En este sentido, señaló que “los allanamientos se dieron a raíz de dos causas paralelas, una era manejada por la Policía Federal y otra por la División de Drogas”.

“El barrio 30 de octubre es complicado por las construcciones horizontales que tiene”, dijo.

Asimismo, aclaró que “los allanamientos se realizaron en el edificio 67 en un departamento de la planta baja y otro ubicado en el primer piso”.

“En total se hicieron cinco allanamientos en donde se secuestró cocaina fraccionada, armas de fuego, dos motocicletas,balanzas de precisión y elementos de estiramiento”, indicó.

En este marco, destacó que “hubo un solo detenido que tiene antecedentes por causas similares”.

“Las imágenes que arrojaron las investigaciones eran muy impactantes:  los encuentros se daban en los pasillos de las 1008 Viviendas. Las personas que consumían cocaina lo hacían estando tiradas contra los paredones”, afirmó.

Finalmente, Debis concluyó que “dada la organización que tuvieron las fuerzas especiales no se presentaron mayores inconvenientes”.

Durante los tres allanamientos simultáneos, uno de los hallazgos más significativos se produjo en el patio trasero de una vivienda, donde un can especializado de la Sección Antinarcóticos marcó un sector con tierra removida. Al excavar, el personal encontró dos bultos envueltos en nylon y aluminio, los cuales contenían clorhidrato de cocaína en piedra, lista para su fraccionamiento y posterior comercialización.

El procedimiento permitió secuestrar una importante cantidad de elementos vinculados al narcomenudeo:

• Más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína
• Cannabis sativa fraccionada
• Potes de creatina, habitualmente utilizados para estirar la droga
• Tres balanzas de precisión digitales
• $450.000 en efectivo
• Municiones de diversos calibres, incluyendo las utilizadas en escopetas y pistolas automáticas
• Dos cargadores, uno marca Bersa y otro sin identificación visible

Además, se detuvo a un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Séptima y permanecerá detenido hasta la audiencia de control ante el Juez Federal de Garantías.

Asimismo, según informó el jefe de la División de Drogas Daniel Devis en diálogo con FM La Petrolera, se imputó a un joven de 17 años quien «manejaba uno de los domicilios allanados y estaba en compañía de una adolescente de entre 16 y 17 años. El menor fue entregado a su progenitor quien vive en una vivienda precaria, presuntamente usurpada», contó.

Los demorados, identificados como B.T.A. (19) y C.L.A. (22), fueron interceptados en un vehículo Peugeot 405 blanco, mientras circulaban por las calles O’Higgins y Santa Cruz.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron en el habitáculo del conductor un frasco de vidrio que contenía varios envoltorios con una sustancia verdusca, presumiblemente estupefacientes. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, cuyos oficiales confirmaron la presencia de sustancias prohibidas.

La Fiscalía Federal, a cargo de la Dra. Silvina Ávila, consideró que el caso se enmarca en un procedimiento de flagrancia, por lo que dispuso el secuestro de los elementos y la notificación en libertad de los involucrados.

La Dra. Laura Carregal, secretaria del Juzgado Federal, fue informada sobre la situación.

El proyecto de ley para que la Justicia provincia sea competente para investigar el narcomenudeo fue rechazada por referentes del fuero federal y criticada por la Procuración General. Todos coincidieron en advertir que Chubut no cuenta con los recursos económicos ni humanos capacitados adecuadamente para un tratamiento integral de la problemática. Si bien esta dificultad está prevista en el proyecto, que prevé financiamiento nacional, aseguran que en las provincias que adhirieron a la desfederalización de estas investigaciones no se recibieron los aportes comprometidos. No es un dato menor para investigar uno de los delitos que cuenta con todos los recursos económicos para sortear las pesquisas, indicó un informe publicado hoy en Jornada.

El procurador Jorge Miquelarena afirmó que “ninguna de las provincias que desfederalizó recibió ni un solo peso. Se cansan de manifestarlo mis colegas procuradores cada vez que tenemos una reunión”.

En Tucumán cuando salió la Ley “el propio procurador se opuso y está frenada”. El jefe de los fiscales adelantó que el proyecto no contaría con el respaldo de Legislatura al indicar que en Chubut podría pasar lo mismo “en la medida en que salga aprobada la Ley”.

“Ni hablar”

Sobre lo económico, Miquelarena explicó que “hay que hacer las pericias químicas en laboratorios forenses con reactivos y equipamientos que salen mucha plata. Y ni hablar de los equipos con los que sí contamos, que se llaman UFE, una valija tipo computadora de origen Israelí, para bajar la información de los celulares. Tienen un costo muy elevado y otro costo muy elevado para actualizar los software cada 3 años. Por ejemplo los últimos presupuestos de mayo, son de 55 mil dólares o 58 mil dólares para actualizar un solo equipo”.

