El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó involucrado en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “administración fraudulenta” dentro del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Abel Guerrieri (orgánico de la Sociedad Rural Argentina), quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti. Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, orgánica de la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia ante la entidad que conduce Laura Alonso sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos. Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el Renatre volvió a ser denunciado por lo que era en tiempos del Momo Venegas: un pasa manos de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.

“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia realizada formalmente ante la Oficina Anticorrupción y que fue adelantada por este diario. La acusación puede rastrearse bajo el número 5798 e ingresó al sistema del organismo el 21 de diciembre, según constató PáginaI12 ante la Mesa de Entrada de la entidad que conduce Alonso. La pregunta que se abre es la siguiente: ¿qué hará la titular de la OA con el expediente que implica un posible hecho de corrupción apañado por el ex ministro de la cartera laboral?

La acusación hacia las autoridades del Renatre incluye una operatoria por más de 9 millones de pesos. Pero no es la única. Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, cobraron nuevamente protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular ya que despertaron la inconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.

Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del área de informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos en la nota cursada a Triaca de la que nunca hubo respuesta por parte del ex ministro según la denuncia. Es decir, quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado nada hizo para frenar las supuestas contrataciones fraudulentas denunciadas por los propios síndicos de la cartera laboral tal como consta en el expediente citado. Por esta misma inacción, en la denuncia formulada ante la OA sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.

Las objeciones formales ante la cartera laboral llegaron cuando Guerrieri y Utrera ya habían emitido la orden de compra para Biesles SA, cuyo titular es Juan Guillermo Leruga, tal como consta en la foja 376 del expediente interno del Renatre, también aportado como prueba ante la Oficina Anticorrupción. El tándem Guerrieri-Utrera autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de “servicios profesionales” a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, “carece de trabajadores y capacidad” para llevar adelante el trabajo contratado.

“Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga y la Sra. Utrera en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión”, agregaron los síndicos.

Cuando el fallecido Momo Venegas reinaba tanto en la Uatre como en el Renatre, los contratos directos a empresas vinculadas al propio gremio de los trabajadores rurales eran por demás comunes. En el momento en que el Estado nacional recuperó por ley el instrumento de fiscalización y lo reemplazó por el Renatea (2011), todas las maniobras de contrataciones a empresas “amigas” efectuadas por la Uatre y las patronales agropecuarias fueron denunciadas en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La tómbola volvió a girar con Macri como Presidente; una de sus primeras acciones fue desmantelar el Renatea a favor del Momo Venegas y de las entidades empresariales. Es decir, no sólo se restableció el pasa manos de autoridades entre la Uatre y los ruralistas (nunca en procura de mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras rurales) sino también la distribución de recursos hacia empresas privadas, muchas veces vinculadas a los integrantes del propio Registro (ver aparte).

La empresa denunciada

Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el Renatre; sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por eso la denuncia cuestiona la “solvencia” de la empresa seleccionada por el Renatre.

En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuari aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados “no corresponden a un abonado en servicio”, dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado (finalizado en 2027) no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, el sitio web del mencionado grupo Tekne informa que está ubicado sobre la misma calle Tacuari y publica otros dos números de teléfonos inexistentes.

PáginaI12 logró contactarse con Leruga, quien no quiso dar mayores precisiones sobre su vínculo con el Renatre.

–Antes de estos contratos, ¿mantenía algún tipo de vínculo con Guerrieri o Utrera?–, consultó este diario.

–NINGUNO–, fue la respuesta del empresario a través de un mensaje de WhatsApp.

“Se adjuntan varias actuaciones del Expediente 15940/2018, que se reitera, no es el único que involucra el pago de servicios a esa misma empresa, pudiendo resaltar el contrato firmado por el denunciado Sr. Guerrieri y el Sr. Leruga a fs. 348/372, así como también la nota que se le presentara el 31/07/2018 al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo cual se ratifica enteramente en este acto, respecto de la cual jamás se recibió ninguna respuesta en el Renatre, lo que quedará en vuestras manos considerar si amerita algún tipo de responsabilidad refleja ante los hechos denunciados. Se insiste, esa Oficina Anticorrupción deberá investigar todas las contrataciones que se realizaron con la firma Biesles SA, así como todas las maniobras arteras que está realizando el Sr. Guerrieri con la Dra. Utrera”, concluye la presentación ante la OA.

Si bien la denuncia ante el organismo que conduce Alonso involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, metodología similar a la aplicada durante los tiempos de Venegas al frente del Registro.

Jorge Triaca dejará mañana el gabinete de Mauricio Macri. Desgastado, el secretario de Trabajo presentó su renuncia hace ya unos días.

