El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la existencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

La mención figura en un comunicado oficial que compartió la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y coincide con la afirmación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

El gobierno provincial anunció una recompensa de $50 millones para quien aporte datos certeros sobre la autoría del incendio en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio, luego de confirmar que el fuego fue provocado intencionalmente.

La investigación oficial, que encabeza de oficio la justicia ordinaria chubutense, incorpora documentación probatoria para dar con los autores. Sin embargo, Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad del gobierno de Torres, relacionó los incendios con el misterioso hallazgo de explosivos en sitios inhóspitos, que fueron secuestrados por la Policía local.

Durante los incendios de 2025, el ejecutivo patagónico relacionó los incendios con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces y mencionó al mapuche Ernesto Cruz Cárdenas como presunto responsable de los atentados incendiarios. La acusación pública despertó múltiples cuestionamientos de parte de comunidades mapuches, aunque la investigación no prosperó. 

Cruz Cárdenas está en libertad, luego de ser condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en El Maitenal, una seccional de Parques Nacionales ubicada en Los Alerces. 

Estuvo prófugo y fue capturado y juzgado, perodesde agosto de 2025 no realizó apariciones públicas ni declaraciones mediáticas. “Difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”, arriesgaron los investigadores.

Horas antes del foco inicial, el lunes pasado hubo amenazas telefónicas en las que anunciaban incendios en la jurisdicción. Las comunicaciones, efectuadas a una central de brigadistas forestales, forman parte de la investigación.

Torres, antes de mencionar la existencia de grupos violentos, aclaró que con la mayoría de las comunidades mapuches de la región “existe buena convivencia”. Dijo que “son gente de bien y de trabajo, y pertenecen a comunidades legalmente inscriptas”.

El ministerio que conduce Monteoliva mencionó que el organismo colabora de manera activa con la lucha contra el fuego. “La Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera de manera plena, permanente y coordinada en todo el territorio nacional, y en particular en la provincia de Chubut para combatir los incendios forestales, mediante el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia”, menciona el comunicado.

Además, el escrito describió que el 95 por ciento de los incendios forestales tienen origen humano. “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró el organismo.

El predio en litigio está situado en Bahía Huemul, a 35 kilómetros del centro de Villa la Angostura. El caso se dirime en la justicia ordinaria neuquina aunque ya se agotaron las instancias para frenar el desalojo.

Este lunes expiró el plazo que otorgó el Poder Judicial de la provincia petrolera para que los acusados abandonen el sitio de forma voluntaria, dando lugar al uso de la fuerza para restituir la propiedad a los damnificados.

Ante la inminencia de la medida, laConfederación Mapuche de Neuquén se declaró en alerta y acudió al gobierno provincial para tratar de poner freno al desalojo. Las comunidades que residen en la propiedad son el lof Quintriqueo y Melo, conformadas por unas 30 familias.

“Nuestra idea de permanecer en el territorio es para siempre, por eso vamos a resistir cualquier intento de desalojo” aseguró Noelia Huenumil, una de las integrantes del grupo.

Este lunes las comunidades colocaron barricadas en el ingreso al predio e hicieron pública la intención de “frenar cualquier intento de desojarnos de nuestro lugar”.

Cuestionaron además la postura del gobierno provincial, al que acudieron para evitar la ejecución de la medida judicial, y denunciaron “abandono por parte de sus autoridades”.

“Sepa el gobernador Rolando Figueroa, el ministro Jorge Tobares y todo el arco político que no hicieron nada para que esto se frene. Serán los principales responsables de lo que suceda en el territorio con nuestros niños, ancianos e integrantes de nuestras lof” manifestaron. 

La usurpación fue denunciada a principios de 2012, aunque el ingreso de las comunidades al lugar se concretó el 27 de diciembre del año anterior. 

La propietaria del predio exhibió ante la Justicia, durante el transcurso de la causa en Tribunales, el título que acredita la titularidad de las tierras desde 1973. A pesar de ese aval, mapuches hicieron foco en la supuesta preexistencia ancestral e irrumpieron en el lugar.

