El sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional denunció a Javier Iguacel por presuntas irregularidades en ajustes de obra pública que favorecieron de manera indebida a la constructora Iecsa, que perteneció a la familia Macri.

La presentación la hizo el sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que encabeza Graciela Aleñá, y quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.

«Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato», indicó el gremio en la denuncia, que apunta a los contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8).

«La base del contrato original de esa obra se modificó. Al modificarse la base, la realidad es que se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación y ese llamado no se hizo. Se modificaron los ítems, los precios y se están haciendo menos kilómetros de lo que se tenían que hacer y la obra está más cara», enfatizó Aleñá.

El escrito presentado en la justicia cuestiona los procesos de ajuste de contrato realizados bajo la gestión de Iguacel en la licitación del Tramo II B correspondiente al arroyo de Giles y el puente sobre Arroyo Gómez. Según consta en la denuncia, solo tres de los nueve tramos de la obra lograron aprobar modificaciones en el contrato: el Tramo IB, ejecutado por Chediack SA, que tuvo un ajuste del 45%; el Tramo III, a cargo de Vialmani SA, logró un incremento del presupuesto del 45%; mientras que Iecsa/Sacde obtuvo para el Tramo II B un ajuste del 120%.

«Son diferencias muy marcadas y notorias, que perjudican a la repartición también porque con esos fondos se podría haber hecho más mantenimiento de rutas, ya que hoy prácticamente los compañeros no están saliendo a hacerlo», agregó la sindicalista.

«Hoy están comprometidos más de 16 mil millones del presupuesto de Vialidad Nacional por deuda con las empresas, tenemos casi 100 obras paralizadas o neutralizadas y nuestra gente no va a poder salir ni siquiera a cortar el pasto. Por todo esto, nosotros consideramos que la denuncia debe apresurarse y tomarse medidas urgentes», finalizó la titular del gremio.

Estas novedades se suman a la decisión oficial de desentenderse de la tarifa social eléctrica, tal como lo prevé el proyecto de Presupuesto 2019. De este modo, el secretario de Energía, Javier Iguacel, está desmontando todas las medidas que habían sido implementadas para tratar de atenuar los efectos de los tarifazos sobre los sectores más humildes de la población.

El primer aumento aplicado por el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2016 fue acompañado con un subsidio para los sectores de bajos recursos equivalente al 100 por ciento del gas natural que consumiesen, debiendo abonar sólo costos de transporte y distribución. A partir de diciembre del año pasado se mantuvo una bonificación de 100 por ciento sobre un bloque de consumo base y de 75 por ciento sobre un segundo bloque igual al inicial. Ahora el subsidio se limitará únicamente al bloque de consumo base.

El portal del Ente Nacional Regulador del Gas ofrece un simulador para calcular el consumo de gas estimativo de una vivienda. Con los parámetros que el simulador ofrecía en abril, luego fue modificado, PáginaI12 calculó en ese momento que un matrimonio con dos hijos pequeños en una casa ubicada en Gregorio de Laferrere sumaba un consumo bimestral en invierno de 713,5 m3 desagregado del siguiente modo:

–Una estufa de 2500 Kcal/hora en el living comedor 12 horas en piloto y 12 horas encendida todos los días del mes consume 209,4 m3.

–Una estufa de 2500 Kcal/hora en la pieza de los chicos 16 horas en piloto y 8 horas prendida todos los días suma otros 149,6 m3.

–Un calefón de 12 litros por minuto prendido dos horas diarias y quedando las 22 horas restantes del día en piloto consume 260,3 m3.

–Una hora de un horno doméstico por día suma 16,2 m3.

–Dos horas diarias de un anafe de cuatro hornallas agrega otros  78 m3.

La tarifa social de Gas Natural Ban, por ejemplo, en julio-agosto de 2016 bonificaba todo ese consumo. En julio de este año se subsidiaba sólo el 100 por ciento de los primeros 89 m3 consumidos y el 75 por ciento de los segundos 89 m3, mientras que en agosto sólo 73 m3 estuvieron cubiertos con la bonificación del 100 por ciento y los segundos 73 m3 tuvieron un 75 por ciento de descuento. Por lo tanto, en ese bimestre el subsidio cubrió total o parcialmente 324 m3, mientras que los 389,5 m3 restantes que completaron el consumo estimado de 713,5 m3 tuvieron que ser afrontados sin ningún tipo de descuento. Con los nuevos parámetros, en julio del año próximo se bonificará solo el 100 por ciento de los primeros 89 m3 consumidos, mientras que en agosto solo 73 m3. De este modo, en el bimestre más frío del año, sólo 162 m3 serán alcanzados por la bonificación.

