Las firmas se resisten al cambio de reglas que impulsa Lopetegui con el nuevo esquema de pesificación de contratos, que congela el tipo de cambio por seis meses y traslada el riesgo de una devaluación a los empresarios.

Como se vio a fines del año pasado, hasta ahora el gobierno compensaba a las empresas en caso que sucedan estos imprevistos. Eso le trajo un duro dolor de cabeza tras la corrida de septiembre, cuando Iguacel intentó trasladar la pérdida que les ocasionó la devaluación a los usuarios, que finalmente fue cubierta por el Estado ante la queja de la UCR.

Sin embargo, la nueva conducción de la cartera de Energía que está subordinada directamente a las directrices de Dujovne -y por ende del FMI-, no está dispuesta a poner en riesgo el fino cumplimiento de las metas fiscales.

Es por eso que en la última licitación del precio del gas de boca de pozo, permitieron que las gasíferas eleven los valores un 14% por encima de lo previsto para cubrirse de un posible salto cambiario y desligarse definitivamente de esa responsabilidad.

No obstante, la preocupación de las productoras por una corrida cambiaria que ven inexorable y de gran magnitud es tal, que aseguran que esa «pequeña cobertura» no es suficiente para garantizar que no sufrirán un cimbronazo durante este año –según publica La Política Online-.

En consecuencia, las productoras efectuaron por primera vez un cuestionamiento en conjunto, dirigido al titular del Enargas Mauricio Roitman, un hombre del riñón de Aranguren que mantiene serias diferencias con el equipo de Lopetegui. «Nos salteamos a la secretaría de Energía porque son unos cachivaches, a Roitman lo respetamos», fueron las duras palabras de un ejecutivo de una de las principales jugadoras del mercado.

El problema es que la decisión excede por completo el accionar del ente regulador, ya que se trata de un decreto presidencial que tiene fuerza de ley. Las empresas lo saben, pero su intención es comenzar a actuar en conjunto y tener un mayor protagonismo en la discusión pública.

«Nosotros no tenemos por qué quedar a merced de los altibajos que tenga la macro. La devaluación puede ser muy alta y si ocurre lo que pasó en 2018 el sector se va al demonio. El gobierno está perdido y no vemos que esté en condiciones de frenar una corrida que podría llegar incluso en 30 o 60 días», subrayó el mismo ejecutivo.

Desde otra de las firmas líderes se mostraron en línea con el planteo de la cámara y aseguraron que se trata de un mensaje «que representa a todo el sector». En tanto, una tercera productora remarcó su enojo por el constante cambio de reglas de juego -que también se vio en la Resolución 46- y cuestionó que «sólo les interesa ganar las elecciones».

La disputa por la cobertura cambiaria no fue el único tema que acaparó las quejas empresarias del ámbito energético durante esta audiencia tarifaria. Las distribuidoras, por su parte, están presionando para conseguir un aumento que contemple los casi 10 puntos porcentuales de menos que les dieron en la última actualización el indexar por IPC y no por la inflación mayorista como está acordado.

En ese momento, Iguacel les había pedido hacer una excepción por el complicado contexto macroeconómico, dado que se acababa de transitar el shock cambiario de septiembre. Las firmas accedieron, pero ya no quieren ser las que se lleven la peor parte y por eso pidieron aumentos de hasta el 35%, que ponen en jaque el tope del 30% fijado por Lopetegui.

Fuentes oficiales comentaron que se encuentran analizando el pedido de las distribuidoras, aunque volvieron a ratificar el límite del 30% que están dispuestos a conceder.

El Gobierno finalmente recibió a las cooperativas eléctricas que se encuentran en guerra contra el tarifazo por su delicada situación y les advirtió que las llevará a la Justicia si no le pagan a la mayorista Cammesa los nuevos aumentos de luz.

Estas pequeñas distribuidoras que se destacan por su presencia en el interior del país, están con serios problemas de cobranza, ya que sus usuarios no pueden afrontar los nuevos precios de la energía y por eso venían amenazando con no aplicar la suba del 55% anunciada.

De acuerdo a sus números, el 20% de sus usuarios está con planes de pago y el nivel de cobrabilidad bajó del 97% al 90%. A su vez, el 70% de sus costos ya responde a la compra del suministro, dejándolas «al borde de la quiebra».

Es por eso que solicitaron esta audiencia por medio del Senador Guillermo Pereyra para pedirle a Lopetegui un financiamiento similar al de Edenor y Edesur, que gozan de un plan a 10 años con una tasa del 8% para resarcir su abultada deuda con el estado.

