Con una orden de presentación, la Justicia federal reactivó hoy una denuncia contra el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, por negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación judicial, que lleva la firma del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se concreta en el edificio SOMISA, una de las sedes en las que funciona la jefatura de Gabinete. Del procedimiento participan miembros de la policía y funcionarios judiciales. 

En la causa intervienen Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello, quien a comienzos de este mes imputó no sólo a Peña sino también a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, entre otras personas. Fue por la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno de Macri y por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.

Para Di Lello, los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos para que produjeran material publicitario. Esos hechos denunciados «demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales», constaba en el requerimiento del fiscal.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) especializada en investigar hechos de corrupción. En su denuncia, la  PIA pidió que «se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.»

La presentación judicial apunta a que se investiguen supuestos hechos de «negociaciones incompatibles con la función pública, previstos en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales», y entre los imputados se encuentra también el ex secretario de Comunicación Pública del gobierno de Cambiemos, Jorge Grecco.

Entre los hechos a investigar, se enfocaron supuestos contratos irregulares de publicidad oficial suscritos desde el gobierno de Mauricio Macri con empresas que habían participado en la elaboración de sus publicidades de campaña. En tanto que, las empresas beneficiadas «serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral» que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación, en el año 2015, se detalló en la denuncia.

A sala llena, y con un despliegue especial para mostrar la contundencia de los tres gabinetes principales de la coalición oficialista que va por la reelección, el Gabinete ampliado que sesionó hoy en el CCK se alineó detrás del liderazgo de Mauricio Macri, quien exhibió plena confianza en que Juntos por el Cambio logrará el triunfo en las próximas elecciones.

En un discurso que duró 35 minutos, el Presidente reiteró lo expresado en circunstancias similares, en el sentido de que deben encarar su tarea de Gobierno como servidores públicos enfocados en dar soluciones para las próximas décadas, e insistió:»Tenemos que atender a todo el mundo»; «mostrar que queremos cambiar las situaciones de fondo y no dar soluciones de corto plazo». Pero hoy dedicó un capítulo a explicar por qué eligió como candidato a la vicepresidencia a Miguel Ángel Pichetto.

Macri dijo que el senador peronista es un dirigente «que tiene una gran virtud, dice en público lo mismo que dice en privado», «alguien que demostró más dedicación a defender los intereses del Estado que los suyos personales», «un hombre que está enfocado en la generación de consensos, que será (un asunto) muy importante para los próximos cuatro años». Además, confesó que se trata de alguien que «me está enseñando mucho».

El candidato a la vicepresidencia ya había hablado. Lo hizo después de Gabriela Michetti, la vicepresidenta que lo presentó contando cómo había colaborado cuando ella llegó al Senado. Los funcionarios que escuchaban desde la platea vivieron ese momento con expectativa, ya que hasta hace pocas semanas Pichetto era un miembro de la oposición, racional si se quiere, pero definitivamente en la otra vereda.

Según los números que recibió Peña, y que el jefe de Gabinete desmenuza con fruición cada semana, su imagen negativa, que ronda el 50%, dobla la positiva. Hace un año era casi al revés.

Abocado de lleno a su función de jefe de campaña, el rol más cómodo en el que se reconoce, el jefe de ministros volverá esta semana al Senado a exponer su informe mensual, el primero del 2019 y una de sus pocas presencias por el impacto de las elecciones en la actividad parlamentaria. Lo esperan más de 800 preguntas, una cifra bastante más alta que la habitual: el anterior informe de la Cámara alta tuvo menos de 600.

La última vez que Peña visitó el Congreso para dar explicaciones fue en los primeros días de octubre pasado, en Diputados. Mesurado, casi no hizo mención al programa económico del Gobierno, a diferencia de sus anteriores presentaciones, que ya empezaba a mostrar sus peores resultados. Se enfocó en la agenda de Seguridad. No contestó ninguna de las críticas de la oposición, en especial del bloque K, que pedía rehacer el proyecto de Presupuesto que se negociaba entonces en ambas cámaras.

Dos meses antes, en agosto, el jefe de ministros sí se mostraba todavía mucho más enérgico. «No se ponga nervioso, (Rodolfo) Tailhade», chicaneaba, por caso, al diputado de Unidad Ciudadana, horas después de que el juez Claudio Bonadio dispusiera las primeras medidas de prueba en la causa de los cuadernos, una radiografía del esquema de corrupción de la anterior gestión.

“Fue un encuentro breve, más que nada para charlar un análisis de la situación y por supuesto a repasar algunas de las cuestiones que tienen que ver no solo con el calendario electoral sino con las cuestiones vinculadas a las acciones que despliega Nación en la provincia, especialmente el tema de obras, de licitaciones que se vienen y ese tipo de cuestiones”, introdujo Gustavo Menna

Y aclaró que Marcos Peña llegó a la ciudad por la ruta 26 “y pudo ver una ruta que estuvo tanto tiempo deteriorada y hoy está prácticamente terminada. Yo la transité este fin de semana desde Facundo hasta Comodoro ida y vuelta, y se está trabajando en el tramo que faltaba que es el de Sarmiento hacia el oeste; y eso es una evidencia de las cosas que se hacen y se terminan, a diferencia de lo que pasaba antes”, expresó.

En diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz, Menna indicó por otra parte que “lo de la autovía (Rada Tilly – Caleta Olivia) es una cuestión pendiente que Vialidad me ha adelantado que se va a licitar esa obra. Hay que recordar que se licitó a poco de asumir este Gobierno y había estado muchos años, diez, parada durante el kirchnerismo, una obra que la tuvo todo ese tiempo una de las empresas de Lázaro Báez y todos sabemos de qué se trataba y como terminó”.