El grupo, que reside en el predio, se escudó en la cuestionada Ley 26.160 de relevamiento territorial para permanecer en el territorio, a pesar de que la comunidad nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La querellante, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

La defensa de los mapuches es ejercida porLuis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien acudió a todas las estrategias posibles para garantizar la permanencia de sus defendidos en el sitio que consideran “ancestral”.

En 2016 el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, con jurisdicción en la zona, ordenó el desalojo de la comunidad y dispuso la restitución del inmueble a su propietaria. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial analizó la presentación que realizó la comunidad mapuche para revertir la medida y confirmó la sentencia judicial. Sin embargo, el desalojo nunca se ejecutó.

En ese entonces el argumento mapuche se focalizó en la ley de relevamiento territorial establecido en la Ley 26.160, que dispone, entre otros puntos, la suspensión provisoria de todos los territorios usurpados por comunidades hasta que finalice dicho proceso. La denunciante aseguró que dicha norma alcanza únicamente a las usurpaciones efectuadas hasta el año 2005, por lo que la misma quedaría fuera de su rango de aplicación.

Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.

Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.

Los ataques surgieron horas después de que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Jones Huala, reivindicara los ataques incendiarios y convocara a sus seguidores a la “lucha armada”. También defendió los sabotajes contra la que denominó “infraestructura del sistema capitalista”, “las transnacionales y los terratenientes”. Por esos dichos, Huala fue denunciado por el Ministerio de Seguridad Nacional esta mañana, indica Infobae.

Torres informó que de los ocho nuevos focos de fuego, hay dos que ya fueron controlados por los Bomberos. Por el hecho, indicó, ya hay una persona identificada que no está detenida porque quedó internada. Según corroboraron, el sospechoso mantuvo contactos telefónicos con otro supuesto mapuche que fue desalojado recientemente del Parque Nacional Los Alerces y está relacionado con el ataque a la Estancia Amancay.

En enero pasado, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó el operativo que desalojó a la agrupación mapuche Lof Paillako. El jueves 9 de enero de 2025 expiró la fecha límite que había establecido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para que los líderes mapuches, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, María Belén Salinas, abandonaran el territorio junto con el resto de la comunidad. Por este motivo, la titular de la cartera de Seguridad Nacional, el gobernador chubutense y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se sumaron al procedimiento para desalojar a la población.

En tanto, se comprobó que el ataque incendiario a la Estancia Amancay fue premeditado. El escrito fue elaborado luego de los peritajes que se realizaron en el establecimiento ganadero Amancay, situado sobre la ruta provincial 71, a pocos kilómetros de la localidad. Un investigador de incendios y explosivos junto a la Policía Científica del Chubut peritaron el sitio y confirmaron que fue provocado intencionalmente mediante el uso de acelerantes en recipientes de vidrio – tipo molotov- para lograr «una mayor expansión y propagación del fuego».

En este sentido, Torres apuntó contra el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala: «Esta persona primero era flogger y después se autopercibió mapuche y lo que hacen es muy grave. Este delincuente y este imbécil, que habla desde un papel de revolucionario de café, envalentona a un montón de jóvenes ante una falsa lucha ideológica y pone en riesgo la vida de trabajadores y gente de bien».

Y estableció: «Hace años que no pasa algo así y lamentablemente nos tiene a todos en vilo, que cada dos o tres horas tenemos un nuevo intento de estos miserables de prender fuego todo. Acá hay una cuestión de soberanía y por eso lo denunciamos. Ojalá de una vez por todas la Justicia ponga todo lo que tenga que poner».

El Gobierno de Chubut presentó una denuncia formal contra el exconvicto por instigar a cometer delitos, mientras que la administración nacional lo acusó por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Estas acciones se enmarcaron luego de las últimas declaraciones de Jones Huala, donde reivindica los atentados incendiarios y convocó a la lucha armada.

«Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto», había expresado durante la presentación de su libro «Entre Rejas, Antipoesía incendiaria».