«No solamente no atendió nuestro reclamo, sino que avisó que van a seguir con más aumentos para dejar de subsidiar el 25% del costo de la energía que falta para cumplir con el FMI», indicó a este medio el presidente de CALF, Carlos Ciapponi.

Según cuentan, el argumento del secretario fue que «más del 70% de los usuarios paga mensualmente por el servicio eléctrico menos de lo que paga por el servicio de televisión por cable o por el de telefonía móvil».

Desde CALF niegan por completo que esa sea la situación de Neuquén y denuncian un total desconocimiento de la temática por parte de los funcionarios, cosa que ya fue remarcada por varios actores del sector. «El nuevo Vicepresidente de Cammesa es un chico de Harvard que viene de las finanzas y no entiende nada de lo que le estoy hablando», aseguran las cooperativas.

Otro de los temas que se trataron en la reunión fue la metodología para calcular el precio de la energía eléctrica, ya que las firmas denuncian una sobre remuneración a las generadoras. «Utilizar el precio del gas de importación de Bolivia y no el de Neuquén que está a la mitad es un error que distorsiona la ecuación. Así tenemos una energía que sale 30 dólares más por MW/h que en Estados Unidos y 50 más que en Brasil», sostienen.

Lopetegui no prestó mayor atención a este debate y reiteró que si las firmas se encuentran con problemas de pago deberán afrontar las consecuencias de un contrato que firmaron «entre privados».

Las distribuidoras confiesan que esta amenaza las deja en una difícil situación -ya que al ser cooperativas los dirigentes responden con su patrimonio a las deudas que mantengan- y ya están pensando en una solución política probablemente en el ámbito del Congreso que haga valer el apoyo con el que cuentan de todo el arco opositor.

Sin embargo, sus esperanzas residen en un fallo judicial que según dicen, podría llegar en los primeros días de marzo, y le daría un golpe contundente a este incremento que siguen sin aplicarle a sus usuarios.

La medida se dispuso a través de la Resolución 2/2019 de la Secretaría de Energía, que lleva la firma del nuevo titular, y fue publicada en el Boletín Oficial. El nuevo valor del biodiesel para corte con gasoil es ligeramente superior al de $ 28.112 por tonelada que rigió durante noviembre pasado.

La Resolución de Lopetegui recuerda que el precio de adquisición de biocombustibles a las empresas promocionadas «debe calcularse propendiendo a que los productores que operen en forma económica y prudente tengan la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables a la producción, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable».

El nuevo valor que percibirán las empresas productoras se ubica 5,6% por encima del que se había establecido a través de la Resolución 187 de diciembre pasado, de $ 26.832, firmada por el antecesor en el cargo, Javier Iguacel.

El ex funcionario había ordenado una rebaja de 4,55% en medio de una fuerte discusión con los representantes de las principales provincias productoras de biocombustibles (Liga Bioenergética) por la conveniencia de aplicar un nuevo impuesto a estos los combustibles vegetales –según publica Ámbito-.

Aunque los distritos del Interior lo rechazan, no se descarta que desde el Gobierno ofrezcan coparticipar esos nuevos ingresos fiscales. Por ahora, quedó en stand by el envío de un proyecto de ley al Congreso, pero podría reactivar en cualquier momento.

El gravamen sería siempre y cuando se superen los actuales cortes del 10% en el caso del biodiesel y del 12% para el bioetanol. “Si lo que estás promocionando es tener una energía más limpia y migrando hacia energías más limpias, la decisión es contraproducente», dijo semanas atrás la secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese.

De acuerdo a lo comunicado por el Gobierno, se establecerá un concurso de precios mediante subastas en una plataforma electrónica que «permitirá más transparencia y una mayor competencia entre los productores».

Sin embargo, en el sector coinciden en que el verdadero efecto será un incremento en el precio del gas de boca de pozo. «Puede mejorar el precio del gas por el plazo de los contratos y por el hecho de que sean no interrumpibles», comentaron a La Política Online desde una de las productoras más importantes que lógicamente no ve con malos ojos esta alza.

Sucede que la modalidad anterior forzaba una baja de precios al no aplicar penalidades a los jugadores que finalmente no podían proveer el fluido al valor que habían ofrecido.

Al mismo tiempo, subrayan que a diferencia de las licitaciones de Iguacel, a partir de ahora se propondrá un precio promedio que será más alto en los meses de verano -característicos por una menor demanda- y se ubicará algo por debajo de los precios esperados del invierno.

Pero este punto de equilibrio se ubicaría en torno a los 4 dólares el millón de BTU, es decir, mucho más cerca del techo invernal que del piso veraniego.

