Un hombre cazó un puma en Santa Fe, lo mostró en las redes sociales y terminó imputado en la Justicia. La caza del animal está prohibida por ser parte de la fauna silvestre amenazada.

Al allanar la casa del cazador, la policía encontró la carne del animal descuartizada y guardada en la heladera.

Las imágenes que generaron repudio y llegaron a la justicia
En las imágenes, publicadas el miércoles por la noche, se puede ver a un grupo de hombres, entre ellos un niño, sosteniendo al puma de gran tamaño muerto entre sus brazos como si fuera un trofeo de gran valor.

Las fotos se viralizaron rápidamente y generaron todo tipo de comentarios, pero principalmente causaron el repudio de los usuarios de redes sociales.

Además, llegaron a los funcionarios judiciales que decidieron actuar de oficio y ordenaron un allanamiento a la vivienda del cazador, ubicada en el municipio de Sastre, en el departamento de San Martín, provincia de Santa Fe.

El allanamiento al cazador del puma

El jueves a las 16 una comitiva de la Sección 18 de la Guardia Rural “Los Pumas” y efectivos de la comisaría 1ª de la Unidad Regional XVIII realizaron el allanamiento a la casa del cazador.

Según indica el medio local La Capital, el procedimiento arrojó como resultado el secuestro de una escopeta calibre 16 y sus municiones. Además se produjo el decomiso de 10 kilogramos de carne despostada del felino que estaban guardadas en la heladera del hogar en seis cortes: dos costillares, el cogote, una paleta, la cola y parte del lomo.

Al propietario de la vivienda se le requirió que exhiba las credenciales de legítimo usuario y de tenencia de arma de fuego de uso civil pero manifestó no poseerlas. Los efectivos policiales secuestraron entonces el arma y, junto a los demás objetos decomisados, se dejó a disposición de la Unidad Fiscal Nº 150 de San Jorge, a cargo del fiscal, Carlos Zoppegni.

El responsable de haber matado al puma deberá enfrentar ahora los cargos de:

• Infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino (por portar arma de fuego de civil sin la debida autorización)
• Ley nacional 22421 de conservación de la fauna (por atentar contra la fauna, la administración pública y la sociedad)

El repudio de las organizaciones

Además de los cientos de comentarios en contra de la actitud del desaprensivo cazador, se sumaron organizaciones de protección como Refugio Sastre que emitió un comunicado bajo el título “Repudio”.

En el texto remarcaron cómo los cazadores se burlaron del animal muerto al llamarlo “gatito”. “No vamos a hacer comentario sobre esas personas. Las fotos hablan por sí mismas. Solo queremos expresar nuestra profunda tristeza e indignación por ver como una vez más los humanos dan otra muestra de irracionalidad y cobardía”, señalaron en la publicación.

Recordaron además que “los pumas son parte de la fauna silvestre amenazada. Son patrimonios naturales de nuestro país y, por lo tanto, su caza está prohibida y penada por la ley”.

La organización mencionó, además, que cuando estos animales aparecen en los campos, “lo que se debe hacer es dar aviso a las autoridades y fuerzas policiales, para que estas puedan avisar a los responsables provinciales para que se hagan cargo, traten de proteger al animal y lo reinserten en sus hábitats”.

“Solo nos queda decir que la violencia contra los animales es sinónimo de un estado de violencia general. Por eso trabajamos voluntariamente, todos los días para hacer una sociedad en la cual todos los animales puedan vivir sus vidas en plenitud. Todos los seres vivos quieren eso, vivir. Respetemos la vida de todas las especies”, concluyó la organización.

En este sentido, señaló que “hoy con el Dr. Williams planteamos la ampliación de la apertura de  investigación que tiene que ver con el objeto inicial que habíamos planteado en su momento, en donde agregamos más hechos y más imputados que intervinieron en esta maniobra defraudatoria”.

“Los imputados entregaban documentación falsa -facturas truchas- sin entregar la mercadería. A partir de allí se armaban los expedientes y se les pagaba a los proveedores como que la mercadería había ingresado y para ello se firmaba toda una serie de documentación, como remitos falsos”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “en uno de los casos por ejemplo hablamos de 3 millones de pesos, en otro un poco más de 3, en otro hablamos de casi 7 millones, los cinco proveedores  rondan los quince millones y hay que recordar que los dos decretos de emergencia son de 20 millones, es decir que casi la totalidad del monto de dinero destinado a la emergencia fue objeto de este grupo”.

“Había fondos destinados de manera personalizada a personas que habían sido afectadas por el temporal, estos fondos no fueron alcanzados por estas personas pero los dos Decretos –por 10 millones de pesos cada uno- que fueron firmados para comprar mercadería, los funcionarios y proveedores particulares se dedicaron a llevarse esta plata para su beneficio personal”, indicó.

En este marco, aseveró que “desde el Estado le compran agua a un kiosko, ese kiosko va y le compra a un proveedor y paga un poco más de 19 mil pesos por 1.500 litros de agua y eso se lo remite al Estado Provincial por 57 mil pesos. En una maniobra se hizo de 38 mil pesos para beneficio propio. Eso es un claro acto de corrupción. Por eso nosotros le abrimos una investigación a la responsable de ese comercio”.

“Estos fondos después se repartían ente funcionarios y proveedores. Por ejemplo, uno de los proveedores que vendió pasto y leña alcanzo a cobrar 3 millones y quedó por cobrar 6 millones más de mercadería que nunca ingresó al Estado”, comentó.

A su vez, destacó que “se le ampliaron los hechos a los cinco ex funcionarios provinciales, se agregó a la encargada del Depósito y a cinco proveedores, es decir, en total son 11 personas entre ex funcionarios y particulares. La audiencia no tardará más de diez días en realizarse”.

“Si uno de los imputados comete algún acto de entorpecimiento o intenta fugarse inmediatamente se pedirá su detención pero aún no tenemos elementos suficientes para afirmar que estamos en presencia de una asociación ilícita”, afirmó.

“El agua la compraron cada unidad a 16 pesos y se la vendieron al Estado a 38. Esto demuestra la conveniencia que existía entre algunos funcionarios y proveedores que están imputados”, indicó.

Finalmente, Rodríguez concluyó que “hay otro caso de una persona que le vendió 1.800 colchones al Estado, de toda la documentación analizada, de las compras que él hizo en el año y en los años anteriores, el solo compro solamente 17 colchones de esas características que después le vendió al Estado. Es decir, lo único que puede documentar son 17 colchones y aparece vendiéndole al Estado 1.800”.