La denuncia quedó en manos del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del doctor Hugo Grecca. Hace poco tiempo, Jones Huala quedó en libertad, luego de cumplir la pena de 9 años de prisión que le impuso la Justicia de Chile por el incendio del Fundo Pisu Pisue, ocurrido en 2013 en la comuna de Río Bueno, en Valdivia.

En este sentido, señaló -a través de su cuenta oficial de X– que «después de más de cuatro años de ocupación ilegal, por culpa de la desidia de los Gobiernos anteriores, y de un sector de la Justicia que miraba para otro lado, pudimos finalmente desalojar a los usurpadores de la zona del Parque Nacional ‘Los Alerces’».

«También fue necesario controlar a un grupo de inadaptados que, como reclamo ante el desalojo, intentaron tomar y bloquear la estación ferroviaria de Nahuel Pan, donde funciona La Trochita», dijo.

Finalmente, Torres concluyó que «a partir de ahora, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado con otros Gobiernos que defendían delincuentes, en Chubut la ley se cumple y es igual para todos».

Este operativo es el resultado de una extensa batalla judicial que culminó con la sentencia firme de la Justicia, permitiendo la intervención de las Fuerzas Federales.

Según la orden emitida por el juez federal Guido Otranto, los integrantes de la comunidad, que en 2020 ocuparon de manera violenta instalaciones de Parques Nacionales y avanzaron sobre terrenos públicos y privados, tienen pocas horas para retirarse voluntariamente antes de que se proceda a ejecutar la medida judicial.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el desalojo se concretará en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, bajo estrictos protocolos de seguridad.

El 2 de enero pasado, un oficial de justicia acompañado por miembros de la Policía Federal notificó a la comunidad sobre la resolución judicial y emplazó a los usurpadores a retirarse de forma voluntaria antes del jueves 9 de enero.

El mismo día se firmará el acta de restitución de las tierras a Parques Nacionales. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará el operativo junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

El documento que difundió el Ministerio de Seguridad indica que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas».

En rigor, la comunidad Lof Paillako permanece en áreas protegidas que incluyen una seccional de Guardaparques. En un contexto de tensión, la ocupación generó conflictos con ataques verbales y físicos hacia el personal de la Administración de Parques Nacionales y afectó los derechos de propiedad del Estado Nacional.

«Nuestro compromiso es claro: con la ley, la paz social y la seguridad de todos los ciudadanos. No vamos a permitir más usurpaciones. En Parques Nacionales solo va a flamear la bandera argentina», dijo a TN Cristian Larsen.

En la Administración de Parques Nacionales señalaron que la ocupación ilegal no solo alteró la tranquilidad de la comunidad local, sino que también perjudicó los intereses de todos los argentinos. «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada», resalta el comunicado que publicó el Ministerio de Seguridad.

El operativo también marca un cambio de postura gubernamental, tras la decisión de no prorrogar la Ley Nº26.160 de emergencia territorial indígena.

Esta legislación, impulsada por administraciones anteriores, suspendía desalojos en tierras reclamadas por comunidades indígenas. Con su vencimiento, el Gobierno recuperó la capacidad de actuar en defensa de la propiedad pública siempre que exista un fallo judicial.

El operativo de desalojo busca poner fin a una situación que se prolongó por casi tres años y restablecer la legalidad en una de las reservas naturales más emblemáticas del país.

En este sentido, Jones Huala señaló -según publica Radio 3– que “sin ser excusa, debo confesar que debido a una serie de problemas personales en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el cruel vicio del alcohol. Me siento avergonzado de la forma en que fui detenido”.

“Morir luchando es un honor para un luchador. La principal demanda y discusión política es el territorio y la autonomía para reconstruir y liberar nuestra nación”, dijo.

Asimismo, aclaró que “como organización autonomista y revolucionaria mapuche, hemos definido una línea política basada en la confrontación, mediante el sabotaje y expulsión de intereses capitalistas”.