Según pudo saber La Nacion, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, asumirá las responsabilidades políticas que hasta hoy tenía Triaca. Macri le da de esta manera la misión de llevar adelante la relación con los gremios y las empresas.

La oficialización de la renuncia será mañana por la tarde en una conferencia de prensa que darán Sica y Triaca juntos. En la Casa Rosada intentarán mostrar que la salida sería parte de una reestructuración desde que su área perdió rango ministerial. Desde entonces, quedó bajo la supervisión de Sica y las fricciones fueron casi cotidianas.

Aún no está definido su reemplazo, pero serían tres los que compiten por ese lugar: Horacio Pitrau, el actual número dos de Triaca; Tomás Calvo, asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Lucas Fernández Aparicio, un funcionario que ya estuvo en Trabajo y que ahora se desempeña bajo el ala del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. No se descarta, en tanto, que la secretaría de Trabajo se quede sin titular hasta enero.

También es una incógnita el futuro de Triaca, que ya rechazó la opción que le ofreció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cómo embajador ante el Vaticano. Hace unas semanas quedó envuelto en otro escándalo por presuntas irregularidades en un gremio intervenido por su gestión y con una disputa abierta con Elisa Carrió y Laura Alonso para evitar que los sindicalistas estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes.

Después de semanas en las que su rol en el Gobierno se fue desdibujando progresivamente, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó a hacer las valijas para dejar el cargo. En su entorno, ya no se molestan en desmentirlo. Si bien no hay una confirmación oficial de su partida y en el Gobierno solo contestan con evasivas, todo indica que Triaca dejará su cargo en diciembre. Quien llegue en su lugar seguramente deberá tener una mejor sintonía con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Entre los que sonaban, están su segundo, Horacio Pitrau, y el abogado de la UOM Tomás Calvo.

Lo que no pudo el escándalo de la ex casera familiar de Triaca, estaría por lograrlo una combinación de factores internos: el primero es la disputa por las declaraciones juradas de los sindicalistas, donde Elisa Carrió le apunta a Triaca como principal responsable de que el requerimiento no avance. El segundo es un nuevo escándalo –de menor intensidad mediática que la contratación de Sandra Herrera en el SOMU– en otro gremio intervenido, en el que Triaca fue nuevamente denunciado penalmente, en este caso por el presunto desvío de fondos. El tercero es el desgaste propio de haber sido degradado a secretario de Trabajo y la poca sintonía con el ministro bajo el que quedó.

En la última semana, el mitín entre la CGT y los empresarios mostró el nivel de desgaste de Triaca y de su relación con Sica, que lo relegó a un lugar casi decorativo. Todas las gestiones fueron encabezadas por el ministro, quien también se ocupó personalmente de asistir a los encuentros. Poco quedó de la época en que Triaca tenía a cargo el Ministerio de Trabajo y era el interlocutor que mantenía los vínculos con los Moyano por fuera de las peleas mediáticas.

En el entorno de Triaca se limitaron a responder con evasivas a las versiones de que dejará la secretaría en diciembre, después del G-20. “Seguimos trabajando en el día a día, focalizados en la secretaría”, fue la única respuesta a este diario. En otros sectores hubo las mismas evasivas, pese a que Sica lo había ratificado en el cargo públicamente, aunque no con demasiado entusiasmo. También surgió la versión de que le ofrecerían una embajada –por ejemplo, la del Vaticano–, pero Triaca no estaría dispuesto a irse a vivir al exterior. Es más probable que ocupe algún rol en el esquema electoral de 2019 de Cambiemos.

Está claro que el escándalo con su ex casera, a la que mandó en un audio “a la concha de su madre”, no ayudó a Triaca. Menos que luego se descubriera que estaba contratada en un sindicato intervenido por Trabajo, el SOMU. Era uno de los casos que habían utilizado como emblemas de la lucha de Cambiemos contra la corrupción sindical. Pese a que las explicaciones de Triaca en ese momento hicieron agua, Macri decidió no echarlo. “Si cometió un error, no tiene que costarle el cargo”, fue la definición del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

A ese escándalo se le sumó un segundo, más reciente, en otro sindicato intervenido, el de los vigiladores privados. Desde allí lo denunciaron a Triaca por el presunto desvío de fondos. La denuncia involucró a una serie de allegados al funcionario y sostiene que utilizaban empresas de seguridad y limpieza para hacer fraude y desviar dinero del sindicato. En el entorno de Triaca negaron todo. La denuncia recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