«La última licitación promedió entre los 2,5 y 2,7 dólares el millón de BTU. Lo que va a terminar sucediendo es una respuesta a la quita de subsidios de la Resolución 46. Las petroleras se van a poner de acuerdo, se van a cartelizar y terminarán ofertando precios más altos», indicó Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

Es que, las productoras se encuentran muy enojadas respecto al recorte de beneficios fiscales aplicado por el Gobierno y de esta manera, buscarían compensar las pérdidas ocasionadas por un menor subsidio, con un mayor precio de mercado.

El problema se generaría si este incremento afecta la rentabilidad de las distribuidoras que consecuentemente pedirían un aumento por encima del 35% anunciado por Iguacel antes de dejar su cargo.

No obstante, los especialistas explican que las diferencias no serían tan relevantes y que aún faltan diversos pasos para que la reglamentación de este nuevo sistema demuestre sus consecuencias en el mercado.

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda lanzó una consulta pública para que los interesados puedan realizar comentarios, observaciones y sugerencias a la nueva modalidad hasta el 25 de enero. Una vez superada esta instancia, se espera que el concurso se realice a mediados de febrero y que los productores y comercializadores de gas puedan presentar ofertas de venta para distintos plazos, que van desde tres meses hasta tres años.

Casi paralelamente, se realizarán las correspondientes audiencias públicas para confirmar los aumentos tarifarios, donde las empresas afirman no haber sido consultadas por el Gobierno para determinar el famoso 35%. Por ende, será en el próximo mes cuando teniendo un panorama más claro de los precios a futuro, las distribuidoras indiquen si ese porcentaje es suficiente para el traslado de sus costos.

Las últimas estadísticas del 2018 confirman estos pronósticos, ya que lejos de mostrar un boom hidrocarburífero como se jacta el Gobierno, reflejan una caída en los yacimientos convencionales y en la mayoría de las cuencas, que sólo se compensa parcialmente por unas pocas excepciones a costa de millones de dólares en incentivos.

En rigor, el 93% del incremento en los volúmenes de gas acumulados en los primeros once meses del 2018 es explicado exclusivamente por el yacimiento Fortín de Piedra de la firma Tecpetrol. Justamente, la petrolera de Paolo Rocca fue una de las mayores beneficiadas por las erogaciones estatales, al acaparar la mitad de los incentivos fiscales.

Sin este notable salto del 140% en los volúmenes de esta empresa del Grupo Techint, la producción de gas no hubiese crecido al 5,1% interanual, sino que hubiese permanecido prácticamente en los mismos niveles del 2017, año en el cual ya había registrado un retroceso del 0,9%.

El problema pasa por la maduración de los yacimientos convencionales -ampliamente mayoritarios en la participación de los volúmenes extraídos- que arrojaron una caída del 7%. Así, de las cinco principales Cuencas gasíferas, sólo la Neuquina presentó incrementos en noviembre.

Esto mismo sucede en el caso del petróleo, que redujo un 2% su producción convencional -que significa el 87% del total- y recién al incrementar un 37,7% los fluidos no convencionales pudo anotar un alza total del 1,7% que no llega ni por cerca al compensar la baja del 6,29% del 2017, el peor año desde 1992 en términos de producción.

«Preocupa en el sector la caída de los convencionales porque son y seguirán siendo totalmente preponderantes en la producción por un largo rato. El Gobierno los está desatendiendo con la esperanza de que nos salvamos con Vaca Muerta y eso nos parece muy peligroso», manifestó Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.

Es que ante el cambio de políticas energéticas, muchos se preguntan si Vaca Muerta mantendrá el mismo dinamismo en los próximos meses. «Daría la impresión de que hoy en día la Argentina no está en condiciones de incrementar la producción sin subsidios. Nosotros siempre estuvimos en contra de desarrollar Vaca Muerta a puro incentivo fiscal porque lo terminan pagando los usuarios, pero la verdad es que no tenemos certeza de que sea viable económicamente», agregó Di Pelino.

Además, el proceso requiere de un notable flujo de inversiones, que si ya fueron afectadas por el nivel de tasa de interés y la vulnerable macroeconomía local, sin dudas terminarán aún más golpeadas ante el menor reparto de fondos del Estado.

«Seguramente esto impactará en las inversiones por el constante cambio en las reglas de juego en una industria de grandes inversiones y plazos. Y por otro lado, sucede que sin estos incentivos hay que replantear el plan de negocios y su rentabilidad que ahora es menor», aseguraron a La Política Online desde una de las petroleras más importantes.