Refiriéndose al estado en el cual fue descubierto y detenido, Facundo aseguró: “El error lo cometí yo como persona, todo lo construido y combatido no pierde su valor y tampoco me quita la condición de preso político mapuche. Soy y seguiré siendo un mapuche más, que intenta seguir siendo un weichafe íntegro, militante de nuestra reconstrucción y liberación nacional mapuche. Solo el tiempo y la gente definirán mi camino como lonco de forma íntegra, al final nadie en esta vida es eterno ni imprescindible”.

Pasadas las 11, Jones Huala arribó a la Unidad 14 de la cárcel de Esquel al grito de: “Fuera Huinca. Marco wey. Liberación nacional Mapuche. Que viva la RAM”.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) permaneció tres días en la Comisaría N° 36 de Dina Huapi (Río Negro) y ahora deberá habituarse a la rutina de la Unidad N° 14, donde permanecerá hasta que se formalice su extradición -según publica Infobae-.

La Justicia de Chile aprobó ayer la primera etapa de la extradición de Jones Huala, quien estuvo prófugo casi un año hasta que fue capturado en El Bolsón.

La decisión fue tomada en una audiencia oral en la que la Fiscalía y el gobierno trasandino reclamaron la extradición del referente mapuche, mientras que su defensa la rechazó porque no estaba acreditado que esté cumplido uno de los requisitos para que sea enviado a Chile.

Ahora el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia local para continuar con el trámite formal que habilite el traslado al país vecino.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de un funcionario del Ministerio del Interior, reclamó además que se dicte un pedido de prisión preventiva sobre Jones Huala. “Tuvo durante el proceso de investigación del delito actitudes de no cumplimiento de órdenes de la justicia, con lo que demostró poco apego a las decisiones del tribunal”.

Chile emitió una alerta roja de Interpol para que quede el líder de la RAM permanezca detenido; cuando la Justicia trasandina confirme el pedido de extradición, el caso pasará a la Cancillería de ese país que hará el requerimiento formal con toda la documentación para que sea analizada por Santiago Cafiero, su par de Argentina.

“Es inaceptable que el Gobierno deje desprotegidas a las familias y ceda ante delincuentes” afirmó Rodríguez Larreta.

Pablo Antriao representa una de las familias de La Angostura cuyas tierras fueron usurpadas. Pablo es descendiente directo del titular original y desde el 2003 reclama por la sucesión de los terrenos. Hace tiempo viene denunciando que los grupos usurpadores no son originarios del lugar sino que vinieron a La Angostura en los últimos años.

El conflicto escaló cuando Vialidad Nacional, a la hora de negociar la expropiación de tierras en el marco de las obras de circunvalación a la Ciudad, desconoció la titularidad de Antriao y dio lugar a los reclamos de los usurpadores.

“Usan mi apellido y mi documentación para hacer un reclamo ilegítimo” explicó Pablo.

El conflicto en la localidad neuquina es uno de los tantos que se repiten en el sur del país.

“En Villa Mascardi y en otras regiones vemos a diario las usurpaciones, incendios, cortes de rutas y hasta cobro de peajes ilegales para circular” reflexionó Larreta. “No podemos permitir que familias como la de Pablo vivan con miedo; es terrorismo”, sentenció.

En esa línea y sobre la detención de Jones Huala, quien estaba condenado, prófugo y “fue protegido por el kirchnerismo”, el mandatario afirmó: “es un paso adelante hacia un país libre donde no haya lugar para la violencia.“

Sin embargo, agregó que no es suficiente: “Nos estamos preparando para gobernar. Necesitamos un Gobierno nacional que sea capaz de cuidar a los argentinos. Un gobierno que tiene que poner toda la firmeza, todas las fuerzas, para defender el derecho de los verdaderos propietarios de la zona.”

“Las familias argentinas como la de Pablo merecen vivir libres y en paz, y el Estado nacional tiene la obligación de garantizarlo” cerró Larreta.

Cuatro personas sorprendieron al sereno de un obrador en Villa la Angostura y luego de amedrentarlo con armas de fuego incendiaron cuatro máquinas viales y un tráiler que eran utilizados para la construcción de una ruta, en uno de los accesos a la localidad neuquina.