Versión Gélvez

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez hizo la misma observación. “Cuando se implementa un cambio de sistema se requiere mucho dinero porque hay que nombrar fiscales, oficinas judiciales. El proyecto va a implicar dinero y en estos momentos no tengo ni que argumentar mucho para decir que no existe. Es inviable”.

Sobre el financiamiento federal previsto por el proyecto, Gélvez señaló que “estuve hace unos años en una reunión de procuradores generales de las provincias en Puerto Madryn, donde todos señalaron que nunca el Estado Federal les había remitido esos recursos para investigar y juzgar el narcomenudeo”. Según su evaluación, a pesar del cambio de gobierno y de los años, “esto no varió”.

“La situación del Estado no es la mejor y será muy difícil que transfiera esos fondos. Desde el punto de vista financiero sin entrar a analizar el proyecto, es inviable” insistió.

“Mitad de camino”

Gélvez relacionó la falta de recursos con las investigaciones de narcotráfico que quedan truncas en la medida que ascienden en la cadena de los involucrados.

“Falta más personal en las fuerzas federales y en Policía de la provincia para investigar más a fondo y lo que tanto quiere el juez como yo es subir en la cadena de tráfico de estupefacientes. Se llega a mitad de camino pero nunca se puede ir más arriba también porque faltan recursos del Estado para investigar”.

Según ejemplificó, “en Chubut no tenemos las cabinas telefónicas para interceptar las líneas en la zona, entonces hay que ir a Buenos Aires. Pero hay problemas, y que no digan que lo van a solucionar, con los viáticos que le pagan a la policía de Chubut para que vaya una persona”.

Desintoxicar

Además se necesita un laboratorio, para analizar LCD, marihuana, cocaína y drogas sintéticas. “No lo hay en la provincia, ni del Ejecutivo ni de Policía. Todo eso implica más dinero” advirtió el fiscal.

En cuanto a los consumidores: “la Ley establece medidas de seguridad curativas y primarias que son educativas .¿Provincia va a también crear organismos para llevar adelante la desintoxicación de los enfermos y que así se considera o de aquellos que experimentan por primera vez y que hay que darle la educación al respecto?”.

“De golpe”

El presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, indicó que “de golpe llevarles este tema excede las posibilidades por los recursos no sólo materiales sino humanos, porque requiere preparación”. Y su traslado al fuero provincial desde septiembre “complicaría un poco las cosas”.

“Es loable que la provincia adquiera madurez en este tema para asumir esta responsabilidad, pero no están muy dadas las condiciones para que pueda hacerlo desde los recursos económicos y la formación de los operadores”, sintetizó. “De pronto insertar esto de golpe en todas las estructuras del Estado provincial, que además pasa por crisis muy severas, es un poco aventurado”.

70 por ciento

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral precisó que el 70% de las causas que investigan son por narcomenudeo. A a su criterio el principal inconveniente será la coordinación de las investigaciones provincial y federal en el momento en que se deja de considerar narcomenudeo y se avanza en la cadena a otros eslabones. “Sucede que el resto de investigaciones más complejas tienen su razón de ser en vínculos que están dentro de la escala de responsabilidades de la cadena del tráfico”. Esta división es a su criterio la que puede generar inconvenientes en la práctica.

Lleral no fue consultado para elaborar el proyecto. “Tiene ciertas dificultades que las demuestran la experiencia. Se presentan en donde se corta la investigación y en la cadena de relaciones que surgen de los delitos. Eso dificulta la investigación, pero es una opinión personal”. El juez afirmó que hasta el momento en las provincias en las que se aplicó la desfederalización, no hubo una mejora en la problemática a combatir. “Hay provincias que adhirieron y no tuvieron éxito ni disminuyó el tráfico. No contribuyó”. Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde la problemática de hecho se incrementa.

“El tráfico aumentó en todo el país y la experiencia lo refleja incluso en estas provincias que tiene la doble persecución”. Si avanza la iniciativa “El gran problema son los límites que pueden existir en las investigaciones, dónde ponemos el límite de la intervención provincial y federal. El problema debe ser atacado globalmente en forma abarcativa por un solo fuero”.

Lleral además coincidió con Guanziroli es que la propuesta provincial tiene el foco puesto en la represión del delito pero no prevé un tratamiento integral del problema.

“El combate al narcotráfico implica otras acciones por parte del Estado como la concientización, educación, relacionarlo con otros aspectos de la vida de una persona” advirtió. #

“El problema debe ser atacado globalmente y en forma abarcativa por un solo fuero”, sugirió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.