“Se licitó a poco de asumir este Gobierno y se le adjudicó a la empresa que pasó el precio más bajo, pero lamentablemente no cumplió con lo comprometido y fue multada contractualmente por Vialidad, cosa que no pasaba hace muchos años. Lamentablemente pasó esa misma situación en la autovía Madryn – Trelew y se terminaron rescindiendo ambas licitaciones por incumplimiento. La de Madryn – Trelew se volvió a licitar, y hoy es una obra que marcha muy bien y avanzó mucho desde que comenzó el año pasado”.

Menna añadió que en repaso está el aeropuerto de Esquel, donde la licitación se va a abrir en estos días, más precisamente el lunes 18: “es una obra muy grande, de 300 millones de pesos. La estación aérea pasa a ser nueva pero, además, pasa de tener 1.000 metros cuadrados a más de 4.000, una torre nueva que pasa de 11 a 25 metros de altura, nuevo estacionamiento y pórtico de acceso. Realmente, será un aeropuerto muy lindo cuyos detalles los dio (Guillermo) Dietrich hace un par de semanas en Esquel”.

Asimismo, indicó que “estamos ya en el proceso final para llamar a licitación la Estación Transformadora Comodoro Oeste, que para decirlo más sencillo es el nodo de acceso y bajada al Sistema Interconectado Nacional, esa decisión que se adoptó en la época del ex presidente Kirchner de colocarlo en Pico Truncado y dejó a Comodoro aislado, sin acceso directo al sistema, lo que hace que lo ponga al límite cuando llega a su máximo de demanda, que son casi 170 MW, y eso genera un cuello de botella para todo el desarrollo eólico que podría adicionarse al que ya de por sí ha sido muy importante”.

“Por supuesto que también estamos encima del convenio que tienen que celebrar ENOHSA, la Secretaría de Recursos Hídricos, con la Cooperativa para la terminación de la repotenciación del Acueducto. Está también lo de la judicialización, porque es una complejidad adicional el estar en medio de un proceso pero está bastante avanzado el convenio qué van a suscribir, donde hubo una cuestión que se suscitó con el cambio de autoridades en la Cooperativa y la renuncia de su Presidente, pero creo que eso también se va a poder destrabar”, concluyó Menna.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, trató de despegarse sin suerte de la crisis económica social, al abrir su informe ante la Cámara de Diputados con un discurso sobre los “logros” en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Desde la bancada del FpV-PJ arremetieron contra la política económica del Gobierno y el acuerdo con el FMI con un reclamo común de todos sus diputados: “rehagan el presupuesto”. Peña no respondió las preguntas, ratificó el presupuesto 2019 y trocó la quimera del “segundo semestre” por el segundo mandato del oficialismo. “En el primer mandato de Cambiemos estamos haciendo las reformas para poder crecer de forma sustentable”, dijo y, en modo campaña, lanzó el desafío: “Las diferencias de diagnósticos y modelos se resolverán en la arena electoral”. El grueso de las bancadas opositoras criticó duramente el presupuesto y las “mentiras” del ministro coordinador, aunque en el peronismo federal no estuvieron sus principales espadas en el recinto y el massismo reclamó cambios en los “mentirosos” cálculos de ingresos y egresos del Estado nacional para el año próximo.

En su reaparición pública en Diputados tras la devaluación de su poder en el seno del gabinete, a Peña lo esperaban más de 1200 preguntas preparadas por los diputados de todos los bloques, relacionadas con el déficit primario y financiero, tipo de cambio, variación del PBI, e inflación IPC nacional. Pero el jefe de Gabinete dedicó su informe de gestión a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la Justicia.

La oposición se encargó de corregir el rumbo y la interpelación pasó por la política económica y el presupuesto 2019. “Llama la atención que persistan con las mismas políticas; cambian el funcionario y siguen con las mismas políticas… Es la peor de las respuestas, es sordera. Los resultados tremendos están a la vista de todos, menos del Gobierno”, abrió el fuego Axel Kicillof (FpV-PJ). Después de repasar las secuelas que dejará el último año del mandato de Mauricio Macri, entre ellos un “brutal endeudamiento” externo que llegará al “cien por ciento del PBI”, y de querer arrastrar a la oposición a votar un “presupuesto que nació muerto”. “Ya no sirven las proyecciones, por eso le decimos: rehagan este presupuesto, traigan uno que podamos discutir; pero no solo por eso: su única política es el ajuste, el déficit cero”, remató Kicillof.

El diputado y dirigente de la CTA Hugo Yasky describió que “crece la ola de despidos en todo el país” y que en el conurbano bonaerense se registra “un 3,5 por ciento por encima del promedio de desocupación de América latina”.  Un coctel que, combinando “con la inflación y la recesión, genera hoy un verdadero dolor y penuria social”.

“El endeudamiento externo e interno ha convertido al presidente Macri en el más endeudador de toda la historia del país”, sumó al matancero Fernando Espinoza. “Están esquilmando a las provincias, les están sacando recursos de transferencias corrientes”, reclamó el sanjuanino José Luis Gioja. Todos los diputados patagónicos del FpV-PJ criticaron duramente el recorte de las asignaciones familiares y jubilaciones en zonas desfavorables.