Hijo de quien fue el primer ministro de Trabajo de Carlos Menem y un histórico del sindicato de plásticos, que luego fue el primero en ingresar al Jockey Club, Triaca fue protegido por Macri ante cada pedido de renuncia y ante cada escándalo público. No obstante, los escándalos lo fueron limando y también algunas discusiones internas. La última tiene que ver con las declaraciones juradas de los sindicalistas. El tema, sostienen algunos sindicalistas, como el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, fue prenda de negociación con la CGT la semana pasada. Carrió apunta a que se avance en investigar el patrimonio de los dirigentes sindicales e identifica a Triaca como un obstáculo en su camino. La sumatoria de estos factores estaría por determinar la salida del ex ministro y ahora secretario, aunque falta el anuncio oficial.

Entre los posibles reemplazantes están Pitrau y Calvo. Pitrau es el actual número dos de la secretaría, un cargo al que llegó luego de que desplazaran a Ezequiel Sabor. Como abogado, tuvo como cliente a Sergio Schoklender. La otra opción que hasta ahora sonó es un abogado vinculado a la UOM y con buena relación con Sica. Algo que, claramente, Triaca no tiene.

La reprimenda por la intromisión del ministro Jorge Triaca fue emitida en una decisión firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

El cuestionamiento surgió porque la cartera laboral, a través de un delegado normalizador designado por Triaca, decidió convocar a elecciones en la Unión Personal de Seguridad (Upsra), uno de los diez gremios que fueron intervenidos por el gobierno de Cambiemos. La medida había sido ratificada por el juez penal Ariel Lijo.

Para la Corte, en cambio, es “indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo». La advertencia precisó, además, que esa definición debería haber sido tomada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

El asesor legal de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, sostuvo que, con ese fallo, la Corte determinó que «las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo». Por una decisión similar, esa central de trabajadores cuestiona a Triaca, quien en una polémica decisión intentó suspender las elecciones internas en la CTA Autónoma, realizadas la semana pasada.

El Gobierno anunció ayer que el próximo miércoles se reunirá el Consejo del Salario para definir el nuevo monto del salario mínimo, que actualmente se ubica en 10 mil pesos. El encuentro se venía postergando hace semanas, pese a la aceleración de la inflación y el impacto de la devaluación en la capacidad de compra de los asalariados. El año pasado la reunión había sido en junio. La expectativa es que se firme una suba de 25 por ciento.

“La inflación fue de casi el 32 por ciento en el último año. Si se fija al 25 por ciento la suba es claramente insuficiente. Y si encima es con aumentos con escalas la situación es pero. No permite recomponer de ninguna forma la capacidad de compra”, aseguró a PáginaI12 Héctor Recalde, ex diputado del Frente para la Victoria. “La consecuencia de estas medidas contra el mercado interno son mayor desocupación, mayor pobreza, recorte en las fábricas y un deterioro notable del consumo y las condiciones de vida. La crisis se intensifica y los que más se perjudican son los trabajadores”, agregó.

Recalde aseguró que las propuestas de recortar los salarios en términos reales son parte del ADN del Gobierno. “El Gobierno viola permanentemente la institucionalidad con sus decretos y siempre en contra de los más vulnerables. El lunes vamos a presentar una demanda para declarar la inconstitucionalidad de los cambios sobre las asignaciones familiares”, mencionó.

El año pasado el Consejo se reunió al cierre del primer semestre y terminó subiendo el salario mínimo de 8060 pesos a 9500 pesos a partir de enero de este año y 10.000 pesos a partir de julio. Se trato de un incremento del 24 por ciento en el último año, contra una inflación que ascienda a casi 30 por ciento. La suba en el primer semestre de este año fue del 5 por ciento, en tanto que la inflación fue del 16 por ciento. Esto muestra la fuerte caída de los ingresos en términos reales.

Recalde planteó que “la pérdida real del salario mínimo deja en claro que no se está respetando la ley 20.744. El artículo 116 dice que el salario mínimo, vital y móvil tiene que ser la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La pérdida del salario real se acompañó también con caída del salario en dólares. Los 10.000 pesos a un tipo de cambio cercano a los 28,50 pesos se ubican en torno de 350 dólares mensuales, cuando en el promedio de los últimos años la cifra se había ubicado por arriba de los 500 dólares. “El programa económico es colocar los salarios parecidos a los de la región, lo que tiene fuerte impacto en el bienestar de la población y la capacidad de consumo de los hogares”, indicó Recalde.

En el equipo económico ven el ingreso de los trabajadores como un costo en lugar de pensarlo como un motor para dar dinamismo al mercado interno y la inversión. Pero el resultado de la caída de los salarios reales no derivó en más exportaciones ni producción sino un fuerte desplome de la actividad económica y particularmente industrial.

