El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne cuestionó el déficit fiscal del gobierno de Alberto Fernández, reclamó un desarme de los controles cambiarios para cerrar la brecha, pidió una reforma jubilatoria y anticipó que el año próximo podría haber una inflación más alta que la que se espera para este año.

En una disertación ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ex funcionario habló además sobre su paso por la función pública y la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri e hizo autocrítica sobre qué debería haber hecho esa administración para evitar el impacto de la crisis financiera de 2018.

“En 2016 durante el primer año en lugar de bajar el déficit lo elevamos un poco, y se tomaron decisiones de gasto como la reparación histórica y donde además ese déficit que creció un poco tenía un componente de ingreso del blanqueo. Si de entrada empezábamos a bajar el déficit hubiéramos estado mejor parados para afrontar la sequía o la suba de tasas de interes en Estados Unidos en 2018″, mencionó.En 2016 durante el primer año en lugar de bajar el déficit lo elevamos un poco, y se tomaron decisiones de gasto como la reparación histórica y donde además ese déficit que creció un poco tenía un componente de ingreso del blanqueo. Si de entrada empezábamos a bajar el déficit hubiéramos estado mejor parados” (Dujovne)

“Entre 2015 y 2019 hicimos un intento que no pudo ser el defintivo. No logramos generar la continuidad para seguir adelante con las reformas, habremos corregido errores y la sociedad quiso pbobar otra cosa. Pero también sembramos una semilla y generamos una alternativa de poder que mantuvo un caudal electoral muy elevado, tan mal no habremos hecho las cosas”, apuntó Dujovne.

Entre los cuestionamientos centrales que hizo el ex jefe del Palacio de Hacienda a la administración actual mencionó como principal la política fiscal. “La Argentina va a terminar este año con un déficit cercano a 4 punto del PBI. La proyección pasiva, es decir si no se hace nada, es de 5 o 5,5 puntos del Producto en 2022″, estimó.

“Esa es una proyección conservadora. Desde ahí habría que trabajar para bajar ese déficit. ¿Y bajarlo a cuánto? A 2 o 2,5 por ciento del PBI. Porque la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Y si no convergemos a un déficit más bajo la emisión va a ser tan alta que vamos a ver una aceleración de la inflación muy dolorosa especialmente para los sectores más vulnerables”, continuó el ex funcionario.

Por otro lado, Dujovne reclamó terminar con los controles cambiarios y debatir una reforma jubilatoria. “Tenemos que recuperar la movilidad de capitales. Los controles son una excepción. Es comprensible en situación de emergencia pero no pueden ser permanentes. Es difícil tener un proceso de inversión con controles tan estrictos como los que tiene la Argentina. No hay alquimia para removerlos, se necesita una situación fiscal balanceada y recuperar la confianza. Cuando ello ocurre los controles son redundantes”, agregó Dujovne.

Y respecto a una reforma previsional, dijo que es “un tema del que no se habla”. “Cuando se aprobó la reparación histórica, un componente de la ley era que generaba el mandato de formar una comisión en el Congreso para discutir una reforma previsional. Tiene que ser una que genere consensos a nivel político y transversal porque está llamada a perdurar durante décadas”, dijo.

“Sin afectar a los jubilados que ganan jubilaciones bajas y sin afectar derechos adquiridos, pero hay que ir corrigiendo los desequilibrios”, consideró. Y en ese sentido apuntó que existen ”muchos regímenes que aportan poco como los monotributistas o la cantidad de pensiones por invalidez, que solo un país que pasó por una guerra atroz tiene, deberia haber menos de un cuarto. Hay que ver como salimos de estos problemas. Y hay que empezar por un problema central del sistema previsional, que es un sistema binario: quien aportó 29 años no tiene jubilación y quien tiene 30 años sí”, agregó.“Si no convergemos a un déficit más bajo la emisión va a ser tan alta que vamos a ver una aceleración de la inflación muy dolorosa especialmente para los sectores más vulnerables” (Dujovne)

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario y el proyecto de estimaciones plurianuales que presentará el Gobierno en el Congreso en diciembre, Dujovne afirmó que “está claro que creemos como espacio político lo que necesita la Argentina”. “El equilibrio fiscal tiene que ser buscado denodadamente por las autodarides para recuperar un sendero de crecimiento”, continuó.

“Está claro que cualquier cosa que propenda a transitar ese camino va a ser vista con buenos ojos. Muchas veces en estos dos años cuando escuchamos decir que para el Gobierno sería bueno un acuerdo, a veces usamos ‘acuerdo’ como un sinónimo de ‘programa economico’. Sería bueno que primero tenga un programa económico, eso es lo que necesitamos. Tener un programa creíble y que resuelva los desequilibrios de la actualidad” aseguró el ex ministro.

“Esto es un déficit más bajo y emitir menos dinero que permita bajar la brecha cambiaria. Antes de pensar en el acuerdo con el FMI, tenemos que pensar que necesitamos un programa económico. Cuando uno mira el Presupuesto 2022, eso no lo es. Hay un volumen gigantesco de emisión y financiamiento de organismos internacionales que no se explicita”, dijo Dujovne.

El economista, consultor e investigador universitario César Herrera indicó que el paquete de medidas del gobierno nacional tiene origen en la fuerte pérdida del poder adquisitivo, por lo tanto se aplican congelamiento de precios y una canasta básica de productos de segundas y hasta terceras marcas para «ayudar» a la población.

«El consumo depende mucho del salario real, que es lo que ha perdido muy fuertemente. La pérdida del salario real ronda el 14 a 15 por ciento, que es muchísimo. En Chubut, el salario privado perdió un 17%. Ahí tenemos la pauta de porqué sale este paquete de medidas», dijo Herrera en El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

«Además de los datos también hay que analizar el discruso. Discursivamente, el gobierno competía con el gobierno anterior, denostaba las políticas de control de precios a las que ahora tiene que recurrir», explicó el docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

«Cuando uno le dice a la población ‘consuma más’, le está diciendo que en el futuro va a tener que restringir sus gastos. En limpio: si me dan una tarjeta o un préstamo, puedo endeudarme hasta un límite. Claramente las medidas apuntan a los sectores medios y bajos por el impacto que ha tenido la inflación en los productos de la canasta básica».

Para Herrera, las medidas son de corto plazo y no coinciden con la ideología que venía sosteniendo el gobierno nacional. Por ejemplo, los préstamos personales significarán un incremento del gasto público, algo que tuvieron que negociar con el Fondo Monetario Internacional.

Además, Herrera mencionó que las grandes cadenas de supermercados persiguen el poder adquisitivo y mencionó un estudio que coordinó para la UNPSJB: «los supermercados no se fijan tanto en el costo del flete -para trasladarlo al precio final- sino que en el salario real. Si en Trelew se puede pagar menos porque hay menor poder adquisitivo, habrá una variación a la baja de los precios. En Comodoro sale ‘más caro todo’ porque se fijan en el poder adquisitivo de la principal economía que es el petróleo y actividades conexas».

El Fondo Monetario Internacional aclaró el destino de los u$s 10.870 millones que ingresarán al país una vez que lo máximas directivos del organismo aprueben la última revisión del rumbo económico de la Argentina.

“Los fondos a ser girados son para apoyar a los requisitos de las cuentas públicas previstos en el Presupuesto”, remarcó el vocero de la entidad, Gerry Rice, en una conferencia de prensa desde Washington.

“Los fondos que están disponibles en el programa son para apoyar el Presupuesto y han sido pedidos por las autoridades. Esto es la esencia de lo que hace el FMI y esperamos de cubrir la necesidades financieras del gobierno en los próximos meses”, sostuvo Rice.  “Este es el objetivo principal del programa”, agregó el funcionario de FMI.

Según confirmó Rice, los fondos se girarán a la Argentina una vez que el Board se reúna a analizar el informe elaborado por la misión que encabezó el Roberto Cardarelli. “Está dentro del cronograma, será en un par de semanas”, enfatizó el portavoz.

El Fondo sostuvo en ese reporte que la actividad económica fue “débil”, pero que “hay buenas perspectivas para una recuperación gradual”. Asimismo, y en referencia al control de la inflación, los expertos del FMI celebraron la decisión del Gobierno de extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre y de disminuir el ritmo al que aumentarán los límites de la zona de no intervención.

En el informe de Cardarelli se dejó en claro que la Casa Rosada cumplió su objetivo de déficit primario de 2018, pero advirtió que para lograr un déficit primario Cero en 2019 se requerirá una “mayor restricción en el gasto gubernamental”.

Sin embargo, Rice negó que el organismo haya solicitado un mayor ajuste fiscal y precisó que el FMI “no solicitó nuevos requerimientos ni objetivos” a la administración de Mauricio Macri. “No hay nuevos requerimientos ni objetivos. El objetivo del Gobierno argentino es lograr déficit fiscal cero para este año. Esto demandará un férreo control de los gastos primarios, pero esto no es nuevo. Esto es algo que estuvo en el programa desde el principio y nuestra visión es que las autoridades argentinas están comprometidas en lograrlo”, expresó el vocero.

Rice también manifestó la preocupación del Fondo por el impacto social y ratificó que otro destino de los fondos del stand by llegará a los más lo necesitan, con un incremento del gasto social autorizado que pasó de 0,2% al 0,3% del PBI, unos $ 20.000 millones. “Es importante destacar que (la situación) es crítica, que el impacto social es alto. (Los fondos) están preservados para este año y más allá, y se incluyeron medidas para fortalecer esta situación”, precisó en la conferencia.

Otro destino lo anticipó Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda informó que a partir de abril podrán subastar hasta u$s 60 millones diarios para mantener el tipo de cambio bajo control.

Rice minimizó el arribo de los fondos en un contexto de previa electoral y señaló que el organismo no busca beneficiar a Cambiemos en detrimento de la oposición. “Tengo que clarificar este tema. El FMI apoya a sus países miembros y a su gente, y lo hacemos más allá de la situación política. El FMI está dispuesto a trabajar con cualquier Gobierno argentino para ayudar al país a moverse en el camino del crecimiento sostenido y de alto empleo. Quiero ser claro en este punto”, enfatizó el delegado del Fondo.

El dólar mantuvo el sesgo alcista de la jornada anterior, aunque moderó la suba gracias a un nuevo retoque la tasa de interés, que en promedio ascendió a cerca del 65%.

El Banco Central (BCRA) convalidó nuevas subas de los rendimientos a través de 2 nuevas subastas de sus Letras de Liquidez (Leliq). La tasa promedio total finalizó la rueda en 64,885%, pero en la 2da licitación trepó hasta el 65,407%.

«La suba de la tasa de hoy fue de 101 puntos básicos, la mayor desde el 13/03. Es decir, poco más de una semana. En lo que va del mes, la suba acumulada de tasa es de 1.476 pbs. Ya estamos 2.095 pbs arriba del mínimo del 14/2, hace poco más de un mes», reseñó Gabriel Camaño de Consultora Ledesma.

A fuerza de estas subas, que condicionan aún más la recuperación económica por obstaculizar el crédito para la inversión y el consumo, el dólar recortó la fuerte suba inicial que había tenido en el inicio de la jornada.

En el mercado mayorista, la cotización finalizó la rueda en $40,85, luego de tocar máximos de $41,33. Así, el dólar interbancario tuvo como saldo una suba de 35 centavos en comparación con el cierre previo.

En la punta minorista, en tanto, la cotización cerró en $41,954, con una suba de 36 centavos en relación al cierre del miércoles.

«En una rueda de alta volatilidad y fluctuación, la divisa norteamericana operó con una fuerte suba inicial que se diluyó al transcurrir la mitad de la sesión. La suba de la tasa de LELIQ logró revertir el alza inicial y recortó fuertemente la corrección alcista de hoy», indicó Gustavo Quintana, de PR.

La corrección al alza de las Leliqs pone en duda la duración de la recesión, ya que es un freno importante para la reactivación.

Los altos rendimientos, que lentamente se acercan a los máximos históricos, no se condicen con la mirada oficial, que asegura que la «economías comenzó a recuperarse»,como lo sostuvo este miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Estamos saliendo de un año difícil, como fue el 2018. Tenemos una economía que desde diciembre ha empezado a recuperarse y que va a continuar en esta senda de crecimiento con un fuerte impulso de las exportaciones. Vamos a tener un año de crecimiento exportador de dos dígitos, como no ocurría desde 2011. Y ese fenómeno no se explica solo por la cosecha récord, sino que están madurando muchas de las reformas que implementó el presidente Macri cuando asumió en diciembre de 2015”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

Tras los dos grandes anuncios económicos del jueves por parte del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central Guido Sandleris, el mercado reaccionó positivamente instalando una importante oferta de dólares desde el inicio de la rueda que llevó al tipo de cambio a retroceder 63 centavos.

Esta vez no fue necesario otro shock en la tasa de interés, que tanto en la licitación de Leliq matutina como vespertina, se mantuvo constante y terminó con un promedio de corte de 63,74%, es decir, sólo diez puntos básicos por encima de la última jornada.

Aun así, logró renovar casi la totalidad de los vencimientos de la fecha al adjudicar $204.863 millones de pesos, que mantienen el sendero para alcanzar la nueva meta de sobrecumplimiento de marzo.

En la city recibieron con entusiasmo la confirmación de que el Tesoro subastará 9.600 millones de dólares entre abril y diciembre, que si bien lo justifican como una necesidad de cambiar el «exceso de dólares» para financiar gastos en pesos, en realidad es un claro mensaje para demostrar el poder de fuego con el que contará para domar la divisa.

A su vez, también fue visto positivamente el endurecimiento de la política monetaria que ratificó Sandleris, luego del alarmante dato de la inflación de febrero que se disparó al 3,8%.

«Dio el mensaje que tiene que dar un Banco Central que está comprometido con defender el valor de la moneda cuando encuentra datos que son negativos referente a la desvalorización de la misma. Estos anuncios traen confianza en el peso y como consecuencia la apreciación que estamos observando», indicó a LPO el economista Gabriel Zelpo, de la consultora Elypsis.

De esta manera, el dólar se acercó nuevamente al piso de la banda cambiaria al cerrar a $40 en el segmento mayorista y a $41,13 en el promedio minorista, valores que no se veían desde el 1 de marzo.

Esta apreciación del 1,88% fue la más notable entre las monedas emergentes, aunque hay que destacar que todas ellas se vieron beneficiadas de un escenario internacional favorable que ayudó a que recuperen parte de su valor.

Gustavo Lopetegui ha asumido como secretario de Energía para cumplir los objetivos dictados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su pacto con el FMI: rebajar los subsidios a la producción de gas y los pagos por capacidad a las generadoras eléctricas, lo que ha provocado incertidumbre sobre la política energética en la Argentina, incluido el proyecto estrella de Vaca Muerta. Sobrevendrían nuevos tarifazos, que recalentarían una inflación del 47% en 2018 –la mayor en 27 años– y que se prevé del 29% para 2019.

La resolución 46 que firmó en 2017 el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró US$ 7,50 por millón de BTU a los productores de nuevos proyectos de gas en esa formación de Neuquén donde se emplea el fracking. En las licitaciones de gas entre centrales eléctricas, se pactó un precio de 2,50. El Estado debe cubrir los 5 de diferencia. “La resolución 46 favoreció que las petroleras ofrecieran el gas por debajo del costo porque el subsidio les aseguraba 7,50”, advierte un consultor.

Esto se originó por la combinación de la resolución de Aranguren y la decisión de fin de año de su sucesor, Javier Iguacel, de liberalizar las compras de gas entre las eléctricas. Además el primer ministro de Energía de Mauricio Macri olvidó ponerle techo al monto de subvenciones, con lo que el gasto público podía saltar si la producción ascendía rápido, como sucedió en la cuna del fracking, EE UU. Así fue cómo se disparó la producción de Tecpetrol, la petrolera de Techint, que explicó 80% del aumento del volumen de gas de Vaca Muerta en 2018.

Pero Dujovne bajó el pulgar a los subsidios abultados y echó a Iguacel. Lopetegui está negociando con las petroleras rebajarlos a US$ 2 o 2,50 y ponerles tope, salvo en el invierno, cuando aún queda un déficit en el autoabastecimiento.

Aranguren e Iguacel habían aprobado que siete proyectos recibieran la ayuda. El principal es el del grupo de Paolo Rocca, pero también están los de CGC (de Eduardo Eurnekian), YPF, la francesa Total, PAE (50% de la británica BP, 25% de la china CNOOC y 25% de los Bulgheroni) y la alemana Wintershall, solos o en consorcios. Otras iniciativas fueron aprobadas por Neuquén, pero no por la Nación, aunque Lopetegui les autorizaría subvenciones sólo en invierno. Son los de las norteamericanas ExxonMobil y Dow, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Pluspetrol (de Edith Rodríguez de Rey y Héctor Poli), pero también otros de YPF y Tecpetrol, en solitario o en sociedad.

“Estamos atrapados sin salida: si la unica carta energética son los hidrocarburos, y puntualmente Vaca Muerta, y esta sólo funciona con subsidios exorbitantes que el Estado no puede solventar, el proyecto energético del PRO genera una gran incógnita”, plantea el presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, el radical Jorge Lapeña. El argentino que fundó el Centro de Cambridge por el Ambiente, la Energía y la Gobernanza de los Recursos Naturales, Jorge Viñuales, advierte: “El que hoy invierte en combustibles fósiles puede obtener una rentabilidad de corto plazo, pero no en el mediano. De acá a 20 o 30 años cambiará la demanda por autos eléctricos, eficiencia energética y energía renovable”.

Un consultor aplaude que se termine con la idea de alentar al inversor con subsidios y que se la aliente con contratos de largo plazo, aunque admite que en una primera instancia caería la inversión, lo que revertiría la tendencia ascendente de producción en 2020. El aliciente radica en que bajó el costo de producción de los pozos no convencionales a partir de la experiencia.

Tranquilo. “Hay un reacomodamiento, no un cambio de rumbo”, opina un accionista de las petroleras argentinas, que recibe permanentes llamados de los bancos para monitorear qué pasará con la deuda que contrajeron para invertir. “Siempre que hay un cambio de reglas se abre la puerta judicial, pero el arte del Gobierno es buscar que a nadie le convenga reclamar”, agrega.

En una petrolera extranjera defienden “el imperio de la ley” y ponen en duda e ritmo de sus inversiones. La alternativa sería el petróleo, pero el barril se ha abaratado 25% en seis meses, a US$ 50, y el Gobierno ha impuesto retenciones.

¿Las petroleras dejan de ser las grandes ganadoras del modelo? “Las grandes ganadoras fueron las transportadoras y distribuidoras de electricidad y gas”, opina un consultor. Pero algunas de estas plantearán al Gobierno que, tras la devaluación de 2018, les resultará imposible cumplir con las inversiones que acordaron a cambio del tarifazo. Iba a ampliarse el transporte eléctrico con participación público-privada (PPP), pero estas sufren la falta de crédito del país. Petroleras piden más gasoductos y oleoductos para llevar el fluido al puerto. Además reclaman que la Argentina firme contratos de abastecimiento con otros países.

En una de las grandes empresas de energía advierten que el recorte de subsidios al gas puede llevar a que las petroleras pidan más dinero por él a las industrias, las distribuidoras –que demoran medio año en trasladar el incremento a los hogares– y las centrales eléctricas. Estas, a su vez, trasladarán el aumento a los clientes: primero a los grandes y, a mediados de 2019, a los residenciales. Todo esto se agregará a los aumentos de gas y electricidad anunciados por Iguacel antes de irse. Además, las distribuidoras eléctricas esperan que en febrero se concrete un incremento demorado hace seis meses por la crisis.

A las generadoras eléctricas se les acabará el negocio de comprar gas hasta por US$ 2,50 y que el Estado les asegure en el mercado mayorista 4,20, como ahora. Además, Lopetegui quiere rebajar a la mitad el pago por capacidad a las centrales, de modo de contrarrestar el impacto de la suba del gas. Las eléctricas piden que se liberalicen sus ventas. De los proyectos que licitó el Gobierno para ampliar centrales térmicas e instalar parques solares y eólicos, algunos se terminaron y aseguran el abastecimiento, otros esperan financiamiento y hay algunos abortados cuyas garantías fueron ejecutadas por el Estado.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que el Gobierno «sobrecumplió» el objetivo de déficit planteado para el año pasado, que era un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 2,7 por ciento del PBI. El 2018 cerró finalmente con un 2,4 por ciento del PBI, porcentaje que representa unos 338 mil millones de pesos.

«Con estos números, la Argentina cierra 2018 con un resultado primario negativo de 338.987 millones de pesos, que es 2,4 puntos del PBI, que comparan con un déficit primario de 3,8 puntos del PBI en 2017. Es decir, hemos tenido una mejora del déficit primario de 1,4 punto del Producto», subrayó Dujovne. «Hemos cumplido con las metas del Fondo. Y hemos sido muy disciplinados desde el lado del gasto», resaltó el jefe del Palacio de Hacienda, en conferencia de prensa.

El ministro detalló además que el déficit financiero fue de 727.927 millones de pesos (cerca de 19.300 millones de dólares, un 5,2 por ciento del PBI).

En ese sentido, Dujovne puntualizó: «Dado que la cuenta de intereses se sitúa en 2,8 puntos del PBI, desde 2,1 puntos del año interior, esa cuenta aumentó 1,6 puntos del Producto y el déficit financiero entonces no tuvo toda la caída que reflejó la baja del déficit primario. El déficit financiero, es decir después de intereses, bajó de 6,2 del PBI (en 2017) a 5,2 por ciento, con una mejora de ocho décimas del PBI».

En este marco, el Ministerio de Hacienda explicó que en un reporte distribuido a la prensa que en 2018 el Estado Nacional perdió recursos por 0,6 por ciento del PBI por la reforma tributaria, la devolución 3por ciento  de ANSeS a las provincias y el Pacto Fiscal, por cuanto «el esfuerzo fiscal logrado es equivalente a 2 puntos del PBI».  Asimismo, precisó que el gasto primario del sector público nacional cayó 2 puntos porcentuales en términos del PBI en 2018, para acumular una baja de 4 puntos respecto a 2015 y consolidar el gasto más bajo desde el 2012.

Las cifras del Banco Central del cierre de año señalan la fuerte caída en el monto de créditos del sistema financiero al sector privado, pese a que crecen los depósitos, sobre todo a plazo, atraídos por los altos rendimientos. La política de altísimas tasas de interés, que el gobierno ha vuelto a ratificar, es la herramienta con la que las autoridades buscan controlar el dólar, pero tiene como contracara la agudización de la recesión y el riesgo de continuidad para muchas empresas que no tienen acceso al crédito, justo en una etapa de caída de la demanda y alza en los costos. El fenómeno no es distinto al que surge de una política dura de tarifazos, de la que se anunció recientemente un nuevo capítulo, con los cuales se busca equilibrar las cuentas públicas pero al costo de sumergir en una depresión del consumo a las familias y condenar a miles de empresas a no poder afrontar los costos de producción. Puesto en los últimos días ante la opción de responder a las presiones de los especuladores financieros, que le exigían una demostración de fuerza que confirmara que podría cumplir sus compromisos financieros, y una sociedad que le reclama ponerle freno a los ajustes, el gobierno volvió a elegir el rumbo que le señala el programa sellado con el FMI. Más ajuste fiscal, más ajuste monetario, al costo de mayor recesión, más cierres de empresas y mayor depresión de la capacidad de consumo familiar. Ni el calendario electoral le cambió esa lógica.

Mientras que en las calles tronaban las cacerolas y las estadísticas seguían revelando una crisis productiva inédita en las últimas décadas, Macri, Dujovne, Peña, Lopetegui y otros en su entorno seguramente escucharían, complacidos, el arrullo de un riesgo país retrocediendo y un tipo de cambio acercándose al borde inferior de la banda de flotación. El compromiso del ajuste está tomado, y llega hasta las elecciones. lo que es decir, hasta las últimas consecuencias.

Los préstamos al sector privado en pesos tuvieron, a lo largo de 2018, un aumento del 16,6 por ciento. Esto es, aproximadamente 30 puntos por debajo de la inflación esperada, lo cual representa una pérdida real de más del 20 por ciento en 12 meses (debería haber crecido de un valor inicial de 100, a 146 para mantener el mismo nivel real, pero sólo aumentó a 116: esos 30 puntos de pérdida son el 20,5 por ciento de 146).

Si se observa la evolución por tipo de crédito, los que más sufrieron el deterioro son los créditos documentarios, ya que tuvieron una caída en términos nominales del 13,3 por ciento. Esto es, en términos reales la caída es del 60 por ciento (por la inflación más la caída nominal, ya que en vez de haber llegado a 146, bajó a 86,7). Esta denominación corresponde a los préstamos por descuento de documentos, por ejemplo el canje de cheques al banco, que es la forma más usual que utilizan las empresas para financiar capital de trabajo. Es decir, descuentan los cheques diferidos que reciben de sus clientes para tener el dinero disponible antes. Su magnitud puede dimensionarse tomando de referencia que, hace un año, los préstamos documentarios representaban un valor equivalente al total de deudas del público por tarjetas de crédito con el conjunto del sistema bancario (alrededor de 290 mil millones de pesos en cada caso, al cierre de 2017). Al finalizar 2018, el total de préstamos contra documentos sumaba poco más de 250 mil millones de pesos, mientras que el saldo de préstamos por tarjeta de crédito ascendía a cerca de 375 mil millones de pesos (con un aumento interanual de 26,6 por ciento, unos 20 puntos por debajo de la inflación). Es otra forma de ver la pérdida de posibilidades de financiamiento para las pymes, particularmente.

El otro sistema de préstamo tradicionalmente utilizado por las empresas –en particular, las pymes– es el de Adelantos en cuenta corriente (autorización de giro en descubierto). La evolución en el último año indica un aumento nominal del 23 por ciento, que equivale a una caída en términos reales del 16 por ciento. Aunque muy usual, es el mecanismo de financiación más caro y, en los últimos meses, se llegó a pagar tasas de hasta el 100 por ciento anual por este tipo de crédito, por esa misma razón utilizado como mecanismo de última instancia. Aunque, para muchos, resultaba el único al cual se podía acceder.

Para el público en general, salvo los créditos hipotecarios, que exhiben un aumento nominal del 62,4 por ciento (unos 15 puntos por arriba de la inflación), el resto refleja una fuerte caída en términos reales, al registrarse un aumento nominal del 10,6 por ciento en los créditos prendarios en pesos (35 puntos menos que la inflación) y 19,2 por ciento en los créditos personales, también en pesos (casi 30 puntos menos). Esta divergencia se explica por el mecanismo de captación de cada una de estas modalidades. Los créditos hipotecarios, principales los ajustables por UVA, se ofrecen con una muy baja tasa de interés y una cuota inicial muy atractiva, pero luego la actualización va estrangulando las posibilidades de pago de la cuota. En el último año, se estima que la cuota promedio de estos créditos aumentó un 50 por ciento. Como el capital adeudado también se actualiza, en los registros del Banco Central aparece un incremento del monto global de prestamos acordados, que seguramente no responde a la contratación de nuevos créditos, sino a la indexación de los ya vigentes. Los créditos personales y prendarios, en cambio, con una alta tasa de interés o ligados al precio del bien a comprar (vehículos, por ejemplo), han dejado de ser atractivos y cayeron al compás de la recesión reinante. Como son a menor plazo, las estadísticas verifican que a medida que vencen los anteriores, no se está adhiriendo una cantidad equivalente de interesados para firmar nuevos créditos.

Tarifas 

El impacto “macro” del aumento anunciado en bloque de las tarifas del transporte público, el gas, la electricidad y el agua domiciliarios representaría una reducción del gasto público por menores subsidios de alrededor de 2000 millones de dólares (más de 80 mil millones de pesos en términos presupuestarios) para 2019, y un incremento directo de la inflación de poco más de 4 puntos en el año. Estos números surgen de estimaciones oficiales y de consultoras privadas muy vinculadas al establishment. Pero en el cálculo “macro” que hacen no entra el impacto social o en el presupuesto de los hogares de clase media y media-baja, particularmente del área metropolitana bonaerense (el mayor centro urbano del país) de los aumentos acumulados que percibirán en agua (48,5 por ciento), electricidad (55), gas (se prevé un 35), y en el transporte en colectivo, subte y tren, que oscilan entre el 40 y el 50 por ciento.

La otra economía

El gobierno exhibe con orgullo lo que “se ahorra” con la reducción de subsidios, a expensas del bolsillo de los usuarios, para alcanzar el tan ansiado “déficit cero” (antes del pago de intereses de la deuda, porque estos llevarán el déficit total a cerca de 4 puntos del PBI). El Banco Central muestra “la solidez del sistema” en los indicadores de liquidez y en una relación auspiciosa entre pasivos monetarios y reservas internacionales, pero a costa de un endeudamiento en crecimiento constante y bancos que se van divorciando de lo que sucede en la economía real. Cae la producción y el empleo, mientras el gobierno recorta transferencias a la población para garantizar el pago de la deuda. Y cuanto menos recursos genera, más se endeuda. Esta lógica es la que aplauden los fondos especulativos, aunque la población lo sufra. Es por eso que cuando el gobierno endurece las medidas contra la población, el riesgo país baja, crece la confianza de los especuladores. No es una contradicción, es la lógica del modelo, las dos caras de una misma moneda.

La deuda externa se ubicó en 254.980 millones de dólares en el tercer trimestre. Se trata de un incremento del 17,2 por ciento, equivalentes a 37.470 millones de dólares, respecto de igual período del año pasado, cuando el stock se ubicaba en 217.510 millones. Los datos fueron publicados en el último informe del balance de pagos del Indec. El monto total de la deuda tuvo un leve descenso, del orden de los 6.200 millones, con respecto al valor acumulado al 30 de junio, fundamentalmente porque las emisiones se vieron bloqueadas por la negativa del mercado financiero internacional a receptar nuevas colocaciones. Este año el equipo económico sólo pudo incrementar sus pasivos con el mercado internacional en enero, cuando realizó una emisión de bonos por 8.000 millones de dólares. A partir de ese momento, el Gobierno perdió la credibilidad de los inversores internacionales y debió refugiarse en los créditos de urgencia del FMI y el Banco Central de China.

El documento del centro de estadísticas oficial detalló la composición de la deuda externa por sector. El Tesoro acumula pasivos por 158.412 millones de dólares. De ese total 109.705 millones se explican por emisión de bonos, mientras que el resto son instrumentos clasificados como préstamos, en donde se computan los desembolsos de los organismos internacionales. El Banco Central, en tanto, cuenta con una deuda externa de 16.544 millones de dólares. Esta cifra se explica por 2.354 millones de dólares computados como derechos especiales de giro (DEGs), 1499 millones de títulos de deuda y 12.691 millones en préstamos. Entre el Tesoro y el Banco Central acumulan deuda con acreedores extranjeros por 174.956 millones de dólares, cifra que equivale al 68 por ciento del total de la deuda externa de la Argentina.

El sector privado no financiero (principalmente empresas) explica 70.536 millones de dólares de la deuda externa. El detalle del Indec precisó que de ese total, 14.412 millones de dólares se deben a títulos de deuda, 9.110 millones de dólares a préstamos, 23.786 millones a créditos y anticipos comerciales y 281 millones a otros pasivos. En lo que refiere a las entidades financieras, es decir bancos e instituciones con capacidad para captar depósitos de terceros, se acumulan 9.482 millones de dólares. De este total, 2.851 millones se explican por títulos de deuda, y otros 4.821 millones son instrumentos de préstamos.

El balance de pagos del Indec, además de la deuda externa, ofrece datos sobre la evolución de la cuenta corriente. El documento precisó que hubo un déficit de 7.591 millones de dólares en el tercer trimestre del año, cuando había sido de 8.266 millones de dólares en igual período del año pasado. En los primeros nueve meses de este año, acumula 25.799 millones de dólares. La devaluación de este año no resultó en una reducción importante del rojo de la cuenta corriente. En el detalle de este desequilibrio, se precisó que por bienes se perdieron 792 millones de dólares, en tanto que por servicios el rojo fue de 2.122 millones. En este último rubro se computan los desequilibrios por el turismo. Otro de los conceptos que generaron un rojo importante en la cuenta corriente fue el pago de intereses de la deuda. Esto se computa en la renta de la inversión, la cual acumuló un rojo neto de 4.905 millones.

En cuanto a la cuenta financiera, el déficit fue de 7.374 millones de dólares. El informe del centro de estadísticas oficial registró además que la caída de las reservas internacionales en el tercer trimestre de este año fue de 12.287 millones de dólares. Esto se explicó por las políticas fallidas de intervención cambiaria junto con un aumento de la fuga de capitales, la salida de depósitos de los bancos y el pago de deudas del sector público que no fueron refinanciadas por los acreedores. Las reservas del Banco Central este año únicamente aumentaron por el ingreso de divisas vinculado con el préstamo de urgencia del FMI y del swap con China.

Durante los primeros diez meses del año el gobierno argentino destinó 366.226 millones de pesos al pago de intereses de la deuda externa. Fueron 36.622 millones de pesos mensuales, 1209 millones de pesos diarios, 50 millones de pesos por hora o 840 mil pesos por minuto. Los datos oficiales muestran cómo entre enero y octubre los fondos destinados al pago de vencimientos anotaron una escalada de 71,8 por ciento frente al mismo período del año pasado. El último Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional elaborado por ASAP permite estimar que, a lo largo de los primeros diez meses del año, 14,80 de cada 100 pesos del presupuesto fueron al pago de los intereses. Más de la mitad de las obligaciones corresponden a bonos y títulos colocados durante 2017.

