Para el fiscal general Héctor Iturrioz el delito cometido “fue grave porque además de darse en una situación de emergencia, afectó a todos los ciudadanos del Chubut representados en el Estado. Además los imputados sabían muy bien qué estaba mal y qué estaba bien, además de la fina sensibilidad social que requería ocupar los cargos que ocupaban” en alusión al Ministerio de Familia. Destacó también que entre las consecuencias hay que tener en cuenta la afectación “a la democracia y a la república”.

Con estos aspectos consideró que “la mayor responsabilidad le cayó a Leticia Huichaqueo” para la que pidió una pena de cinco años sea de efectivo cumplimiento, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de 90.000 pesos que –sugirió el fiscal- sean destinados a alguna asociación protectora de animales de Rawson o Comodoro Rivadavia.

Para Juan Carlos Gómez pidió la pena de cuatro años y seis meses de prisión y por último, contra Marcelo Suárez pidió tres años y seis meses de prisión, “por el alto cargo que ocupaba” y el doble de ese tiempo para ocupar cargos públicos.

Los querellantes, Rodrigo Miquelarena en representación de la Fiscalía de Estado, y Vivanco Saiegh de la Oficina Anticorrupción, coincidieron con los argumentos y las penas que pidió el fiscal general Iturrioz.

La defensa de Huichaqueo

Javier Romero, defensor de la ex ministra de familia, adelantó que puede haber una “eventual impugnación” a la pena que recaiga sobre su cliente. Dijo que “el número de víctimas es indefinido” y calificó algunas de las fotografías exhibidas por Iturrioz como las de “unos pocos pichichos mojados” o “unos pobres perros que no sabemos siquiera si son de Comodoro Rivadavia”.

Aludió también a la diabetes y otras “graves” enfermedades que padece su cliente para luego solicitar la pena de dos años de prisión de prisión y la mitad del monto de la multa que refirió el fiscal Iturrioz. Para el fiscal general Iturrioz las enfermedades alegadas que sufriría Huichaqueo, “no fueron debidamente certificadas” y que “no sufrió violencia de género al ser investigada”.

El defensor de Suárez

El defensor Miguel Moyano asistió durante las audiencias a Marcelo Suárez. Dijo que su cliente tiene como atenuantes la falta de antecedentes penales o problemas con la Ley y confió en que el Tribunal “habrá una justa valoración de la prueba y va a concluir en una pena de ejecución condicional”. Agregó que las penas de encierro “no tienen ningún beneficio ni para el imputado ni para la sociedad y sirven para flagelar a los que son destinados a prisión”. Concluyó en solicitar una pena de un año de carácter condicional además de ofrecerse para realizar tareas de beneficencia en un comedor comunitario por el tiempo que el Tribunal decida.

A su turno el defensor oficial Pablo Sánchez, que en el debate representó a Juan Carlos Gómez, pidió la pena de dos años de prisión de tipo condicional, como partícipe necesario del delito investigado, “teniendo en cuenta además, que no tiene antecedentes penales de ningún tipo”.

Fuente: Mil Patagonias

“Soy una madre de familia y cabeza de hogar, siempre fue una militante. En Gaiman siempre me respetaron por ser una familia de condición muy humilde, y como Ministra tuve mucho contacto con la gente”, señaló Leticia Huichaqueo esta mañana desde el banquillo de acusados.

Y agregó: “a mí no me tienen que contar qué significa no tener un plato de comida. A mis hijos los crié sola y por esta causa tuve una condena social importante, recibí violencia de género, pero siempre respeté las leyes”.

“Durante la catástrofe en Comodoro Rivadavia, tuve dos hechos donde el agua casi me lleva y debieron ir a rescatarme. Hasta hoy tengo ataques de pánico ante las tormentas”, indicó.

En tal sentido, recordó que “la logística de los recursos para la emergencia estaba a cargo del Ministerio de Coordinación de Gabinete y de la Secretaría Privada del Gobernador, y yo en Comodoro estaba bajo las órdenes del vicegobernador Mariano Arcioni”.

“Mi trabajo era recorrer las tareas afectadas, porque había otros equipos que se ocupaban de la logística de los recursos. No tenía por qué estar atenta a que los medios dijeran una donación para tal o cual lugar”, enfatizó.