El Gobierno anunció una suba de la electricidad del 24,4 por ciento en promedio para el AMBA, que comenzará a tener impacto en la factura de septiembre. El 37 por ciento del total de usuarios residenciales sin tarifa social, incluidos en la categoría R2, la segunda de más bajo consumo, se enfrentarán a una suba del 26 por ciento y la boleta mensual promedio pasará a 643 pesos. Los usuarios comerciales de menor porte tendrán un aumento del 19 por ciento y facturas promedio de 3007 pesos mensuales. Para la mayor parte de los hogares con tarifa social, la boleta de luz pasa a 268 pesos por mes. Si bien el Gobierno admite que el segmento más carenciado entre los beneficiarios de tarifa social es el que más luz consume, por la falta de gas de red, la boleta mensual del rango más alto (R9) es de 4679 pesos, sin aumento en esta oportunidad. Los subsidios a la electricidad todavía explican el 33 por ciento del costo de generación.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Energía, Javier Iguacel, quien despotricó en varias oportunidades contra los gobiernos de Córdoba y Santa Fe y las respectivas empresas provinciales de electricidad, a quienes culpó de que cobran a sus usuarios muy por encima del valor de enfrentan los hogares AMBA. También criticó que muchos de los nuevos edificios cuenten con calefacción eléctrica y sugirió a los usuarios “pasarse a gas” (ver recuadro). En función de la fuerte devaluación del peso desde mayo, el aumento del 24,4 por ciento es menor a la suba que se preveía según la virtual dolarización de las tarifas que determinó el Gobierno. La clave, dijo Iguacel, es que la mitad del aumento otorgado a las distribuidoras (Edenor y Edesur) se aplicará durante la revisión de febrero de 2019, y se sumará a la suba prevista para el primer semestre de ese año. Otro factor que según Iguacel incidió en morigerar el aumento es la reducción del valor del precio promedio que se paga a las usinas por el gas natural, de 5,20 a 4,20 dólares el millón de BTU.

Los aumentos

El aumento promedio de la luz en el AMBA es del 24,4 por ciento, que se aplica sobre la medición de agosto. Es decir que las boletas de septiembre comenzarán a llegar con los aumentos. La categoría R1 de menor consumo, que abarca a 1.237.144 hogares, tendrá una suba del 26 por ciento y la boleta promedio será de 233 pesos por mes. En R2 (1.256.020 hogares), la factura mensual queda en 643 pesos, luego del aumento del 28 por ciento, mientras que la categoría R3 (304.584 hogares) tiene una suba del 27 por ciento y la factura promedio será de 1043 pesos. En las categorías de mayor consumo, R8 (135.338 usuarios) y R9 (15.676 usuarios), el aumento porcentual es más bajo pero las boletas promedian 4515 y 8451 pesos, respectivamente.

Los 1.119.805 hogares con tarifa social también absorben aumentos, en algunos casos por encima de la media. Por ejemplo, los 410.146 hogares de categoría R2 pasan a pagar 268 pesos por mes, una suba del 37 por ciento. La tarifa social consiste en la bonificación de la totalidad del costo de generación de los primeros 150 kW/h mes, mientras que por el segundo bloque de 150kW/h se paga el 50 por ciento del costo. El ministro Iguacel aseguró que el Gobierno sabe que hay usuarios de muy alto consumo, unas 100 mil conexiones, que están en esa situación porque no cuentan con gas de red, es decir, están en el tope de la pirámide de consumo pero a la vez tienen una condición económica vulnerable. Mientras el funcionario describía esa aparente paradoja, detrás suyo estaba el cuadro tarifario para los beneficiarios de tarifa social: la boleta mensual para las dos categorías de mayor consumo se ubica en 2615 y 4679 pesos. Como el requisito para acceder a la tarifa social es que el usuario perciba menos de dos salarios mínimos, o sea, por debajo de los 20 mil pesos, la boleta de mayor consumo (que aplica para hogares sin acceso al gas), implica que esa familia destina al menos el 25 por ciento de su ingreso a pagar la luz. Iguacel, en cambio, prefirió destacar que la boleta para esos usuarios no tuvo aumento. Con este incremento, el 43 por ciento de todos los usuarios residenciales (incluyendo a los que reciben la tarifa social), pagará hasta 270 pesos y el 73 por ciento afrontará boletas igual o menores a 650 pesos por mes. “Prácticamente todo el AMBA paga menos de mil pesos”, dijo Iguacel.

