La Confederación General del Trabajo(CGT) logró hoy un triunfo en la Justicia en su intento de frenar la ley de “modernización laboral” que  impulsó la gestión de Javier Milei. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, dictó hoy una medida cautelar innovativa en la que hace lugar a un pedido de la central obrera para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.

Ahora, el juez debe resolver el fondo del caso, aunque el Gobierno puede también apelar esta decisión. Hasta entonces, los 82 artículos en litigio quedan en suspenso. 

El fallo frena el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos. 

Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomadadurante el kirchnerismo.

El magistrado hizo lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo

Según la demanda sindical, la reforma establecía “modificaciones peyorativas y permanentes” que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.

El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República. 

“La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío”, dice la la resolución, a la que accedió La Nación. 

Para justificar la urgencia de la cautelar, el fallo advirtió sobre el “peligro en la demora”, al afirmar que ejecutar normativas como el de los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de convenios colectivos “podría generar daños irreparables si, llegado el momento de la sentencia final, la ley fuera declarada inconstitucional”.

El juez advirtió que no suspender la ley de forma inmediata podría generar una grave inseguridad jurídica antes de que se dicte una sentencia definitiva. 

Entre los artículos que quedan suspendidos están el que se refiere a los trabajadores de plataformas, que los excluía del ámbito de protección de la ley, catalogándolos como “independientes”.

También se suspende el artículo que eliminaba el principio de interpretación legal a favor del trabajador y los que permitían excluir del cálculo de despidos pagos no mensuales como el aguinaldo e implementaban el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). 

El juez determinó que este sistema “no evitaría y ni repararía los despidos injustificados” y que su financiación podría quitar recursos de la Seguridad Social.

El fallo también suspende la norma que ampliaba los servicios mínimos ante huelgas e incluía una nueva categoría de “actividades de importancia trascendental”, incluso cuando prohibía medidas de fuerza en servicios de seguridad.

El juez entendió que debía suspender el artículo que derogaba la ley de teletrabajo y los que limitaban la responsabilidad solidaria de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y eliminaban las presunciones de fraude laboral.

Con esta decisión, la reforma laboral queda suspendida hasta que se dirima definitivamente la inconstitucionalidad de la norma, como lo solicitó la CGT.

El expediente se inscribirá en el Registro Público de Procesos Colectivos y el juez correrá un nuevo traslado al Estado nacional para decidir sobre el fondo del caso.

Mientras tanto, el Gobierno puede recurrir la medida cautelar a la Cámara Laboral para intentar revertir la suspensión de la norma.

Estos artículos alcanzados por el fallo son los que limitan el cálculo de la antigüedad en el empleo y eliminan la presunción de que existe una relación laboral por el simple hecho de prestar servicios.

Quedó suspendido asimismo el artículo que quitaba la obligación de dar preaviso durante el período de prueba y los que modifican los convenios colectivos, dando la prioridad a convenios de menor ámbito (como los de la empresa por sobre los de actividad) y permitiendo negociar cláusulas a la baja.

También están afectados por el fallo los artículos que imponen límites para realizar asambleas, reducen el crédito horario para delegados, limitan la tutela sindical y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería para sindicatos.

El juez suspendió asimismo las normas que permitían el fraccionamiento obligatorio de las vacaciones y habilitaban la creación de un “banco de horas” por acuerdo individual y cambiar las condiciones de trabajo.

También quedó sin efecto -al menos por ahora- la quita de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y el hecho de derivar los nuevos juicios laborales al fuero Contencioso Administrativo cuando el Estado sea parte.

También las normas que modifican a la baja los intereses de los juicios, y los que habilitan a las empresas a pagar sentencias en hasta 12 cuotas.

Estas personas estaban imputadas por un robo comando ocurrido el 1º de noviembre de 2024 a un empresario de Rada Tilly, pero quedaron desvinculadas por la falta de evidencias, según confirmó Gladys Olavarría, defensora de cuatro de los imputados.

Este robo fue parte de una serie de hechos que comenzó con el hurto de dos camionetas de alta gama, una sustraída en Rawson y la otra en Trelew. Con estos vehículos, los sospechosos viajaron hacia el sur para perpetrar el atraco y después regresar al Valle. La Policía realizó una persecución de 70 kilómetros por la ruta 3, logrando atrapar a parte del grupo cerca del autódromo Mar y Valle, mientras que el resto fue detenido en la rotonda del acceso norte a Trelew tras un choque con el auto de una familia.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi confirmó que presentará una impugnación contra la resolución. El hecho había derivado en una persecución y en la detención de seis personas, además del secuestro de un vehículo de alta gama y parte del botín.

“El juez consideró que no había prueba suficiente para enmarcar el delito en la calificación que le fue propuesta, que es robo agravado por ser en poblado y en banda, con algunas participaciones secundarias de algunos de estos integrantes de la banda. Y como resultado de la audiencia, el juez resolvió el sobreseimiento de los imputados”, precisó en El Comodorense Radio.

A continuación, el funcionario indicó que, previo a conversar con los damnificados y analizar el resultado de esa audiencia, “estamos trabajando en una impugnación extraordinaria para poder revertir esta decisión”, explicó.

El fiscal recordó: “Es un caso que atravesó sin dificultades el proceso desde el punto de vista teníamos la evidencia y una investigación seria como para resolverlo a un juicio, pero, bueno, a veces los procesos penales son así: no necesariamente el juez tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, y nosotros vamos a insistir por vía de una impugnación”, sostuvo.

Caperochipi señaló que la Fiscalía considera el hecho grave “por la intervención de una banda” y porque la prueba presentada “habilitaba al menos una instancia de juicio oral y público”. “Nos sorprendió un poco el sobreseimiento, pero son decisiones del proceso que a veces se dan y que nosotros vamos a tratar de revertir a través de una impugnación”, remarcó.

En cuanto a las pruebas, el fiscal detalló: “No todos los casos vienen cerrados con pruebas contundentes, pero creemos que este es un caso que tenía tanto algunas pruebas directas como pruebas con indicios. Además de ser hallados en posesión de los elementos sustraídos, eso nos permitía tener la voluntad de que esta causa llegase a juicio y poder resolver allí, ya exponiendo y produciendo toda la prueba que habíamos reunido”.

Respecto al vínculo con el juez, aclaró: “Nosotros no nos enojamos con el juez, sino simplemente lo que haremos es recurrir o impugnar, como corresponde decir la decisión, para revertir esa decisión. Así que en eso estamos trabajando”.

 “A partir de la comunicación, tenemos 10 días hábiles para poder concretar la impugnación, y luego tramitará directamente por vía del Superior Tribunal de Justicia, y allí ya son los tiempos que se le impriman”, concluyó.

Carlos Rosenkrantz fue elegido para continuar como vicepresidente.

Ambos jueces contaron con los votos propios y el de Maqueda. Ricardo Lorenzetti se abstuvo.

La Corte enfrentará a partir del año que viene un panorama incierto. Con los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo -también propuesto por la Casa Rosada para integrar el cuerpo- frenados en el Senado, el Tribunal comenzará a funcionar sólo con tres miembros. La última vez que sucedió algo similar fue en 2015, tras la jubilación de Carlos Fayt.

Los mandatos de Rosatti y de Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte Suprema vencían el 1 de octubre. Por lo tanto, esta semana era clave para que se definan las autoridades del máximo tribunal penal del país.

Rosatti, quién ira por su segundo mandato, también es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Por ley, el presidente de la Corte Suprema es el titular del Consejo, por lo que Rosatti seguirá también en ese cargo por los próximos tres años.

Especialista en derecho constitucional, ex intendente de su ciudad, Santa Fe, ex convencional constituyente en la reforma de 1994 y ex procurador del Tesoro de la Nación y ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti fue designado en la Corte Suprema en junio de 2016 a propuesta del entonces presidente de la Nación Mauricio Macri.

