La denuncia presentada por un grupo de diputados nacionales del Frente para La Victoria en noviembre pasado sostiene que el Gobierno licitó las centrales por menos del valor que el Estado puso para una parte de su construcción licitada por Enarsa en 2010, por la mitad de la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación fijó en 2012 y por apenas algo más del doble que la ganancia obtenida por cada una de ellas en un solo año. En el medio, Iecsa (del grupo familiar Macri) recibió una indemnización de 1600 millones de pesos por la ruptura del convenio para continuar la construcción que había licitado, mientras que la Central Puerto, en manos de Nicolás Caputo, el “amigo del alma” del Presidente y cónsul honorario de Singapur, avanza para quedarse con las dos centrales termoeléctricas.

La denuncia se explaya sobre el proceso “irregular” que llevó a la privatización. Plantea que el Gobierno de Cambiemos, “a través de Aranguren y por orden de Macri”, negoció “cara a cara” con Ángelo Calcaterra la ruptura del contrato “por diferencias en la actualización de costos” de licitación de la construcción (todavía inconclusa) de las dos termoeléctricas “llave en mano”, licitadas por la administración kirchnerista en 2010 y ganadas por Iecsa y su socia Isolux. El primo presidencial no obtuvo todo su reclamo económico, pero se lo indemnizó con 520 millones de pesos y la condonación de mil millones más por una deuda de Iecsa con el Estado. Más 1100 millones por materiales que el Estado entregaría a los nuevos adjudicatarios.

Entonces Macri dictó el Decreto 882 del 1 de noviembre de 2017 para privatizar ambas termoeléctricas. Para la licitación, Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta al contado de 229 millones de dólares. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta al contado de 155 millones de dólares. “En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. ¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 (Barragán) y 110 (Brigadier López) millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en la denuncia, de acuerdo a la valuación de las centrales que realizó la AGN aquel año.

Además, los denunciantes comparan el valor impuesto para las privatizaciones y las ganancias obtenidas por ambas centrales. “Los propios resultados operativos financieros publicados por Enarsa relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que (Nicolás) Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado Ebitda (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López”, dice uno de los párrafos del extenso escrito presentados por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

Al frente del proceso de licitación estuvieron en representación de Enarsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, dos ex gerentes del Grupo Macri que eran parte del “comité directivo” de obras de las centrales Ensenada y Brigadier López de Iecsa –según publica Página 12-.

La denuncia penal también los involucra a ellos junto Hugo Balboa (ex presidente de Enarsa); Mario Dell Aqua (presidente de Ieasa, la empresa que unificó a las termoeléctricas nuevamente bajo manos del Estado); por los supuesto delitos de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También alcanza a Iguacel, por haber modificado posteriormente el pliego licitatorio, quitando la exigencia de la existencia de un “operador técnico” de las centrales para abrirles el mercado a los fondos de inversión. No se quedó afuera de la denuncia el primo presidencial, Ángelo Calcaterra.

Al tiempo que el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Gerardo Pollicita daban curso a la denuncia y las imputaciones, trascendió que la compañía Central Puerto, de Nicky Caputo, está a punto de quedarse con las dos centrales termoeléctricas en la licitación.

Según EconoJournal, la segunda generadora eléctrica del mercado –propiedad de los accionistas Reca, Escasany y Caputo– ofreció las mejores propuestas económicas por las centrales térmicas Barragán y López. Central Puerto ofreció 165 millones de dólares en efectivo por Brigadier López, ubicada en Santa Fe. Por la central Barragán, ubicada en las afueras de La Plata, Puerto ofertó una suma en cash de 279 millones de dólares, mientras que YPF ofreció 229 millones, según indicaron fuentes privadas que participaron de la licitación.

Aunque todavía falta evaluar los aspectos técnicos de la compulsa, más allá de lo económico, el resultado ratifica el vaticinio de los diputados denunciantes: que las “irregularidades” que el Gobierno llevó adelante con la ruptura de la licitación de 2010 y su posterior proceso de privatización “favorecieron” al grupo empresario familiar y al “amigo del alma” del Presidente.