Entre los usuarios no residenciales, los pequeños comercios (T1) recibirán una suba del 19 por ciento y la factura promedio será de 3007 pesos por mes. Para los usuarios comerciales de mediano porte (T2) el incremento es del 20 por ciento para llegar a una boleta mensual de 39.189 pesos. Los usuarios comerciales e industriales de mayor porte (T3) alcanzarán una boleta de 138.412 mil pesos por mes. Por último, para los usuarios industriales con una potencia de 350kW, el Gobierno eliminó completamente el subsidio y la suba es del 45 por ciento, con lo cual la boleta promedio mensual asciende a casi medio millón de pesos.

Iguacel subrayó que el precio de generación es igual en todo el país y criticó a los gobiernos de Santa Fe y Córdoba y a sus distribuidoras. “Cobran cerca de cuatro veces mas que las distribuidoras del AMBA. Confiamos en la capacidad de esos gobiernos y empresas para no seguir aumentando el costo y que los aumentos sean del 15 o 17 por ciento”.El chofer, los cuadernos y los arrepentidos: Interrogantes sin respuestas.

El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará en las próximas horas un nuevo aumento en las tarifas de electricidad de Edesur y Edenor que llegará al 30 por ciento. Hoy por la tarde tiene previsto un encuentro privado con periodistas para dar detalles y mañana podría ofrecer una conferencia de prensa, ya con la resolución publicada en el Boletín Oficial. El funcionario había dejado trascender apenas asumió que el incremento se aplicaría a partir de septiembre, pero las exigencias de ajuste fiscal que impuso el Fondo Monetario Internacional llevaron a adelantar su aplicación a agosto sin que medie audiencia pública. Es el segundo incremento en lo que va del año, pues la luz ya había aumentado otro 30 por ciento en febrero.

Cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 el costo de la energía mayorista para los usuarios cuya demanda de potencia no alcanza los 300 Kw (como es el caso de la demanda abastecida a través de las distribuidoras) oscilaba entre los 83 y 110 pesos por Mwh. En febrero de 2016 se fijó un nuevo precio estacional de entre 321,39 y 312,26 pesos, según fuera hora pico, resto o valle. A partir de entonces, se ha venido ajustando periódicamente y la última suba se había aplicado en diciembre con la resolución 1091 que llevó el precio a la banda 796,1 a 879,9 pesos por Mwh. Esa norma incluía en su anexo II otra actualización a partir del 1 de febrero que llevó el precio de la energía mayorista para los consumos menores a 300 Kw a una franja que va de 977,6 y 1080,5 pesos por Mwh.

En lo que va del año, el dólar subió de 19 a 28 pesos y el costo de generar energía se disparó hasta unos 2800 pesos por Mwh porque el gobierno dolarizó a comienzos de 2017 los montos que perciben los generadores por la energía eléctrica, ya sea térmica, hidroeléctrica o de otras fuentes. De este modo, cuánto más sube el dólar más pesos cuesta generar energía. Pese a ello, los precios mayoristas continuaron sin variantes desde la última actualización aplicada el 1 de febrero, pues la disposición 44 que fijó los nuevos precios estacionales en mayo mantuvo esos valores sin cambios. La diferencia entre esos 1000 pesos por Mwh promedio que pagan los consumidores y los 2800 pesos por Mwh es lo que el Estado cubre con subsidios, los cuales se incrementaron sustancialmente este invierno.

La intención del gobierno es recortar parte de esos subsidios para cumplir con las exigencias del FMI. Por eso se espera un ajuste en las tarifas que pagan los usuarios que sirva para cubrir una porción mayor del costo de la energía mayorista. Además del ajuste en el costo de la energía, también está pendiente una recomposición del ingreso que perciben transportistas y distribuidores, pues los contratos contemplan una indexación, basada fundamentalmente en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que en el primer semestre, por ejemplo, trepó 30,3 por ciento. Esa indexación está floja de papeles porque se aprobó el año pasado cuando todavía estaba vigente la ley de Emergencia Económica Nº 25.561 que la prohibía expresamente. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna impugnación judicial que busque ponerle freno.