Por su Rosenkrantz fue presidente de la Corte Suprema entre 2018 y 2021 y desde entonces su vicepresidente. También fue propuesto para el máximo tribunal por el entonces presidente Macri y tras el acuerdo del Senado de la Nación asumió en agosto de 2016. Previo a su nombramiento era rector de la Universidad de San Andrés e integrante del estudio de abogados “Bouzat, Rosenkrantz y Asociados”.

En tres meses el máximo tribunal tendrá la salida de uno de sus integrantes. Es Maqueda que el 29 de diciembre cumple 75 años. Es la edad máxima que la Constitución Nacional establece para que un juez tenga el cargo. La carta magna da la posibilidad de seguir por cinco años más si lo solicita el Poder Ejecutivo y si lo aprueba el Senado de la Nación.

Una reglamentación del gobierno de Macri estableció que si un juez quiere seguir después de los 75 años debe pedirlo con un año de anticipación. El gobierno de Javier Milei planteó que Maqueda no lo solicitó por eso dio por terminada su presencia en la Corte Suprema el 29 de diciembre próximo y para ocupar su lugar propuso a García-Mansilla. Maqueda es juez del máximo tribunal desde diciembre de 2002 cuando fue designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde -según publica Infobae-.

Con su salida, la Corte pasará a estar integrada por tres jueces. Para sacar fallos se requerirá unanimidad de criterios entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. En caso que no la haya se necesitará convocar a conjueces para desempatar, lo que se hace con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.

Tanto Lijo como García-Mansilla ya tuvieron en el Senado la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. Ahora resta que se firmen los dictámenes de comisión para cada uno de ellos y que después el pleno de la Cámara vote si los designa o no como jueces. Para eso se necesita una mayoría especial de dos tercios de los senadores presentes.

Durante la audiencia en la que se trata el pedido del país trasandino, del que se fugó, Jones Huala fue consultado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, sobre si daba su consentimiento para ser extraditado a Chile, respondió: «No. En principio, pedí terminar la condena acá».

«¡Marichiweu! ¡Que viva la RAM!«, agregó el líder mapuche, antes de dejar el micrófono y volver a sentarse.

Previamente, su abogado, Eduardo Soarez, había planteado que se rechazara «in limine la extradición porque el Estado requiriente no cumplió con un requisito determinante».

«La ley le ordena al juez que no conceda la extradición si el Estado requiriente no diere garantías específicas de que va a descontar el tiempo que Facundo lleva acá en una eventual condena», había manifestado el letrado.

En diálogo con TN, Soarez se había quejado de que el juez «decidió aceptar todas las pruebas de la Fiscalía y rechazar todas las de la defensa: eso está afectando el derecho a defensa en juicio».

«A Facundo se le violaron derechos de la propia Constitución chilena y del propio proceso«, había agregado el abogado, quien había aclarado que si se tiene en cuenta el tiempo que pasó detenido desde su recaptura, a Jones Huala le quedan cumplir «once meses» de prisión.

Tras la decisión de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, el proceso llega a su fin, luego de trece audiencias y 87 testigos, a 3 años y 17 días del hecho.

Termina un caso paradigmático, un hecho que identificó a la sociedad y que lo volvió el expediente más seguido por el público general desde el femicidio de Ángeles Rawson en 2014. La síntesis más lúcida al respecto, de por qué este caso atrapó la atención general, fue realizada por el juez David Mancinelli, el encargado de enviar a prisión a los rugbiers, bajo cuya firma estuvo la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni e inicialmente el fiscal Walter Mércuri -según publica Infobae-.

