El arrepentido ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas, José López, salió este jueves en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “nunca” la vio como “organizadora o jefa de una asociación ilícita” y que declaró como imputado colaborador en 2018 por su situación personal y porque sintió la “obligación” de hacerlo.

“Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita”, señaló en su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7 y además intentó contextualizar una frase de su declaración como arrepentido.

López buscó “aclarar dichos efectuados en otras declaraciones. El miedo que mencioné que tenía respecto de la ex presidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y en ese sentido mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo. Era mi única fuente de ingreso”.

Sobre su confesión como arrepentido dijo: “Me sentí en la obligación de hacerlo y lo hice”, en relación a su declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli y su defensor el 17 de agosto de 2018. “Nunca hubo ningún secretario, secretaria” esa audiencia, remarcó.

López refirió que esa época estaba detenido en la causa por los bolsos en el convento y “vivía una situación de acecho mediático” con una situación de “absoluto aislamiento”.

“Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, agregó. “Niego haber integrado una asociación ilícita”, continuó ya entrando en la acusación en su contra.

López comenzó a ser indagado este jueves en el juicio por los Cuadernos y para ello se lo trasladó a primera hora de la mañana desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de cárcel unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio que lo llevó a la fama mediática en junio de 2016: el intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

López fue ingresado a la sala de audiencias en el subsuelo de Comodoro Py 2002 custodiado por miembros del Servicio Penitenciario Federal.

El ex funcionario estuvo al frente de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y permanece detenido desde junio de 2025, cuando se presentó en tribunales para comenzar a cumplir la pena de seis años de cárcel por el caso Vialidad. Esa condena quedó unificada en 13 años de prisión con la causa de los bolsos de convento y portación ilegal de arma.

Hasta el momento, la mayoría de los arrepentidos, incluido el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno, se negaron a declarar y guardaron silencio.

La defensa de López había pedido al Tribunal Oral Federal 7 a principios de este año que quede fuera del debate por razones de salud, pero una pericia concluyó que puede afrontar el juicio y la instancia de declaración. López ya visitó Comodoro Py desde la cárcel el 4 de marzo pasado para asistir a la primera audiencia de otro proceso al que es sometido, el fraude con viviendas sociales del programa “Sueños Compartidos”.

Qué dijo como arrepentido

Durante la investigación de la causa Cuadernos, López declaró como imputado colaborador y describió un presunto sistema de recaudación ilegal ligado a la obra pública. “Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la Secretaría de Obras Públicas. 

Durante el período 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran aportar”, sostuvo.

López se refirió así al fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción también arrepentido y que es ahora juzgado junto con él.

Según López, los pagos ilegales tenían porcentajes definidos: “Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento. Se desarrollaban en los anticipos financieros o sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobraba el cinco por ciento”.

También describió la logística de las entregas de dinero: “Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana, entre 100 mil y 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega, personas que desconozco, vinculadas con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Sonaba al menos tres veces por semana. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono; estaba prendido las 24 horas”.

Sobre el origen del dinero hallado en los bolsos del convento de General Rodríguez en 2016, afirmó: “Esa plata era de la recaudación”.

Esta será la última audiencia dedicada a las indagatorias: el martes pasado fue el turno de los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. El Tribunal ya fijó audiencias y convocó testigos para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno,Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

El juez y el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos saben que la pesquisa tiene un agujero inmenso: si hubo centenares de millones de dólares en supuestas coimas, en algún lugar tienen que estar. Sin el hallazgo del botín, el caso queda débil: se dirá que le encontraron plata a los Macri y no a los Kirchner. También la Casa Rosada sabe de esa orfandad probatoria. De manera que todos se han lanzado en una misma dirección. Por eso, el Poder Ejecutivo ofreció una recompensa; llevaron a declarar al financista Ernesto Clarens y al ex secretario de Obras Públicas José López; y, lo más curioso, vuelven con las viejas historias de que hay bóvedas –aun en domicilios que fueron allanados más de una vez–; paredes huecas e incluso que las coimas están en las inversiones con que los Kirchner hicieron dos hoteles en El Calafate. Aunque parezca increíble, esto último fue investigado en ocho (8) causas distintas en que las pesquisas chocaron con lo que alega la familia y su abogado, Carlos Beraldi: nunca se compró nada en efectivo; todo estuvo bancarizado, las adquisiciones se hicieron con dinero salido de ventas de departamentos o extraída de plazos fijos bancarios. Durante la semana habrá intensa actividad en la causa: es la forma que encontraron para tratar de tapar tarifazos, caída del salario real, despidos, hecatombe en las jubilaciones.

Ocho

Parece una comedia, pero no lo es. La especulación que vincula las coimas con la compra de hoteles –Alto Calafate y Los Sauces– sería investigada por octava vez si Claudio Bonadio y Carlos Stornelli deciden ir por ese camino. Lo mismo sucede con las bóvedas.

Sobre estas cosas se investigó en tres oportunidades en causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner (Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide), en el expediente iniciado por denuncia de asociación ilícita de Elisa Carrió (Ercolini); en la causa sobre irregularidades en la obra pública (Ercolini); en la causa Hotesur (Ercolini); en la causa Los Sauces (Bonadio) y ahora en las fotocopias de los cuadernos (Bonadio).

Siempre el objeto procesal fue el mismo: si los hoteles se compraron con dinero negro; si en los bienes de los Kirchner había fondos injustificados, si los alquileres eran ficticios y otras hipótesis semejantes. La familia Kirchner sostuvo desde siempre que los hoteles se compraron con la venta de más de 20 departamentos y terrenos, gran parte adquiridos en la década de los 80 y con fondos de plazos fijos que siempre estuvieron bancarizados y en la Argentina. El tema fue investigado en las siete causas ya detalladas, hubo pericias hasta de los profesionales de la Corte Suprema, y al menos por ahora no aparecieron alquileres injustificados o dinero que no haya salido de ventas de otros inmuebles o plazos fijos.

También parece claro que las cifras en hoteles no tienen proporción alguna con la obra pública. La inversión en obra pública de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue de más de 100 mil millones de dólares. Se habla de montos de coimas siderales, 10 mil millones de dólares si fuera el 10 por ciento de la obra pública; o 160 millones de dólares los que dice que llevó el chofer Centeno o 60 millones de dólares que según Claudio Uberti había en el departamento de la calle Uruguay el día que murió el ex presidente. Eso sí, Uberti dice que no los vio, sino que le contaron.

Ni los hoteles ni los departamentos alcanzan remotamente el 0,0003 por ciento de la obra pública.

Lázaro

Un dato curioso es que en todas las anteriores oportunidades, la acusación era que la plata de los hoteles provenía de acuerdos y contratos con Lázaro Báez. Por ejemplo, el convenio por el alquiler del hotel Alto Calafate o la construcción de viviendas y oficinas en terrenos que compartían Néstor Kirchner y Lázaro Báez.

La causa actual está basada en las fotocopias de los cuadernos y resulta que en ninguna de las páginas de los Gloria aparece el nombre de Lázaro Báez. O sea que a lo largo de siete causas judiciales imputaron a Cristina por tener los hoteles gracias a supuestas irregularidades con Lázaro Báez y ahora la acusan, sobre la base de los mismos bienes, de que obtuvo los fondos a través de coimas en las que no tiene nada que ver el constructor santacruceño.

Tendrán que afinar la puntería.

Bóvedas

Durante la última semana se volvió sobre el famoso tema de las bóvedas. Se buscó en los departamentos del primero y cuarto piso del edificio donde vive Cristina. A través de un scanner se detectó una pared ahuecada y se derribó la pared sin que aparezca nada, señala hoy PáginaI12. El resultado del procedimiento fue que se llevaron secuestradas las boletas de luz y gas que había tiradas por debajo de la puerta. Sin embargo, no se privaron de titular “el misterio de la pared hueca”.

Más llamativas fueron las imágenes tomadas en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos. No requirió demasiada producción. El inmueble, vacío, está en manos de una interventora designada por Claudio Bonadio, de manera que no hubo problemas en abrirles las puertas a las cámaras amigas. Por supuesto dejaron flotando la idea de que ahí pudo haber dinero escondido.

Lo notorio es que el mismo magistrado allanó el estudio en dos oportunidades, cuando Máximo y Osvaldo Sanfelice tenían la inmobiliaria activa. Un allanamiento fue en la causa Hotesur. El otro, en la causa Los Sauces. Nunca se encontraron ni fondos ni ningún otro elemento, pero ahora lo presentan con el halo de misterio y sospecha que el momento requiere.

Recompensa

El Poder Ejecutivo no quiso quedar ajeno al show y recibió centenares de llamadas por la recompensa que ofreció a cambio de información sobre dinero oculto. Habrá que ver si de ahí surge alguna pista. Nunca se puede descartar y corresponde que se investigue todo.

Lo que queda claro es que la Casa Rosada no pagó recompensas por el descubrimiento de sociedades y cuentas ocultas que aparecieron en los Panamá Papers o en los Paradise Papers y, para colmo, se permitió el blanqueo de groseras cifras a la familia Macri, pese a que la ley lo impedía. Las recompensas exhiben que el marco es la persecución, no encontrar la verdad.

En la entrevista concedida a la CNN a raíz de la causa de los cuadernos, el Presidente se presentó casi como ajeno a la investigación. La realidad es que Uberti dijo que cobraba coimas de los concesionarios de autopistas hasta 2007 y Carlos Wagner confesó que arreglaban las licitaciones de la obra pública desde 2004. En ambos casos, Mauricio Macri era propietario y ejecutivo de las empresas involucradas en ambos –supuestos– ilícitos.

Movidas

En los próximos días seguirá intensa la actividad en la fiscalía y el juzgado. La declaración del financista Ernesto Clarens abrió expectativas porque está en línea con la búsqueda del dinero. Habrá que ver finalmente qué aporta.

Por el lado de José López, quien se “arrepintió” el viernes, hay muchas dudas sobre qué puede aportar. Su credibilidad es casi inexistente: declaró en el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito que los 9 millones de dólares que tiró en el convento no eran suyos “sino de la política”. Y a continuación se despachó con un relato totalmente contradictorio con las pruebas existentes en el expediente. Los rumores son que López declaró contra gobernadores e intendentes, algo que le podría servir a la Casa Rosada para apretar a los supuestos sospechosos en aras de lograr un acuerdo para que se banquen la quita del Fondo Sojero. El expediente parece que tiene más de un uso político.

El otro testigo estrella que volvería a declarar es Claudio Uberti. Lo exige la fiscalía, según parece. La confesión del ex funcionario fue grotesca. En un primer tramo dijo que les cobró coimas a los concesionarios, pero con una muy débil imputación contra Cristina. Se ve que le dijeron que necesitaban más, por lo que retomó la declaración y contó aquello de los 60 millones de dólares que no vio pero que le contaron  que había en el departamento de la calle Uruguay. Todo indica que Uberti está listo para decir lo que se necesite. El tema es que habrá que probarlo.

Se supone que durante esta semana tendrán mucho movimiento los integrantes de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. Tendrán que resolver todos los planteos existentes, entre ellos las apelaciones de Cristina porque el fiscal y el juez se quedaron con la causa de manera irregular y porque lo mismo –asociación ilícita por obra pública– lo está investigando otro juez, Ercolini. No hay un solo jurista en toda la Argentina que haya convalidado la forma en la que se está llevando adelante la causa judicial hasta el momento, pero habrá que ver si la Cámara intenta ponerle algo de higiene a lo hecho por la coalición política–judicial–mediática en el expediente.

Por último, está claro que continuará el desfile de empresarios. A cambio de zafar del calabozo, confiesan lo que se les pide. Eso sí, hasta el momento, ni uno sólo ha mencionado la posibilidad de devolver dinero del supuesto desfalco al que ellos mismos aluden. En Brasil, Odebrecht, Camargo Correa, el frigorífico JBS, el astillero Keppel Fels y otras empresas tuvieron que pagar centenares de millones de dólares por licitaciones amañadas. En la Argentina, Carlos Wagner dijo que arreglaban las licitaciones en la Cámara de la Construcción, incluso fijando ganadores y precios de manera clandestina. Nadie le preguntó en qué licitaciones, cuánto fue el desfalco y en cuánto estafaron al Estado. En el listado de Wagner figura obviamente Iecsa, la empresa que en esa época era de los Macri y luego dicen que se la vendieron al primo Angelo Calcaterra. Da la impresión de que sólo se van a investigar las coimas que habrían pagado y no al club de la obra pública y sus desfalcos. Por supuesto que Wagner, Angelo y compañía duermen en casa.