El episodio ocurrió a la 1:30 de la madrugada de este viernes y en el sitio se halló un texto en el que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicó el atentado. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y controlaron las llamas, luego de más de una hora de combate.

La carta que dejaron los mapuches en el lugar del incendio

Los investigadores del Ministerio Público Fiscal y de la Policía neuquina incautaron varios elementos como líquidos inflamables y combustibles, aunque el texto manuscrito que fue hallado se transformó en la principal evidencia del caso.

Fuentes del caso indicaron que los agresores sorprendieron al sereno que estaba en el predio, donde había varias máquinas viales que son utilizadas para la construcción de la ruta de Circunvalación, que se encuentra en plena ejecución.

El hombre, que resultó ileso, debió abandonar el lugar y los atacantes incendiaron las maquinarias que estaban en el predio.

Imágenes del ataque en el sur que se adjudicó la Resistencia Mapuche

La investigación está a cargo del fiscal Adrián de Lillo quien junto a efectivos de la Comisaría 28º de Villa la Angostura busca elementos para intentar identificar a los atacantes. El fiscal general José Gerez, por su parte, anunció que viajará a la localidad de en las próximas horas.

La empresa propietaria de las máquinas es Conevial, que realizó la denuncia en una dependencia policial de la villa turística.

En el texto piden por la liberación de los presos políticos mapuches, identificados con la siglas PPM, y reiteran otros reclamos que fueron encontrados en atentados anteriores, con menciones a magnates que tienen tierras en la Patagonia.

Además proponen una “resistencia armada para la reconstrucción y liberación nacional”. En el escrito, que está en manos de los investigadores, piden además por la “libertad a la machi y todas las lamien, libertad o muerte”, haciendo referencia a las mujeres que fueron detenidas a principios de mes durante la orden de desalojo que dispuso la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez.

Imágenes del ataque en el sur que se adjudicó la Resistencia Mapuche

Máquinas viales, otra vez

Hace una semana, el viernes pasado, otro grupo atentó contra dos máquinas viales que pertenecen a un centro invernal ubicado en inmediaciones de Bariloche, las cuales eran utilizadas para el despeje de caminos.

En el sitio también se hallaron escritos de reivindicación, con un pedido expreso de liberación a las mujeres que integran la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

Efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron en el lugar e iniciaron una investigación, coordinada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Los responsables de Piedras Blancas, el centro de deportes de invierno que está en el cerro Otto, radicaron la denuncia y aportaron los escritos que fueron hallados en el lugar donde los agresores pidieron por la “LIBERTAV (sic) a las presas políticas mapuche…”.

Otras de las hojas dice “Los niños y mapuche (sic) nacerán crecerán y vencerán en el weichan. La RAM existe y resiste…”.

Desde hace varias semanas la ciudad atraviesa una escalada de violencia, que incluyó el ataque vandálico a una casilla móvil de Gendarmería Nacional -que fue incendiada y baleada por integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu- y la usurpación de dos viviendas.

En el marco de la investigación por el atentado al móvil de la fuerza federal, que se encontraba en el predio Los Radales de Villa Mascardi, la jueza Domínguez dispuso el desalojo completo de toda la franja usurpada en el paraje ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, ocasión en la que siete integrantes de ese grupo fueron detenidas, seis de las cuales permanecen en prisión.

Integrantes de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu agredieron a turistas con boleadoras y piedras porque intentaron esquivar una manifestación en la ruta 40 que tenía por objetivo conmemorar el segundo aniversario de la muerte de uno de sus compañeros.

Así me dejaron a mí y a un amigo cuando queríamos saber por qué estaban frenando el acceso a El Bolsón. La gendarmería no podía hacer nada y los once “mapuches” haciendo lo que querían, tirando piedrazos y pegándonos con palos en la cabeza”, dijo Marcos Galderesi, que se encontraba de vacaciones en la zona junto a un amigo cuando fue atacado.

El corte se efectuó a 15 kilómetros de El Bolsón, en el empalme con Bariloche, y duró aproximadamente una hora y media donde impidieron el paso de los turistas de ambos sentidos colocando piedras y ramas sobre la cinta asfáltica.

