El secretario de Energía, Darío Martínez, presentó ayer el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas en un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y Presupuesto y Hacienda del Senado. Los legisladores de la oposición, y algunos oficialistas, cuestionaron distintos aspectos del proyecto como la política fiscal, la participación de las provincias productoras en el texto de la Ley, cuestiones ambientales y las obras demoradas en infraestructura.

En la presentación, Martínez remarcó que el Plan Gas “está dando muy buenos resultados” y que el gobierno tomó la decisión de construir el gasoducto Néstor Kirchner (entre Tratayén en Neuquén y Salliqueló en Buenos Aires), aunque no aclaró cómo se financiará la obra. “Hemos casi topeado los gasoductos y nos parece estratégica la necesidad que tenemos de llevar adelante el gasoducto Néstor Kirchner y poder tener la posibilidad de transportar mucho más gas en todo el país. Ya lo hablé con el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández). Eso nos permitiría sustituir definitivamente todo el líquido que quemamos para generar energía, la importación por barcos (de GNL) y, también, resolver el problema del declino que estamos teniendo en el gas que nos provee Bolivia”, enfatizó.

También participaron Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos; María Luján Crespo, asesora legal y técnica de la Secretaría de Energía; Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización; Ariel Kogan, asesor del presidente Alberto Fernández en cuestiones energéticas y coordinador de la redacción del proyecto de ley; y Verónica Tito, asesora legal y técnica de la Subsecretaría de Hidrocarburos, entre otros.

Cruces con los senadores

La senadora radical por la provincia de Mendoza, Pamela Verasay, le preguntó a Martínez sobre el rol de las provincias y si la política fiscal del proyecto “invadía” a la de las provincias. El secretario de Energía aclaró que “no se crea ningún impuesto nuevo. Seguramente sea una discusión que tendrán ahí ustedes (en la UCR de Mendoza)”. Y agregó que “no estamos discutiendo la propiedad ni el poder concedente. No es una nueva ley de hidrocarburos. Eso sigue estando como es hasta ahora y es potestad de las provincias”.

Respecto a la participación de las provincias, que también fue un aspecto cuestionado por la senadora Varasay, el funcionario remarcó que hubo 35 reuniones con todos los actores, con los funcionarios de la OFEPHi (la organización que agrupa a las provincias petroleras del país) y con los gobernadores: “No pude reunirme con el de Mendoza (Rodolfo Suarez), pero con el resto sí y en varias oportunidades”, añadió.

Uno de los cruces más notorios que tuvo Darío Martínez fue con la senadora Gladys González del PRO de la provincia de Buenos Aires, que señaló que en el proyecto “hay una ausencia absoluta del tema ambiental. Este proyecto no contempla los objetivos de descarbonización de nuestra matriz energética”. Martínez le respondió que “no existe ningún proyecto que no tenga estudio de impacto ambiental y estos estudios lo hacen las provincias”. La senadora del PRO también cuestionó que el proyecto de ley “entra en contradicción con los compromisos que Alberto Fernández asumió en el Diálogo sobre Acción Climática del pasado 8 de septiembre. ¿Cómo piensa cumplir con los objetivos de carbononeutralidad 2050 con este mega plan que va a incentivar los combustibles fósiles en la Argentina?”. Martínez destacó que el gobierno está trabajando en el plan de transición energética con el ministro de Ambiente y en el desarrollo de las energías renovables en la Argentina.

Gladys González criticó el rol del ministro de Ambiente, Juan Cabandie, sobre los 18 proyectos petroleros offshore en el Mar Argentino, que fueron adjudicados por el propio gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2019. El secretario de Energía le respondió que “las inversiones están sujetas a la resolución de la audiencia pública que se ha realizado. Ahí sí hay una atribución en cuanto a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Amiente y Desarrollo sostenible en conjunto con la Secretaría de Energía”.

Industrialización, beneficios e infraestrurura

La senadora neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) apoyó el proyecto, pero también pidió que “se revisen algunos aspectos para que las empresas que piensan invertir en la industrialización en origen de los hidrocarburos se sientan realmente tentadas y no que sigamos replicando el esquema que hasta ahora se llevó a cabo”. Y pidió “industrializar de una vez por todas a nuestras provincias productoras”, cuestionando al mismo tiempo que las petroquímicas, por ejemplo, se instalaron en ciudades con puertos.

Luego fue el turno de Lucía Crexell, senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que preguntó “por qué las dos empresas más beneficiadas del proyecto, que en su conjunto suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación en el país, son las que gozarán de los beneficios diferenciales, y por qué no se aplican estas disposiciones a las más de 50 empresas más pequeñas y que no llegan al 35% de la producción de crudo? Circula la idea de que este proyecto de ley sería un salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados”. En esa clave, dejó traslucir que «en Neuquén hay mucho malestar porque se modificó la forma en que se calcula la línea base para los productores de Vaca Muerta que aumentaron su producción en 2020 y al mismo tiempo, se flexibilizaron las exigencias para las petroleras de Chubut y Santa Cruz«.