De acuerdo a lo comunicado por el Gobierno, se establecerá un concurso de precios mediante subastas en una plataforma electrónica que «permitirá más transparencia y una mayor competencia entre los productores».

Sin embargo, en el sector coinciden en que el verdadero efecto será un incremento en el precio del gas de boca de pozo. «Puede mejorar el precio del gas por el plazo de los contratos y por el hecho de que sean no interrumpibles», comentaron a La Política Online desde una de las productoras más importantes que lógicamente no ve con malos ojos esta alza.

Sucede que la modalidad anterior forzaba una baja de precios al no aplicar penalidades a los jugadores que finalmente no podían proveer el fluido al valor que habían ofrecido.

Al mismo tiempo, subrayan que a diferencia de las licitaciones de Iguacel, a partir de ahora se propondrá un precio promedio que será más alto en los meses de verano -característicos por una menor demanda- y se ubicará algo por debajo de los precios esperados del invierno.

Pero este punto de equilibrio se ubicaría en torno a los 4 dólares el millón de BTU, es decir, mucho más cerca del techo invernal que del piso veraniego.

«La última licitación promedió entre los 2,5 y 2,7 dólares el millón de BTU. Lo que va a terminar sucediendo es una respuesta a la quita de subsidios de la Resolución 46. Las petroleras se van a poner de acuerdo, se van a cartelizar y terminarán ofertando precios más altos», indicó Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

Es que, las productoras se encuentran muy enojadas respecto al recorte de beneficios fiscales aplicado por el Gobierno y de esta manera, buscarían compensar las pérdidas ocasionadas por un menor subsidio, con un mayor precio de mercado.

El problema se generaría si este incremento afecta la rentabilidad de las distribuidoras que consecuentemente pedirían un aumento por encima del 35% anunciado por Iguacel antes de dejar su cargo.

No obstante, los especialistas explican que las diferencias no serían tan relevantes y que aún faltan diversos pasos para que la reglamentación de este nuevo sistema demuestre sus consecuencias en el mercado.

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda lanzó una consulta pública para que los interesados puedan realizar comentarios, observaciones y sugerencias a la nueva modalidad hasta el 25 de enero. Una vez superada esta instancia, se espera que el concurso se realice a mediados de febrero y que los productores y comercializadores de gas puedan presentar ofertas de venta para distintos plazos, que van desde tres meses hasta tres años.

Casi paralelamente, se realizarán las correspondientes audiencias públicas para confirmar los aumentos tarifarios, donde las empresas afirman no haber sido consultadas por el Gobierno para determinar el famoso 35%. Por ende, será en el próximo mes cuando teniendo un panorama más claro de los precios a futuro, las distribuidoras indiquen si ese porcentaje es suficiente para el traslado de sus costos.

Es que tanto el nuevo secretario Gustavo Lopetegui como el titular de Hacienda Nicolás Dujovne -órbita dentro de la cual quedó englobada la cartera energética- responden directamente al Jefe de Gabinete, un hombre que precisamente no es bien visto por las empresas.

«Peña no tiene buen track récord en lo que es gestión. Sus intervenciones en el mercado financiero fueron terribles», rememoran desde una petrolera de primera línea al cumplirse exactamente un año de su injerencia en el Banco Central cuando forzó el cambio de las metas de inflación que tanto daño causó.

No obstante, el verdadero temor pasa por la total falta de experiencia de estos tres funcionarios en una de las pocas actividades económicas que venía mostrando resultados positivos. «Es complicado de entender lo de Lopetegui. Le habían dado salida por torpezas políticas y ahora vuelve en un área que no conoce, que es estratégica y que requiere conocimientos técnicos», agregaron desde esta famosa productora de hidrocarburos.

Lopetegui trabajó en el sector supermercadista, fundó una empresa láctea y salto a la fama como CEO de Lan Argentina. Dentro del Gobierno, había sido el poderoso secretario de Coordinación de Políticas Públicas, hasta que la devaluación de fines de agosto exigió una reformulación del gabinete y él pagó los platos rotos, cuando el mercado exigía la cabeza de Peña. A pesar de provenir de ramas muy diferentes a la actividad que va a conducir, siempre gozó de la total confianza de Macri que -junto a Quintana y Peña- aseguró que «ellos soy yo, son mis ojos y mi inteligencia».

Sin embargo, el apoyo del Presidente de la Nación no es suficiente para una industria muy celosa de quienes la conducen. «A esta industria no le gusta que le metan gente que no sea del palo. Aranguren era polémico, pero se lo respetaba porque sabía. Iguacel sabía menos, pero le puso voluntad y sigue siendo del riñón. Si tanto dicen que Vaca Muerta será una pata de desarrollo del país equivalente al agro, no deberían vivir cambiando las reglas desde Economía. La verdad es que no están pegando una», indicó otra importante fuente de un prestigioso think tank energético.

Las críticas a la llegada de Lopetegui vienen de todos los ámbitos relacionados a la industria. En la propia Secretaría de Energía aseguran que «no sabe nada», mientras que las firmas recuerdan que fue el autor de las famosas planillas de Excel de Aranguren, para reflejar el fundamentalismo fiscalista que esperan para esta nueva etapa –según publica La Política Online-.

«Acá lo que se ha hecho fue entregar la política energética al FMI. Se va a privilegiar la reducción del déficit fiscal y para eso van a atacar de forma mucho más dura la cuestión de subsidios. Lopetegui es un tipo que no tiene ninguna sensibilidad con los usuarios como ya lo demostró. Está convencido de que esto se corrige con un Excel», manifestó Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.

El análisis es compartido por las principales empresas del sector que temen un mayor recorte de subsidios, ya que tienen claro que los ajustes de Iguacel y los reiterados cambios en las reglas de juego pautadas venían por una clara indicación de Dujovne.

En este sentido, desde Energía confiesan que están «atados de pies y manos con Hacienda y no estamos pudiendo hacer lo que creemos necesario». «Por ejemplo, cuando el precio del crudo internacional se derrumbó, propusimos que las naftas bajen un 10% y no nos dejaron», revelaron a este medio.

Ante este panorama de total desconfianza, los especialistas prevén una paralización de los nuevos proyectos, sobre todo en el campo de energías renovables. «¿Cómo van a pretender generar inversiones con un fiscalista a cargo de Energía? Lamentablemente el 2019 va a ser un año de stand by. Los inversores van a hacer la plancha a la espera de del resultado de las elecciones presidenciales», subrayó Di Pelino.

Así, aumenta uno de los componentes de los combustibles, lo que podría repercutir en una nueva suba de sus precios en los surtidores.

Las subas fueron del 6,05% para el biodiesel; del 3,40% para el bioetanol a base de caña de azúcar; y del 8,34% para el bioetnaol a base de maíz. La decisión fue oficializada a través de las resoluciones 105 y 106 publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Iguacel.

El funcionario fijó en $28.112 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 26.093, el cual rige con retroactividad al 1 de noviembre de 2018.

A su vez, con la Resolución 106, Energía fijó en $21,274 por litro el precio de adquisición del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar para su mezcla obligatoria con nafta, lo que significó un alza del 3,4%.

Por último, estableció en $19,846 por litro el precio de adquisición del bioetanol elaborado a partir de maíz para su mezcla obligatoria con nafta, lo que significó un incremento del 8,34%.

En lo que va de 2018, los precios de las naftas y el gasoil subieron, en promedio, un 68%, con 14 subas en el año –según publica Urgente 24-.

Se trata del bloque Stabroek, ubicado a 193 kilómetros de las costas del país sudamericano que de acuerdo a las estimaciones de Exxon Mobil tendría más de 4.000 millones de barriles de petróleo. Actualmente, esta empresa está efectuando un plan de inversión de 5.000 millones de dólares que piensa incrementar, ya que los cálculos del Servicio Geológico de los Estados Unidos colocan a esta área como la segunda más importante del mundo en materia de hidrocarburos sin ser explorada.

«Hoy salió publicado el pliego de los 38 bloques de Cuenca Argentina, Cuenca Malvinas y Cuenca Austral. Dan entre dos mil y nueve mil kilómetros cuadrados con mucho incentivo para explorar», subrayó el secretario en la apertura del Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

En el Gobierno sostienen que se trata de la licitación más grande de los últimos 30 años, que busca ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo a partir de una superficie prácticamente inexplorada como lo es el Mar Argentino, donde solo el 1% está concesionado.

