En este sentido, señaló que “los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz presentaron una recusación en mi contra para que no sea sumariante en la causa que se lleva adelante por la detención del entonces ministro de Familia, Martín Bortagaray. Por decisión unánime el Consejo de la Magistratura de Chubut que no correspondía la recusación”.

“La recusación se dio porque yo provengo del mismo espacio político de Martín Bortagaray y porque lo tengo de amigo en la red social Facebook. Según su manera de ver, yo no podría ser imparcial en la causa”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el sumario aun no lo tengo a disposición así que ni puedo adelantar tiempos ni plazos pero si garantizo que esto se trate en el menor tiempo posible. El objetivo que uno tiene es que esto se haga con la mayor agilidad posible”.

Finalmente, Torrijos concluyó que “el debate que se dio en el Pleno fue realmente muy enriquecedor. Yo expuse todos mis argumentos de defensa y en base a esto el Pleno decidió no dar lugar a la recusación”.

Martín Montenovo, el presidente del Consejo de la Magistratura, informó que “el objeto de la denuncia estuvo relacionado a la detención del ex ministro Bortagaray y la decisión tuvo que ver con un análisis preliminar que significa que podría existir un mal desempeño de funciones”.

Además indicó que “la primera etapa la lleva adelante el Consejo, en caso de que se admita la instrucción sumarial, que son 90 días corridos. En el caso del juez Piñeda se decidió abrir la vía sumarial y los fiscales no deben intervenir”.

“Los hechos denunciados tiene que ver con la detención de un ministro del ejecutivo que tenía fueros y por ende tenía inmunidad de arresto  solo podía ser arrestado ´con las manos en la masa´. El fuero es una garantía para la gente, para que los funcionarios no sean corridos de su quehacer natural en virtud de una denuncia“ explicó Montenovo.

Y agregó que “a partir de que se ponga en funciones el instructor, que fue sorteado ayer, se investigarán los hechos denunciados con respecto a la detención del ministro Bortagaray “

Las conclusiones son tratadas por el pleno y tienen tres opciones: pueden considerar la hipótesis de mal desempeño no se configuro por lo cual se reciban las actuaciones, o bien que se configuraron y se justifica la apertura del proceso de magistrado o considerar que se produjo una irregularidad pero no enjuiciamiento, en ese caso, el expediente iría a una vía interna que no implica exoneración”, remarcó.

Según explicó Montenovo, la denuncia fue presentada por un vecino de la ciudad de Trelew ante el consejero representante de Empleados Judiciales de la Provincia del Chubut, Enrique Aníbal Maglione.

“La denuncia acaba de ingresar, Maglione la trajo a la sesión, él procedió a un trámite previo, que es la ratificación en la ciudad de Trelew”, indicó Montenovo, y aclaró que “a la sede del Consejo no había llegado nada hasta el viernes pasado, porque este trámite lo realizó el consejero”.

Asimismo, señaló que el consejero Maglione les avisó el viernes, y decidieron que la ingrese personalmente el lunes. “Ahora que ya está ratificada, lo que resta es sortear la Comisión de Admisibilidad, que está conformada por cuatro integrantes, representante de magistrados, funcionarios, del estamento popular y de los empleados judiciales”, agregó.

“Estas cuatro personas van a analizar la denuncia y cuando tengan un temperamento lo van a presentar al pleno. Si deciden abrir el sumario no hace falta que el pleno intervenga, si consideran que no se justifica la apertura del acto sumarial ahí si automáticamente lo trata el pleno”, dijo en diálogo con  El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Si bien indicó que los términos de la denuncia “están siendo analizados”, adelantó que algunos “tienen que ver con la detención de uno de los imputados del Caso Revelación”.

Montenovo mencionó que los consejeros se estarían sorteando este martes o miércoles, y que “una vez que tengamos sus identidades y conformen la comisión, ellos analizan esta denuncia y si consideran que tienen que requerir alguna información previo al dictamen lo hacen”.

“Si los consejeros consideran que hubo alguna irregularidad, tienen que ver si el alcance de la misma justifica avanzar en un sumario. Lo que se analizará primero son los términos de la denuncia, si tienen que ver con la realidad”, especificó el funcionario, y agregó que “si esto justifica la apertura de un sumario, se abre una etapa de investigación para lo cual designa un consejero sumariante que instruye ese sumario, y eleva lo investigado al pleno del consejo, que luego analiza y decide si se remite al Tribunal de Enjuiciamiento o no, y todo esto con la intervención de los magistrados denunciados”.

En este sentido, señaló que “yo no he tomado conocimiento de la declaración de Diego Luthers ante el fiscal Báez de Puerto Madryn. Pero lo haré en las próximas horas”.

“No me quiero referir mucho a la cuestión porque se podría interpretar como que estamos tomando revancha contra el diputado Pagliaroni”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “la lista de Luthers es muy extensa. Nombra a muchas personas, a algunos los nombra por el apellido, a otros con el nombre de pila, a otros con un apodo, de modo que no es sencillo desentrañar de quien se está hablando exactamente”.

“En la lista de Luthers hay entre 50 y 60 personas nombradas pero por supuesto que entre esta gente hay quienes han hecho trabajos lícitos y que por esos servicios han cobrado de forma totalmente legal”, expresó.