A partir del mes que viene el Ministerio de Trabajo desconocerá aquellos acuerdos salariales que contengan como aumento sumas no remunerativas. De acuerdo con lo publicado ayer en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Jorge Triaca no dará curso ni homologará o registrará este tipo de convenios, con el objetivo “de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional”. En un escenario de caída de los recursos previsionales por menor empleo y pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante la inflación, el Gobierno aplica una medida con intención recaudatoria que imprime mayor rigidez a los acuerdos en un contexto económico ya complicado para los trabajadores. Se contradice con el fuerte recorte de aportes patronales que incluyó el Gobierno en la reforma tributaria. “Esto no es para transparentar las relaciones laborales y dejar en firme que todo lo que percibe el trabajador sea salario. Es recaudatorio. Primero baja las contribuciones patronales y ahora no les alcanza el dinero”, analizó ante este diario Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para un universo de 50 actividades de industria, transporte y servicios.

El Gobierno comenzó a rascar el fondo de la olla, tal como sucedió en la última etapa del menemismo. En 1989, a través del decreto 1477 había definido que los tickets (canasta o restaurante) que se entregaban como aumentos salariales no eran remunerativos. En julio de 1996, con una situación presupuestaria más compleja, el gobierno derogaba su propio decreto de 1989 y convertía a los tickets como remunerativos. Pero eso duró tres meses y en septiembre volvió a ser no remunerativo. “Lo que está haciendo ahora el gobierno de Cambiemos tiene olor a deja vu con lo que hizo el entonces ministro Domingo Cavallo”, aseguró Ciama. “Ahora tiene las mismas necesidades y pasa lo mismo. Está en los propios fundamentos de la norma el resguardo de los recursos. Comparto que en el fondo la medida es buena, pero esto es un tema de caja”, agregó el abogado laboralista.

La excepción continuará siendo en los beneficios sociales otorgados por el empleador, viáticos y compensaciones por suspensiones por falta de trabajo.”Las sumas no remunerativas tienen todo lo negativo que uno puede sostener en materia de aportes, pero siempre da flexibilidad. Modera el costo laboral y maximiza el salario de bolsillo”, señaló a PáginaI12 Diego Schlesser, analista del Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín. El especialista cuestionó que se elimine “justo en el actual contexto y luego de que haya reducido lo que recibe en Seguridad Social (por la reducción de aportes). Ya no tiene posibilidad de incluir otras exenciones y va por esto”, agregó Schlesser. Héctor Palomino, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), remarcó que “es una medida de lógica de ajuste fiscal”. “Hay que pensar que tampoco se salvan los estados provinciales y municipales, donde más se utiliza la práctica de sumas no remunerativas. Después van a tener que negociar con maestros, doctores y fuerzas policiales, por ejemplo”, indicó. Se instruye a los ministerios pertinentes (cita a Modernización, Hacienda y Trabajo) para que “procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público”, destaca el texto de la medida.

También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para actividades en donde los trabajadores se jubilan en promedio de los 50 años o con 25 de aportes por riesgo de insalubridad o envejecimiento prematuros. Por decreto, la dictadura de 1976 suprimió los aportes diferenciales a cargo de los trabajadores y los unificó en 2 por ciento, pero en 1980 fueron suprimidas mediante otra resolución. Para acceder al beneficio el trabajador de algunas de las 50 ramas de actividad que lo contempla no tiene que realizar “ningún tipo de aporte adicional”.

“Los paros no han sido útiles en Argentina para transformar la realidad. Sentarnos en una mesa y encontrar soluciones sirve mucho más”, aseguró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en referencia a la huelga que la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) analiza si llamar o no para el próximo jueves, y a la que ya convocaron las dos CTA. El futuro de la medida de fuerza se definirá mañana, en un nuevo encuentro entre el Gobierno y la CGT, que continuará la negociación abierta por el Ejecutivo el jueves pasado.

A la primera reunión con el Gobierno, los sindicalistas de la CGT llevaron un petitorio como condición para desactivar el paro del jueves próximo, que incluyó cinco reclamos principales: suspensión de despidos por seis meses, reapertura de paritarias, exención del medio aguinaldo del Impuesto a las Ganancias, devolución de fondos de obras sociales y la no modificación de la Ley de Contratos de Trabajo. Por su parte, el Ejecutivo propuso habilitar vía decreto un aumento de hasta el 5 por ciento de las paritarias a abonar en dos cuotas. Luego de la reunión, desde la cúpula de la CGT pusieron en suspenso la definición de la medida de fuerza y la supeditaron a la respuesta que dé el Gobierno a sus reclamos. El triunviro Carlos Acuña aseguró que la central irá al paro si mañana no encuentra una “respuesta positiva” a los reclamos.

