz que está en una lucha de más de seis años».

«Durante ese tiempo solo se habían escuchado a los sectores económicos de los subsistemas, de los pagadores. Pero hoy el ministerio nos escuchó, por lo tanto, es un día de alegría para nosotros”, concluyó Harraca.

Mediante la resolución 1239/2018 del Ministerio de Salud, se autorizó un aumento en las prepagas del 7,5% a partir de agosto. Se trata de la tercera suba del año. El primer aumento fue del 4% en febrero, y luego el 7,5% en junio. Así, en lo que va del año, sumará un 19%.

Según el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que firma la resolución, es «razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo, de aquel que fuera aprobado el 25 de abril del año 2018 mediante la resolución 798/2018 de 7,5% a partir del 1 de agosto de 2018».

Según la resolución, el incremento en las cuotas está «fundado en variaciones de la estructura de costos de las empresas» realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, «los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente del incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias» así como «el incremento de costos de recursos humanos».

Por último, la norma indica que las empresas «deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos».