En este sentido, señaló que “yo voy a intentar ingresar, calculo que no habrá ningún inconveniente, ya que de lo que se va a hablar es de las personas involucradas  en el asesinato de Ángel”.

“Esperamos escuchar la verdad, todas las fallas que hay en este sistema -que debe proteger a los menores y no lo hace-“, dijo.

Asimismo, aclaró: “No espero otra cosa, solo que me digan todas las fallas que han encontrado, solo eso quiero escuchar”.

“Con todo lo que he escuchado del fiscal Martín Cárcamo, la verdad es que no espero nada. Solo que haga la nota correspondiente, que exprese todo lo que nos dijo a nosotros, todo su pensamiento sobre la psicóloga y el equipo que intervino acá”, indicó.

En este marco, destacó: “Espero que lo haga por escrito, que todo lo que nos dijo a mí y al papá de Ángel, lo escriba y ahí él mismo se tendría que hacer a un lado si no quiere trabajar”.

A su vez, añadió que “él nos dijo que según su criterio, el equipo de protección hizo bien su trabajo y que teníamos que tener en claro que Leiva no era la asesina. Pero la demanda no es por ser asesina sino por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, por abandono de personas. Por lo visto el señor fiscal tampoco se tomó el trabajo de leerla”

“También nos desilusionamos de los dos jueces de Cámara que dieron lugar a todo esto. Sabíamos que podía pasar pero hoy en día ellos mismos se están mandando al frente, los que no están haciendo su trabajo y están del lado de la corrupción”, expresó.

Finalmente, Andrade concluyó: “Y acá ya sabemos quiénes sí y quiénes no. Yo quiero entrar y escuchar qué es lo que tiene para decir María Nieto de lo que ha encontrado, que seguramente deben ser muchas fallas”.

La Asociación de Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut manifestó una «profunda preocupación» ante la separación anticipada de la Juez Daniela Arcuri de su cargo de Juez de Ejecución Penal. Según el comunicado, esta decisión excedería las facultades legales y contravendría lo establecido en las Leyes XV Nro 39 y Nro 127. La entidad atribuyó la situación a un requerimiento del Poder Ejecutivo que expresaba desacuerdo con ciertas decisiones judiciales de la magistrada, calificando esto como «inadmisible en un sistema republicano de gobierno» y en contra de los artículos 1 de las Constituciones Nacional y Provincial.

La Asociación subrayó que la confirmación del apartamiento, por parte del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, agrava la «afectación institucional» que se denuncia. Esta situación, según la entidad, atentaría contra el ejercicio de la jurisdicción de los Jueces y Juezas Penales y el derecho de los justiciables a la garantía de juez natural, imparcialidad e independencia judicial interna y externa, consagradas en las Cartas Magnas y pactos internacionales de derechos humanos.

Petición de medidas urgentes al Consejo de la Magistratura

El documento, firmado por Andrea Abad y Carina Estefanía, presidente de la Asociación, destaca la necesidad de fortalecer el sistema institucional y del Estado Constitucional de Derecho en Chubut. Por ello, solicitaron al pleno del Superior Tribunal de Justicia y al Consejo de la Magistratura, conforme al artículo 6° del CPP, que adopten «medidas urgentes» para resguardar al Poder Judicial en la impartición independiente de la Justicia.

Por su parte, los jueces penales Ariel Tedesco, Martín Cosmaro, Raquel Tasello, Lilian Borquez, Alejandro Soñis y Mariano Nicosia, de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Rafael Luchelli, el 5 de noviembre pasado. En ella, expresaron su adhesión a la presentación realizada por la propia Magistrada Daniela Alejandra Arcuri el día 30 de octubre de 2025.

Los miembros del Colegio de Jueces ratificaron «en un todo la relación de hechos» contenida en la presentación de la Magistrada y hicieron propia su denuncia, en los términos del artículo 6 segundo párrafo del CPP. Solicitaron al Consejo de la Magistratura que, dentro de sus facultades, «se haga cesar la interferencia indebida» que un funcionario del Poder Ejecutivo y uno de los miembros del propio poder pretenden ejercer sobre la función jurisdiccional.

