El juez federal, Claudio Marcelo Vasquez, habló sobre los avances en  la causa de Iván Torres.

En este sentido, señaló que “esta semana se inicia un proceso de exhumación de una de las tumbas que ya fueron señalizadas, en el marco de la causa por la desaparición forzada de Iván Torres”.

“Esta exhumación se da en el marco de una habeas corpus. Así que estamos  trabajando en esta línea”, dijo.

Asimismo, aclaró: “Todavía no tengo el número total de tumbas involucradas en esta causa y los lugares exactos donde se exhumará tampoco los puedo revelar”.

“Por el momento no puedo dar q conocer el número exacto del personal que participará de estas exhumaciones, pero si puedo decir que habrá gente del IAR, del Cementerio, Gendarmería y secretarios federales de los Juzgados de Río Gallegos, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia”, indicó.

En este marco, destacó que “dentro de la búsqueda, continúa la recompensa de 15 millones de pesos para que quien pueda aportar algún dato fehaciente sobre el paradero de Iván Torres”.

“El equipo argentino de antropología forense tiene datos de ADN, por lo que puede ser que surja alguna otra cuestión, pero eso ya escapa a mí”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Hoy lo que se va a hacer es un muestreo, es decir, se levantaran restos óseos de lo que resulte de interés, para su análisis en el laboratorio. Calculo que el resultado podrá estar en dos o cuatro meses. En términos judiciales, una desaparición forzada que ya lleva más de 20 años, implica también la presunción de fallecimiento. Obviamente siempre se trata de buscar a las personas vivas, pero también hay que agotar todas las medidas y una de esas medidas es esta”.

El máximo tribunal penal desestimó el planteo de la defensa oficial del exjuez Oscar Ricardo Publio Herrera, acusado como “partícipe secundario” de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres en plena democracia, caso por el que fueron condenados dos policías locales.

El exjuez Herrera había sido cuestionado por no haber aplicado los protocolos para la desaparición forzada de personas, lo que –a criterio del tribunal- había obstaculizado la investigación e impidiendo una búsqueda eficaz de Torres, recuerda hoy el diario El Chubut.

En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino a  “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos”.

La defensa oficial del exjuez apeló la reapertura de la investigación, pero la Casación –con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos- lo declaró inadmisible.

La defensa de Herrera pretendía llevar el caso hasta la Corte Suprema, pero el máximo tribunal penal le cerró esa vía porque la reapertura de la investigación no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal.