La separación clara entre las funciones de investigar, acusar y defender; la oralidad; la contradicción; la inmediación; la publicidad de las audiencias; la concentración de los actos procesales y la asignación al Ministerio Público Fiscal de la responsabilidad por la investigación representan avances indiscutibles respecto de estructuras procesales en las que las funciones aparecían confundidas y el juez podía asumir simultáneamente tareas investigativas y decisorias.

Sin embargo, estoy convencido de que defender el nuevo sistema no significa convertir sus principios en dogmas pétreos ni convalidar que, en mérito de la autonomía de las partes claramente reconocida en el novel régimen, el juez deba renunciar a aquello que justifica su propia existencia: la trascendente tarea de juzgar.

El riesgo de un juez pasivo

Históricamente se cuestionó al juez que investigaba, impulsaba el proceso, producía prueba y finalmente resolvía.

Pero sería igualmente inconveniente sustituir a aquel magistrado excesivamente protagonista por otro absolutamente pasivo, reducido a contemplar aquello que las partes deciden colocar delante suyo.

El juez no está para investigar, acusar, corregir la estrategia del fiscal ni suplir las deficiencias de la defensa. Pero tampoco está para asentir. Porque cuando aquello que las partes sostienen o acuerdan se transforma automáticamente en la decisión judicial, la jurisdicciónque la Constitución Nacionalpone en cabeza de la magistratura comienza a perder su verdadero sentido.

Casi obvio resulta poner de relieve que los acuerdos son necesarios, que la celeridad es valiosa y que la eficiencia es indispensable. El sistema acusatorio ha demostrado que es posible resolver los conflictos penales con mayor rapidez, oralidad e inmediación, evitando muchos de los vicios que durante años caracterizaron a procedimientos excesivamente escritos y prolongados. Todo eso constituye un progreso que debemos preservar.

Celeridad y verdad

Pero debo señalar que la celeridad es una virtud del proceso, pero de ninguna manera su fin último. Y ninguno de esos valores puede ocupar el lugar de la Justicia ni, mucho menos, convertir al juez en un mero homologador o simple espectador de decisiones adoptadas por otros.

Podremos discutir si corresponde hablar de verdad material, verdad histórica, verdad procesal o verdad real. La denominación no es lo trascendente. Lo verdaderamente importante es no resignarnos a creer que la realidad puede construirse mediante un acuerdo.

Porque las partes pueden acordar una calificación jurídica, una pena, un procedimiento y, dentro de los márgenes que autoriza la ley, incluso pueden presentar como indiscutible una determinada versión de los hechos. Pero existe algo sobre lo que ningún acuerdo tiene poder: lo que realmente ocurrió.

Dos personas pueden coincidir y estar equivocadas. Las partes en un proceso penalpueden tener razones procesales de distinta índole para alcanzar un acuerdo y, sin embargo, ese convenio no tiene la capacidad de modificar la realidad. El consenso produce consecuencias jurídicas; no produce verdades. Los “hechos son sagrados”, señalaba con precisión el doctor Carlos Santiago Fayt.

La responsabilidad del juez

Y precisamente allí aparece la importancia del juez. No para sustituir a las partes, no para retroceder al viejo modelo inquisitivo ni para propugnar una acusación que el fiscal decidió no formular. Sino para ejercer responsablemente la jurisdicción y recordar que imparcialidad no significa indiferencia.

El juez debe respetar aquello que fiscalía y defensa llevan ante él. Pero respeto no significa subordinación. Porque finalmente hay una circunstancia imposible de soslayar: el acuerdo pertenece a las partes, pero la resolución pertenece al juez. Y quien suscribe una decisión debe poder asumirla como propia, explicarla, fundamentarla y responder por ella.

Por eso, tengo para mí que el desafío del sistema acusatorio consiste en encontrar un equilibrio. Ni aquel juez que investigaba, acusaba y después resolvía, ni un juez reducido a contemplar pasivamente lo que otros decidieron. Ni juez inquisidor ni juez espectador: juez imparcial, independiente, “verdaderamente juez”.

