Se presentó ante la justicia de Trelew para ejercer su derecho a la vindicación, negando rotundamente las acusaciones implícitas en un video viral que sugiere una coima de $12 millones para un juicio abreviado. Sostiene que el video muestra al defensor, Dr. Martín Castro, recibiendo el dinero de la madre del imputado, Pablo Ferreira.

La fiscal puso a disposición su teléfono con las comunicaciones que sustentan que el acuerdo fue por una pena de un año de prisión efectiva y que no hubo contraprestación económica hacia ella.

En ese marco, pidió que se cite a declarar a Castro y a la madre del imputado, y aunque la situación la afecta personalmente y profesionalmente, afirmó que continuará al frente de la Unidad Anticorrupción.

Gamarra negó categóricamente haber recibido o solicitado dinero a cambio de realizar el juicio abreviado. La Fiscal considera que la gravedad institucional del hecho es «enorme» y que el video busca dañar su reputación y la transparencia del Ministerio Público Fiscal.

El juicio abreviado y la pena impuesta

La funcionaria explicó detalladamente el procedimiento del acuerdo, que culminó con la condena de Pablo Ferreira a un año de prisión de efectivo cumplimiento, una pena que, según ella, fue alta en relación al mínimo legal de 6 meses, debido a los antecedentes del imputado. Gamarra afirmó haberse negado a retirar algunos delitos imputados, manteniéndose firme en su acusación.

La Fiscal dejó a disposición su teléfono móvil, donde obran las comunicaciones con el Dr. Castro desde febrero de 2025 hasta la audiencia de mayo, demostrando que el acuerdo fue producto de negociación y no de una entrega fácil. «Esto que muestra que no fue fácil el acuerdo, no es que fue un acuerdo que lo beneficiaba a Pablo», sentenció.

Hipótesis sobre el dinero y solicitud de testimonios

En su declaración, Gamarra ofreció su opinión sobre lo ocurrido: «Martín Castro pidió más plata de la que le correspondía por sus honorarios, esto es algo que me hago cargo yo de lo que creo que pasó, les dijo dame más plata porque lo pide la doctora Gamarra». La Fiscal considera que el defensor deberá hacerse cargo de si solicitó o no sumas excesivas a la familia. Por ello, solicitó específicamente que se tome testimonio al Dr. Castro y a la madre de Pablo Ferreira, a quien identifica como la persona que entrega el dinero en el video.

Gamarra enfatizó la gravedad institucional del hecho, mientras aclaró que el señor Cereceto está totalmente desvinculado de la causa. La investigación se encuentra ahora en la etapa de análisis de la evidencia digital recopilada.

En declaraciones a Radio Chubut, la Dra. Gamarra brindó detalles cruciales sobre una investigación en curso que apunta a un intento coordinado para interrumpir el inicio del ciclo lectivo en la provincia, confirmando la existencia de una reunión y las medidas judiciales adoptadas.

El objetivo central del accionar investigado era claro y de alto impacto institucional: «lo que quería era que generara un reclamo, o a palabras más utilizadas por él, que genere un quilombo suficiente que impidiera el inicio de las clases».

Gamarra subrayó la gravedad del ataque, señalando que no fue contra cualquier persona, sino contra «la persona que claramente tiene la capacidad suficiente para que las clases en la provincia no empiecen», apuntando también a «generarle un daño suficiente al gobernador de la provincia».

Medidas judiciales y calificación penal

La Fiscal confirmó que la reunión que originó la investigación efectivamente existió. Como resultado, se ordenaron procedimientos específicos: «decidimos solicitar allanamientos y secuestrar el teléfono de Gonzalo Carpintero y el de otra persona que era de interés para la investigación», siendo esta última quien habría actuado como intermediaria en la coordinación del encuentro.

Respecto a la figura penal bajo análisis, Gamarra mencionó dos posibles calificaciones:

*   Cohecho: «Podría tratarse de cohecho, que es cuando uno pretende que otra persona haga algo a cambio de un resarcimiento económico».

*   Coacción: «También tenemos la posibilidad de alguna coacción, que es obligar a alguien a hacer o no hacer algo bajo la posibilidad de que le pasara algo malo».

En cuanto a la situación procesal de los involucrados, la Fiscal aclaró que, tras el secuestro de sus dispositivos, «desde el momento en que se hace cualquier actuación judicial en contra de alguien, en este caso un allanamiento o un secuestro, pasa a la calidad de imputado».

Aclaración importante y próximos pasos

El Fiscal Gamarra dedicó un tramo de su alocución a deslindar responsabilidades ajenas al caso: «el señor Cereceto no está involucrado en esto, no tiene absolutamente nada que ver, no está siendo investigado y los allanamientos no fueron dirigidos a él».

El trabajo judicial ahora se centra en el análisis forense de la evidencia digital recolectada: «Ahora nos queda trabajar sobre los teléfonos celulares y avanzar conforme a la evidencia que recolectemos».