Huichaqueo añadió que el director de la Casa del Chubut a ella nunca le informó de la donación del alimento: “me enteré con los allanamientos; en esta catástrofe esta Ministra estaba ocupándose de contener a las familias que estaban perdiendo todo”, sostuvo.

“En ese contexto, yo estaba trabajando al lado de la gente sabiendo que me podía ir con el agua y que había hijos que me esperaban. Mi capital está a la vista: ninguno de mis hijos trabaja en el Estado”, argumentó.

Hostigamiento

“Conmigo hubo violencia de género, pero siempre estuve de pie y no me tiré a la cama a llorar. Exijo que haya justicia que se diga la verdad. Voy a respetar el trabajo del Fiscal, pero siento que conmigo se equivocaron”, esgrimió Huichaqueo, quien expresó que “muchos medios quieren hablar conmigo, pero primero quería estar ante los jueces”.

Asimismo, subrayó que tuvo más de diez viajes a Comodoro donde iba y venía para las reuniones y para ver a sus hijos, porque dependían de ella. “Cada viaje en auto se aprovechaba para llevar cosas porque en esta catástrofe nada alcanzaba, ningún vehículo se iba vacío y se aprovechaba cada espacio”, concluyó.

La próxima semana comienza el juicio por la causa “Royal Canin” y a principios de agosto por los sobreprecios y contrataciones directas durante la “Emergencia Climática”.

Además, quedan pendientes una docena de causas por corrupción que involucran a ex funcionarios.

El juicio por la denominada causa Royal Canin arrancará el lunes venidero. Hay cuatro acusados y se les reprocha el haber vendido para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a Casa del Chubut durante la emergencia climática.

Los cuatro acusados son la ex Ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el ex Subsecretario de Promoción Social, Marcelo Suarez; Juan Carlos Gómez (quien era pareja de Huichaqueo) y la ex titular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson, Micaela Cordero.

Continuidad

El próximo lunes 2 de agosto está previsto el inicio del juicio oral y público en la causa conocida como ‘Emergencia Climática’, que juzgará sobreprecios y contrataciones directas durante el temporal que atravesó la provincia en marzo de 2017.

En este caso, son 12 los acusados: Diego Correa y Diego Luthers, ex integrantes de la Secretaría Privada; la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsecretario de Promoción social, Marcelo Suarez; los integrantes del área Cristian Orsi y Vanina Barale.

También están acusados los proveedores Estanislao Finiguerra (Mall Don Bosco), Marta Fracasso (Blanquería Matices), Bruno Taurelli Chiribao (empresa Agrícola), Guillermo Williams (Casa Maza), Cecilia Sabada (Kiosco Emanuel) y César Hughes (Casa Maza).

Asimismo, hay varias causas que involucran a ex funcionarios que se encuentran en etapa de investigación o que ya fueron elevados a juicio y esperan fecha de debate. Por ejemplo, Lotería, Servicios Públicos, ‘Ñoquis Calientes’, Escuelas y causas por enriquecimientos ilícito.

Si bien la idea es que la sala no esté ocupada por un gran número de personas, los jueces se manifestaron interesados en que se cumpla con la presencialidad, teniendo en cuenta sobre todo, la cantidad de documental que involucra la causa, indicó LU20 Radio Chubut.

Breckle confirmó que el tribunal estará conformado por los jueces Fabio Monti, Miguel Ángel Caviglia y Jorge Novarino.

En tanto, el Ministerio Publico Fiscal estará representado por los abogados Omar Rodríguez y Alex Williams.

Enumeró además a los imputados en la causa, entre los que se destaca a Diego Correa, Diego Lüters, la ex ministro de familia Leticia Huichaqueo y algunos de sus colaboradores de ese momento, entre otras personas.

Efectivos de la Policía del Chubut está realizando en estos momentos una serie de allanamientos vinculados a una causa por peculado, en la que se investiga a la exministro de familia Leticia Huichaqueo, entre otras personas.

Los domicilios allanados corresponden a la exministra de familia Leticia Huichaqueo, familiares directos de ella y conocidos.