En otras palabras, respeto absoluto por las garantías, por las partes y por los acuerdos legítimamente alcanzados. Pero jamás renuncia a la función de juzgar.

La búsqueda de lo que ocurrió

Y si alguna vez debemos elegir entre la comodidad de aceptar una denominada “verdad consensuada” y la dificultad de continuar buscando, dentro de las reglas y garantías del proceso, aquello que realmente ocurrió, a quien esto escribe se lo encontrará del lado del camino que se dirige hacia la búsqueda de lo que efectivamente sucedió.

Quizás sea una utopía pensar que siempre podamos llegar a conocer toda la verdad. La labor humana tiene límites y debemos reconocerlos. Pero existe una diferencia fundamental entre admitir que la verdad puede ser difícil de alcanzar y decidir que ya no vale la pena buscarla.

Por último, estoy persuadido de que el día en que la Justicia renuncie a preguntarse qué ocurrió realmente, podrá ser más rápida, más eficiente y hasta exhibir mejores estadísticas, pero difícilmente pueda calificársela de justa.

Simplemente habremos perdido de vista una de las razones fundamentales que justifican su existencia.

Esto en relación a un informe preliminar de autopsia realizada al cuerpo ayer martes, donde el forense informa de manera extra oficial que el cuerpo presentaba golpes.

La fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, confirmó que la joven fue encontrada caminando a unos 500 metros del lugar donde había quedado varada, presentando un cuadro de deshidratación, por lo que se priorizó de inmediato su atención médica. La funcionaria judicial explicó que, afortunadamente, San Martín se encontraba consciente al momento del hallazgo.

Según se reconstruyó en el marco de la investigación, la desaparición ocurrió cuando la oficial y una compañera quedaron con su vehículo encajado en la arena, en una zona que no conocían. Ante la imposibilidad de comunicarse por la falta de señal, ambas decidieron continuar a pie en direcciones distintas para intentar obtener cobertura de telefonía celular, en medio de una tormenta de viento y arena.

Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda de gran magnitud, que incluyó personal policial, equipos especializados y distintos recursos logísticos, extendiéndose durante varios días. Las condiciones del terreno y el clima adverso representaron un desafío adicional, teniendo en cuenta que la joven no contaba con agua, alimentos y que la batería de su teléfono celular se había agotado.

La intervención rápida y coordinada permitió localizar a la oficial y resguardar su integridad física. Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas intervinientes y la actuación inmediata frente a situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

Sustrajeron varios objetos, entre ellos una tostadora, una pava eléctrica, una llave francesa, un canasto rojo, un plato de vidrio, alimentos y un televisor Smart TV de 32”. Luego cerraron con llave la puerta dejando encerrada a la anciana. Un vecino alertó a la policía, que llegó a tiempo para detener a los imputados cuando intentaban huir con los objetos robados y liberar a la víctima.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el procurador Facundo Oribones, calificó el hecho como “robo simple en grado de tentativa”, imputando a García y Valenzuela como coautores. Se destacó que ambos son personas foráneas y en situación de calle, y que existen suficientes elementos de convicción para considerarlos probables autores.

Se solicitó prisión preventiva para García por dos meses debido a su condena condicional previa y riesgo de fuga, mientras que para Valenzuela se pidió que se presente mensualmente ante la Oficina Judicial y se le imponga prohibición de acercamiento a la víctima.

La defensa no objetó la detención ni la apertura de la investigación, pero rechazó la prisión preventiva argumentando que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento, y pidió la libertad con presentaciones mensuales y prohibición de acercamiento. Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello declaró legal la detención, formalizó la apertura de la investigación por seis meses, dispuso la prisión preventiva por un mes para García y la libertad con condiciones para Valenzuela.