La decisión política es que la combinación de la recomposición del precio de la energía, más la actualización por inflación del componente de transporte y distribución no arroje un aumento superior al 30 por ciento. Al menos eso es lo que anticipó Iguacel, aunque habrá que ver los cuadros tarifarios para ver si la promesa se cumple.

La declaración no es casual. La última corrida estuvo en buena parte alimentada por la desconfianza que generó en los inversores internacionales la percepción de una posible ruptura de contratos en el área de energía, cuando al inicio de su gestión Javier Iguacel dejó trascender que «ahora el esfuerzo lo van a tener que hacer las empresas».

Como reveló al sitio web La Política Online, esa desconfianza escaló al punto que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo que hacer una video conferencia con importantes jugadores de Wall Street para ratificarles que se respetarían los contratos de energía y se continuaría la senda al libre mercado. En ese momento se produjo el giro.

El cambio de enfoque fue muy bien recibido en un sector que lidera las inversiones externas, básicamente en Vaca Muerta. Pero hasta ahora, dicen en la industria petrolera, ha sido más retórico que real.

Es que el gobierno de Macri encontró la manera de hacer algo que no puede decir: intervenir en el mercado energético. Lo hizo a través de YPF que concentra el 51% del sector. Con esa espalda, la petrolera de mayoría estatal está comprando el barril a 68 dólares, cuando el Brent internacional cotiza en torno a los 78 dólares.

Lo mismo sucede con el traslado del impacto de la devaluación sobre el barril al surtidor. YPF marcó el camino con un aumento del 5%, que fue superado en poco más de un punto por Shell y Axion. En rigor, el traslado pleno implicaría una suba de los combustibles de un 30%.

Como reveló LPO, en el sector todos entienden este juego de «autorregulación» que plantea el gobierno de Macri para no romper su promesa de libre mercado a los inversores internacionales, pero a la vez moderar una suba de los combustibles que gravaría aún más la inflación.

«El problema es que Iguacel, ni siquiera en charlas privadas, trazó el camino de entrada y salida al precio libre de esta experiencia y es cada vez más difícil explicarle a los inversores del exterior porque acá se paga vende el barril diez dólares más barato», explicó a LPO un ejecutivo de una importante compañía del sector.

«No hay autorregulación de un mercado como el de las naftas y petróleo si en la ecuación no agregas la variable de exportación, agregó a LPO otra fuente del sector, que pidió mantener el anonimato por lo delicado de la situación.

«Sólo podemos hablar de libre mercado cuando la oferta y la demanda no se limitan a un circulo cerrado interno (donde ahí si YPF puede ser el gran «regulador») sino a un mercado global donde el precio export parity es el que marca el punto de quiebre (actualmente el Brent de 78 dólares menos costos de flete y logística)», agregó la fuente.

De hecho, hasta que el ex ministro Aranguren impuso de emergencia un barril criollo de 68 dólares, en medio de la corrida, el precio que se pagaba en la Argentina era el Brent más uno o dos dólares. El acuerdo de Aranguren fue al estilo Guillermo Moreno, por tres meses -vencía a fines de agosto- y sin que quedara registrado en ningún documento. Iguacel dijo que ese esquema ya no rige, pero YPF sigue pagando la cifra acordada con su antecesor.

La discusión está lejos de ser un ejercicio intelectual: Las megapretoleras Chevron y China Sinopec, ya han presentado a Iguacel pedido de permiso de exportación. Es que esa es otra de las rarezas del mercado argentino: El libre mercado exportador, en los hechos esta limitado a la autorización del Estado, en base a lo que dispone la ley de hidrocarburos.

Esta ley dispone que si al momento de exportar aparece un comprador local que pague Brent menos costos logísticos (hoy daría alrededor de USD 74 el barril) habría que venderlo a nivel local. Este precio está por encima del que hoy se paga en el «autorregulado» mercado local.

Por eso es tan importante el test que enfrenta Iguacel: El mercado espera ver si hay realmente libertad para exportar y que ocurrirá con los precios internos si se conceden los permisos presentados.

«Esta vez no van a alcanzar las metáforas de los tres chanchitos», graficó una fuente del sector en referencia a las metáforas que usa el ministro (ver video) para explicar los desajustes de la macroeconomía.