Dos de los conductores que mostraron resistencia a la protesta terminaron necesitando asistencia médica en un puesto sanitario ubicado a pocos kilómetros de allí. Los jóvenes denunciaron en redes la agresión y explicaron que al ver la caravana de autos que se estaba formando, bajaron de sus vehículos y se acercaron para consultar qué ocurría y cuánto demorarían.

El Comisario de El Bolsón, Miguel Relmo, aseguró a la prensa que ninguno de los heridos quiso radicar la denuncia correspondiente por la agresión que sufrieron.

Al respecto, Galderesi lanzó: Una persona que pega un palazo en la cabeza en un país serio, va preso. Hoy está tomando un mate en estos momentos. Yo no quise ni denunciar por la burocracia que significa eso, que es un desastre”.

Durante las últimas semanas volvió a tensionarse la cuerda entre los pueblos autodefinidos mapuches, vecinos autoconvocados y el gobierno de la provincia de Río Negro. Luego de que un grupo representante de los pueblos originarios incendie un campamento de Vialidad, la gobernadora Arabela Carreras habría pedido a Nación el envío de fuerzas federales y se lo negaron, aunque el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, niega que haya existido tal reclamo. Ante este escenario, el Foro Argentino de Defensa (FAD) emitió un duro comunicado sobre el conflicto en la Patagonia.

El organismo “sin fines políticos-partidos” que reúne a especialistas, historiadores y funcionarios, manifestó que el “conflicto territorial que se desarrolla en la Patagonia es una muestra cabal de la desidia de parte de la dirigencia política, que se sigue ubicando en el lugar equivocado”. De acuerdo a la misiva, estos grupos se ocultan detrás de supuestos reclamos de pueblos “originarios” para cometer delitos. 

“Grupos que nada tienen que ver con dichas etnias comenzaron, hace ya algunos años, a usurpar tierras y a obstaculizar el transporte, el comercio y a cometer todo tipo de delitos y atentados contra personas y propiedades en la Patagonia”, expusieron. Al mismo tiempo, señalaron que en ningún momento respetaron la Justicia o los procedimientos contemplados en la Constitución Nacional o leyes Nacionales y Provinciales. 

Ante este escenario, subrayaron que desde Gobierno nacional se dio “permiso” para el avance de la violenta intervención mapuche que “amenaza la Soberanía Nacional”. “(El Gobierno) decidió permitir que escalara una situación que había comenzado como una simple cuestión de seguridad ciudadana, hasta transformarse en una verdadera amenaza a la Soberanía Nacional, dejando la puerta abierta al accionar de organizaciones de dudoso origen y propósitos”, precisaron. 

Del mismo modo, resaltaron que desde la administración de Alberto Fernández no expresan “respuestas” y “lo peor” es que por el “consentimiento por motivos  ideológicos prefirió ignorar estos hechos delictivos, ubicándose del lado de sus perpetradores”. 

Asimismo, denunciaron que en el sur de nuestro continente, grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), le declaran la «guerra a Argentina y Chile» y “protagonizan actos de sabotaje, incendios y amenazas”. En paralelo, el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, “en línea con la postura de otras autoridades, plantea la posibilidad de una administración compartida de territorios de un Parque Nacional con quienes lo han usurpado violentamente, formando parte de una red delictiva”. 

Por otro lado, denunciaron que los grupos mapuches son parte de «una verdadera red criminal, cuya base de operaciones se encuentra instalada en la ciudad de Bristol, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bajo la máscara de la ‘Mapuche International Link’”. De acuerdo a la carta, esta reúne a “un equipo de británicos y árabes detrás de la estrategia de recaudación de fondos, armado de causas por derechos humanos y respaldo del accionar de los grupos violentos en Argentina y Chile”. “Este conflicto puede seguir escalando con la creciente organización, ideologización y disponibilidad de medios por parte de estos grupos violentos“, advirtieron.