Darío Martínez le respondió que “los beneficios son para todas las empresas que inviertan. Ahora, este régimen de promoción tiene que proteger el mercado interno, resolver el autoabastecimiento y, garantizado eso, generar los saldos exportables. Apostamos a que los actores hagan el mayor sacrificio por sostener esto, por supuesto que no podemos generar una herramienta que provoque que dejen de invertir porque si no vamos a tener saldos exportables para algunas y vamos a tener caída de la producción para todo el país”.

Alberto Weretilnek (Río Negro – Junto Somos) fue otro senador que cruzó al secretario de Energía. Comenzó su intervención señalando que “el proyecto, así como está, no lo acompañamos porque creemos que debe tener modificaciones”. El ex gobernador de Río Negro cuestionó que la Secretaría de Energía sea la autoridad de aplicación en las actividades de producción, transporte, almacenamiento, comercialización y exportación de Gas Natural Licuado (GNL). “Esto claramente es anticonstitucional”, añadió Weretilnek. El secretario energético reconoció que el proyecto se refiere a la industrialización y no a la producción. “Esto quizá tengamos que aclararlo, pero se refiere a la industrialización, que no es potestad de las provincias”, agregó Martínez.

El senador por Misiones, Maurice Closs, del bloque oficialista del Frente de Todos, si bien apoyó el proyecto, pidió que “una vez aprobado, lleguen de una buena vez por todas las obras de infraestructura como los gasoductos para las zonas abandonadas como la provincia de Misiones”.

Los senadores Sergio Leavy (Frente de Todos de Salta)y Victor Zimermmann (UCR de Chaco) coincidieron con el reclamo por más incentivos específicos para repuntar la producción de la cuenca petrolera del Noroeste, en declino desde hace varios años.

Arcioni confirmó ayer la convocatoria en una rueda de prensa, a sabiendas de la preocupación tanto en sectores sindicales como en el propio Gobierno que encabeza el mandatario. La reunión será a las 15 en un hotel de Comodoro Rivadavia, anticipa El Chubut.

Ya confirmaron su participación legisladores nacionales y referentes de los principales gremios vinculados con la actividad (Petroleros Privados, Jerárquicos, Camioneros y UOCRA).

También estarán los intendentes de la Cuenca San Jorge: Juan Pablo Luque, de Comodoro; Luis Juncos, de Rada Tilly; Sebastián Balochi, de Sarmiento; y Alejandro Avendaño, de Río Mayo. También los presidentes de cada bloque de la Legislatura junto a todos los diputados que son de Comodoro.

La idea es unificar una estrategia para plantear al Gobierno Nacional la inclusión de Chubut en la discusión, considerando que la provincia debe ser consultada antes que cualquier proyecto que pueda afectar la producción petrolera en la zona ingrese al Congreso de la Nación.

Desde el Gobierno de Chubut reconocieron que no fueron consultados ni tuvieron acceso al proyecto, pero el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, había señalado esta semana que «compartimos la preocupación que se transmitió desde el gremio, porque el proyecto habla de promover incentivos sobre curvas incrementales de producción que dejan la incertidumbre sobre qué valores se toman como base. Todo eso requiere un análisis en términos de producción para nuestra cuenca, sobre a partir de qué valores se aplicaría el incentivo, a partir de las particularidades que tenemos en la región».

En este sentido, Tarrío remarcó que los fondos del Bono “son fuentes que tienen distintos usos, y que a raíz de la decisión de la Legislatura de rechazar el pedido de autorización para prorrogar un pasivo de $ 1.000 millones a 12 meses, nos vimos en la necesidad de aprovechar los fondos ociosos”.

Sin demasiadas certezas, el funcionario de Economía graficó que el pase de estos fondos a Rentas Generales “no significara un perjuicio para la atención de obras y otros destinos que tienen esos fondos”.

“Eran necesarios para terminar de pagar los sueldos de diciembre”, subrayó Tarrío. Con este reconocimiento, desde la oposición analizan ir a la Justicia, fundamentalmente porque la Ley de Hidrocarburos deja en claro que las partidas de este bono no pueden ser utilizadas para “gastos corrientes”, según publica Diario El Chubut.

En torno a la legalidad de esta modificación, Tarrió afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “está controlado por los asesores legales y los contadores”, y apuntó duramente contra la oposición: “Tendrían que pensar en Chubut en vez de pensar cómo hacer alguna denuncia”.

Reconociendo la maniobra, precisó que si los diputados provinciales de la oposición “hubieran entendido la necesidad de la Provincia y que se beneficiaba con el plan de pagos y no rechazando el proyecto, esto no estaría pasando”.