Los procedimientos son en total ocho, de los cuales uno se realiza en Rawson y los restantes en la localidad de Gaiman, lugar del que es originaria la dirigente política y su familia.

Los procedimientos, coordinados y supervisados por la Policia Judicial  Trelew, fueron solicitados en el marco de una causa por Peculado que investiga el fiscal Héctor Iturrioz y las órdenes fueron emitidas por el Juez Penal de Trelew Dr. Marcelo Orlando.

El Comisario Juan Carlos Núñez, de la Policía Judicial, confirmó a FM Tiempo Trelew que en total se realizan ocho allanamientos, con participación de efectivos de Comisaría Gaiman, Comisaría Dolavon, Brigada de Investigaciones de Rawson y de otras reparticiones, quienes se abocan a la búsqueda de documentación y en particular de aparatos de telefonía celular

El funcionario contó que todo se enmarca en una causa por Peculado, en función de la malversación de elementos que estaban en poder y custodia del estado.

Los hechos investigados ocurrieron en el periodo en que Leticia Huichaqueo ocupaba el Ministerio de Familia y apuntan a las irregularidades ocurridas en el depósito de dicha cartera provincial durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Donaciones que no llegaron

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por particulares referida al destino de un cargamento de alimento para mascotas de la marca Royal Canin, que tenía como destino a las protectoras de Comodoro Rivadavia. Sin embargo el mismo nunca llegó y las sospechas apuntan a que el mismo desapareció tras haber sido ingresado en los depósitos del Ministerio de Familia, en Rawson.

En los procedimientos se ha allanó la vivienda particular de la exministro Huichaqueo, durante esta mañana, y la misma estaba presente en el lugar, como así también viviendas de familiares y allegados.

Según se supo, las donaciones nunca llegaron a destino y habrían sido repartidas en Gaiman y Trelew, pero además se investiga la presunta venta mediante redes sociales del alimento para mascotas que sólo se vende en tiendas habilitadas a tal fin.

La investigación involucra no solo a Leticia Huichaqueo, sino también “funcionarios públicos, algunos que todavía ocupan algún cargo” señaló una fuente consultada sobre el tema, y adelantó que además de documentación específica se buscan aparatos de telefonía celular para la realización de cotejos.

Más sospechas

Por su parte, el Fiscal Héctor Iturrioz confirmó esta mañana en Rawson que “los allanamientos se realizan en el marco de la causa que originalmente se conoció como Royal Canin, sobre la presunta venta espuria de alimentos que fueron donados con cargo, para llevar a Comodoro y allá no había ninguna bolsa, sino que supuestamente se vendían mediante las redes sociales”.

Iturrioz dijo que si bien la investigación se inició con la denuncia por el alimento para mascotas, “termina con otros casos de peculado que excede por mucho el tema de los alimentos”.

“Se trata de efectos que fueron sacados de la custodia del estado por parte justamente de quienes tenían el deber de custodiarlos” indicó el funcionario judicial y sostuvo que la venta y comercialización está prácticamente acreditada a partir de testimonios y datos difundidos en las redes sociales o por whatsapp.

También sostuvo que hay varias personas involucradas y que la característica que tienen los hechos denunciados es “el descontrol total en los depósitos del Ministerio de Familia durante la época de la emergencia”, donde tanto elementos donados como comprados se extravía de manera ilegítima.

Foto: Daniel Feldman

Se trata de la “causa madre” que originó una ola de investigaciones posteriores. La historia nació con el famoso “sobre bomba” que depositaron en la Legislatura y que contenía una serie de expedientes que reflejaban serias irregularidades en compras de mercadería que finalmente no llegaron a nuestra ciudad.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams imputan a Diego Correa, Diego Luters, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, por defraudación en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado en calidad de coautores.

El Ministerio Público Fiscal explica en la audiencia de hoy que el fin de la maniobra era “darle a los expedientes apócrifos que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad”.

Por estos motivos, los fiscales consideran que en todos los expedientes analizados “aparece la firma de Marcelo Suárez, al pie de los memorándums, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, solicitando que se autorice el pago de la adquisición de materiales, necesarios en la emergencia, como rollos de nylon, donde se consignaba el proveedor, la factura pertinente y el monto de dicha operación”.