La audiencia contó con la presencia del Ministerio Público Fiscal, asistido por Belén Rementería, y la defensa de los imputados a cargo de Juan Bill y Carolina Moscolo.

Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, estuvieron presentes el fiscal general Julio Puentes y el funcionario Franco Tavano, mientras que la defensa estuvo a cargo de la defensora pública Vanesa Vera. La jueza penal Daniela Arcuri presidió la sesión, y el acusado participó mediante videollamada desde la Alcaldía de Trelew, donde se encuentra detenido.

El caso se originó el 28 de marzo de 2024, cuando Vidal y otros imputados protagonizaron un robo agravado contra tres menores en una parada de colectivos. Desde entonces, la investigación avanzó y se inició el proceso judicial, cuyo juicio está previsto para octubre de 2025.

El fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva, argumentando que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de que Vidal interfiera en la causa, presionando a testigos u otros involucrados. Además, recordó que el acusado había estado prófugo y fue detenido cometiendo otro delito, lo que evidencia un patrón de conducta.

Por su parte, la defensa pidió una reducción de la medida y propuso un arresto domiciliario con tobillera electrónica, basándose en informes sociales favorables. Sin embargo, la jueza Arcuri consideró que los indicios de fuga son contundentes y que el comportamiento del imputado durante el proceso justifica mantenerlo detenido.

Finalmente, la magistrada resolvió sostener la prisión preventiva hasta el 16 de octubre de 2025, fecha en la que comenzará el juicio por jurados. No obstante, el debate del caso se iniciará una semana antes, los días 8 y 9 de octubre.

En cambio Soto fue atrapado este martes a la noche en la calle Mburucuyá. Personal de la Brigada de Investigaciones lo detuvo tras reconocerlo.

En la audiencia de control celebrada este miércoles, el imputado accedió a declarar, en contra de la recomendación de su defensor, solicitando su traslado al Hospital Regional ya que dijo tener “un tiro en la rodilla”.

En este contexto, la procuradora de fiscalía, Andrea Serer (foto), recordó su antecedente de fuga para argumentar por qué pediría su prisión preventiva por 4 meses.

El defensor público, Juan Bill, por su parte consideró “improcedente el planteo de la fiscalía, desde el punto de vista formal”, pero la jueza Lilian Bórquez decidió que permanezca bajo arresto por 30 días, autorizando su inmediato traslado al Hospital Regional para tratar su supuesta herida de bala.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias a realizarse en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.

La causa, oficialmente caratulada como «Ministerio Fiscal S/investigación», llega a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

Las audiencias se realizarán bajo un estricto protocolo sanitario debido a la pandemia de Covid y se han establecido medidas de distanciamiento por las cuales solo las partes podrán acceder a la sala. Con el fin de dar publicidad al juicio y facilitar el acceso de la prensa y el público a la audiencia, a través de la cuenta de Jusnoticias en Facebook se realizará la transmisión del debate.

Imputados, defensores y querellantes
La acusación en el juicio por la Causa Revelación estará a cargo de los doctores Marcos Nápoli y Gustavo Núñez por parte del Ministerio Público Fiscal, en tanto que estarán presentes como querellantes los doctores Javier Stampone y Christian Marcelo Martínez, por la Fiscalía de Estado, mientras que por la Fiscalía Anticorrupción se presentarán los abogados Fernando Romeo y Guillermo Hansen.

En total la causa tiene ocho imputados, entre los que cuentan los exfuncionarios Gonzalo Carpintero Paterson, Víctor Hugo Cisterna, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters, además del empresario Martín Castillo.

Las defensas técnicas de los acusados estarán a cargo de los abogados particulares Federico Ruffa (Carpintero), Emilio Galende (Cisterna), Fabián Gabalachis (Oca y Correa), Jorge Rubiolo (Bortagaray) y Carlos Villada (Pagani). El defensor público Lisandro Benítez representará a Lüters, en tanto que el abogado Abdón Manyauik tendrá a su cargo la defensa técnica del empresario Martín Castillo.

