Al ser consultado sobre cuántos empleados quedan por recibir su indemnización, el letrado aseveró: «Debemos tener por lo menos 40 personas, en 6 o 7 juicios donde las indemnizaciones no fueron liquidadas, pero donde tenemos embargadas algunas otras cosas para vender, que supongo que lo vamos a hacer durante 2025. Pero de todos modos nosotros venimos instrumentando con la OT desde el primer juicio, que cobramos un fondo común de distribución con la colaboración de cada trabajador cada vez que cobra, eso permitió que con ese producido se le pudieron pagar también al resto de los trabajadores una suma».

«Cada trabajador cobró por lo menos lo correspondiente a la liquidación, que arrojó la sentencia. Lo que pasa es que estamos hablando de valores de 2021 y al 2024 hay un desfasaje bastante importante, teniendo en cuenta las dos devaluaciones grandes que hubo. Pero bueno, al menos cada trabajador adquirió algo de su despido porque hasta el momento algunos no habían visto u observaron muy poca plata», indicó.

En esta línea, lamentó el tiempo transcurrido para que los trabajadores pudieran cobrar su indemnización: «Tuvieron muchísima mala suerte, les pasó todo. En su momento, cuando iniciamos las medidas para vender en forma inmediata lo que teníamos, la Justicia no aceptó, lo que llamaban las medidas auto-satisfactivas y nos condenó, por decirlo de alguna manera, a atravesar un juicio que duró 4 o 5 años».

«Si esto lo hubiéramos vendido en el 2018, los trabajadores hubieran cobrado seguramente sus indemnizaciones a valores plenos. Por otro lado, antes de la pandemia estuvo el serio problema de la provincia y la Justicia incluida, donde estábamos de paro prácticamente 20 días de los 30 del mes, y después la pandemia que paralizó 7 o 8 meses el trámite del expediente», detalló.

Finalmente, comentó que todavía falta el resto de los trabajadores: «Falta subastar algunas cosas que tenemos embargadas, con esas prevemos que vamos a poder cubrir, la joya de la abuela se vendió, que era la planta. Subastada como corresponde pero con un precio que no era el que esperábamos, y ahora quedan algunas propiedades pequeñas con las que esperamos cubrir algunos de los créditos».

Los lineamientos serán formalizados esta tarde durante un encuentro que contará con la participación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El texto que será rechazado por los gremios propone además institucionalizar en los convenios colectivos textiles las concesiones laborales a las que accedieron algunos trabajadores como el pago en cuotas del aguinaldo o la segmentación forzada de las vacaciones.

“Ambos actores reconocen la necesidad de que el gobierno dicte en forma urgente una norma o decreto, reconociendo la posibilidad de disponer colectivamente sobre los siguientes institutos laborales”, reza el acta que hoy será presentada para la firma de sindicalistas y empresarios textiles. La creación de un banco de horas habilitaría a realizar una compensación de la jornada laboral a lo largo de un año para que el tiempo trabajado en exceso en un día se compense con menos horas en otro. El mecanismo, que fue incluido en la brutal reforma brasileña, permite que se establezcan jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. Mediante el banco de horas es posible flexibilizar y aumentar la jornada laboral reduciendo los pagos suplementarios por horas extra, que pasan a ser compensables.

Entre los puntos que impulsa entre Cámaras y Sindicatos el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, figura además el denominado fondo de cese laboral. El instrumento sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.

Si bien la urgencia los inclina a analizar las propuestas del Gobierno, los representantes gremiales consultados por este diario sostienen que la propuesta no frenará la debacle sectorial. Las cámaras empresarias, por su parte, no niegan que la propuesta despierta su simpatía pero fuera de micrófono reconocen que las dificultades de la industria residen en el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. “Vamos a producir más barato los productos que tampoco podremos vender frente a la falta de demanda”, se sinceró un empresario ante la consulta de Página 12.