Cerca de veinte empresas entre las que se encuentran las grandes jugadoras a nivel internacional como la mencionada Exxon Mobil, Anadarko Petroleum, Shell, Total, Equinor, Petronas y CNOOC ya confirmaron su interés en participar de este concurso. Para ello, deberán abonar 50.000 dólares y presentar sus ofertas hasta febrero de 2019, fecha en la cual se abrirán los sobres y se designarán a los ganadores de los 38 bloques.

Los mismos tendrán un plazo de 4 años para realizar los estudios correspondientes en exploración y a partir de los resultados obtenidos se pasará a la etapa de explotación de los yacimientos descubiertos, donde se entregarán concesiones por 30 años.

Los especialistas han señalado que existen fuertes indicios de encontrar yacimientos por su similitud con el Pre-Sal brasileño o la costa de Guyana y su cercanía con la cuenca malvinera. Justamente la cuenca Malvinas Oeste es la que mayor potencial presenta, con áreas de aguas profundas de hasta 700 metros.

La cumbre energética en la que participó el secretario, reúne a las principales autoridades de las firmas más importantes del sector de hidrocarburos y tendrá a Vaca Muerta como uno de sus ejes fundamentales, para intercambiar ideas sobre exploración y desarrollo en no convencionales –según publica La Política Online-.

«Somos uno de los tres países del mundo que desarrolla en forma comercial, económica y sustentable los recursos no convencionales», se jactó Iguacel.

De acuerdo al rumor que circula en el mercado, la secretaría de energía daría de baja la Resolución 19 que establece un precio de remuneración base por potencia de 7.000 dólares el MW por mes que se suma a los 2.000 dólares (MW/mes) que se abonan por la potencia adicional y entre los 3.000 y 5.700 dólares (MW/mes) de acuerdo al tipo de generación que se pagan por el precio mínimo de potencia.

En miras de reducir el fuerte déficit fiscal que ocasionaban los subsidios, Aranguren fue recomponiendo los valores de generación de energía que previamente eran asumidos por CAMMESA y se pactó un aumento de precios del 56% para el 2018.

Pero a raíz de la fuerte devaluación del peso, la necesidad presupuestaria de CAMMESA para hacer frente a los pagos del precio monómico se incrementó exponencialmente y aseguran que la carencia de fondos es crítica. A su vez, el acuerdo con el FMI de equilibrio fiscal y cero emisión monetaria no le deja margen para incrementar las transferencias del Tesoro.

«Los rumores existen. Están intentando desarmar lo que fijo Aranguren que dolarizó todos los precios y la idea tiene mucha fuerza dentro de la UCR», comentó a LPO Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.

Justamente, desde el Instituto Mosconi, el think thank de mayoría radical más prestigioso del país en materia energética, manifestaron su apoyo a esta iniciativa. «No podes tener en una punta un contrato en dólares y en la otra punta un contrato en pesos con los usuarios. Cammesa por estatuto recalcula periódicamente el precio estacional en función de los costos que prevé para el próximo semestre y evidentemente en los próximos meses pesa la devaluación pasada y hay una situación que hay que resolver», indicó a este medio el Vicepresidente de dicha institución, Gerardo Rabinovich.

El otro marco regulatorio, está establecido por diferentes regímenes -cada uno con sus propias características- como las hidroeléctricas binacionales, las centrales nucleares y las resoluciones 21 y 287 que son licitaciones para remuneración por potencia a largo plazo. Consisten en contratos a 10 o 15 años dolarizados, donde se paga por potencia instalada.

Estos acuerdos se rigen por la ley de Nueva York, por lo que ante cualquier ruptura, las empresas están en condiciones de reclamar ante tribunales internacionales e incluso retomar las viejas demandas que duermen en el CIADI, las cuales se habían comprometido a desestimar a partir de los aumentos tarifarios otorgados.

«La teoría de la ruptura de contrato no se la puede tomar de esa forma porque ante situaciones extraordinarias se puede cambiar las condiciones de común acuerdo. Por ejemplo ahora es muy común ver como muchos comercios están negociando una baja de los alquileres ya que no los pueden pagar y los propietarios terminan aceptando», subrayó Rabinovich.

La Política Online conversó con dos de las firmas líderes en materia de generación eléctrica, quienes sostuvieron que la iniciativa «no es seria» y que «se espera que no ocurra». Por su parte, la secretaría de energía desmintió el hecho y le aseguró a este medio que «no se romperá ningún contrato».

Finalmente el Gobierno se hará cargo del monto adicional resultante de la diferencia cambiaria, de unos $10.000 millones. Esta fue la propuesta que la UCR le había hecho al Ejecutivo, y que finalmente fue admitida por la Casa Rosada.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio les comunicó la noticia a senadores y diputados en una reunión. El Ejecutivo pagará la diferencia por la devaluación a las empresas productoras de gas (que cobran en dólares) en 30 cuotas, a partir del año que viene y hasta el 2021. Así, quedan sin efecto las 24 cuotas extra que iban a pagar los usuarios.

Frigerio comunicó esta medida en el Congreso poco después de que la oposición dejara trascender que intentaría tratar los proyectos para derogar este aumento extra en las tarifas, en un encuentro con todos los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición.

La Resolución 20/2018 publicada el viernes en el Boletín Oficial determinaba que los usuarios de la red de gas de todo el país pagarían un nuevo cargo en las boletas desde enero próximo y por 24 meses. Ese monto compensaría a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, ya que el precio del insumo está dolarizado y, cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de $ 20,55.

Ahora, el Gobierno acodará directamente con las productoras de gas -las principales petroleras del país, a las que las distribuidoras le compran el fluido- un nuevo mecanismo para saldar la diferencia. Según fuentes del sector y oficiales, todavía no hay detalles de cómo realizará los pagos mensuales el Ejecutivo.

Iguacel fue denunciado penalmente por la firma de la Resolución 20 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que hizo una presentación contra el secretario de Energía por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La medida era retroactiva, ya que su objetivo era compensar a las empresas distribuidoras -que deben pagarle la factura final a las petroleras- por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar, recordó el fiscal -según publica TN-.

El aumento extra en la tarifa de gas había generado una fuerte reacción ante la Justicia, por las presentaciones en contra de la medida, pero también dentro del propio Cambiemos. Especialmente de la UCR, que se había pronunciado contra la suba porque impacta sobre todo en la clase media.

Poco antes de que el aumento extra quedara sin efecto el Presidente Mauricio Macri dijo que aunque cada aumento en los servicios le «duele en el alma» la energía es cara y «hay que pagarla». «Ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos», dijo el Presidente en una entrevista a Radio M de Olavarría, durante una visita a esa ciudad.

La Secretaría de Energía de Javier Iguacel impulsó en un primer momento una propuesta de la ex Enarsa para ubicar el precio del gas a u$s4,10, por debajo del valor de u$s4,68 vigente hasta ahora, a un dólar de alrededor de 31 pesos. Pero las productoras incluyendo a YPF rechazaron esa postura, y aunque aceptaron una rebaja en el precio, plantearon que se tome el tipo de cambio futuro o por lo menos el vigente. Por otra parte, con esa propuesta de la misma ex Enarsa vería incrementar su necesidad de subsidio debido a que compra el gas a Bolivia a u$s6,4 aproximadamente, al valor del dólar del momento del pago.

Por eso, luego de haber anunciado un alza en torno al 30%, Iguacel el viernes rectificó esa afirmación, y habló de un alza promedio del 35%, con aumentos mayores para las categorías de hogares que menos consumen.

Por otra parte, por una resolución de Energía del jueves pasado se habilitó al Enargas a autorizar aumentos de más del 500% en comparación con igual período del año anterior a pymes industriales y comerciales de las categorías P1 y P2. Esa suba se limitaría al 50% sólo para los establecimientos inscriptos en el registro MIPyme.

