Este importante volumen de trabajo fue llevado adelante por los operadores del sistema penal local, incluyendo fiscales, funcionarios de fiscalía, defensores y jueces, quienes, a través del sistema de gestión “Coiron” del Ministerio Público Fiscal, avanzaron en diversos procesos.

Entre las audiencias realizadas, se destacan 301 aperturas de investigación, que marcan el inicio formal de numerosos casos. Además, en este período, 91 causas se encuentran actualmente en etapa de juicio, lo que refleja el movimiento constante dentro del sistema judicial. También se concretaron 320 audiencias de suspensiones de juicio a prueba, una figura que permite alternativas al proceso penal tradicional.

Por otro lado, se obtuvieron 100 condenas firmes, evidenciando la efectividad del trabajo judicial en la resolución de causas.

En cuanto a las audiencias de control de detención, se llevaron a cabo 375 desde comienzos de año, asegurando el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el equipo de flagrancia, compuesto por procuradores de fiscalía, logró 33 condenas en apenas tres meses.

Antonena mediante el dictado de una resolución Ministerial, habría alterado el cronograma de pagos de sueldos a empleados de la administración pública al priorizar a principios de marzo pasado, el pago de los sueldos de los empleados legislativos, en desmedro de las categorías superiores.

Este mediodía se informó desde el Ministerio Público Fiscal,  que se dispuso la apertura de la investigación se está frente al delito de «abuso de autoridad» en perjuicio en primer lugar de la Administración Pública Provincial, representada por el Fiscal de Estado, habiendo participado en la audiencia el Dr. Rodrigo Miquelarena, en tanto que el bien jurídico protegido es el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública Provincial; y en forma indirecta resultan agraviados la totalidad de los empleados públicos provinciales comprendidos en los rangos 3 y 4 conforme las resoluciones dictadas en el marco de la emergencia económica por el Ministerio de Economía y Crédito público de la Provincia del Chubut (con excepción de los que integran el poder legislativo provincial); y las respectivas asociaciones que los nuclean en virtud de la afectación de intereses colectivos

Antonena fue defendido por Nicolás DAllbora y Guillermo Corneo mientras que -sin participar en virtud de la recusación planteada, para describir los hechos que se investigan y mencionar la calificación legal escogida para la apertura de la investigación- el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y el Fiscal General Osvaldo Heiber. 

En cuanto a los argumentos del defensor de Antonena referidos a la recusación de la jueza de garantías Moreno, dijo que «el supuesto abuso de autoridad” habría perjudicado a todos los miembros del poder Judicial», incluyendo a la magistrada. «Usted forma parte del Poder Judicial y nos genera el temor de que sea parcial al momento de decidir», se manifestó «No es la vía penal la que resolverá esta situación que insistieron en marcar como de reclamo salarial,  porque cualquier conjuez que intervenga también será parte del Poder Judicial», agregaron al pedir el apartamiento de Moreno.

«No veo argumentos serios ni fundados», dijo la Jueza Mirta Moreno en el inicio de su resolución,  para referirse luego a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que «me están recusando sin saber cuál es el delito que se investiga porque aún no hemos escuchado al representante del Ministerio Público Fiscal». Por tales argumentos y por no habérsele presentado argumentos serios y fundados en relación a la posible afectación de su imparcialidad, rechazó el planteo que pretendía apartarla del caso. Luego solicitó a la Oficina Judicial la intervención de otros dos jueces para que revisen su resolución.

Al momento de concederle la palabra a Antonena, el ministro de Economía dijo que «solo voy a contestar las preguntas en la medida que tenga un juez imparcial y un fiscal objetivo».

Respecto de la recusación de Rivarola, dijo que la continuidad de la audiencia quedará supeditada a lo que resuelva el procurador general Jorge Miquelarena, ante quien debe platearse la recusación del fiscal.

En la audiencia realizada por videoconferencia estaban presentes también autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, asistidos por el Dr. Alfredo Pérez Galimberti, ex defensor general del Chubut, quienes participaron con la pretensión de convertirse en querellantes, intención que quedó supeditada a la continuidad de la audiencia.

Luego de la controversia por la viralización de la identidad, audios de whatsapp, fotografías y datos personales de los dos contagiados de covid 19 en nuestra ciudad, el jefe de fiscales Juan Carlos Caperochipi, junto a la fiscal Andrea Rubio, iniciaron la investigación y solicitaron los informes a las instituciones que intervinieron en ambos casos.

Según detallaron, los artículos 156 y 157 del Código Penal, indican que la difusión de los datos de la persona afectada, sus imágenes y filmaciones podrían constituir un delito serio de acción pública y es una obligación del Ministerio Público accionar las investigaciones correspondientes y llegar a los responsables.

El Código Penal señala que, por el tenor de este tipo de investigaciones que guardan relación con la intimidad de las personas en cuestiones de su salud, se proporcionará la información en forma acotada, preservando dicha intimidad y evitando la revictimización de las personas afectadas.

El pedido se realizó mediante la presentación de un oficio judicial y de manera personal además, ante el jefe del Área Criminalística de la policía del Chubut. Se trata del licenciado Cristian Ansaldo que a media mañana de este viernes recibió en su despacho a Alejandro Franco y Fabián Papaiani en representación del Ministerio Público Fiscal del Chubut. El pedido de relevamiento incluye la toma de fotografías y filmaciones de toda la tarea a realizar.

El pedido de Franco y Papaiani a Ansaldo indica textualmente lo siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el caso 17.688 del año 2018, caratulado: “Fiscalía de Estado formula denuncia penal s/ Investigación Psto. Delito de Acción Pública (Global View SA) Rawson” a efectos  de solicitarle tenga a bien disponer que personal a su cargo realice un relevamiento completo e informe técnico correspondiente -el que será fotografiado y video filmado – de los trabajos efectivamente realizados por la empresa contratada por el Gobierno de la Provincia del Chubut, para el sistema de monitoreo urbano de conformidad al contrato que se adjunta.

Específicamente se requiere que el relevamiento se efectúe a fin de constatar si las obras efectuadas en cantidad y calidad se corresponden con las obligaciones asumidas por la adjudicataria respecto al armado de los centros de monitoreo de Trelew, Esquel Puerto Madryn, Rawson y puesto remoto en Trevelin, como asimismo, la puesta en funcionamiento de las 218 cámaras que tenía ya instalada la provincia y la calidad de las instalaciones de cableado de fibra óptica y radio enlaces instalados,  conforme las obligaciones asumidas en el mismo.  Adjuntamos la presente copia del Contrato suscripto y su Anexo I en 24 fojas y Nota Nro.1737/2017 del responsable de los Centro de Monitoreo de la Provincia del Chubut Sr. Andrés Acuña, en 02 fojas”.