Triaca se expresó ayer sobre varios de los puntos. En referencia a los despidos, el ministro reiteró su posición de que una normativa para evitarlos “no facilita el proceso de creación de empleo” y aseguró que esto “quedó demostrado” cuando, luego del veto del presidente Mauricio Macri a la ‘ley antidespidos’ hace dos años, “crecimos en más de 600 mil puestos de trabajo”. En cambio, afirmó que el mejor mecanismo frente a los despidos son las “mesas de diálogo” por sector, que el Gobierno viene realizando y que “sirven para dar contención antes de que los hechos pasen”.

Sobre la posibilidad de eximir al medio aguinaldo del pago de Ganancias, Triaca sostuvo que representa un “esfuerzo fiscal muy difícil de compensar”, pero no cerró definitivamente la puerta y agregó que lo “seguirán charlando”.

Un punto sobre el que el ministro se mostró flexible fue la Ley de Contrato de Trabajo, cuando aseguró que van a “priorizar los consensos” y que los artículos que no alcancen acuerdo “se discutirán en otro momento”.

El martes también habrá un nuevo episodio en las paritarias de Camioneros, cuya dirigencia se reunirá con las cámaras empresariales, a las que pide un aumento del 27 por ciento. Triaca sostuvo que hay que “separar las aguas” y diferenciar las negociaciones con la CGT del conflicto de Camioneros, que anunció un paro para este jueves si no encuentra respuesta a sus reclamos. “La discusión de Camioneros está en el medio de un proceso de paritaria donde se dictó la conciliación obligatoria. Es decir que las partes tienen que agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo”, aseguró el ministro.

Triaca destacó que la propuesta de reabrir las paritarias con un techo del 5 por ciento se vincula con que Macri “tomó la decisión de adelantarse” y “de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Desde la CTA Autónoma, su secretario general, Pablo Micheli, denunció ayer que la dirigencia de la CGT está “dilatando” el llamado al paro general y agregó: “No tenemos confianza en qué terminarán resolviendo, ni sabemos para cuándo van a resolver”. Además, el dirigente ratificó la convocatoria de su central al paro del jueves, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo, y cuestionó al gobierno nacional por ofrecer “un diálogo sesgado con un solo sector del movimiento obrero, sin convocar a todos”.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se expresó en la misma línea: “Hay un sector de la dirigencia sindical que, lejos de asumir la decisión que corresponde en un momento tan difícil, escapa, y la forma de escapar es generar esta especie de acuerdo con el Gobierno que es lamentable y ruinoso”, criticó el dirigente.

El alto costo político que implicó en diciembre pasado la aprobación de la resistida reforma previsional obligó al gobierno de Mauricio Macri a cambiar de estrategia y patear para adelante otro sus objetivos: la flexibilización laboral.

Ese «adelante», consideraron en Casa Rosada, ya llegó, a pesar de que el descrédito popular crece merced de la desbandada de la inflación, los tarifazos que se acumulan uno sobre otro y la consecuente la caída del poder adquisitivo del salario.

Por eso, el Ejecutivo volverá a la carga, aunque intentará hacerla pasar con una estrategia diferente y más «amable»: en lugar de buscar aprobar una reforma laboral integral en un solo mega proyecto, dividirá su contenido en tres proyectos distintos. Además buscará primero hacer pasar la aprobación de aquellos capítulos de su reforma que cuentan con menos resistencia e incluso abierto respaldo de la CGT y relegar los más polémicos y resistidos para su debate en junio, mientras gran parte de la atención mediática estará ocupada con el Mundial de Rusia.

Cálculo de indemnizaciones, alteraciones de las condiciones laborales, pasantías, licencias sin goce de sueldo, extensión de la licencia por paternidad y blanqueo algunos de los puntos que el gobierno de Macri busca modificar.

Mirá cuáles son sus propuestas:

* Indemnizaciones 1: En paritarias los gremios y las empresas podrán acordar regímenes especiales de indemnización o seguro de desempleo con aportes de los propios trabajadores. En otras palabras los trabajadores podrán aportar de sus sueldos para sus propios despidos.