Peña pasó de largo las preguntas y esquivó sus respuestas. “Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar la economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social, ratificamos la profundización del federalismo. Y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible”, dijo y desafió al kirchnerismo: “Tenemos un diagnóstico distinto sobre el país que recibimos, sobre lo que hicimos nosotros, y seguramente el año próximo en la arena electoral se podrá plantear”.

El peronismo federal se repartió entre críticas y pedidos para sus provincias. El misionero Jorge Frana pidió la continuidad de las “moratorias previsionales porque no son dádivas”. El pampeano Ariel  Rauschenberger y la chubutense Rosa Muñoz reclamaron partidas presupuestarias y para obras que el Gobierno no envió tras la negativa de las provincias a adherir a la adenda fiscal. El cordobés Juan Brugge cuestionó el “descalabro” que permitió a la “bicicleta financiera fugar 52 mil millones de dólares”. El salteño Miguel Zottos se quejó por el precio de la nafta y pidió una solución para quienes tomaron créditos UVA y pagan “altísimos intereses”.

Peña se limitó a decir que el gobierno de Cambiemos “distribuyó mas plata a las provincias” y profundizó el federalismo.

El massismo también desplegó sus críticas. Mirta Tundis cuestionó el peligro que se cierne sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Daniel Arroyo se refirió a la crítica situación de las familias endeudadas para pagar servicios y medicamentos, además de reclamar un efectivo control sobre los productos de “precios cuidados”. Desde el Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, también bregó por rechazar el presupuesto. Lo mismo hizo Nicolás del Caño (FIT).

Los cierres incrementaron las críticas. “Este ajuste aterra. Nos lleva a un submundo”, dijo la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, y sostuvo que “fueron muchos los desaciertos, la soberbia y las mentiras” de la gestión macrista. “Estamos ante una crisis de deuda externa que ustedes generaron. Deben hacerse cargo”, reclamó Camaño.

“La Argentina está peor que hace cuatro años. Cuando asumieron el país no estaba en crisis. Tenían un país desendeudado, con bajos niveles de desocupación y fíjense lo que hicieron: aumentaron la inflación, aumentaron la desocupación, quebraron empresas, tenemos las tasas de interés más caras del mundo”, remarcó Agustín Rossi (FpV) y preguntó: “¿A quién le van a echar la culpa si ganan las elecciones?”

La palabra final la tuvo el jefe del interbloque de Cambiemos. El radical Mario Negri también evitó hablar de la economía y descargó sus críticas sobre los 12 años de kirchnerismo, pero ya no pudo evitar que Peña se fuera del recinto mas golpeado que nunca.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brinda en la Cámara de Diputados un nuevo informe de gestión del gobierno nacional, en medio de las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto 2019.  Peña se presentará desde las 11 en la Cámara baja, que no sesionaba desde agosto pasado, justamente cuando el jefe de Gabinete brindó su último informe ante los diputados. Lo esperan más de 1200 preguntas relacionadas al déficit primario, déficit financiero, tipo de cambio promedio, variación del PBI, e inflación IPC nacional.

Será la vuelta a la escena pública del otrora primer vocero del Gobierno de Mauricio Macri, que guarda silencio casi absoluto desde que se especuló con su salida del Gabinete en medio de la corrida cambiaria de fines de agosto. Finalmente Peña mantuvo su cargo, pero debió afrontar el desplazamiento de sus dos colaboradores más cercanos: Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

El 30 de agosto fue la última vez que se escuchó la voz de Peña en los medios, cuando aseguró: “No creemos estar ante un fracaso económico ni mucho menos. La Argentina va a salir adelante y más fortalecida… lo dicen todos los indicadores”. El mismo discurso repitió ese día en declaraciones radiales y en su exposición en el Consejo de las Américas.

Desde entonces, el jefe de Gabinete apenas participó de algunas actividades oficiales menores, no habló con la prensa y suspendió su informe al Senado previsto para el 5 de septiembre.

En su presentación, Peña deberá responder 1282 preguntas formuladas por los diputados. Primero hará una exposición en la que admitirá el crecimiento de la deuda pública. «A pesar de la caída proyectada para la deuda expresada en dólares en 2018, medida en porcentaje del PBI proyectamos un incremento de 29,9 puntos (de 57,1% a 87,0% del PBI), mientras que para la deuda neta proyectamos un aumento de 22,6 puntos (de 29,4% a 52,0%)», señalará el referente del PRO en el recinto de la Cámara baja, según el texto que adelantó la agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó que exista un conflicto con la iglesia católica y confirmó que el presidente Mauricio Macri no vetará la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, si el Senado finalmente ratifica la media sanción de Diputados. Así, Peña descartó el pedido del arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, que reclamó el veto presidencial si la ley fuera aprobada, durante el Tedeum por el 9 de Julio en la catedral platense a la que asistió la gobernadora María Eugenia Vidal, enrolada en la campaña “provida” contra la legalización del aborto. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó el Tedeum en la catedral metropolitana para sumarse a la campaña antiabortista de la iglesia consagrando públicamente su vida, su gestión y la ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón de Jesús, “bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen”.

Peña reafirmó ayer que Macri respetará la decisión del Congreso ante los periodistas acreditados en Casa Rosada tras una reunión de Gabinete. “El Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley”, sostuvo el ministro coordinador.

La ratificación de la postura presidencial llegó después que desde la iglesia católica reclamaron el veto presidencial si la ley era aprobada por el Parlamento. Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete negó un conflicto con la iglesia y aseguró que existe una “muy buena relación” con el Episcopado. “Es una muy buena relación institucional. Hemos sido muy respetuoso de su palabra y del diálogo”, insistió Peña.