A la distancia que toman empleadores y sindicalistas se suman las objeciones legales realizadas por abogados laboralistas. “La ley de contrato de trabajo establece un piso en materia de regulación laboral que solo puede mejorarse por los convenios colectivos. El Artículo N° 245 de la Ley que establece la indemnización por despido es el piso. Las negociaciones sectoriales o individuales pueden establecer una mejor ecuación pero nunca perforarlo como haría la implementación de una institución como el fondo de cese laboral”, explicó Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Existen turnos rotativos y otras razones que alteraron el límite de ocho horas diarias pero finalmente no pueden superarse los máximos semanales y mensuales establecidos en la ley de jornada. Cuando uno trabaja fuera de la jornada habitual u horas extra no pueden no pagarse”, consideró Cremonte al referirse al banco de horas.

Una hipótesis barajada entre Sindicatos y Cámaras Empresarias para comprender la premura que muestran los funcionarios es la necesidad de presentarle avances al FMI. La flexibilización laboral es parte del paquete de reformas estructurales ofrendado al organismo multilateral. Los próximos tramos del préstamo no solo están condicionados al cumplimiento del ajuste fiscal y la contracción monetaria sino también a la implementación de algunas profundas transformaciones en materia laboral, previsional y tributaria que figuran en la agenda permanente del prestamista. “Dada la complejidad de estas reformas, y la necesidad de establecer un amplio consenso social a su alrededor, sería importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio, con vistas a enviar proyectos al Congreso a fines de 2019”, sostiene el último informe del organismo sobre la economía argentina que demanda “un sistema de regulaciones laborales más balanceado”.

Hace pocos días los ex trabajadores de Guilford pidieron que se cuiden las instalaciones y la maquinaria que ya habían sido afectadas por hechos vandálicos y hoy forman parte del patrimonio con que ellos podrían cobrar sus indemnizaciones –según publica ADN Sur-.

En ese sentido, Jorge Echelini, el abogado que representa a los ex trabajadores que fueron abandonados por la empresa a mediados de 2016, informó que se solicitó al juez “permiso para ingresar y tomar los medios de resguardo de lo que se quiere proteger”.

“Pusimos en conocimiento del juez la existencia de hechos vandálicos y la autorización para el ingreso a la planta y tomar las medidas para evitar nuevos hechos a los fines de culminar los resguardos que hay que hacer, sin perjuicio de que la Policía monta guardia en el predio”, explicó el abogado en ese momento.

También remarcó que “los bienes embargados, el embargante se los puede llevar a su casa, pero como quedaron dentro de la planta de la empresa que sigue perteneciendo al dueño, hay que solicitar permiso al juez para ingresar y tomar los medios de resguardo de lo que se quiere proteger”.

«El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral», indicó el ministro, e insistió en que buscan «generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto», y «eso tiene que ver con la formalización de trabajadores» por un lado, y por el otro, la creación de «un fondo de cese laboral», vinculado con las indemnizaciones.

Este fondo sería «administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador», indicó Triaca en declaraciones a Radio Mitre y agregó que el principal objetivo de las iniciativas remitidas el viernes al Senado es «darle previsibilidad al trabajador y al empleador».

«Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo», indicó Triaca, por lo que «sólo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales».

El ministro indicó que hay «cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico», y agregó: «El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización».

En tanto, al ser consultado sobre su relación actual con la CGT, el ministro de Trabajo sostuvo que dialoga «con todos los sectores», aunque pueda «haber diferencias», y expresó que en el Gobierno son «muy prudentes dejando que los procesos de unidad se hagan de manera propia».

El Gobierno envió el viernes pasado al Senado tres capítulos del proyecto de reforma laboral que comenzarían a ser debatidos en comisiones los primeros días de mayo y que incluyen una modificación en el cálculo de las indemnizaciones que había sido resistida en diciembre último.

El primero de los proyectos a los que accedió Ámbito se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.