Mancinelli aseguró:

“Las bondades de Fernando captaron la atención de la sociedad. Era un hijo cariñoso, un compañero leal, un novio fiel, comprometido con tareas sociales. Silvino y Graciela criaron a un ser humano hermoso. No fue el justo el final que tuvo, no merecía ese martirio. Y la gente vio en Fernando a sus hijos, a sus hermanos. La sociedad ya no tolera la violencia, la prepotencia. Fernando fue abrazado como un símbolo de paz”.

Los fundamentos del fallo estarán disponibles en la jornada de hoy en la página de la Suprema Corte bonaerense. En todo caso, el equipo de defensores de los acusados ya tiene redactada su apelación que presentará en Casación. El destino de los acusados en la cárcel podrá comenzar a dividirse, tras estar encerrados tres años en pabellones exclusivos para ellos, estipulan fuentes penitenciarias. Podrán ser separados y enviados incluso lejos de sus familias, de acuerdo a los pedidos de cupo que haga la Justicia.

Cuáles fueron las pruebas contra los ocho imputados

Máximo Thomsen fue, sin dudas, el más comprometido. Además del cruce que tuvo con Báez Sosa dentro de Le Brique, y que le valió la expulsión del boliche, lo complican varios videos en los que se lo ve pateando a Fernando mientras está en el piso. Aparte del material audiovisual, distintos testigos, entre ellos Tomás Bidonde y Lucas Filardi, aseguraron haberlo visto dándole “puntinazos” a la víctima y “pisotones”.

Sin embargo, la prueba más determinante en su contra llegó a través de una pericia scopométrica. La misma concluyó que la marca de una pisada en la cara de Fernando se correspondía con el calzado que el rugbier llevaba puesto la madrugada del crimen. “No había posibilidad de error de que fuera de otra zapatilla”, dijo la perito Haydeé Almirón en referencia a las Cyclone negras que, además, tenían sangre de la víctima.

Ciro Pertossi fue uno de los primeros en abordar a la víctima “mientras estaba de espaldas y en estado de indefensión”, asegura la causa. Según la fiscalía y el particular damnificado, “Ciro Pertossi golpeó a Fernando por su flanco derecho. A la vez que (Enzo) Comelli lo hizo por el izquierdo”, coincidieron en sus alegatos.

A Ciro Pertossi también lo dejaron expuesto los registros fílmicos: en uno de ellos se ve cómo, minutos antes de la golpiza, le dio su buzo a Juan Pedro Guarino. “Un claro indicio de que se iba a pelear”, sostuvo Facundo Améndola, uno de los abogados representantes de los Báez Sosa. En otro video quedó en evidencia cómo “se chupó los dedos para evitar que la Policía descubriera que tenía sangre de Fernando en las manos”, agregó el abogado.

Además, constan en la causa los audios y mensajes que envió desde su celular aquella madrugada. “Chicos de esto no se cuenta nada a nadie”, dijo en el grupo de WhatsApp, “Delboca3″, integrado por todos los imputados. A eso se suman las búsquedas efectuadas en Google, entre las 6.21 y las 6.22 y entre las 10.16 y las 10.17 del 18 de Enero de 2020. “Pelea en Villa Gesell”, escribió Pertossi en el buscador después del crimen. Hay, también, un mensaje que le envió a Ana: “Machu (Máximo) y Enzo mataron a un pibe”. También, en el jean que usó esa noche había sangre de Báez Sosa.

A Enzo Comelli se lo acusó de haber “noqueado” a la víctima. “Agredió a Fernando al unísono con Ciro Pertossi. Él llegó por el flanco izquierdo: es asombrosa la coordinación para pegarle en el mismo momento. Excepcional forma de abordaje. Existió entonces una planificación”, dijo Améndola y subrayó que varios testigos lo reconocieron en la rueda, que golpeó a los amigos de la víctima y luego se sacó fotos al final del hecho.

Durante los últimos días, al igual que Máximo Thomsen, Comelli solicitó una entrevista con una psicóloga en la cárcel de Dolores.

Sobre Blas Cinalli, había ADN suyo debajo de la uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando. Al igual que Ciro Pertossi, los mensajes que mandó aquella madrugada después del crimen lo dejaron expuesto. “Nos pelamos contra unos chetos, los rompimos jajaj”; “Creo que matamos a uno”; “Alta noche. Nos vamos al centro a premiar”. “No hubo un solo mensaje ni una actitud posterior de uno de los acusados que demuestre un tipo de arrepentimiento. Al contrario: se regocijaron”, consideró Améndola.

Ayrton Viollaz. Tanto la fiscalía como el particular damnificado aseguraron que fue quien “dio la orden de empezar el ataque”. “‘Es ahora, es ahora’, gritó cuando constató que la Policía se retiraba del lugar”, coincidieron. En los videos exhibidos al final de los alegatos, el abogado Fernando Burlando identificó a Viollaz “a escasos centímetros de Fernando Báez Sosa”. Además, varios testigos, entre ellos, Julián García y Lucas Begide, lo marcaron como quien impartía gritos temor.

Lucas Pertossi registró el inicio del ataque con su teléfono. “Al escuchar la orden (de Viollaz), comenzó a grabar el video. La secuencia es corta porque dejó de filmar y guardó el celular para sumarse a la pelea. Algunos testigos lo identificaron de pie junto a Fernando y golpeando a los amigos”, apuntaron los fiscales y el particular damnificado. Tras la golpiza, Lucas Pertossi volvió al lugar del hecho y envió un audio a sus amigos diciendo: “Estoy acá cerca de donde está el pibe (…) Caducó”.

Sobre Matías Benicelli, las pericias determinaron que en tres de sus prendas había ADN de Fernando Báez Sosa: jean, camisa y una de sus zapatillas Nike. Paralelamente, el jefe de seguridad de Le Brique al momento del hecho, Alejandro “Chiqui” Muñoz, lo reconoció como quien le pegó una patada a la víctima “y que no se levantó nunca más”. A su vez, otro de los testigos dijo que lo escuchó decirle a Fernando: “Negro de mierda, vamos, mátenlo”. Otra de las testigos, Andrea Ranno, del hotel Inti Huasi, declaró que lo oyó jactarse: “Le rompí toda la jeta”. Un video lo muestra abrazando a Luciano Pertossi tras el hecho.

Sobre Luciano Pertossi. En el pantalón de gabardina gris que llevaba puesto aquel día había manchas de sangre de Fernando. Aunque él mismo se desmarcó en uno de los tres videos de la pelea, la querella de los Báez Sosa lo acusó de haber participado “activamente del ataque”. Además, fue identificado por los testigos Federico Raulera y Federico Tavarozzi: este último dijo que lo vio “revoleando piñas y patadas a todo lo que se le cruzaba”.

Su accionar también quedó expuesto en uno de los registros fílmicos de la golpiza donde se lo ve acercarse a Fernando de forma agachada, como si le dijera algo. “Así como Ciro le dio el buzo a Guarino para que se lo sostenga para pelear, él le dio la billetera”, remarcó Facundo Améndola en sus alegatos.

El ex juez federal salteño José Antonio Solá Torino, condenado a seis años de prisión en 2016, por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante, fue encontrado muerto de un balazo este sábado a la madrugada y se investiga la posibilidad de un suicidio cuando iba a ser detenido para que cumpla la condena en un penal. La decisión fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa para que Solá Torino pueda estar en su domicilio cumpliendo lo que le quedaba de pena detenido en su domicilio.

Los informantes contaron a Télam que el hecho ocurrió en los primeros minutos de hoy, luego de emitida la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, de ordenar la inmediata detención de Solá Torino, para lo que se libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El tribunal actuó por pedido del fiscal federal general Carlos Amad, y le otorgó a la fuerza facultades para allanar el domicilio del ex juez y usar la fuerza pública en caso de ser necesario, al tiempo que ordenó su alojamiento en el Complejo III NOA del Servicio Penitenciario Federal, en la localidad salteña de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta Capital.