* Indemnizaciones 2: Para su cálculo se tomaría en cuenta sólo los ítems salariales de la remuneración. Quedarían afuera del cálculo las horas extra, el aguinaldo, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Además hasta ahora es habitual, sobre todo en mandos medios y gerenciales, la inclusión de rubros como el automóvil, el celular o la prepaga en el cálculo de las indemnizaciones. Para ello el proyecto prevé la redefinición del concepto de «salario» previsto en la ley de Contrato de Trabajo.

* Pasantías: Se prevé la reintroducción de un nuevo esquema de pasantías o prácticas formativas disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo que podrán acordarse en cada convenio colectivo. Podrían extenderse por hasta 12 meses con prestación de tareas por hasta 30 horas semanales.

* Irrenunciabilidad: Entre los puntos más polémicos de la reforma se destaca el vinculado al concepto de «irrenunciabilidad». La legislación vigente prohíbe la firma de acuerdos individuales con resignación de contratos superadores de los colectivos. De este modo, en caso de aprobarse, un trabajador podrá renunciar a mejoras obtenidas por encima de las negociadas en convenios laborales generales.

* Acción legal: Se reduciría desde los dos años vigentes en la actualidad a sólo uno el plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales de un trabajador contra su empleador.

* Alteración de las condiciones laborales: Se eliminaría la valoración del «ius variandi» como garantía de no alteración de las condiciones de trabajo. Hasta ahora si un empresario resolvía de forma unilateral mudar el lugar de trabajo o cambiar las labores de su personal, los trabajadores podían exigir ser indemnizados o bien aceptar las nuevas condiciones de trabajo. Ahora estarían obligados a aceptar, por ejemplo, que una empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires mude sus oficinas a Tortuguitas.

* Licencia por paternidad: Se ampliaría a 15 días la licencia para padres por el naciomiento de sus hijos.

* Licencia sin goce de sueldo: Se incluiría la posibilidad de que los empleados se tomen hasta un mes de franco sin goce de sueldo.

* Contribuciones patronales: Se reducirían las contribuciones patronales y aportes a la seguridad social. Se haría de forma escalonada. El objetivo es reducir un tercio el costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador. La diferencia la aportaría el Estado. Este sistema ya rige para las microempresas y las Pyme por lo que este punto sólo beneficiaría a las grandes compañías.

* Multas: Las multas administrativas previstas en las indemnizaciones fijadas por juicios dejarán de ser percibidas por el trabajadores para ser derivadas a un fondo de la ANSES.

* Tercerizaciones: El gobierno intentará además frenar los juicios «por solidaridad», es decir aquellos en los que el empresario demandado no es el empleador directo sino el que desarrolla la actividad principal. Esta medida potenciaría las tercerizaciones.

* Certificado del trabajo: se facilitará la expedición de dichos certificados, motivo usual para la radicación de juicios y que motiva multas equivalentes a tre ssueldos.

* Blanqueo: El Gobierno busca lanzar un blanqueo laboral por un año: los primeros seis meses sin costo para el empresario. Para el periodo restante deberá pagar sólo el 30% de las deudas por aportes y contribuciones no efectuadas.

* Extinción de la acción penal: La iniciativa prevé la extinción de la acción penal para los empleadores fuera de regla así como una amplia condonación de multas y su baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

* Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud: Un punto clave para ganar el respaldo de la CGT es la creación de una agencia evaluadora de tecnologías de salud ideada para poner freno a los juicios contra obras sociales y prepagas, cuyos dictámenes serán «vinculantes» para la Justicia.

El gobernador Mariano Arcioni cumplirá este lunes una intensa agenda de trabajo en Buenos Aires que incluye una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca y la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que aportará hasta 17 millones de pesos para Chubut este año y con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, entre otros temas.

Arcioni iniciará su agenda oficial a las 12 horas en la sede del CFI donde junto al secretario general de ese organismo, Juan José Ciácera, firmará un convenio por el cual el Consejo Federal de Inversiones aportará hasta 17 millones de pesos al plan de acción técnica para este año en Chubut, destacándose que “a juicio de la Provincia existe una serie de temáticas que resultan estratégicamente prioritarias para proveer a las necesidades de la población en materia de políticas de apoyo al sector productivo con el correspondiente cuidado ambiental, de promoción del turismo, de desarrollo científico y cultural, que faciliten la proyección chubutense a nivel nacional e internacional”.

Cabe recordar que el CFI, como organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento de las Provincias argentinas, brinda asistencia técnica y financiera a sus Estados miembros con el propósito de promover el desarrollo, además de poseer la experiencia y los recursos necesarios para asistir a las provincias y acompañarlas en la aplicación de estrategias de desarrollo.