La imputación
La causa, que tuvo audiencia de apertura de investigación a fines de marzo de 2018, para cinco de los ocho imputados que llegan a juicio, se vincula con la investigación de distintos delitos, entre los que se encuentran: asociación Ilícita; exacciones ilegales bajo la modalidad de concusión; cohecho pasivo; cohecho activo; enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos, todos ellos contenidos en los artículos 210, 268, 256, 258, 268 inciso 2 y 268 inciso 3 del Código Penal.

De todos los imputados que a lo largo del proceso tuvo esta causa, ocho serán los que llegan a juicio, en tanto que otros fueron sobreseídos y más una veintena de empresarios de nuestra provincia accedieron a la suspensión del juicio a prueba.

En recientes declaraciones, el fiscal Nápoli dijo los testimonios de los mismos empresarios fueron claves para construir la hipótesis que va a desarrollar en el juicio. «Uno siempre escucha estas cosas, que se pagan coimas; pero escucharlo de primera mano y con los protagonistas, nos dio resultados y nos posicionó de modo tal que llegamos al juicio de una de las causas más importantes que tuvo la provincia», indicó.

Nápoli adelantó también que la lista de Lüthers «se va a exhibir con lujo de detalles porque en una parte del juicio se trata de validar la lista, para demostrar que son auténticas y los datos son veraces, respecto a que se comprobaron los ítems de las anotaciones».

El fiscal Marcos Nápoli habiá presentado la semana pasada ante el juez Sergio Piñeda un pedido de homologación del acuerdo arribado entre los imputados Gonzalo Carpintero, Pablo Oca y el Ministerio Público Fiscal de Chubut. 

El Dr. Nápoli había argumentado en un extenso relato los motivos que llevaron a tomar esa decisión para que ambas partes eviten el juicio. En síntesis, alegó que, con el instituto del juicio abreviado propuesto, el Estado chubutense logra que los imputados se declaren culpables y además, mediante una multa, se recuperaría parte del botín producto del ilícito.

El juez debía resolver en cinco días y este miércoles se conoció que denegó este pedido por entender que debe resolver el tema un tribunal colegiado, al menos con tres jueces. 

El Ministerio Público Fiscal realizó nuevas imputaciones, pidió prorroga y solicitó sobresemientos.

La causa fue declarada como “caso complejo” debido a la multiplicidad de hechos a investigar, la cantidad de imputados y también la presunción de que podrían haber actuado como una banda organizada.

El Ministerio Público Fiscal realizó nuevas imputaciones, pidió prorroga y solicitó sobresemientos.

Negociación incompatible y falsificación 

En esta oportunidad, el fiscal Alejandro Franco solicitó agregar la imputación de falsificación de instrumento privado a Josué Dahur (ex gerente de RRII del IAS), Jordán Salinas y Martín Villegas  (presuntos testaferros de la empresa Sono Eventos). Según la fiscalía, Dahur falsificó los  presupuestos de dos empresas del mismo rubro que Sono Eventos, y así beneficiarse con la contratación por el Municipio de Cholila para la realización de la tradicional fiesta provincial  del asado en los años 2017 y 2018. 

Salinas y Villegas comparten la acusación en calidad de participes del delito imputado. La abogada defensora de Dahur, Laura Fernández, no hizo objeciones. 

En esta causa ya se encuentra imputado también el intendente de Cholila, Silvio Boudargham pero en su caso, por el delito de negociones incompatibles con la función pública.

Dahur, Correa y SEPAT

Otras nuevas imputaciones para Josué Dahur y Diego Correa agregó el fiscal Franco a la causa. Al ex gerente del IAS se le suma ahora la de negociación incompatible con la función pública al contratar de manera directa en tres ocasiones a la empresa SEPAT cuya titularidad se le atribuye a Diego Correa.