Los cinco ex funcionarios provinciales involucrados en la causa de la “emergencia climática” están imputados del presunto delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado, en calidad de coautores”, según lo previsto y reprimido por los arts. 173 inciso 7, en función del art. 174 inciso 5 del Código Penal de la Nación. Correa y Luters se encuentran detenidos con prisión preventiva por otros delitos que se desprendieron de esa investigación.

Pero qué es la concusión según el Codigo Penal?. Se trata de un  término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.

En la causa se encuentran involucrados  Diego Correa, Diego Luters, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, todos ex funcionarios provinciales. La audiencia de imputación se realizará este miércoles en Rawson.

Según publica el diario Jornada, el miércoles 27 a las 9.30 de la mañana está previsto que se realice la audiencia de apertura de investigación de la causa judicial vinculada con presuntas acciones ilegales cometidas por exfuncionarios provinciales durante la emergencia climática que sufrió la provincia del Chubut y en especial la ciudad de Comodoro Rivadavia, sobre fines del mes de marzo del año pasado. La audiencia se realizará en la sala del Superior Tribunal de Justicia en Rawson y será dirigida por el juez de garantías Sergio Piñeda.

La investigación preliminar estuvo a cargo de los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams quienes solicitaron la realización de la audiencia ante la Oficina Judicial de Rawson. Los imputados son los ex funcionarios provinciales Leticia Huichaqueo, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Diego Correa y Diego Luters. Los dos últimos se encuentran detenidos con prisión preventiva por otros delitos que se desprendieron de esa investigación.

A todos se les imputa el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado, en calidad de coautores”, según lo previsto y reprimido por los arts. 173 inc. 7, en función del art. 174 inciso 5 del Código Penal de la Nación. Correa y Luters se encuentran detenidos con prisión preventiva por otros delitos que se desprendieron de esa investigación. Se destacó que en el caso de la emergencia climática, la calificación es provisoria y que puede ir mutando con el transcurrir del proceso judicial.

Las pesquisas efectuadas por los fiscales determinaron, “los hechos por los cuales se los imputa a los mencionados dan cuenta que el día 29 de marzo del año 2017, a partir de las 18 horas, nuestra provincia del Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones record para la zona, el cual se extendió por varios días. Como consecuencia de ello, la ciudad de Comodoro Rivadavia, sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.

Según publica La Tecla Patagonia, la Justicia de Chubut sigue avanzando en las diversas causas que ponen el foco en funcionarios de Gobierno de la actual gestión, acusados de defraudación al Estado. Esta vez, una de las apuntadas es la actual Secretaria del Interior y exministra de la Familia y Promoción Social, Leticia Huichaqueo.

Concretamente, Huichaqueo está siendo investigada en la causa por el manejo de fondos en torno a la emergencia climática ejecutada luego del temporal que azotó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Quién confirmó que la funcionaria está involucrada en la misma, uno de los fiscales que llevan la causa, Omar «Toto» Rodríguez, que además adelantó en diálogo con La Cien Punto Uno que están en la búsqueda de «un testimonio que diga que esto es todo fraguado», respecto de la firmas de remitos en la recepción de la mercadería de la emergencia.

“Habría revendido alimentos para perros”
Según se sospecha, Huichaqueo habría revendido más de medio millón de pesos en alimento balanceados para perros, destinados a Comodoro, mediante su pareja y a través de las redes sociales.

En tal sentido, el fiscal Rodríguez aclaró que desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de la funcionaria, «no se hacían compras sino que se elegían los proveedores desde la secretaria del gobernador».

Esta semana, se abrirá formalmente la investigación de la causa de la emergencia climática, según confirmó a La Tecla Patagonia el Procurador general de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, quién además sostuvo que “no se puede descartar que aparezcan nuevas detenciones en las causas”.

Lo cierto es que en la provincia, los rumores sobre nuevos allanamientos y detenciones crecen, y no se descarta que antes del fin de semana haya novedades, que puede involucrar nuevamente a funcionarios del Gobierno provincial, y a privados vinculados a los mismos.