Los Tedeum y homilías por el aniversario de la declaración de la Independencia se transformaron en tribunas de la iglesia católica contra la sanción de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que ahora debate el Senado.

Quien fue más lejos en su reclamo, fue el arzobispo platense. “Creo que la política se queda sin espíritu y se vuelve pragmatismo vacío cuando uno deja de amar la vida más frágil, la vida más pequeña y limitada, cuando ya no lo hiere la vida amenazada, cuando ya no se obsesiona por salvar a todos”, dijo Fernández en su homilía.

Luego, el arzobispo citó al presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien vetó una ley de aborto y no movido por un dogma, “sino por una convicción profundamente humanista, la convicción de que la vida humana se defiende siempre o siempre quedará expuesta a cualquier atropello”. Una invitación abierta a Macri para que imite a su par uruguayo.

En el Tedeum estaba presente la gobernadora bonaerense. Antes de ingresar a la catedral platense, Vidal posó para una foto junto a joven de una agrupación “pro vida” y sosteniendo un pañuelo celeste que identifica la campaña antiabortista. No es la primera vez que la gobernadora da muestra de su enrolamiento con los sectores anti derechos.

Otro exponente del gobierno macrista también aprovechó la fecha patria para mostrar su encolumnamiento con la iglesia católica y su postura antiabortista. Tras el Tedeum en la catedral metropolitana, Rodríguez Larreta consagró su vida y su gestión política, y la suerte de los porteños, al sagrado corazón de Jesús.

“Quiero presentarme ante Dios como Jefe de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad”, manifestó el alcalde porteño después de la comunión y en compañía de su esposa, la wedding planner Bárbara Diez.

“Me acompañan en este momento los vecinos que desde su propia oración, expresada en la diversidad religiosa que tanto nos enriquece o con el buen deseo del corazón, quieren lo mismo: construir una sociedad justa, pacífica, basada en el respeto y la solidaridad”, invocó y prometió después Rodríguez Larreta. Quizá amparado en el preámbulo de la Constitución porteña en la que los constituyes invocaron “la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia” para sancionarla y promulgarla.

El arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, acompañó la celebración y la consagración del alcalde con la satisfacción de que se trató de una ratificación de Rodríguez Larreta a los reclamos antiabortistas que descargó desde el púlpito: “Nos duele y entristece que se piense legislar para que muchos argentinos que se están gestando en las panzas de sus mamás no puedan entrar en la fiesta de la vida y ser herederos de la independencia”, había dicho Poli.

“No veo una contradicción con lo que dijo el jefe de Gabinete”, señaló ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en referencia a la posibilidad de aplicar impuestos a viajes y consumos al exterior para frenar una vía de sangría de dólares, pero luego lo contradijo y rechazó que esté en análisis esa medida. En los últimos días crecieron las versiones, confirmadas por una parte del Ejecutivo, de implementar un tipo de cambio diferencial sobre el turismo para frenar una vía de salida de divisas.

El jefe de ministros, Marcos Peña, había admitido más temprano desde Casa de Gobierno que esa posibilidad está “sobre la mesa”, con lo cual rechazó las aseveraciones que Dujovne había hecho ayer por teleconferencia a inversores en Wall Street. De inmediato se alineó de ese lado de la grieta interna el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien agregó incluso que su efecto podría incluirse en las estimaciones del proyecto de Presupuesto del año próximo. Dujovne mantuvo el saque en este ping-pong y reiteró por la tarde ante una comisión bicameral en el Congreso que no está en estudio y que aumentar impuestos no es el camino. Las internas dentro del Gobierno sobre cómo encarar la corrida contra el peso son una muestra más de la descoordinación que existe en el gobierno.

En medio de una pérdida de credibilidad del macrismo sobre el manejo económico y el margen político que tiene actualmente para aplicar las reformas que se comprometió con el Fondo Monetario, comenzaron a evaluarse alternativas para frenar la crisis cambiaria. Entre las medidas que desde un ala del Gobierno dejaron trascenderse se encuentra aumentar el impuesto a los pasajes aéreos al exterior del actual 7 por ciento a un 15 por ciento. Dentro del mismo paquete se incluiría una alícuota también del 15 por ciento que se cobraría sobre los consumos con tarjeta de crédito fuera del país. El objetivo es eliminar uno de los canales de la fuga de divisas que desde diciembre de 2015 lleva a acumulados una pérdida neta de 50.000 millones de dólares.

Estas iniciativas son impulsadas por el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y también por un sector del Gabinete, encabezado por Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En contra de esta medida está el propio Dujovne, quien hizo públicas sus diferencias pero manteniendo el tono afable que el coaching de Jaime Durán Barba aconseja a los funcionarios. El lunes, en una charla vía webcam con un grupo de inversores extranjeros, el ministro de Hacienda rechazó de plano esa alternativa.

Peña ayer declaró otra cosa. “La posibilidad de discutir el tema de los impuestos a los pasajes al exterior es algo que está sobre la mesa, que algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente que tenemos y es una de las cosas que se analizará pero en un contexto de discusión más amplia”, dijo. El ministro Dietrich también había relativizó la negativa de Dujovne. Mientras anunciaba la eliminación del piso de precios para pasajes aéreos low cost aseguró que “se trata de distintas alternativas que evalúa el Gobierno y que, si se aprueban, estarán dentro del presupuesto del año que viene”. “Todo esto forma parte de las conversiones que tenemos con el Ministerio de Hacienda para cerrar el presupuesto del año que viene y se van a evaluar todas las posibilidades”, agregó Dietrich.