En este caso el objeto del contrato es el transporte de personal y de artistas a distintos lugares de la provincia mientras se desarrollaban las fiestas provinciales. SEPAT prestaba ese servicio al IAS mediante el uso de la camioneta tipo minibús marca Hyundai H1, que ya fuera secuestrada oportunamente en el marco de la causa Embrujo.

Por este hecho, a Diego Correa se le suma la imputación por el delito de partícipe necesario.

Laura Fernández y Fabián Gabalachis, defensores de ambos imputados no objetaron el planteo.

Sobornos en Chubut Deportes

En este caso, el fiscal Alejandro Franco informó que, por los delitos ya imputados a los ex directivos de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan y Damaris Molinero, se habrían modificado algunos hechos para su configuración. 

Ñonquepan y Molinero están imputados del delito de cohecho pasivo al haber recibido dinero por la contratación de la empresa Sono Eventos para la distribución de las viandas a los participantes de las selecciones deportivas de Chubut durante los juegos Evita del año 2018.

La novedad es la forma en que se hicieron del dinero, explicó el fiscal. El organismo público pagaba la contraprestación por el servicio de viandas a través de cheques y mediante una cadena de endosos, el último de ellos, fue el medio de pago del soborno.

Por ello se  imputa de cohecho activo a Martín Villegas, representante de Sono Eventos, mientras que de cohecho pasivo, al ex presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan y a Damaris Molinero, quien se desempeñaba como contadora del organismo.

El defensor Miguel Moyano, que representa a Ñonquepan, no hizo objeción alguna. Tampoco el abogado de Molinero, Juan José Servici, quién solo requirió la producción de una pericia caligráfica de parte.

Sobreseimientos

Continuando con su exposición, el fiscal solicitó el sobreseimiento de Héctor Ponce, Daniel Cárdenas, Emanuel Salinas y Josué Dahur, imputados por el delito de cohecho pasivo y activo respectivamente, habida cuenta del avance investigativo que esclareció las circunstancias de los hechos. De acuerdo al relato de testigos, empleados de la municipalidad de El Hoyo, cuyo titular era Daniel Cárdenas y donde cumplían funciones Ponce y Salinas, se había contratado a la empresa Sono Eventos en el marco de la Fiesta Provincial de la Fruta Fina. 

Los testigos explicaron que la modalidad de pagos para los prestadores, proveedores y artistas que se contratan, consiste en abonar el dinero en el mismo fin de semana en que se desarrolla el evento, esto es porque la mayoría de los contratados no son de la localidad y se retiran al terminar su participación u obligación. Por ello era dificultoso el procedimiento administrativo y también el horario bancario para las operaciones. Así entonces, se hacia una orden de pago a favor del municipio para cobrarlo en plazo hábil y se adelantaba efectivo para cubrir las obligaciones.

Esas declaraciones testimoniales, sumado el ejemplar de la orden de pago obrante en el municipio, fueron suficientes para que el MPF solicitara el sobreseimiento de los imputados.

Tampoco hubo objeciones al respecto de parte de los defensores, Edgardo Manosalva, Matías Cimadevilla, Miguel Moyano y Laura Fernández.

Plazo extendido

Por último el fiscal Franco solicitó al juez Marcelo Nieto Di Biase se expida respecto a la prórroga solicitada en febrero de este año en función de lo complejo que resultó el proceso de investigación.

El magistrado hizo lugar a esto y a todo lo requerido por el MPF durante la audiencia.

Esto corresponde a su oficina de Rawson, y lo envió al recinto legislativo de la provincia del Chubut, el Fiscal General de la ciudad de Trelew, Omar José Rodríguez, en autos caratulados “Ministerio Público Fiscal s/Averiguación de Delito”, tramitado ante la Unidad Fiscal Especializada Delitos Contra la Administración Pública, perteneciendo al período diciembre 2015 – diciembre 2019.