Los efectivos de la PSA llegaron a la casa del ex juez, encontraron todo oscuro, por lo que golpearon la puerta, pero nadie les atendió y debieron consultar con el juez del Tribunal Oral Federal 1, Federico Díaz, y Amad, quienes los autorizó a hacer uso de la fuerza pública.

Al ingresar, los policías escucharon la detonación de un arma de fuego en un piso de arriba de la vivienda, por lo que subieron de inmediato y encontraron a Solá Torino ya sin vida. La investigación de la muerte del exjuez se encuentra a cargo de la fiscal penal Ana Salinas Odorisio, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para el traslado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para la realización de la autopsia destinada a establecer oficialmente la causa de la muerte. Además, trabajaron en el lugar del hecho peritos del CIF, en el levantamiento de muestras y en las pericias de rigor.

Este viernes, Amad había solicitado la detención de Solá Torino, tras conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de desestimar la queja interpuesta por la defensa del imputado, en contra de la resolución que le denegó el recurso extraordinario en la instancia de casación.

En el año 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó al ex magistrado a la pena de seis años de prisión, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo agravado.

Para Amad, con esta decisión de la Corte Suprema la sentencia «adquirió la calidad de cosa juzgada, ya que se encuentra firme, toda vez que el imputado agotó todos los remedios procesales para impugnarla».

Por ello es que solicitó la detención y el alojamiento del ex camarista en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, para evitar su fuga y, por ende, el incumplimiento de la sentencia.

El juicio en contra de Solá Torino comenzó el 3 de noviembre de 2015 y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes también le aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos.

En ese proceso oral y público también fueron condenados Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron una pena de tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno, por ser considerados «partícipes necesarios» de «cohecho activo».

En tanto, el sindicado narcotraficante Miguel Farfán, que al momento del juicio estaba prófugo pero luego fue detenido, fue declarado en rebeldía ya que no se sometió al proceso.

En una sesión desarrollada esta tarde en Rawson, la comisión de admisibilidad resolvió por unanimidad que corresponde abrir el sumario contra el juez que autorizó la detención del ministro en funciones, mientras que la misma comisión había resuelto en disidencia abrir también el sumario contra los fiscales.

Por razones reglamentarias, cuando se produce desacuerdo en esa instancia previa de admisión debe intervenir el Pleno del Consejo, por lo que éste resolvió, por absoluta mayoría, que también cabe el sumario para los acusadores públicos.

De este modo, se procedió al sorteo y la responsabilidad de instruir el sumario recayó en el consejero popular de Trelew, Luis Torrijos, quien dispondrá de un plazo de 90 días hábiles (es decir que no se cuenta el lapso de la feria judicial durante el mes de enero) para emitir una dictamen, que luego debe ser sometido a tratamiento por el Pleno del organismo.

Las posibilidades que se abren son diversas, según el reglamento del organismo: el sumario puede concluir que hubo mal desempeño y, en ese caso, el organismo deberá definir si los magistrados deben ser sometidos a un juicio de destitución o a una sanción disciplinaria por parte del Superior Tribunal de Justicia. O también podría concluir que no hubo mal desempeño ni desconocimiento del derecho, por lo que las actuaciones quedarían archivadas.

De qué se los acusa

Lo cierto es que el juez y los dos fiscales que tuvieron a su cargo la imputación y todo el proceso preliminar en la causa conocida como “Revelación”, en la que hay 40 imputados por un circuito de coimas entre empresarios y funcionarios públicos, podrían quedar del lado de los acusados por irregularidades en su desempeño.

El cuestionamiento formulado por el particular que presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura es que ordenaron la detención y allanaron las oficinas de Martín Bortagaray en la Casa de Gobierno, cuando éste se desempeñaba aún como ministro de Familia.

Sin embargo, el artículo 248 de la Constitución Provincial garantiza fueros para ministros en funciones, impidiendo su detención o ser allanados, aunque sí pueden ser investigados.