Pero el último en referirse al tema volvió a ser Dujovne en una reunión de la Bicameral de seguimiento de la Deuda para analizar el acuerdo con el FMI (ver aparte). “No vemos que vayamos a solucionar los problemas de los argentinos aumentando los impuestos”, aseguró el funcionario, quien sólo dio por cierto que hay “sectores que sugieren esa posibilidad”.

Ante la situación de incertidumbre con el dólar y otras variables económicas, el Gobierno respondió con más consignas. “Estamos convencidos de que hemos tomado el camino correcto para la Argentina”, dijo ayer el presidente Mauricio Macri, quien no hizo alusión a la escalada del dólar de la semana pasada (que tocó las puertas de los 30 pesos) ni al traslado a precios que tendrá la devaluación de estos meses.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que se vive un “un clima tormentoso, producto de varios factores externos”. El jefe de Gabinete aseguró que “ni “está todo bien” ni hay una “crisis terminal”. Pese a la restricción de la economía argentina para obtener dólares, por orden de Peña todo el aparato comunicativo del Gobierno está concentrado en asegurar que se van a cumplir con las metas del déficit fiscal pautadas con el FMI para 2019. “Se van a lograr sea como sea”, advierten en la Rosada, para llevar tranquilidad a los operadores financieros.

La comunicación gubernamental no está dejando, por otra parte, lugar para traer tranquilidad a otros sectores económicos y sociales. Todo comunica: Macri habló desde un acto en el que reivindicaba a los policías caídos en el servicio. Así, rodeado de policías, Macri dijo luego de las últimas novedades intranquilizadoras de la economía: “Les agradezco que me estén acompañando en esta transformación de la Argentina. Estamos convencidos de que hemos tomado el camino correcto para la Argentina. Sin el aporte de ustedes, nada de esto sería posible”. “Voy a estar comprometido para darles todos los recursos que necesiten porque esta es una batalla que tiene que ver con nuestro futuro y tranquilidad”, les aseguró Macri a los uniformados, en un contexto de ajuste general por parte del Gobierno.

La obsesión del oficialismo es dejar en claro que “esta vez va en serio” el ajuste del déficit fiscal, como dijo Marcos Peña hace algunas semanas. En esa dirección, en el Gobierno destacaban ayer la cantidad de gobernadores que respaldaron al Gobierno y sus metas fiscales, luego de un trabajo hormiga por parte del equipo del ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Entre los 12 que ya firmaron están los integrantes de Cambiemos, pero también los peronista Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan) además de Hugo Passalacqua (Misiones) y los patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut). En el oficialismo también remarcan que cuentan con el apoyo del senador Miguel Angel Pichetto.

Las señales son todas en un mismo sentido: mostrarle al FMI que hay un peronismo “racional” que acompañará las políticas que el Gobierno venía aplicando y se comprometió ahora ante el organismo multilateral de crédito a seguir aplicando con más dureza y sin la ilusión de gradualismos. El jefe de Gabinete salió ayer a ratificar esa línea: al tiempo que admitió que la economía no está tranquila (de las “turbulencias” pasó a hablar de “clima tormentoso”), volvió a poner como meta la reducción del déficit, como único objetivo para intentar frenar las variables que no parecen estar bajo control.

Peña indicó que la Argentina viene teniendo “un clima tormentoso, producto de varios factores externos”, entre los que mencionó la suba de tasas de los Estados Unidos, una guerra comercial de ese país con China, la suba del precio del petróleo y la sequía que afectó la producción y el nivel de exportaciones. “Ni la cuestión está en una crisis a veces tan terminal, como se quiere plantear, ni tampoco que está todo bien”, advirtió. Para Peña, el problema es que la Argentina es “un país muy acostumbrado a usar el dólar como termómetro de la situación económica”. “Reconocemos el momento y lo tomamos con la seriedad que corresponde y tomamos medidas como, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo.

Como solución única, indicó que se “va a cumplir con la reducción del déficit fiscal” a 1,3 por ciento del PBI en 2019. “Estamos convencidos de que va a haber un acompañamiento responsable de nuestro presupuesto”, sostuvo Peña en dirección al peronismo. “Además, también estamos confiados en que lo vamos a lograr ya que ese compromiso que asumió la Argentina no tiene marcha atrás”, aseguró. Volvió a remarcar que lo central es “ir hacia el equilibrio fiscal para poder crecer mucho tiempo y reducir esta dependencia externa”.

Peña aseguró que la confianza de los principales países en el liderazgo de Macri “es inédita en tamaño y velocidad”. “Ha sido respaldado por casi todas las economías más importantes del planeta, diciendo que vamos por el camino correcto”, remarcó. “En solo dos años y medio el Gobierno redujo el gasto en cuatro puntos y bajó impuestos”, insistió el jefe de Gabinete, que no arrojó pistas sobre qué harán con la fuga de dólares, el traslado del devaluación a las tarifas de los servicios (en el esquema que dejó Juan José Aranguren) y a los precios en general.