Según publica urgente24.com, en el canal digital de LN+, el periodista Carlos Pagni afirmó que el «tema energético está en el corazón del problema económica del Gobierno», y que por tal motivo el problema tarifario fue el motivo central de una reunión entre el flamante ministro de Energía Javier Iguacel con todo el sector energético.

Poco antes, el diario ‘El Cronista Comercial’ contaba sobre la negociación con las energéticas para evitar los aumentos desmedidos en las tarifas, negociaciones que se irán intensificando: «La idea es que la devaluación no se traslade a las boletas que reciben los usuarios, dado que los precios de la energía están dolarizados».

Es justamente allí donde está el gran problema dado que la Argentina es importador de hidrocarburos. Además, a los producto res se le reconocen precios en dólares para el petróleo y el gas, aún cuando no serán los equivalentes al del barril a nivel internacional.

De esta manera, además el problema de la inflación queda muy vinculado al de la energía. En este marco, Iguacel habría pedido al sector para lo que resta del año un aumento del 20%, y para quienes no aumenten su consumo en 2019, que sea la misma tarifa. No hace falta recordar que ese año será un año electoral…

Dicen que el argumento que les ofreció fue que si ellos pierden en 2019, los activos de ellos, los empresarios, valdrán cero. En cambio, si ganan, se valorizarán mucho. Pero para que suceda esto último, tendrán que perder un poco de plata hasta las elecciones, o al menos, no ganar tanta.

Claro que en ese camino la baja de la rentabilidad debería ser pareja para todos en la cadena, que no se concentre sólo en los productor es, con la excusa de que cuentan con un precio dolarizado. Todo un desafío es el sector de distribución de gas, quienes aumentarían su ganancia si se frena el precio del producto. La idea de Iguacel es que eso no pase.

El flamante funcionario tendría la intención de presentar su pacto con el sector en el marco de un relanzamiento productivo, de ahí que viaja a Washington a encontrarse con Rick Perry, el secretario de Energía de Donald Trump. Le pedirá apoyo para el desembarco de empresas norteamericanas en Vaca Muerta. Eso sí, Iguacel deberá renovar también el acuerdo de competitividad con el gremialista petrolero Guillermo Pereyra, quien según muchos inversores, se pone agresivo cuando aparece en el mercado una empresa nueva…

El tema de las tarifas es crucial en la agenda oficial, en principio por la necesidad de bajar subsidios, una meta poco negociable en medio del ajuste fiscal y el compromiso expreso ante el FMI . La negociación se hará con los gobernadores pero, sobre todo, con los distintos bloques de diputados. Y es allí donde la relación con Sergio Massa, que controla más diputados que cualquier gobernador, es crucial.

En ese sentido, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal establecieron una línea de diálogo, con quien tiene su relación con Macri en el freezer. Intentarán seducirlo afirmando que si se profundiza la crisis, la mayor beneficiaria sería Cristina Fernández, y no él o el peronismo.

He ahí otro problema para Macri: la negociación con el PJ…

Por lo pronto, Iguacel aterrizará mañana en Washington para hacer su debut internacional como funcionario participando de la World Gas Conference, donde tendrá la reunión bilateral con Perry.

El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad viajó anoche a la capital estadounidense para participar de la conferencia global sobre gas, a la que ya había confirmado asistencia el anterior ministro Juan José Aranguren. Perry, por su parte, estuvo en la Argentina hace dos semanas, para participar del G-20 en Bariloche.

El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, aseguró ayer que en septiembre y octubre seguirán los aumentos en las tarifas de luz y gas, aunque todavía no está claro cuál será la magnitud de esos ajustes. También adelantó que se respetará el acuerdo con las petroleras que prevé para el mes próximo un incremento de 3 por ciento en el precio de los combustibles. Sin embargo, el acuerdo cerrado a fines de mayo fue solo por dos meses y las petroleras vienen sosteniendo que el próximo ajuste es insuficiente porque la suba en la cotización del crudo y del dólar dejó el precio de las naftas y el gasoil muy por debajo de la paridad de importación que les garantizó el esquema de liberación de precios desde octubre del año pasado.

Consultado acerca de cómo impactará en la readecuación tarifaria la suba del dólar, Iguacel manifestó que los valores de la energía “de todo el mundo, incluida la Argentina, en todas las épocas han estado relacionados con el dólar, con lo cual tiene una afectación”. Si bien es cierto que algunos de los costos de las empresas están dolarizados, durante la gestión de Aranguren se liberó el precio de los combustibles, se fijó un cronograma para que el precio del gas en boca de pozo se iguale con la paridad de importación y además se introdujeron cláusulas de indexación para distribuidoras de luz y gas a partir del índice de inflación mayorista donde la suba del dólar suele impactar fuertemente.