El nuevo ciclo de endeudamiento iniciado con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada convirtió a los vencimientos de la deuda en el segundo rubro más importante del gasto público. A lo largo de los últimos meses la carga de esos pasivos desplazó a los ajustados subsidios, servicios sociales y salarios estatales para ubicarse sólo detrás de la seguridad social que, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones, se mantiene como el ítem más significativo de las finanzas públicas. El escenario se mantuvo inalterado en octubre.

El acelerado crecimiento en el peso de los vencimientos de la deuda los condujo a asumir una dimensión en el presupuesto similar a la registrada antes del colapso de 2001. Los datos correspondientes a octubre exhiben además un salto en los intereses de 232,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, al trepar de 14.924 a 49.678 millones de pesos mensuales.

Los compromisos asumidos por las autoridades argentinas para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen como objetivo garantizar el repago de la deuda pública. O sea, intenta despejar el riesgo de default. Recortar las transferencias a las provincias, minimizar el financiamiento para las empresas públicas, acelerar la quita de subsidios, reformar la seguridad social, reducir el empleo público y ajustar la obra pública, representan los pilares fiscales del programa de austeridad. Con el objetivo de alcanzar el “déficit cero”, el plan acordado con el organismo multilateral prevé un profundo recorte de la inversión estatal. Pero, aunque el retaceo de fondos se agudizó con la firma del acuerdo stand-by, los tijeretazos comenzaron antes.

El informe de ASAP evidencia que el financiamiento de la obra pública se contrajo entre enero y octubre un 13,8 por ciento frente al mismo período de 2017. La reducción está expresada en términos nominales: fueron 22.251 millones de pesos menos que los computados en los primeros diez meses del año pasado. En otras palabras, la contracción no dimensiona el efecto de la aceleración de la inflación sobre la capacidad de compra de insumos, maquinaria y salarios.

El fondeo para obras viales, educativas, sanitarias recibieron apenas 11.585 millones de pesos por mes, 459 millones de pesos al día, 19 millones de pesos por hora o 318 mil pesos por minuto. Las cifras representan un tercio de los fondos destinados a pagarle a los acreedores locales y externos que circulan por la ancha y bien señalizada autopista financiera habilitada por el gobierno de Cambiemos. El comportamiento de la obra pública es una decisión política ejecutada desde tres ministerios –Interior y Obra Pública, Transporte y Educación–, para cumplir con las ajustadas metas presupuestarias autoimpuestas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) estimó un fuerte retroceso para la economía argentina. El organismo calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) retrocederá 2,8 por ciento este año y 1,9 por ciento en 2019. La entidad adelantó que la recesión se mantendrá el próximo año por efecto del ajuste fiscal. Las proyecciones de la institución mostraron un importante deterioro en este informe respecto del documento anterior, en el que se esperaba un crecimiento de 0,1 por ciento el próximo año. La economía local no consiguió salir de la espiral recesiva en la que ingresó tras el inicio de la corrida cambiaria a partir de abril. Las medidas conservadoras del equipo económico fueron un elemento que potenció el efecto contractivo.

El pronóstico de crecimiento para este año también mostró un fuerte retroceso desde la última publicación de mayo. En ese momento se esperaba una expansión del PBI del 2,5 por ciento y la caída se estima ahora en 2,8 por ciento. Ahora la OCDE considera que el crecimiento recién llegará a partir de 2020. Sería de 2,3 por ciento. La entidad, por las dudas, abrió el paraguas sobre ese pronóstico y mencionó que la estimación podría verse afectada por una contracción de la demanda interna mayor de la prevista.

La clave de la recesión radica, según la OCDE, en el endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias del Gobierno. Las conclusiones del informe anticipan el impacto real que tendrá la profundización del ajuste fiscal que impulsa Macri para llegar al equilibrio de las cuentas públicas en 2019 exigido por el FMI y el endurecimiento de la política monetaria con tasas de interés récord que el Banco Central puso en marcha el 1 de octubre. La mala performance de la macroeconomía no implica que los funcionarios hayan desistido de la idea de integrarse a la OCDE.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, renovó las promesas argentinas durante una reunión con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, ante quien ratificó el plan de acción de Argentina con el organismo. “Cuando pase esta tormenta, veremos fundamentos macro mucho más fuertes, una economía más competitiva, un país con instituciones más fuertes; y los mismos deseos y convicciones de crear mejores oportunidades para nuestros ciudadanos y una Argentina más fuerte y estable, lista para tener un papel activo y positivo en la comunidad internacional”, señaló Dujovne.

La respuesta del organismo no fue muy amigable. En su panorama sobre el país la OCDE señaló el fuerte deterioro de los indicadores sociales que ponen en juego el nivel de crecimiento prometido. De todas formas el organismo celebró el uso de políticas conservadores en materia de “consolidación fiscal”. También dio el visto bueno por el uso de “la política monetaria restrictiva para reducir los desequilibrios fiscales persistentes y de la cuenta corriente”.

La entidad mencionó que “la mayor independencia del Banco Central, si se implementa, ayudará a restaurar la confianza”. La declaración es un dardo directo al directorio de la autoridad monetaria que no respeta los criterios de independencia y responde en forma directa a los pedidos tanto del Tesoro como del Fondo Monetario Internacional.

En la OCDE plantearon que “una mejor cosecha y un tipo de cambio real depreciado apoyarán un crecimiento más fuerte de las exportaciones”. El organismo había recomendado en julio de 2017 flexibilizar el mercado de trabajo, privatizar empresas, eliminar los subsidios a la energía, recortar el empleo público, elevar la edad jubilatoria para las mujeres, sostener la política de altas tasas, mejorar el clima de negocios y profundizar la apertura comercial. Se trata de un recetario de políticas conservadoras que en períodos de estancamiento tienden a potenciar la crisis. Las consecuencias terminan observándose en términos distributivos. Los sectores de ingresos fijos (asalariados, jubilados y titulares de asignaciones) son los más perjudicados debido a la importante pérdida de la capacidad de compra.

El organismo fue algo más optimista para la estimación de crecimiento de la región. Mantuvo su previsión de crecimiento para Brasil para este año en un 1,2 por ciento y aseguró que se anotará un alza de 2,1 por ciento para 2019. En el informe de mayo, no obstante, había proyectado crecimiento de 2,9 por ciento para el próximo año. La entidad dejó sin cambios sus perspectivas para México, en el que se espera que el PBI crezca un 2,2 por ciento en 2018 y 2,5 por ciento el próximo año. En el caso de Chile se proyectó un avance de 4,1 por ciento para este año, mientras que se estimó un 3,7 por ciento de expansión para 2019. La Argentina, a diferencia del resto de los países grandes de la región, caerá este y el próximo año.

Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, las emisiones de deuda totalizaron 153.619 millones de dólares. De ese total, el Tesoro Nacional emitió 128.117 millones, nada menos que el 83,4 por ciento. A su vez, del total de la nueva deuda el 78 por ciento fueron colocaciones denominadas en moneda extranjera. Los datos surgen del relevamiento que todos los meses lleva adelante el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET). La deuda crece incluso a un ritmo más rápido que el observado durante la última dictadura militar.

Al comparar el crecimiento del stock de deuda externa total durante la última dictadura de 1976-1983, actualizado por la inflación de Estados Unidos, de aproximadamente 98.682  millones de dólares, con el crecimiento del stock durante el Gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 de 112.087 millones de dólares, notaremos que la suba en el stock es mayor para el gobierno actual, por una diferencia de 13.405 millones. En tan sólo tres años el Gobierno de Mauricio Macri habrá logrado un incremento en el stock de deuda externa total de 112.087 millones, un 13,6 por ciento más que lo que incrementó dicho stock durante los siete años de dictadura militar. Y si comparamos el crecimiento anual promedio del stock, el dato resulta aún más alarmante: mientras que en el período 1976-1983 la deuda externa incrementaba anualmente en promedio en 14.620 millones de dólares, actualmente lo hace en 37.362 millones de dólares, un 155,6 por ciento más. “La Deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos. La deuda se acelera por encima de los niveles que adoptó en la dictadura cívico militar, eso prueba que habrá un final anunciado”, destacó afirmó el rector de la UMET, Nicolás Trotta.

A pesar de que el gobierno no ha podido endeudarse en dólares en los mercados internacionales en estos últimos meses, las emisiones de Letes en dólares, destinadas al mercado local, han seguido realizándose con frecuencia. En septiembre el Tesoro Nacional emitió dos Letes en dólares por un total de 1.480 millones de dólares: las emisiones fueron de 763 millones y 717 millones cada una, con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019 y rendimientos de 7 y 6,5 por ciento, respectivamente. En lo que va de octubre, el Tesoro emitió dos Letes en dólares más: el 12 de octubre emitió Letes por 654 millones, con vencimiento el 24 de mayo de 2019 y rendimiento de 6 por ciento y el 26 de octubre emitió 815 millones de dólares con vencimiento el 26 de abril de 2019 y tasa de 5,5 por ciento. Además el costo de financiamiento de las Letes ha ido incrementándose en el tiempo a medida que las condiciones financieras de la Argentina se iban debilitando. Por ejemplo, para el plazo de 182 días, se observa que entre las emisiones del 11 de mayo y 26 de octubre el costo subió en 2,05 puntos básicos, mientras que para el plazo de 196 días, entre el 13 de abril y el 28 de septiembre, trepó en 3,51 puntos básicos.

A su vez, el Fondo Monetario ya giró desembolsos por 20.700 millones de dólares y se espera que el 15 de diciembre se sumen otros 7.700 millones de los 56.300 millones acordados.

Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se contabilizan emisiones totales en pesos bajo legislación local por parte del Tesoro Nacional de 919.990 millones de pesos, a un plazo promedio de 3,7 años; dónde 163.668 millones de pesos corresponden a 2016, 292.014 millones de pesos a 2017 y 464.309 millones de pesos a 2018.

Además, en septiembre el gobierno emitió Letes capitalizables en pesos bajo legislación local por 149.941 millones de pesos. El 14 de septiembre emitió dos Letes cada una por 37.976 millones y 4.591 millones, con vencimiento el 28 de diciembre de 2018 (plazo de 105 días) y el 29 de marzo de 2019 (plazo de 196 días), respectivamente, y cupones ambos del 2 por ciento capitalizable mensualmente. Luego el 21 de septiembre emitió 3 Letes más: por 42.712 millones de pesos, con vencimiento el 31 de enero de 2019 (plazo de 132 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; 20.624 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 160 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; y 44.038 millones de pesos, vencimiento el 30 de septiembre de 2019 (plazo de 374 días) y cupón del 3,45 por ciento capitalizable mensualmente. Por su parte, en lo que va de octubre emitió 101.956 millones de pesos. El 12 de octubre emitió una Lete por 26.956 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 139 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente, mientras que el 19 de octubre emitió dos Letes más por 35.000 millones y 40.000 millones, vencimiento el 30 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019 (plazos de 193 y 377 días) y cupones capitalizables mensualmente de 4 y 3,35 por ciento, respectivamente. Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se registra un stock de Letes del Tesoro en pesos por 311.341 millones, a un plazo promedio de 206 días. Si a este stock se le adicionan los otros 919.990 millones emitidos en pesos, el total de emisiones en pesos para la gestión completa asciende a 1.231.331 millones.