La legalización del aborto ya tiene fecha para su tratamiento en el Senado. Los jefes de los distintos bloques de la Cámara Alta llegaron ayer a un acuerdo para que la iniciativa aprobada por Diputados llegue al recinto el 8 de agosto. Durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se estableció que esa será la fecha para la votación y una semana antes, el 1 de agosto, se pasará a la firma el dictamen. Más allá de eso, no se logró resolver el conflicto por las comisiones que intervendrán en el debate. La semana pasada la vicepresidenta Gabriela Michetti había girado el proyecto a cuatro comisiones, dos más que las solicitadas por los sectores que apoyan la iniciativa. El interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto, y el FpV-PJ, que encabeza Marcelo Fuentes, impugnaron esa decisión, que podría ser debatida hoy por el conjunto de los senadores, previo a la sesión informativa especial del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Mientras afuera del edificio del Congreso se realizaba un nuevo pañuelazo, los principales senadores discutían puertas adentro el procedimiento para esta segunda etapa del histórico debate sobre el aborto. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvieron a reclamar ayer al mediodía que no se dilate la discusión y proponían que, dada la enorme cantidad de expositores que ya habían pasado por Diputados y el trabajo de las comisiones allí, la votación se realizara a mediados de julio. El pedido fue acompañado por un grupo de senadoras y senadores, el colectivo de Actrices Argentinas y distintas agrupaciones del movimiento de mujeres (ver nota aparte).

Fuentes de distintos bancadas confirmaron a PáginaI12 la fecha para emitir dictamen y para votar el proyecto. La reunión de Labor, presidida por Michetti, tuvo algunos momentos de tensión, sobretodo cuando se planteó el tema de los giros. La vicepresidenta había dispuesto que, además de Salud y Justicia, se incorporen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. La primera la preside el macrista Esteban Bullrich, un cruzado antiabortista y la segunda el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que ayer ratificó su “posición personal a favor de la vida” pero agregó que no tiene “posiciones definitivas” de cara al debate. “Estoy dispuesto a escuchar ideas, posiciones, a poner en crisis mis verdades y estar dispuesto a encontrar y entender al otro”, afirmó Mera en declaraciones a radio Concepto. El senador se mostró cercano a la despenalización pero en contra de la legalización. “Hay una colisión de derechos con ese niño por nacer que, de acuerdo a mucha normativa existente tiene el derecho consagrado a la vida. Entiendo que hay un reclamo válido del colectivo que reclama por esta media sanción; y no creo en la criminalización y penalización de la mujer”, sostuvo.

Otro que ayer hizo pública su posición fue el radical jujeño Mario Fiad, pese a que la semana pasada había dicho que no lo haría por ser presidente de la comisión de Salud, que encabezará el plenario. “Me manifiesto categóricamente a favor de las dos vidas. No estoy de acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”, aseguró Fiad en un comunicado donde sostuvo (contrariando a los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia) que la media sanción “es cuestionable desde su constitucionalidad, lo que implica un retroceso en el respeto por el derecho a la vida, derecho éste primero, fundamental y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos”. Otro senador que ayer hizo público su rechazo fue el ruralista Alfredo De Angeli. El entrerriano, fervoroso opositor a que el Estado recaude fondos por medio de las retenciones, argumentó que la legalización sería muy costosa y que el sistema de salud no podría enfrentar ese gasto. Este razonamiento fue desmentido por completo por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, del mismo espacio político que De Angeli. Durante su paso por Diputados, Rubinstein explicó que los mayores costos se producen cuando deben atender a las mujeres que padecen complicaciones tras realizarse un aborto clandestino.

El tema de la cantidad de comisiones intervinientes se terminará de resolver hoy, cuando se defina si finalmente se mantiene la decisión de Michetti, se somete a votación del cuerpo y se modifica. O no.

Fue una victoria de los CEOs. La decisión de volver al FMI a pedir dinero fue diseñada y resuelta exclusivamente por la mesa chica económica del Gobierno. Además de la obvia participación del presidente Mauricio Macri y del trío Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, en la cocina de la iniciativa estuvieron el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el de Hacienda, Nicolás Dujovne. Al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se lo comunicaron cuando ya era una decisión tomada. Los funcionarios políticos recibieron la noticia recién ayer, al igual que los aliados del PRO, e intervinieron sólo en la comunicación. Más allá de que todos se mostraron de acuerdo, la forma en que se resolvió marca una lógica consolidada en la Rosada. En el discurso del Presidente y sus funcionarios, recurrieron a una nueva crisis contrafáctica evitada: una corrida mucho peor del dólar que se habría conjurado con esta decisión.

La resolución de recurrir al FMI para solicitar un salvataje económico se tomó en una reunión de la mesa chica económica del Gobierno: ni siquiera en el encuentro del gabinete económico que le siguió a esa charla, donde todo pasó por ver cómo se implementaba la medida. En paralelo a esas reuniones, se juntó la Mesa Nacional de Cambiemos para darle su apoyo al presidente en el rumbo económico. Macri participó de ese encuentro, pero se cuidó de comunicarle la decisión a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica. El motivo que señalaban en Balcarce 50 es que querían evitar filtraciones a la prensa antes de que Macri hiciera su anuncio de ayer.

Entre las razones que expusieron Dujovne y Caputo en ese encuentro con Macri estuvo sobre todo la falta de financiamiento internacional que empezó a experimentar el Gobierno: sin otras fuentes de las que tomar deuda, lo conveniente –argumentaron– era ir al FMI, que les daría una tasa más baja. Ayer, cuando abrieron la decisión, Elisa Carrió lo dijo sin filtro: “Ir al FMI con 4 por ciento de interés es ahorrar la mitad de los intereses, estar cubiertos hasta el 2019 e impedir el eterno golpismo de los devaluacionistas”, aseguró. Esto último también estuvo presente en el discurso del Gobierno, sobre todo en el que transcurre sin los micrófonos y las cámaras. “Teníamos datos de que los mercados se iban a venir con todo por una devaluación mayor”, fue el argumento de una nueva crisis evitada.