Los jueces manifestaron una «profunda inquietud» por la intromisión en el ejercicio de la función pública de administración de justicia que compete al Colegio. Pidieron que se arbitren las medidas de resguardo necesarias para asegurar los principios de autonomía e independencia que consagra el artículo 162 de la Constitución Provincial.

En una controversial decisión de censura previa, un tribunal de Tucumán dictó una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de la empresa a realizar críticas a jueces y fiscales.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán a que el canal, sus periodistas, productores y conductores difundan por televisión, radio, plataformas digitales o redes sociales contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. Es decir, no podrán realizar críticamente el desempeño del Poder Judicial de Tucumán. Y se advierte que incumplir será penado “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

El fallo, con fecha del 4 de noviembre, atendió una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, por un supuesto “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional” por la labor periodística.

El conflicto de fondo apunta al malestar que generó en el jefe de los fiscales tucumanos que, en un marco de recientes entrevistas, opiniones y coberturas en programas que se emiten por la señal de CCC, se cuestionó la actuación de los fiscales que responden a Edmundo Jiménez en diversas causas de trascendencia pública.

Ahora, según la sentencia, el propietario del medio de comunicación “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, habría llevado a cabo una “campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales, en general, contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”, a través de programas televisivos, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales. El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados, con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

Consultado por la prensa sobre la decisión judicial, el gobernador Osvaldo Jaldorespondió: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”. 

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

La empresa CCC, actualmente dirigida por Olarte, fue fundada en 1987 por la familia Domínguez y adquirida por su actual propietario a fines del año pasado. Jiménez asumió como ministro fiscal en 2014 y, desde 2003 hasta ese año, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por varios delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Alperovich permanece bajo prisión domiciliaria en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, desde el 18 de junio de 2024.

Fuertes críticas al fallo que restringe la libertad de expresión

La decisión judicial generó reacciones de organizaciones vinculadas al periodismo y a los derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) advirtió que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”. “El fallo instala un bozal judicial sobre periodistas y medios”, expresó la entidad. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) adhirió al reclamo y expresó su solidaridad. 

“La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohíbir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”, señaló la APT en un comunicado. Y agregó: Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales.

Por su lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) planteó una postura similar al cuestionar contra una medida que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)sostuvo en un comunicado que “la democracia tucumana atraviesa un proceso de degradación institucional que parece no encontrar límites. El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, en lugar de garantizar derechos, se han convertido en agentes activos de su restricción, avanzando sobre las libertades básicas como la de expresión”. La organización consideró que el fallo es “parte de una secuencia de atropellos institucionales”, recordando antecedentes como la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021, y el encarcelamiento de un abogado el año pasado por desobediencia judicial conformando “una medida similar de censura previa”.

El accionar de Jiménez presenta otros antecedentes controversiales. Recientemente, el diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente gremial de La Bancaria, Carlos Cisneros, lo acusó en declaraciones a Splendid AM 990 de diseñar una “maniobra judicial” para encubrir, supuestamente, a futbolistas denunciados por violación. Por ese caso, se intentó avanzar con un pedido de juicio político, pero finalmente se desestimó. 

“Lamentablemente, lo que hace Jiménez con la justicia en Tucumán es una verdadera degeneración. Es alguien que ha armado la justicia tucumana a gusto de Alperovich y siempre se dedicó a proteger sus intereses”, consideró Cisneros.

Después de un ampuloso anuncio, la Corte Suprema dejó en pie la aplicación de la ley que establece que todos los jueces y juezas nombrados a partir de 2017 deben pagar el Impuesto a las Ganancias, sin importar si llegaron al cargo desde afuera o desde adentro del Poder Judicial. El fallo revoca una medida cautelar que eximía del pago del tributo a quienes ya tenían una carrera en tribunales, no así a quienes venían de afuera. El fallo fue unánime y no avanza sobre la discusión de fondo acerca de la interpretación de la norma, que había sido promovida por el gobierno de Mauricio Macri, sino que simplemente señala que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no había dado fundamentos para dejar en veremos una norma del Congreso. En ninguna línea los jueces supremos dan opinión acerca del privilegio que se remonta a los años 90, que exime a quienes integran el Poder Judicial de pagar Ganancias.