Esa política tarifaria iba de la mano de un peso apreciado. Por lo tanto, luego de que la divisa trepara de 20 a 28 pesos en seis meses ese esquema comenzó a crujir. Desde jefatura de Gabinete le habían dejado en claro a Aranguren que la política tenía que ser revisada, pero el ahora ex ministro se negó a hacerlo. Por ese motivo llegó Iguacel, quien ayer fue consultado sobre posibles cambios. “Estamos estudiándolo de vuelta para lograr que sean tarifas competitivas y tanto el público como las pymes y las industrias puedan pagarlos y seguir desarrollándose, y en la industria petrolera y de los recursos renovables se cumplan los contratos y al mismo tiempo puedan seguir invirtiendo”, aseguró.

Con respecto al acuerdo firmado con las petroleras, adelantó que se va a cumplir, pero ya están negociando un próximo esquema. “Ahora estamos estudiando la coyuntura, hay un acuerdo (con las petroleras) que se va a respetar y después tenemos que sentarnos con todos los actores y ver cómo estamos, pero siempre defendiendo el bolsillo de la gente y, al mismo tiempo, aguardando que estén las inversiones para salir de esta catástrofe que heredamos”, dijo el flamante titular de la cartera de Energía.

Macri reivindicó ayer que a Aranguren al decir que “le tocó bailar con la más fea”. Lo mismo hizo Iguacel al ser consultado por las palabras del Presidente. “La dejó mucho más linda, ha hecho un gran trabajo, ya que era muy difícil de comunicar o contar la catástrofe energética que había dejado el kirchnerismo”, sostuvo. “La desinversión era absoluta, y si hubiéramos hecho las cosas bien como lo hicieron otros países, hoy tendríamos excedentes y estaríamos exportando y los argentinos viviríamos mucho mejor con tarifas más acordes con nuestro bolsillo”, dijo. “Lamentablemente no fue así, Aranguren enderezó el rumbo y a mí lo que me entusiasma es la confianza del Presidente para hacer eso, y hacer que todos los argentinos podamos vivir mucho mejor y tener una economía mucho más productiva y competitiva, y que en la industria esos precios competitivos de la energía nos hagan llegar al mundo y crear trabajo”, concluyó Iguacel.

El casting de la Casa Rosada para elegir ministros y secretarios es infalible: el flamante titular de Energía, Javier Iguacel, figura en los Paradise Papers. Las actividades offshore del funcionario están vinculadas a su paso por Pluspetrol, una petrolera de capitales argentinos donde se desempeñó hasta mayo de 2015. La docena de archivos identificados por PáginaI12 en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, vinculan a Iguacel con Pluspetrol Angola Corporation de Islas Caimán. El ex titular de Vialidad Nacional no es director ni accionista de la compañía montada en la guarida caribeña sino que estuvo encargado de sus operaciones a través tres poderes de abogado. Otorgados entre 2012 y 2014, los documentos lo autorizan a desarrollar un vasto conjunto de actividades legales, bancarias y financieras en nombre de la offshore. La presencia offshore del funcionario se extiende hasta seis meses antes de su alejamiento de la petrolera para iniciar su acelerada carrera en la política como precandidato a intendente por el PRO en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento.

El ingeniero Iguacel se convirtió en el cuarto funcionario jerárquico del gobierno de Mauricio Macri presente entre los 13,4 millones de documentos que dieron forma a la megafiltración de información financiera revelada en noviembre de 2017. La investigación expuso el entramado de empresas en Islas Caimán utilizado por el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, para manejar el fondo de inversión Noctua que fue omitido en sus declaraciones juradas. Los registros de la firma de abogados Appleby mostraron que el titular de la AFIP, Leonardo Cuccioli, posee acciones en dos fondos de inversión de Islas Caimán y fue director de una offshore establecida en Bermudas. El tercer representante del “mejor equipo de los últimos cincuenta años” mencionado entre los Paradise Papers es el eyectado ministro de Energía, Juan José Aranguren. El antecesor de Iguacel figura como director en dos sociedades registradas en Barbados. Las offshore Shell Western Supply and Trading y Shell Antilles and Guianas Limited están vinculadas a la trayectoria del ex funcionario en la petrolera anglo-holandesa.