Una vez resuelto el camino a seguir, vino su implementación evitando consultar a aliados y otros referentes del espacio, que podrían haber advertido sobre las implicancias políticas y culturales que tenía una decisión así. Con la lógica de los hechos consumados, a la mayoría no le quedó más que salir a respaldar.

“Apoyamos el rumbo económico seguido por el presidente, la decisión de integrarnos al mundo y de adaptarnos a los cambios de hoy para que el futuro de todos sea mejor”, salió a bancar el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que “Argentina fue socia del FMI durante el kirchnerismo”. “Siempre dijimos que la Argentina era vulnerable por el enorme déficit que heredamos. El populismo y la demagogia nos llevaron a fracaso y a la frustración”, culpó al Gobierno anterior.

Cadena privada

Dujovne se comunicó ayer por la mañana con la titular del FMI, Christine Lagarde, con quien compartió cenas de miles de pesos en su casa pagadas con el erario público. Luego de consensuar los términos generales, la llamó Macri para sellar el acuerdo. Por supuesto, ahora Dujovne viajará a Estados Unidos porque falta la letra chica (y es sabido que el demonio está en los detalles).

La decisión se abrió a más funcionarios a media mañana de ayer, pero para que intervinieran en la parte de la comunicación. En la reunión de coordinación, en la que además de Peña, Quintana y Lopetegui, estuvo  Frigerio, quien se ocupó luego de dar a conocer la decisión a los gobernadores. “Todos bancaron y comparten la salida”, indicaron funcionarios de su ministerio.

En ese cónclave, se terminó de ajustar la forma de dar a conocer la decisión: definieron que sería Macri el que saldría a dar la noticia, algo que no es habitual. En los últimos días, no obstante, se venía buscando la forma de sacar al mandatario del lugar en el que había quedado, en el que esquivaba el tema del dólar, mientras su imagen seguía sufriendo un daño importante. Evaluaron que comunicar esa decisión –si bien no era una “buena noticia”– lo ponía en un sitio de protagonismo, de estar ocupándose de resolver la corrida. En los últimos días, habían llegado a pensar hasta en usar la cadena nacional.

Peña y su equipo de comunicación trabajaron en los borradores. Para evitar imágenes del pasado, decidieron que Macri no apareciera sentado en un escritorio, sino que hablara desde un atril (y por supuesto que no dijo “qué lindo es dar buenas noticias”). Lo grabó al mediodía y, sin convocar a cadena nacional, lo transmitieron todos los medios en una suerte de cadena privada.

Tras la decisión, ayer seguía habiendo preocupación en la Rosada por el panorama económico. Todas las variables tienen luces amarillas o rojas: el dolar, la inflación, el crecimiento (no sólo por la tasa sino por la sequía que afecta la producción rural) y hasta hay quien se queja de que los supermercados remarcan por cualquier cosa y reclama mayor intervención por parte del ministro de Producción, Francisco “Pancho” Cabrera. Otros, en cambio, piensan que el ajuste tendría que haber sido mayor en los años anteriores para evitar llegar a este escenario.

Hacia afuera, el discurso es que no había alternativa. “Es esto o un ajuste salvaje o una megadevaluacion”, analizaban el Balcarce 50. “El gradualismo y el equilibrio fiscal al 2020 se financia con deuda a tasas bajas. No hay otro camino”, remarcaron en la Rosada. Desde el ala política del Gobierno, no obstante, todavía piensan que la decisión tomada por los CEOs requiere todavía un trabajo más fino. “Creo que hoy con esto logran calmar los mercados, ahora hay que calmar la política”, definían, en las vísperas de la sesión de hoy, donde el oficialismo se apresta a perder la votación por las tarifas.

Los gobernadores salieron a responderle al presidente Mauricio Macri, quien eligió poner en foco en los impuestos provinciales sobre los servicios para correr la discusión del aumento que dispuso el Gobierno y que la oposición quiere comenzar a revertir hoy en una sesión especial en Diputados. Los gobernadores de las principales provincias, como Córdoba o Santa Fe, cuestionaron el planteo del presidente y lo invitaron a ofrecer una rebaja del IVA sobre los servicios. Otros gobernadores eligieron aclarar que su provincia no cobra ningún impuesto adicional. Y un tercer grupo, de oficialistas y afines, se sumó a la iniciativa presidencial, que había encabezado la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Luego se supo de un proyecto oficial que redobló la apuesta: según trascendió, quita toda carga impositiva a las tarifas. De inmediato, desde la oposición salieron a declarar la iniciativa como inconstitucional.

Después del pedido del Presidente de que eliminen impuestos provinciales y municipales y la respuesta teatral de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta fue el siguiente. El jefe de Gobierno brindó una conferencia de prensa en la que abundó en el recurso de la pesada herencia: “Todos somos conscientes de la catástrofe energética que nos han dejado”, dijo.  “Vamos a acompañar al presidente Macri en este esfuerzo que estamos haciendo todos para el sinceramiento para la política energética. En esta Ciudad de Buenos Aires tuvimos casi la mitad de la Ciudad sin luz producto de la política energética de la última década. Cuando nos decían antes que la energía era gratis nos mentían”, machacó.

