“Para el hipotético caso que se declare competente la Justicia Federal, lo primero que hay que hacer es ‘corregir’ los distintos procedimientos: en el ámbito provincial la prueba testimonial con la que se hace la acusación de la fiscalía son entrevistas no juramentadas ante un funcionario de Fiscalía, sin presencia del juez. En el ámbito Federal, el testigo declara bajo juramento ante un Juez”, explicó esta mañana el Dr. Javier Romero.

Y agregó que “por eso, las pruebas testimoniales o declaraciones con los que la Fiscalía quiere fundamentar su pretensión, en el ámbito Federal esas declaraciones son inválidas porque no fueron frente a un juez. Entonces, hay que hacer un proceso de corrección y asimilación de un proceso a otro”.

“No puedo hablar por los demás imputados. En nuestro caso se pediría la morigeración de la medida de coerción hasta que esto se resuelva. En lo personal, considero que no existen los peligros procesales para fundamentar la privación de la libertad”, determinó el letrado.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Romero indicó que “esta es una causa de once cuerpos solamente en pruebas. El trabajo investigativo fue arduo y hasta meritorio. No obstante tiene ciertas falencias que se van a exponer a la hora del juicio oral y público, algo que será materia de debate”.

“Uno como abogado defensor lo primero que tiene que ver es quién es el Juez competente. Estamos hablando de un fallo muy reciente, emitido el 13 de noviembre de 2018; no se planteó antes justamente porque no había sido dictado. Como profesional del derecho uno tiene que procurar que se apliquen las leyes, los principios jurídicos”, enfatizó.

Asimismo, se preguntó “cuál sería el sentido de tramitar un juicio ante un tribunal que, a priori, parece incompetente. Se podrían llegar a dar incluso nulidades. Se podría dar un escenario por ejemplo qué pasa si Gatica sale absuelto: es válido o no, porque fue dictada por un tribunal que en principio no sería competente. E incluso podría llegar a ser muy perjudicial”.

“Entonces, lo primero que hay que hacer es remover la duda, dejar sobre base firme el Tribunal competente y que éste dicte lo que por derecho corresponde, pero no el no saber siquiera si se va a juicio, si ese tribunal posee la competencia o no, es una cuestión fundamental que hay que revisar desde el principio”, analizó.

Por último, Romero dijo que “básicamente, el fallo de noviembre se origina por una actuación del Juzgado Federal de Rawson, que llevó a la Corte y regresó con la conclusión de que el lavado de activos, es de competencia estrictamente federal”

Según publica el diario Jornada, el juez Sergio Piñeda decidió este jueves que el imputado Pablo Bastida quede tres meses en prisión preventiva, mientras continúa la investigación sobre su participación en la denominada Causa Revelación.

Fue durante una audiencia realizada en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, durante la cual Piñeda compartió con los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz sobre la presunta autoría de Bastida como partícipe necesario de la asociación ilícita en la que hay 10 personas detenidas, entre ellas exfuncionarios provinciales. A Bastida le endilgan haber cumplido la función de “recaudador”.

Piñeda también coincidió con los fiscales sobre el peligro de fuga dada las posibilidades de viajar que tiene Bastida, así como también con el supuesto poder de entorpecimiento que podría tener.

Domiciliaria rechazada
En tanto, este jueves a primera hora, en la Oficina Judicial de Rawson, se llevó a cabo otra audiencia a pedido de la defensa del contador Federico Gatica, detenido por el Caso El Embrujo.

El abogado patrocinante Javier Romero solicitó revisar la situación de su defendido pero el juez César Zaratiegui rechazó la posibilidad de una prisión domiciliaria.

En breve diálogo con el diario El Chubut, Romero sostuvo que va a trabajar para establecer “si la acusación tiene solidez” por parte de los fiscales. Se mostró enfocado en las escuchas telefónicas que involucran a Gatica.

Por el momento no hizo ningún planteo de nulidad en la apertura de las pruebas. Realizará acciones una vez que avance la investigación. Evaluará proponer peritos de parte para las próximas diligencias.