Allí, el funcionario del MPF solicitó un informe sobre los sueldos netos abonados a María Cecilia Torres Otarola, indicando si fue mediante cheque o depósito bancario, además de los viáticos liquidados a ella, indicando asimismo monto, fecha y forma de pago.

Del mismo modo, pidió un informe sobre gastos reconocidos a la entonces diputada en concepto de alojamiento, combustible, pasajes, etc. indicando también el detalle, al igual que sobre viviendas alquiladas con su ubicación, monto abonado y período correspondiente.

Además, solicitó un informe sobre los asesores y/o secretarios y/o contratados que fueron asignados a ella, individualizándolos por apellidos, nombre y DNI; entregar copia de los proyectos legislativos 73 y 74 que presentara Torres Otarola en el año 2018.

Rodríguez también pidió informar si ciertas personas fueron empleados, asesores y/o contratados de la Legislatura y, en caso afirmativo, indicar su fecha de ingreso y egreso, instrumento de designación y contrato, además de indicar el monto, la fecha y la forma de pago llevados adelante para: Alexis Eduardo Ganga, María Paz Moler, Silvana Adriana Cañumil, Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Carlos Antonio Cundari, Raúl Isaac Rodera, Pamela Matamala, Marcelo César Neira, Juan Martín Sandoval Martínez, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto y Branco Neira Rodera.

La misiva se libró najo la consigna de dar cumplimiento a la respuesta conforme a las mandas de los artículos 116, 152 y 178 2do. párrafo del C.P.P. de la provincia del Chubut y art. VI de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que piden por la debida celeridad y colaboración que se debe prestar al mismo, bajo apercibimiento de Ley.

Contó que “cuando comenzó la investigación Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara, que cuando no quisiera seguir se lo informara, y nunca me sentí presionada”.

Le dijo al Juez, “que el Fiscal siempre me mantuvo al tanto del avance de la investigación, de cada una de las pruebas que se iban recolectando, y me explicaba cuan valiosas eran o no”.

Manifestó que fue asesorada jurídicamente por un tío abogado “quien me señaló que los términos del acuerdo eran correctos  y entendí las diferencias entre las distintas calificaciones legales”.

Qué dijo su psicóloga

Por su parte  la licenciada en Psicología, también autorizó se haga saber que atiende a la víctima desde septiembre de 2015. Explicó que su paciente se encuentra en posición de sujeto activo capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial.   Expresó que la joven tiene un fuerte deseo de SANAR a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes.

El acuerdo fue intensamente trabajado con ella en las sesiones, también con el equipo del Fiscal Rivarola y un psicólogo de la institución.  Hubo dos momentos de quiebre en su estado emocional, explicó, uno de ellos al inicio del proceso pericial  y el segundo estuvo vinculado a la angustia de llegar al juicio oral, pues significaría una revictimización que no estaba dispuesta a atravesar.

Relató que la víctima luego de acordar  el acuerdo de juicio abreviado sintió una inmensa tranquilidad y empezó a retomar su vida cotidiana. Es allí que irrumpe el hecho inesperado de ver en las redes sociales y la televisión, que su caso reaparece sin su consentimiento, re-victimizándola una vez más.

La  profesional agregó al final de la audiencia que tanto ella como la víctima “se han sentido absolutamente acompañadas por la Fiscalía en todo momento”.

En este sentido, señaló que “en el mediano plazo entiendo que el Ministerio Público Fiscal va a tener que avanzar en la imputación de todos los funcionarios que aparecen en la lista de Diego Luthers y que hasta el momento no  fueron investigados por ningún delito”.

“Del gobernador Mariano Arcioni para abajo, varios funcionarios –ex y actuales- van a tener que ser imputados en este sentido”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Finalmente, Marcilla concluyó que “si bien Arcioni se vindicó tan como fija la Constitución, igual deberá ser investigado en el marco de la causa Revelación”.