“En la Ciudad no tenemos ningún impuesto específico sobre los servicios que se traslade a los consumidores. La carga es cero”, aclaró el jefe de Gobierno, quien advirtió: “Buenos Aires es el distrito con menor carga impositiva en los servicios públicos. Así y todo vamos a llevar a cero los ingresos brutos en el caso del gas y en el agua”. Calculó el costo fiscal de esta medida en 1500 millones de pesos. “Lo vamos a financiar y tendremos que postergar alguna obra”, indicó, sin dar especificaciones. La medida regirá hasta fin de año. “Vamos a acelerar en lo que es el cambio de la matriz energética. El cambio de la iluminación pública a luces LED nos significa un ahorro del 40 por ciento”, indicó. También prometió “distribuir a los vecinos cinco millones de bombitas LED gratuitas”, por un costo de entre 300 y 500 millones de pesos.

Según publicó el diario Bae Negocios, la empresa ganadora del reemplazo de las luminarias públicas es General Lighting Systems (GLS), que pertenece a Alejandro Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete Marcos Peña y vinculado al secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y al Grupo Macri en desarrollos agropecuarios en Salta. GLS tiene un contrato con el Gobierno porteño por 238 millones de pesos.

En la misma línea, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decretó una reducción del 5 por ciento en la tarifa eléctrica para los usuarios residenciales cuyo consumo mensual no supere los 300 kilovatios. “El universo que comprende esta medida es de más de cien mil usuarios”, aseguró Passalacqua, quien ya había eliminado temporalmente el impuesto conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD). En Corrientes, el radical Gustavo Valdés indicó que está estudiando “llevar Ingresos Brutos a cero tanto en luz como en agua”. “El impacto sería entre 25 y 50 millones de pesos menos”, advirtió.

En otras provincias el clima no fue tan proclive con el Presidente.

Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti anunció que aportará subsidios a la tarifa social dado que la Nación “dejará de subsidiar a los sectores más vulnerables de la sociedad”. El mandatario indicó que su provincia fue la primera en eliminar impuestos a los servicios públicos y reducir el de Ingresos Brutos. Le reclamó a Macri que redistribuya los subsidios que se aplican especialmente al Gran Buenos Aires y lo desafió a bajar el IVA sobre los servicios. Le pidió que, en plan de reducir, estudie “la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27 por ciento. Así aportamos todos: la Nación, las provincias y los municipios”.

Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz no se quedó atrás en las críticas: “Hay que reconocerle a este Gobierno que tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político de las medidas impopulares que toma a las provincias. Ya lo hizo con la reforma previsional, lo hizo con las tarifas el año pasado”, indicó el socialista. “Nosotros no tenemos los impuestos que tiene Vidal en Buenos Aires. Estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de morigerar el impacto de la energía eléctrica”, remarcó.

De todas formas, Lifschitz dijo que Santa Fe aportará al costo fiscal de retrasar los cambios en la tarifa social, aunque puntualizó que se trata de  “una estrategia para disimular una política tarifaria que produce un amplio impacto social. No cambió un ápice la estrategia ni la política tarifaria, se la intenta maquillar para que la gente lo pueda digerir pero no se resuelve el problema de fondo”. “Las provincias no somos las que definimos las tarifas ni hemos sido parte de las discusiones”, remarcó.

Mendoza

Pese a haber sido el impulsor de los cambios en las tarifas, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se desmarcó de la estrategia presidencia y a diferencia de Vidal y Larreta dijo que no habrá ninguna reducción de impuestos en su provincia. Sí habrá, no obstante, un aumento del 80 por ciento en el agua (ver página 4). “La reducción de impuestos se da cuando la carga impositiva es exagerada, cuando uno tiene la situación ordenada, tiene poco qué hacer. No vamos a hacer nada en materia impositiva en las facturas”, afirmó el ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri.

Salta, Jujuy, su ruta

Muchos gobernadores le aclararon a Macri que está pidiendo que rebajen impuestos que no existen. El gobernador Juan Manuel Urtubey aclaró que su provincia no cobra impuestos, a diferencia de Buenos Aires. “No podemos reducir algo que no existe”, dijo Urtubey. “Sólo pagamos el IVA, que es un impuesto nacional”, le devolvió, al igual que Schiaretti. “Con el aumento de tarifas no se logran pagar las obras de infraestructura necesarias”, advirtió el mandatario. Lo mismo advirtieron otro grupo de mandatarios. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, indicó “no cobra ningún impuesto en la boleta de la luz” y volvió a apuntar al IVA. “La provincia no tiene impuestos específicos en los servicios públicos”, sostuvo Omar Gutiérrez, de Neuquén, aunque añadió que se plegará a mantener los subsidios de la tarifa social por dos meses más. En Tierra del Fuego, el secretario de Hidrocarburos, Omar Nogar, también recordó que no cobran impuestos a la luz. En el mismo sentido, se pronunciaron Formosa, Misiones, Tucumán, Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Gerardo Morales, de Jujuy, sostuvo que “no tiene ningún impuesto en la tarifa de energía”. Sí aclaró que “se cobra Ingresos Brutos y este concepto se considera pago a cuenta”.

Frente a esta reacción, el Gobierno de Cambiemos decidió redoblar la apuesta y envió un proyecto que eliminaría por ley los impuesto en las tarifas, estableciendo que sólo deberán contener los cargos por el consumo realizado. Rápidamente, desde la oposición tildaron la iniciativa como inconstitucional y detallaron que los esquemas tarifarios son diferentes en las distintas zonas del país según la decisión de cada gestión.