El abogado laboralista, Jorge Echelini, habló sobre la situación de los trabajadores de Guilford. “Cuando salimos a vender los bienes se malvendieron por la crisis que atraviesa la ciudad”, explicó.

En este sentido, señaló que “los juicios de los trabajadores de Guilford están en trámite”.

“El patrimonio más importante de Guilford se vendió y ese dinero se utilizó para pagar entre 8 y 10 juicios”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “aún resta la venta de 3 o 4 propiedades de muchísimo menor valor que actualmente están embargadas”.

“La venta de estas propiedades alcanzará sólo para cubrir parcialmente alguno de los juicios que esta en trámite, nada más que eso”, indicó.

En este marco, destacó que “cada vez hay más trabajadores que felizmente pudieron acceder a la jubilación”.

“Lamentablemente los trabajadores de Guilford atravesaron todo lo malo que se podía atravesar: una empresa que desaparece y un Estado que otorgaba un subsidio que ni siquiera alcanzaba para pagar impuestos”, afirmó.

Finalmente, Echelini concluyó que “cuando salimos a vender los bienes se malvendieron por la crisis que atraviesa la ciudad. Más mala suerte esta gente no pudo tener, pero  atravesaron el proceso con mucha entereza”.

Combs, de 55 años, está acusado de dirigir una red criminal que, según la fiscalía, obligaba a las víctimas a participar en orgías sexuales bajo efectos de drogas, mediante amenazas y violencia. El productor de rap multimillonario se ha declarado inocente de todos los cargos, ya que, según él, estas relaciones sexuales fueron consentidas.

Detenido desde 2024, el juez le ha denegado en varias ocasiones la libertad bajo fianza. La fiscalía dijo al juez recientemente que había ofrecido a Combs un acuerdo de culpabilidad, que él rechazó.

De ser declarado culpable, la exestrella mundial, que tuvo un rol clave en la masificación del hip-hop, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

El inicio de la selección del jurado coincide con la celebración anual de la Met Gala de Nueva York, un evento con fines benéficos en el que Combs solía ser una de las estrellas más rutilantes (y extravagantes) de la alfombra roja.

Hace sólo dos años, posó para las cámaras en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte. Pero este lunes el escenario será el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se inicia el proceso de selección de los 12 jurados que sellarán su suerte.

Se espera que este proceso dure una semana antes de que el juicio entre en materia.

Durante décadas, el artista conocido como Puff Daddy y P Diddy, entre otros nombres, amasó una enorme fortuna gracias a su trabajo en la música, pero también a sus aventuras en la industria de la bebida.

En detalle, en noviembre había un stock acumulado de 299.228 juicios sin resolver en el total de Argentina. Ese número incluye el stock acumulado en el mes anterior, más los juicios notificados en noviembre, menos las sentencias dictadas en el penúltimo mes del año.

El problema se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se radica la mayor cantidad de demandas. Sin embargo, otras jurisdicciones también experimentan demoras considerables, lo que afecta la previsibilidad de empleadores y trabajadores.

Las actividades con mayor litigiosidad

En noviembre de 2024 ingresaron 10.649 nuevos juicios al sistema. La industria manufacturera fue la actividad con mayor cantidad de juicios laborales iniciados, con un total de 2.453 nuevos expedientes. Le siguen la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 1.776 casos, y el comercio mayorista y minorista, incluyendo la reparación de vehículos, con 1.213 denuncias.

Otros sectores con alta litigiosidad fueron el servicio de transporte y almacenamiento (1.142 casos) y la construcción, con 844 demandas laborales. También se registraron cifras significativas en actividades administrativas y servicios de apoyo (738 casos) y en el sector de salud humana y servicios sociales, que sumó 351 nuevos litigios.

Por otro lado, sectores como suministro de electricidad, gas y agua, así como servicios artísticos y culturales, registraron una menor cantidad de juicios en comparación con otras áreas.

Dónde se concentran los juicios

La distribución de los nuevos juicios laborales varía significativamente según la provincia. Buenos Aires encabeza la lista con 4.207 causas iniciadas, lo que representa el volumen más alto del país. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 1.960 expedientes, y Santa Fe, con 1.311.

Otras jurisdicciones con una cantidad considerable de litigios incluyen Mendoza (829), Córdoba (686) y la administración pública de San Luis (287). En tanto, provincias como Chubut (323), Neuquén (240) y Río Negro (66) registraron cifras menores, aunque igualmente representativas dentro de sus distritos.

Por otro lado, hay provincias con un número significativamente bajo de nuevos juicios, como Catamarca y Salta, con apenas dos casos cada una, y La Rioja, con solo cuatro. En el otro extremo, algunas jurisdicciones con menor densidad poblacional también reflejan un bajo nivel de litigiosidad, como Tierra del Fuego (31), Formosa (9) y La Pampa (11).

Estos datos reflejan no solo la concentración de actividad económica y laboral en el país, sino también las diferencias en la judicialización de conflictos en cada región.

El volumen acumulado de juicios laborales genera efectos a largo plazo en el sistema judicial argentino. Las demoras en la resolución de estos expedientes no sólo afectan a los trabajadores y empleadores de manera directa, sino que también impactan negativamente en la capacidad de los tribunales para procesar nuevos casos. La acumulación de casi 300 mil juicios en trámite pone en evidencia la presión que enfrenta el sistema judicial, especialmente en las principales jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de los litigios.

En este contexto, la prolongación de los tiempos de espera no solo afecta a las partes involucradas, sino que también genera un ambiente de incertidumbre que obstaculiza la resolución de conflictos de manera eficaz. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven en la necesidad de hacer frente a la imprevisibilidad del sistema judicial, lo que complica la planificación de su futuro.