En este marco, el Foro Argentina de Defensa manifestó la necesidad de que el Estado bregue por “consolidar la paz interior” y “proveer a la defensa común”, antes de que sea demasiado tarde. “Es imperativo investigar a fondo y con seriedad si existe conexión de estos grupos que actúan en la Patagonia con organizaciones terroristas internacionales y/o gobiernos extranjeros”, proclamaron y reclamaron a las autoridades a “ponerle un freno a esto que comenzó como una aventura de algunos pícaros para beneficio propio”. 

Pocitos de Quichaura es una comunidad mapuche integrada por 41 familias que sobreviven en las serranías de la precordillera de Chubut, a 420 kilómetros al oeste de Rawson, la capital provincial, donde «damos pelea por la sangre; porque si abandonamos, dejamos todo por lo que lucharon mis abuelos y mis padres», explica Simón Ñanco.

El poblador, de 45 años, es el único de ocho hermanos que se quedó en la parcela de la propiedad comunitaria para sostener los pocos bienes de su familia porque «con lo que sacamos acá apenas podemos pucherear, el pelo de chiva no cuesta mucho y además no tenemos hacienda en cantidad, pero si me voy y abandono ya no queda más nadie».

Sus padres, ya ancianos, fueron retirados de la zona y llevados a las poblaciones cercanas para evitar los rigores del invierno y acortar distancias con el hospital.

Ñanco vive en una de las tantas construcciones que se distribuyen entre las sierras, donde se aprovechan al máximo las vertientes de agua que no abundan.

El presidente de la «comunidad aborigen Pocitos de Quichaura», Aníbal Mariñanco, recibió a Télam en su domicilio y describió: «los que amamos esta tierra tenemos una obligación ancestral de permanecer acá».

«Sabemos que es difícil, sobre todo para los jóvenes que quieren tener su auto, ir a la ciudad, buscar otros horizontes, pero quienes queremos la tierra de verdad nos quedamos acá», asegura tajante.

El dirigente se lamenta porque «por esto de la pandemia no pudimos hacer parlamentos como nos hubiera gustado y discutir los temas pendientes, pero ya llegará el momento».

Mariñanco recuerda que «acá pasaron dos cosas muy importantes, además de nuestro reconocimiento como comunidad, y es que le dieron la jubilación a los pobres viejos que trabajaron toda la vida y no tenían aportes, y también por las viviendas que son dignas y eso merecerá nuestro reconocimiento eterno al kirchnerismo, y en esto no hago política, describo».

«Lo que tenemos que lograr ahora es que tengamos más conciencia comunitaria, porque algunos venden el pelo de chiva y lana a los acopiadores por su cuenta, sin entender que si trabajamos en cooperativas juntamos más, vendemos a mucho mejor precio», explica.

Guillermo Huchamán (83) vive a pocos metros de su hija Mabel, quien en pleno arreo de chivas mientras hace ruido con un saco con piedras para acelerar la marcha de la «punta» de animales que se corren de la huella.

«Mi padre era chileno y se juntó con mi madre en la cordillera, vinieron para acá sobre principios del siglo pasado y se quedaron. Antes se andaba mucho a caballo, ahora los muchachos si no andan en camioneta parece que no caminan… no se atajan ni los mocos de ellos» dice con tono de reproche el anciano, quien se emociona ante el recuerdo de sus padres.

Guillermo se alejó una sola vez de su tierra, cuando lo convocaron para el servicio militar obligatorio en un destino del Ejército con asiento en Esquel, evoca con el gesto castrense de cuadrarse y hacer la venia, ante la sonrisa de su hija que sigue divertida la conversación.

Otro poblador, Armando Calfuquir, acompaña al cronista a un pequeño galpón, construido con madera, de techo abovedado: «esta es la única capilla que tenemos acá, pero hace rato que no viene el cura, antes venía de Esquel» explica con nostalgia.

La población en la zona cada vez se «avejenta» más, porque los jóvenes se van buscando nuevos horizontes en ciudades o pueblos que les ofrecen otro perfil de oportunidades.

Y otros se van buscando una «changa» en los oficios propios del campo, como esquiladores o alambradores, todas tareas duras que se realizan a la intemperie pero que «rinden si se le metemos hora» explican.