Reunión con Triaca

Otro encuentro destacado de la agenda que Arcioni cumplirá este lunes en Buenos Aires se concretará a las 17 horas con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca y estará centrado en el abordaje de la situación textil en la Provincia. Por ello es que a esta reunión está prevista además la asistencia de los representantes de la Asociación Obrera Textil de Comodoro Rivadavia y la conducción nacional.

Y por otro lado una hora más tarde, es decir a las 18 horas, Arcioni encabezará la firma de otro convenio, en este caso con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

La tasa de inflación de marzo fue de 2,3 por ciento, acumulando un alza de 6,7 por ciento en el trimestre con un proyección del 22 al 25 por ciento en el año. Quedó totalmente fuera de registro la meta del 15 por ciento impuesta por la Jefatura de Gabinete al Banco Central. Ese último porcentaje es el aumento salarial pactado por varios grandes gremios y cámaras empresarias, bajo la atenta presión del Ministerio de Trabajo. La cartera laboral informa que el 75 por ciento de las paritarias ya negociadas fueron cerradas con esa cifra, quedando pendiente acuerdos con la UOM, Bancarios y Camioneros. Si no hay alteración en la tendencia alcista de los precios y/o una revisión de esa pauta salarial, los trabajadores formales culminarán el 2018 con una pérdida real de sus ingresos. Con ese saldo, más que la Meta de Inflación, la atención debería concentrarse en la Meta del Salario del gobierno de Mauricio Macri.

A diferencia del objetivo oficial con los precios, con el de los salarios va consiguiendo los avances pretendidos. Logró que disminuya la carga de los salarios en la estructura de costos de las empresas. La inflación es una manifestación de esa política laboral regresiva, con la pasividad portentosa de conocidos capos sindicales, algunos viajando a Europa con el ministro Jorge Triaca (h) y otros con un silencio estruendoso, cuando hace poco habían liderado varios paros generales por el alcance del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, que hoy involucra a un universo más amplio. No todos los jefes de gremios actúan con lógica empresaria, colonizados con ideas económicas neoliberales; existen también muchos otros que resisten el ajuste en un contexto de persecución política judicial para quienes no se someten al gobierno de Macri.

Despidos

El portal Infogremiales es una fuente relevante para el seguimiento de la sucesión de conflictos laborales derivados de despidos, suspensiones, pago en cuotas o reducción de salarios. Una de las principales cadenas de comercialización de bienes de consumo masivo, la francesa Carrefour, presentó un procedimiento preventivo de crisis para reducir la planta entre 1000 y 2500 trabajadores; la multinacional farmacéutica Abott inició un plan de retiros voluntarios en su planta de Florencio Varela, que ya implicó una baja de alrededor del 20 por ciento de su plantilla; La Campagnola, del grupo Arcor, desplazó a unos 300 trabajadores en sus dos plantas localizadas en Mendoza, entre 2017 y lo que va de este año, y no paga una suma compensatoria por inflación de 7000 pesos; Estancia El Rosario, fábrica de los ineludible alfajores cordobeses, no paga los salarios de sus trabajadores hace dos meses y está a punto de cerrar; la mayorista Autoservicio Primo Hermanos dejó de operar despidiendo a 48 trabajadores, agremiados en la rama logística de Camioneros; la multinacional Cargill dispuso un lockout (cese de la producción y suspensiones sin goce de sueldo), como respuesta al reclamo por el despido de 33 trabajadores de la planta de Villa Gobernador Gálvez. La Unión de Jerárquicos Petroquímicos de Bahía Blanca alertó de una posible reestructuración de Unipar Indupa, controlada por capitales brasileños, que significaría pérdida de puestos.

El ajuste de trabajadores en el sector privado, sin discriminar grandes o pequeñas empresas, locales o extranjeras, se extiende a la administración pública. Hubo reducción de personal en áreas vinculadas a la producción, como en la fábrica militar Fanazul, y organismo como el INTI, los ministerios de Hacienda y de Energía, la red de medios públicos, Senasa, entre otras dependencias. Además se ha presentado un régimen de retiros voluntarios. El dato llamativo es que en el registro del Ministerio de Trabajo, en base a información proporcionada por el registro de la Seguridad Social (AFIP), la cantidad de empleados públicos aumentó en 53 mil en enero pasado respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de la administración central, los despidos son parte de la estrategia de renovación de personal para incorporar personal con sello PRO, con salarios por encima de los cesanteados. Es una nueva etapa de la colonización del Estado por parte de fuerzas políticas conservadoras.

