El fiscal Omar Rodríguez, aseguró que durante el juicio quedó demostrado que la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, recibía dinero de sus asesores, a los fines de poder continuar en sus lugares de trabajo.

De esta forma, se comprobó que la funcionaria provincial recibió aportes indebidos que llegaban a su cuenta a través de intermediarios, un beneficio ilegítimo.

El objetivo era evitar futuros planteos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio.

Entre los imputados figuran la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, junto a Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera. Todos enfrentan graves acusaciones por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos.

El fiscal Rodríguez presentó una revocatoria, solicitando que el juicio no se podía dividir en dos, que debía reprogramarse una nueva fecha con todos los imputados presentes. Los defensores coincidieron con el planteo del fiscal.

«El debate así no puede iniciar», aseguraba Rodríguez.

A su vez, el defensor Romano Cominetti, pidió la suspensión y reprogramación del juicio, para que estén todas las partes presentes. «Parece que serán dos debates sobre el mismo caso», indicó el fiscal Rodríguez. Esto afectaría la acusación.

El juez Carlos Richieri precisó -según publica El Chubut– que el juicio se postergó hasta el 10 de diciembre, debido a los inconvenientes suscitados por la ausencia presencia de los imputados, ya que la gran mayoría estaba vía digital y solo se presentó Otarola, además de otros elementos esgrimidos por la Fiscalía.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal informó que Torres Otarola habría exigido la devolución de parte de los salarios a empleados que ingresaron como asesores en la Legislatura provincial. Además, durante su gestión en el Ministerio de Familia, habría designado a personas cercanas en cargos de alto rango, quienes no residían en la zona ni prestaban servicios al Estado. Estas irregularidades dieron origen al nombre mediático de la causa.

Detalles de las imputaciones

El fiscal Rodríguez imputó a Torres Otarola por fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto al resto de los acusados:

Silvana Cañumil: fraude a la administración pública (un hecho), concusión (un hecho) y dos como partícipe secundario.

Jaquelina Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en tres hechos.

Marta Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.

Facundo Solari Rodera: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.

Miguel Ángel Reto Trelles: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.

Branco Rodera Neira: fraude a la administración pública como partícipe primario en un hecho.

El juicio está a cargo de los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.

La situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de directora en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, es otro aspecto destacado en la imputación formulada este miércoles por el fiscal Omar Rodríguez contra Cecilia Torres Otarola y 12 personas más.

Según publicó El Patagónico, M.N.F. es hija de Sandra Jaramillo, quien fuera empleada doméstica de Torres Otarola, desde mediados de 2019 hasta enero de este año.

“En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de ministra, le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap (SIC) del DNI de su hija. Dicha situación se concretó y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F. solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más”, afirma la presentación escrita.

Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F. se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO donde en ese momento se vivía “un clima de tensión”.

En segundo lugar, se rompió la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, por lo que aquella le dijo a su hija que no concurriera más a trabajar al ministerio.

“En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $, situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria”, señala el Ministerio Público Fiscal.