En este marco, recordó que “nosotros nos sentimos mal por las declaraciones de los legisladores de la Alianza del PRO. Estoy seguro que no conocen el caso. Sabemos a quienes le enviamos copia y a quien no”.

“En los últimos 8 años donde se diseñó esta maquinaria delictual, ni Pagliaroni ni Menna se quejaron del Ministerio Publico Fiscal. No tengo dudas de que con esto se quiere sacar rédito político”, aseveró.

A su vez, recordó que “dos fiscales con una planillita pelada pudimos poner presos a cinco funcionarios públicos También procesamos a muchos empresarios y vamos a seguir haciéndolo. Lo que hemos logrado está a la vista, es comprensible que la gente quiera más y esté indignada por el mal manejo de los fondos públicos”.

“Me gustaría que un diputado del calibre de Menna se hubiese acerca e informado acerca del tema. Es más, no le conozco la voz”, afirmó.

En esta línea, comentó que “en la próxima audiencia que será el 23 de agosto se tratará el tema de la reparaciones porque no quedó conforme nadie. Primero tendremos una reunión con los querellantes para ver cuál es la contraoferta que hacemos”.

“La idea es citar a todos aquellos empresarios que hayan tenido algún tipo de contacto con esta asociación ilícita. Se está evaluando también la situación de algún ex funcionario en particular”, añadió.

Finalmente, Nápoli concluyó que “el diputado Menna habla de la palabra suspicacia -y es una palabra que dispara muchas interpretaciones- por eso me encantaría que sea más claro y exprese que es lo que le genera dudas”.

Juan Ignacio Salaberry declaró un día antes de la audiencia en la que solicitó la “probation” para evitar el juicio oral y público por la causa “Revelación”. Fortaleció la hipótesis de los fiscales vinculada al rol de Correa como jefe o líder de la asociación ilícita, y reconoció el pago de coimas para destrabar el cobro de certificados de obra.

Nápoli afirmó a Diario El Chubut que el testimonio de Salaberry “ratifica nuestra hipótesis en torno al desempeño de Correa”, y deslizó que el empresario de Arteco “reconoció que le pagó a Correa”.

Los fiscales de la Unidad Especial buscan robustecer la hipótesis de que Víctor Cisterna primero, y luego Correa, serían los líderes de la presunta asociación ilícita que se encargaban de recaudar fondos con el cobro de coimas provenientes de la obra pública.

Cabe recordar, que bajo esta figura también están el ex ministro de Economía, Pablo Oca, y el ex secretario privado de la gobernación, Gonzalo Carpintero. En el caso de Oca, los fiscales lo incluyeron en la figura de asociación ilícita por considerarlo “el encargado de librar los pagos”.

Ola de imputaciones

Los fiscales Nápoli y Héctor Iturrioz trabajan en la masiva imputación que realizarán a casi la totalidad de los empresarios de la construcción. La idea es sumarlos al proceso de investigación, porque también formarían parte del entramado de los retornos.

Desde el Ministerio Público Fiscal consideran que con la futura imputación de casi 50 empresarios de la construcción, terminarán de consolidar la tesitura de la asociación ilícita sobre los cuatro principales imputados.

Entienden que los dueños de estas empresas prestarán su testimonio y reconocerán que si no liberaban el pago de la coima, no cobraban los certificados de obra que les adeudaba el gobierno provincial.

Algunos de estos empresarios ya comenzaron a declarar informalmente frente a los fiscales, y hasta en algunos casos entregaron un escrito respondiendo un formulario que se filtró a la prensa.

Pese a la ola de imputaciones que se vendrían, cabe recordar que el viernes los fiscales aceptaron el pedido de “probation” realizado por las defensas de Salaberry, Patricio Musante y Esteban Torraca.

Los tres empresarios evitarán así el juicio oral y público. Realizarán obras menores en Trelew, Comodoro Rivadavia y Gaiman. El juez Sergio Piñeda dictó la liberación de Musante, Torraca y Salaberry, y levantó los embargos de los bienes y las cuentas bancarias. El 24 de agosto ratificarán la suspensión del juicio a prueba.

En este sentido, señaló “los resultados de los allanamientos fueron altamente positivos”.

“En el retorno de obra pública – la exigencia que le hacían los funcionarios a los empresarios- se generaba una masa entre 8 y 12 millones de pesos. Esta plata era distribuida de manera impune entre los funcionarios”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “en Comodoro se allanaron 5 empresas constructoras y el operativo estuvo a cargo el fiscal Iturrioz. Se incautaron dispositivos informáticos y celulares de los gerentes de las empresas”.

“Todos los libros contables que buscábamos fueron hallados. Se incautaron libros contables, chequeras en uso y ya usadas, libros Bancos. Por el momento no hemos pedido órdenes de detención”, indicó.

En este marco, aseveró que “por el momento no se pidieron detenciones, ni se ha hecho ninguna apertura de investigación formal a nadie”.

“Hay empresas chicas en donde el funcionario y esta maquinaria corrupta los ha dejado sin alternativa. Esperamos que los empresarios chicos cuenten su versión. Estamos abiertos a escucharlos”, destacó.

Finalmente, Nápoli concluyó que “vamos a estudiar a fondo la situación del ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Está sospechado de cometer recaudación de dinero”.