En lo inmediato, la decisión de la Corte no provoca un cambio de gran envergadura, porque sólo pagarán Ganancias quienes tuvieron designaciones o ascensos recientes, en los últimos casi dos años. En el Ministerio de Justicia calculaban anoche que entre jueces, fiscales y defensores nacionales, serán algo más de 110 los que comiencen a tributar; en las justicias provinciales se sumarían 200 más. Hasta ahora eran una docena de jueces, y un puñado de otros cargos. En algunos despachos del alto tribunal vislumbran, en una proyección optimista, que para dentro de cinco años habrá existido un recambio de jueces superior al 50 por ciento y los nuevos pagarán el impuesto. De ese modo, con la ley actual, el cambio sería a largo plazo y no habría discusión sobre la “intangibilidad” de los salarios judiciales. La intención es, desde tribunales, desalentar cualquier otro proyecto de ley (como los hay, en la UCR) que pueda propiciar esa discusión compleja, constitucional, extendiendo el pago del impuesto a todo el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El fallo suma un punto para el Gobierno, que propició aquella ley que abordó un tema irritante para la corporación judicial y que venía a desarmar una pequeña porción de un privilegio vigente, lo que lo hace taquillero, aunque de momento el peso sea poco tangible. A la vez, causó disgusto en la Asociación de Magistrados, impulsora del planteo sobre los alcances de la norma. La entidad, sin embargo, no había puesto en discusión la constitucionalidad, aunque los votos de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton aclaran que tienen la puerta abierta para seguir haciendo planteos. Lo que había pedido era determinar los alcances de la norma. La asociación expresó “consternación y profunda preocupación” por el fallo “pues amenaza consolidar una situación de desigualdad y de retrogradación en las retribuciones”. Precisamente, la cuestión de la “desigualdad” podría ser otro planteo a futuro. Mientras tanto, la cuestión de fondo sobre la interpretación de la ley sigue en veremos.

Toda la discusión judicial hasta ahora giró en torno a la interpretación del artículo 5 de la Ley 27.346 que modificó la ley de Ganancias e incorporó el gravamen para funcionarios, empleados y magistrados cuando su “nombramiento” hubiera ocurrido desde 2017 inclusive. La AMJA dijo que “nombramiento” equivale al momento de ingreso al Poder Judicial. Con ese criterio, la ley debería regir solo para quienes ingresan desde afuera a partir de ese momento. Los que ya tienen una carrera judicial, seguirían exentos. El juez Esteban Furnari, en primera instancia, hizo lugar al pedido de medida cautelar para que no se aplique la ley por el perjuicio que podía llegar a causar a futuro. Según su criterio, los únicos que debían pagar eran quienes ingresaran desde afuera de la Justicia a partir de 2017. La Cámara mantuvo la cautelar solo para los representados por la AMJA, lo que anuncia otra discusión a futuro.

La Corte simplemente revocó la medida cautelar que eximía de pagar a todos los designados desde 2017. No hizo una declaración de fondo ni de principios sobre el tema. Suponen que es un punto de equilibrio, por más que la corporación mantenga su vieja batalla.

En este sentido, Diana señaló que “mis hijos me decían que fueron los Vera. Por eso yo fui a hacer la denuncia por las amenazas que recibí, porque tenía miedo que me agarren a tiros la casa”.

“Cuando llegué a mi casa luego de hacer la denuncia en la Policía, me puse a hacer mates y cuando Diego se asomó por la ventana vio un Gol rojo estacionado afuera y ahí empezaron los tiros”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “se bajó una persona del Gol rojo y empezó a los tiros y uno le dio en el ojo. Un mes antes del asesinato de Diego, me mataron a Franco y a mi hija Eliana. Y lo peor es que los Vera andan todos sueltos”.

“A mí me dijeron que tenga cuidado porque ´El Pollo´ Vera está con salidas laborales pero no trabaja. Anda en un auto verde y ya recibí amenazas de que iba a matar al resto de mi familia”, recordó.

Finalmente, Montesinos concluyó que “el fiscal Cabral dijo que iba a pedir la impugnación de la sentencia. Yo solo quiero que mi hijo descanse en paz y hay justicia por su asesinato. Diego estaba limpio, él trabajaba, nadie podía hablar de él”.