Pese a ello, los fiscales pidieron al juez la orden de detención sin haber fundado, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora del caso, los motivos para desconocer los fueros (lo que debió hacerse mediante un planteo de inconstitucionalidad), resultando además llamativo que al día siguiente de la detención fuera liberado, es decir que los motivos para requerir la prisión preventiva en un primer momento podrían no haber sido suficientemente sólidos –según publica ADN Sur-.

Todo esto será materia de investigación, según aclaró Montenovo, por lo que tanto el juez y los fiscales deben ser responder a la notificación del sumario y tienen derecho a recusar al sumariante, para una vez cumplida esa etapa comience a instruirse el sumario.

En este sentido, señaló que “no estamos en contra de la tarea de la Justicia, lo que estamos diciendo es que en  causas que tienen tanta repercusión, se requiere prudencia”.

“Entendemos que se cometieron algunos errores porque faltó prudencia. Existieron muchas filtraciones de fotos innecesarias, videos y audios que no tenían una relación directa con la causa”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “al ministro de Familia, Martín Bortagaray se lo detuvo violando la inmunidad que tenía. Todo el proceso fue nulo desde el principio”.

“Todos los que están detenidos se pusieron a disposición de la Justicia. A lo largo del proceso ninguno de los imputados quiso eludir la Justicia”, indicó.

En este marco, aseguró que “debe haber una excesiva prudencia por parte de quienes investigan y por parte del Juez que instruye la causa, porque precisamente es un Juez de garantía, a los fines de que la investigación y el proceso sean claros para la gente que está esperando una conclusión del mismo”.

“Los fiscales expusieron públicamente a la familia del ex gobernador Mario Das Neves sin tener pruebas para avanzar en la difusión de información”, afirmó.

A su vez, comentó que “una vez concluido el proceso la Justicia definirá quién es responsable y quién no. Esto sucederá cuando las investigaciones terminen”.

Finalmente, Pérez Catan concluyó que “hay cosas que se difundieron que no tenían nada que ver con la investigación del delito”.

La audiencia comenzará a mañana jueves las 9 horas en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, tras una recusación planteada por los abogados defensores.

Los defensores recusaron al juez Sergio Pineda para apartarlo de la causa. Entre sus argumentos, los abogados particulares sugieren que Pineda no será objetivo al considerar que adelantó opinión al autorizar los allanamientos y detenciones de los imputados.

Los jueces Mirtha Moreno y José García ratificaron al juez Pineda al frente de la causa. Y sostuvieron que no hubo adelantamiento de opinión por parte del juez. Conocida la decisión, a las 18 horas, informaron que la audiencia será al día siguiente.

En la audiencia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez pedirán la imputación por los delitos de «asociación ilícita» sobre los ayer detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia.

Los imputados en la causa son los exfuncionarios provinciales Victor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto a los empresarios Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel. Por su parte, Patricio Mussante, empresario de la construcción de Trelew, fue detenido durante la mañana al arribar al aeropuerto de Trelew.

Defensas

La audiencia se dilató debido a la recusación de los defensores al juez Pineda, solicitando que sea apartado de la causa. El magistrado rechazó los argumentos y su postura fue analizada por dos jueces, Mirtha Moreno y García.

En la causa, el exfuncionario Víctor Cisterna y los empresarios Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende; los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa; los ex funcionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis;  mientras que Gonzalo Carpintero será patrocinado por Carlos del Mármol. Por su parte, el empresario esquelense Oscar Peña por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona; los empresarios comodorenses Esteban Torraca y Andrés Ninin por el comodorense Guillermo Iglesias, y el ex funcionario Diego Luther por Lisandro Benítez, de la defensa pública.

Ruffa defensor de Musante y Piccione: «La pieza procesal donde se decide la detención ya arroja una toma de decisión. Hay una sombra de parcialidad. Está de oferta Pineda».