Esta medida se basa en que las tarifas P1 y P2 no se habían incrementado como las de los otros usuarios, pero afectará la situación de talleres y comercios que ya vienen muy golpeados por la recesión. En Capital Federal, el cargo fijo es hasta ahora de 347,39 pesos, menor que el afrontado por los hogares de mayor consumo, y el precio el metro cúbico está en torno a  los 3,59 pesos, menor que el de todas las categorías de residenciales.

Con un alza mayor a la prometida para casas de familia y con un aumento exorbitante para las pymes más chicas, es posible que los cuadros tarifarios terminen mostrando un precio del gas a u$s4,10 por millón de btu a un tipo de cambio en torno a los 39 pesos.

Por lo pronto, el Enargas limitó desde el 30,44% al 19,67% el ajuste para la parte la factura que corresponde a los ingresos de transporte y distribución que se aplica también ahora. Para las empresas de esos segmentos, el ajuste debía ser de más del 30% por la evolución de los precios mayoristas (IPIM) en el período febrero-agosto de este año.

Pero el organismo decidió cambiar la fórmula de ajuste pactada en la llamada revisión tarifaria integral durante la gestión de Juan José Aranguren. Para esta oportunidad se tomó el promedio simple entre el IPIM del semestre, el índice de la construcción para el mismo período, y el índice de variación salarial de diciembre a junio.

En las resoluciones ya publicadas sobre este ajuste para TGN y TGS no se habla de compensaciones futuras por este cambio que, entre otros aspectos, se fundamenta en que la Ley 24.076 de marco regulatorio establece que las tarifas de las licenciatarias «se deben ajustar con indicadores que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestadores». Detrás de esta decisión, estaría el criterio de Energía y del Enargas de que todas las partes sacrifican algo. Pero para el público las tarifas se van a volver cada vez más inalcanzables. Por eso, 24 entidades de consumidores, nucleadas en la Comisión de Usuarios, reclamaron el viernes al organismo que suspenda todo aumento hasta el próximo 1 de abril.

Hecho esto, el nuevo secretario de energía ahora está analizando recortar los extraordinarios subsidios que se pagan a la producción de shale o tight gas en la Cuenca Neuquina y que benefician especialmente a Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

El incentivo establecido en la Resolución 46 consistía en fijar un precio de 7,50 dólares el millón de BTU para el año 2018, 7 dólares para el 2019, 6,50 para el 2020 y 6 dólares para el 2021, último año del programa. Se trata de más de 3 dólares por encima de lo pagado al conjunto de la industria local, diferencia que el Estado ya no está en condiciones de cubrir ante la ambiciosa meta de déficit cero propuesta al FMI.

«Lo estamos estudiando. La idea es moderar el impacto en el déficit, pero aún está bajo análisis y no tenemos nada definido», afirmaron a La Política Online desde la secretaría de energía.

Sucede que ante el desempeño récord de Vaca Muerta -que en el mes de julio tuvo un incremento interanual del 192,7% en el segmento shale gas- el porcentaje de producción alcanzado por el subsidio crece mes a mes. El gas no convencional ya representa el 35,5% de la producción total de todo el país, lo que si bien es una gran noticia, también significa una mayor erogación por parte del Estado.

Sólo en julio, la petrolera de Paolo Rocca se llevó unos 22,3 millones de dólares, lo que representa más de la mitad de los subsidios totales que desembolsó el Estado Nacional. «Siendo muy prudentes, podemos decir que los 7,5 dólares por millón de BTU de la Resolución 46 les da una muy buena rentabilidad», ironizó el responsable del Departamento de Energía de la UIA Alberto Calsiano.

«Pero hay que reconocer que fueron los que hicieron la inversión más importante en toda Vaca Muerta. De los 30.000 km2 que tiene toda la formación, Tecpetrol en sólo 180 km2 que son los que tiene el yacimiento Fortín de Piedra, pasó a producir arriba de 8 millones de m3 por día y se calcula que en 2019 llegarán a 17 millones de m3 por día. Es un incremento notable si se considera que recién empezaron a operar en enero de 2017», explicó.

El problema es que si estas estimaciones se concretan, los subsidios cobrados por Techint alcanzarían la suma de 670 millones de dólares en 2019. Esta cifra equivale al reciente recorte de reintegros a la exportación para todo el 2019 o a la construcción de 10 parques eólicos de 100 MW de potencia cada uno.

«No se puede pensar en una Vaca Muerta a puro subsidio como un festival de plata girada a petroleras. La política de subsidios tiene que ser una herramienta provisoria hasta que se alcanza cierto desarrollo técnico. Lo que planteaba Aranguren además de infantil era fuertemente corporativo», había indicado el ex secretario de energía Jorge Lapeña cuando pidió que se revise esta política hace más de un mes.

Es que el monto del subsidio cobra mayor relevancia luego de que la propia secretaría de energía publicara que el precio de equilibrio en Vaca Muerta se encuentra en los 3 dólares el millón de BTU y que «los pozos en todas las ventanas ofrecen retornos por encima del 20%».

Como contraparte, existe temor sobre las consecuencias que una medida semejante tendrá en los nuevos proyectos que contemplaban las compañías. «Esto es un cambio en las reglas de juego que supondrá un decrecimiento en las inversiones en Vaca Muerta y una demora en los planes de expansión», subrayó el analista de mercados Francisco Uriburu.

En su exposición, consideró «exagerados» los objetivos planteados por el nuevo titular de Energía Javier Iguacel, quien afirmó que en cinco años se duplicará la producción de gas y petróleo. No obstante, felicitó al actual ministro por la apertura de exportaciones de gas a Chile después de más de una década.

La mayor parte de su presentación la usó para describir la herencia recibida y la «populista política energética kirchnerista», que provocó «atraso tarifario, caída de producción, aumento de importaciones y enormes subsidios regresivos». «Estoy convencido que el próximo Presidente va a encontrar un sector energético mucho mejor del que recibimos nosotros», subrayó.

El ex ministro se mostró nervioso y por lo momentos enojado, tal es así, que el tiempo destinado a recibir preguntas del auditorio lo utilizó para responder las críticas que le habían hecho los demás expositores –según publica La Política Online-.

En el panel lo acompañaron Fernando Navajas, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL) y especialista en energía; el Diputado Nacional Diego Bossio y el ex secretario de Energía (1991-1996) Carlos Bastos.

Navajas fue quien lanzó las mayores críticas a la gestión energética de Aranguren al considerar que hubo una gran descoordinación entre la política energética y la macroeconomía, ya que la modificación del tipo de cambio tenía un impacto directo, mientras que los aumentos tarifarios provocaban «shocks inflacionarios y contaminaron la inflación núcleo».

A su vez, afirmó que hubo una «descomunal transferencia de recursos» de los usuarios residenciales al sector empresario que ubicó en torno a los 5 puntos del PBI. «Doña Rosa terminó subsidiando Vaca Muerta. Y con flor de subsidio. Eso de ponerse el pulóver para consumir menos no tiene por qué ser así. La energía no tiene por qué ser tremendamente cara. Hoy a nivel mundial se ve un tobogán formidable para los costos», aseguró.

Uno de los puntos más álgidos del debate se dio en referencia al proyecto de congelamiento tarifario impulsado por el propio Bossio, que fue tan criticado por todo Cambiemos y por Aranguren en particular. «Queremos que se desarrolle el sector energético, pero las tarifas deben ser sustentables para las pymes y para los usuarios», manifestó el Diputado Nacional. «No fueron los K, cualquier parlamento te rebota este cuadro tarifario en mil pedazos», salió en su defensa Navajas.

Las distribuidoras alegan perdidas millonarias al tener que comprar el fluido a un tipo de cambio mucho mayor sin poder actualizar sus precios que justamente fueron establecidos en marzo, previo a la crisis cambiaria. «Además, al tener deuda en dólares para realizar nuestro plan de inversiones, nuestro pasivo se disparó», cuentan a este medio desde una de las firmas.

Esto quedó reflejado en el recientemente publicado balance de Metrogas, dónde la compañía manifestó pasar de tener una ganancia de 517,5 pesos en los primeros tres meses del 2017, a una pérdida de 401,3 millones para el mismo período del corriente año.

A raíz de ello, las distribuidoras le acercaron una propuesta al ministerio para no solamente no aumentar el precio del gas de boca de pozo de 4,68 dólares a 5,26; sino bajarlo casi un dólar para que quede en torno a los 3,8.

«Estamos en plena negociación, pero con seguridad el precio va a quedar fijado a la baja. Ahora tenemos un contexto más favorable porque hay más gas disponible y las productoras están entendiendo que a ellos también les conviene vender a un precio más bajo porque si no la gente no lo puede pagar», reveló una fuente del ministerio.

Desde la cartera de Iguacel, ven con buenos ojos la iniciativa, ya que al representar cerca del 30% del total de la factura, la baja del precio del gas es la única forma de amortiguar el alza de tarifas. De acuerdo a lo revelado por fuentes del sector, el precio final quedaría fijado en algo más de 4 dólares el millón de BTU, para no desatar la furia de las petroleras que realizaron grandes inversiones previendo recibir 5,26 dólares como les había prometido Aranguren.

Como contrapartida, el Gobierno exigiría a las distribuidoras no actualizar sus costos en base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -tal como está establecido- sino por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La diferencia en el ingreso de las compañías no es menor, ya que el primero acumula una inflación del 30,3%, mientras que la del segundo alcanza el 16%.

«Habría que ponerse de acuerdo con ese número. El ministerio puede aplicar otro índice, pero el acordado fue por IPIM. La porción del costo de distribución en el total de la factura es sólo del 18%, por lo tanto la variación va a ser mínima para la gente», explican desde una de las firmas que opera en el AMBA.

Si bien las partes afirman que las negociaciones están avanzadas, no cuentan con mucho tiempo dado que el próximo miércoles tiene que estar lista la propuesta que se presentará en las audiencias públicas de septiembre –según publica La Política Online-.

Según Sergio Morales, Director del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI), «es evidente que hay un descalce entre el precio dolarizado que pagan las distribuidoras a las generadoras y el aumento de tarifas en pesos establecido en las primeras audiencias. Sin embargo, al transitar una situación económica sensible, es probable un acercamiento entre las mismas, más que una total traslación a precios a los consumidores que se ven afectados por el escenario macroeconómico actual».

Los cuadros tarifarios vigentes para la distribución eléctrica caducan el 31 de julio a la noche. Desde el 1° de agosto, entrará en vigor un nuevo esquema. El ministro de Energía, Javier Iguacel, anticipó que ese incremento será de entre 25% y 30%.

El aumento en los combustibles será de hasta 5% para los «básicos» (nafta súper y gasoil), mientras que se espera una recomposición en torno al 8% para los combustibles «premium». Las naftas ya aumentaron un 22% en lo que va del año y un 27% en el caso de las de mayor valor agregado.

YPF jugará un rol fundamental. Una vez que arranque, lo hará el resto del mercado. En las estaciones de esta marca y otras banderas ya están listos para aplicar un incremento durante esta semana. Se habla del miércoles, pero también podría ser el jueves.

En el caso de la electricidad, en las empresas había algo de sorpresa. Si bien el nuevo cuadro tarifario tenía que entrar en vigencia desde el 1° de agosto, desde el Gobierno habían deslizado la posibilidad de postergar ese anuncio para septiembre.

El razonamiento oficial era que el incremento podía esperar. De hecho, durante el segundo semestre de 2017 no hubo aumento de luz, aunque estaba previsto para agosto. La decisión recién se tomó en diciembre.

En el mercado de combustibles, los estacioneros sufren por la falta de gasoil. Allí, se impone una recomposición urgente, según las petroleras, para poder conseguir el producto.

En las tarifas, en cambio, está en discusión el costo de generación eléctrica. Las distribuidoras (Edenor, Edesur) tendrán una recomposición por la inflación mayorista de esto seis meses. Pero no está claro aún cuánto pagarán por el precio mayorista de la energía.

La decisión de anunciar subas en colectivos y trenes más tarifas de luz parece una estrategia de comunicación. Es como juntar todos los impactos en el bolsillo para un mismo lapso de tiempo – según publica Clarín-.

El Ministerio de Energía creía que una licitación para la compra de gas por parte de Cammesa (la mayorista estatal del sistema) para las usinas eléctricas podía ayudar a reducir los costos.