Salarios

El reciente informe de Economía Política para la Argentina (EPPA), publicado en el suplemento Cash, el domingo pasado, detalla la evolución del salario real sectorial en los dos primeros años del gobierno de Macri. En base a datos del Ministerio de Trabajo, destaca la caída del poder adquisitivo en los empleados del Transporte, con una merma de 8,5 por ciento, sector que tuvo a sus principales dirigentes sindicales como los más combativos en el último gobierno de CFK, y hoy son dóciles acompañantes de la administración macrista que castiga el salario real y amplia la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias. Los docentes también sufrieron una pérdida de 8,2 por ciento del salario real, seguido por petroleros, con 7,8 por ciento; estatales, 7,1 por ciento, y trabajadores de comercio, con 4,9 por ciento.

El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo-Universidad Nacional de San Martín también realizó un estudio de la evolución del salario real de los trabajadores formales. Calculó una caída mayor, del 10 por ciento, para los trabajadores del transporte de corta distancia, en base a registros de los convenios y de información del Indec, en dos años de economía macrista. Porcentaje similar de pérdida padecieron los trabajadores de la actividad textil, mientras que los del calzado retrocedieron 6,0 por ciento.

A partir de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, el informe precisó los salarios efectivamente pagados por los empleadores privados a los trabajadores registrados. En términos globales, hubo un alza del 3,0 por ciento de los salarios reales abonados por las empresas en 2017, pero esa mejora no fue suficiente para compensar la pérdida de poder de compra de 2016. Concluye entonces que el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado en los dos primeros años del gobierno de Macri retrocedió 3 por ciento. En el primer trimestre de este año, con una tasa de inflación de 6,7 por ciento y salarios sin actualización, se produjo una caída adicional del ingreso real de los trabajadores.

El retroceso será más pronunciado si no hay revisión de los acuerdos paritarios que ya se pactaron al 15 por ciento en este año. Sin un ajuste al alza se repetirá otro año con la mayoría de los sindicatos fijando aumentos de convenios por debajo de la inflación. El Cetyd-Unsam detalló que de 16 convenios analizados, que representan más del 60 por ciento del total del empleo privado, en 13 se acordaron aumentos inferiores al índice de precios al consumidor de enero de 2016 a diciembre de 2017.

Objetivo

El director del Cetyd-Unsam y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explica en el reporte que la pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de despidos colectivos en el sector privado. Reducción de personal provocado por la inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria. Menciona que los datos evidencian un claro deterioro en la estructura ocupacional: retrocede el empleo privado asalariado registrado (formal) y avanzan el precario (monotributo en sus diversas formas, personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la informalidad. “Producto de estas ‘nuevas’ formas de contratación, la desocupación se mantiene ‘estable’ y se anuncia un crecimiento del empleo que enmascara cambios cualitativos relevantes”, señala.

Destaca cuál es la clave de la política económica del gobierno de Macri: reducir el costo laboral unitario (por unidad producida) del empleo registrado del sector privado. Esta meta es uno de los principales ejes del modelo actual de política económica, que asegura que con una disminución de esa variable aumentará el rendimiento del capital y, de este modo, incrementará los incentivos económicos para promover las inversiones e impulsará así el crecimiento de la economía y del empleo.

La reducción del costo laboral unitario en la economía macrista podría haber sido el resultado de una mejora de la productividad laboral: si una misma dotación de trabajadores consigue aumentar la capacidad de producción, el costo laboral unitario se reduce porque al empresario le resulta más económico fabricar cada uno de esos bienes. Pero no hubo cambios en la productividad en relación a 2015, indica el informe Cetyd-Unsam.

Otra forma de disminuir el costo laboral unitario es que aumenten los precios de bienes o servicios que producen las empresas o por la caída del salario real. Esto último fue el factor principal que impulsó su baja, estimado en 3 por ciento. Esto implica que, en términos globales, las ganancias empresarias por unidad de producto se incrementaron en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.

El oficialismo puede mostrar al mundo empresario que se está esmerando para cumplir la tarea, pero la exigencia es más alta porque el objetivo de reducción del salario es más ambicioso. Por eso la insistencia con la Meta del Salario en el 15 por ciento en línea con la fantasiosa Meta de Inflación. Como no cumplirá con ese trayecto en los precios, con paritarias pactadas en ese nivel, conseguirá otra vuelta de ajuste en el costo laboral unitario. Este es la principal finalidad de la desconcertante, para quienes quedan atrapados de la estrategia de distracción oficial, batalla pérdida con los precios en la que insisten los funcionarios.

Mientras la mayoría se entretiene con un Banco Central devaluado con las imaginarias Meta de Inflación, el gobierno avanza con firmeza apuntando al blanco con la Meta del Salario.