La subsidiaria Pluspetrol Angola Corporation nació en 2009. La empresa establecida en las Islas Caimán ofreció a la petrolera la plataforma offshore para llevar adelante tareas de exploración en el país africano. El proyecto Cabinda Sur estuvo a cargo de Iguacel, que antes de ser ascendido a la vicepresidencia de la empresa vivió cuatro años en Angola, donde se desempeñó como Director General y Country Manager. La biografía oficial distribuida durante el fin de semana sostiene que el funcionario estuvo a cargo de “desarrollar la estrategia de negocios, la estructura del personal y logística” en ese país.

La docena de archivos identificados por este diario entre los Paradise Papers dan cuenta de las amplias atribuciones administrativas, bancarias y financieras otorgadas por la compañía caimanesa a Iguacel entre 2012 y 2014. El funcionario no respondió las consultas de PáginaI12. El documento utilizado para extender esas capacidades se denomina “poder de abogado”. Las megafiltraciones expusieron que es un extendido instrumento utilizado por los verdaderos dueños de las empresas offshore que pretenden ocultar su identidad a las autoridades correspondientes ya que sus nombres no figuran en los documentos oficiales.

La primera mención al flamante ministro de Energía se remonta a julio de 2012 cuando la empresa lo designa como su “abogado de hecho”. El poder otorgado a Iguacel lo “autoriza para representar (sin limitaciones) a la compañía con la autoridad para realizar todos los actos y firmar, ejecutar y entregar cualquier documentación”. Entonces, una de las necesidades de la compañía era cambiar su domicilio en Luanda. Las actas están selladas y firmadas en las Islas Caimán por la propietaria de Pluspetrol Angola Corporation que, como no podía ser de otra forma, es otra sociedad offshore montada en el mismo paraíso fiscal con el nombre Pluspetrol Resources Corporation. “Todo es legal. El fue representante legal de la subsidiaria de Pluspetrol en Angola pero jamás apretó un botón para realizar una operación o mover dinero de una empresa de la petrolera en Islas Caimán”, explicó a este diario Lucas Logaldo, que acompañará a Iguacel como su Jefe de Gabinete en Energía.

La documentación analizada muestra que la estructura de mamushkas montada por la petrolera para administrar sus operaciones incluye sociedades en, por lo menos, nueve paraísos financieros: Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao y Islas Caimán. Así figura entre los registros de accionistas de Pluspetrol Resources Corporation para 2011.

La controlante de la petrolera es Edith Rodríguez, que junto con sus hijos controla el 70 por ciento de la compañía. Con un patrimonio estimado por la revista Fortune en 2000 millones de dólares, la empresaria ostenta la séptima fortuna del país. La viuda del petrolero Luis Alberto Rey es la mujer más adinerada de la Argentina y, como miembro de la élite económica local, una activa usuaria del mundo offshore. Las anteriores dos filtraciones de información financiera, Panamá Papers y Bahamas Leaks, mostraron que el uso de sociedades offshore es una práctica extendida entre los dueños de grandes petroleras que operan en el país como Pan American Energy, Petrobras, Exxon, Petrolera San Jorge, Pérez Companc, Bridas y Puma.

Los documentos de la firma Appleby identificados por este diario muestran que el segundo poder de abogado designó a Iguacel como representante legal ante “cualquier institución financiera o bancaria” para realizar operaciones como “abrir y cerrar cuentas o depósitos en entidades financieras en cualquier ciudad del mundo”, “retirar fondos del banco”, “emitir o aceptar garantías, hipotecas, bonos y cualquier documento de crédito”, “solicitar toda clase de préstamos en moneda local o extranjera”, “alquilar cajas de seguridad, abrirlas y administrar su contenido”, “adquirir pólizas de seguros”, “prestar dinero” y “ofrecer avales”, entre otras actividades. El ex titular de Vialidad Nacional no es el único beneficiario del poder de abogado otorgado en agosto de 2012. Las atribuciones se extienden a otros trece directivos argentinos y británicos de Pluspetrol. El tercer poder de abogado de la petrolera radicada en Islas Caimán fue otorgado a Iguacel en noviembre de 2014, apenas seis meses antes de que el empresario diera el salto a la política como precandidato del PRO en Capitán Sarmiento.