Por otro lado, los trabajadores se ven privados de respuestas rápidas, lo que retrasa el acceso a sus derechos y beneficios. La alta litigiosidad en sectores clave como la industria manufacturera, el comercio y el transporte refleja una demanda creciente por soluciones rápidas y justas, que necesitan ser abordadas con urgencia para garantizar una mayor estabilidad en el mercado laboral y en el ámbito empresarial.

Crecen los juicios por accidentes laborales

Las estadísticas mencionadas hasta el momento dan cuenta de todos los juicios laborales iniciados en el país, incluyendo despidos, accidentes y otras causas. Pero desde la Unión de Aseguradores de Riesgos de Trabajo (UART) dieron algunos detalles de cómo evolucionaron las causas judiciales específicamente iniciadas por accidentes laborales.

De acuerdo con los datos elaborados por UART, 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por Riesgos del Trabajo. Solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país. «La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo, desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del Sistema», comentaron desde el organismo.

En diálogo con Infobae, representantes de la UART explicaron que este fenómeno «no solo disuade de la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que atenta contra la competitividad de la empresa».

Uno de los factores que contribuye a este problema es el procedimiento para resolver los accidentes laborales. Según detallaron desde la UART, si un trabajador tiene un accidente, la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) lo cubre, pero si la persona no está conforme con la resolución, puede recurrir a la Comisión Médica, que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esta instancia tiene 60 días para dictaminar si lo que afirma la ART es correcto o no. Solo en caso de desacuerdo con este dictamen, el trabajador puede acudir a la Justicia.

Desde la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en 2017 (Ley 27.348/17), se estableció un nuevo procedimiento que incluye la creación de Cuerpos Médicos Forenses. Las 18 provincias que adhirieron a la reforma debían crear un cuerpo de peritos que cobraran por acto médico, no a porcentaje. Por el momento, sólo Mendoza ha seguido los pasos acordados.

En el resto de las provincias, la realidad ha mostrado que los peritos continúan siendo remunerados a porcentaje de la sentencia, lo que los incentiva a registrar daños mayores para obtener una mayor retribución. «Este sistema ha generado que, a pesar de que más del 80% de las causas judiciales resuelvan que no son indemnizables, muchos juicios siguen su curso para lograr, aunque sea, un reconocimiento parcial de la incapacidad», comentaron desde la UART.

Esto no solo genera un costo adicional para el sistema judicial, sino que también afecta la sostenibilidad del mismo, ya que «el abogado, el perito y el damnificado» solo cobran si el juicio sigue adelante, lo que desfinancia al sistema de riesgos laborales.

El final de su mandato fue acompañado por pocos movimientos en contra del ex presidente Mauricio Macri en los politizados tribunales federales. Por el momento, las causas que ya tiene en su contra se cocinan a fuego lento. Con suerte, moderado.

Aún así se esperan novedades en algunos de los principales frentes judiciales contra Macri y algunos de sus ex ministros, aliados y funcionarios clave.

La obra pública, los conflictos de intereses y el presunto encubrimiento de los mismos, y los negocios entre el Estado y la familia de Macri son los ejes de los expedientes más avanzados contra el ex presidente, confirmaron las fuentes judiciales de los casos que serán mencionados.

Los últimos días de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagar al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA) en la causa en la que se investigaba el supuesto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo.

Este semana, el fallo de Bonadio será apelado por la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el caso Autopistas, el juez Rodolfo Canicoba Corral, investiga el rol de al menos cuatro funcionarios en la renegociación de los contratos de Abertis por los accesos Norte y Oeste y el reconocimiento de supuestas deudas del Estado con la compañía ex socia de los Macri por un total de US$ 747 millones. El foco está puesto en Dietrich; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías; y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Los primeros tres están siendo investigados porque intervinieron de manera directa. Indagan en el cuarto porque el juez sospecha que se corrió tras haber advertido irregularidades. Se esperan citaciones a indagatorias.

En el caso Correo Argentino, el juez Ariel Lijo tiene pendiente decidir si procesa o no al ex ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; y al director y abogado de la compañía de la familia Macri. Su decisión dependería de los resultados de un informe contable encargado a la Corte Suprema.

En el fuero Comercial, Correo Argentino tendrá otro capítulo. En 2019, quedó pendiente que la empresa y el Ejecutivo llegaran a un acuerdo para el pago de la deuda de la compañía con el Estado y la posibilidad de que se apruebe el salvataje de la firma.

La causa por los parques eólicos es otro de los frentes penales para Sideco, la empresa emblema de la ex familia presidencial. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó medidas de prueba en torno al accionar del ex ministro de Energía Juan José Aranguren para intentar determinar si su área favoreció o no a los Macri en el negocio de las energías renovables.

Los investigados en todos estos casos siempre negaron las acusaciones.

Paseo del Bajo: apelan los sobreseimientos

Los sobreseimientos por el caso del Paseo del Bajo fueron una de las buenas noticias de Comodoro Py para Macri a fines de diciembre. La apelación se concretará en los próximos días y el fiscal general de la Cámara Federal porteña será quien decida si el recurso de los fiscales Mángano y Rodríguez ingresa a la Cámara Federal para su tratamiento.

El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte de la Nación, pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño. Era uno de los frentes judiciales aún en pie contra Cambiemos en diciembre último. El 27, Bonadio sobreseyó a los cinco imputados sin indagarlos.

Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para poder favorecer a Iecsa y así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra.