Los presentación contra la orden del juez Federal subrogante de Bariloche Ezequiel Andreani también estuvo acompañada de un pedido de recusación, aunque este último planteo fue desestimado por “extemporáneo”.

Luego de la audiencia en la que magistrado ordenó la prisión preventiva por 90 días en la cárcel federal de Rawson, en Chubut, los abogados apelaron a esa decisión, argumentando “numerosas irregularidades” en el proceso que encabezó Andreani.

Jones Huala fue detenido días atrás en El Bolsón, en el marco de una denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación por apología del crimen, asociación ilícita agravada e intimidación pública.

Efectivos de la Policía Federal lo interceptaron cuando bajó de un colectivo de línea que lo trasladó desde Bariloche y casi en simultáneo la Fiscalía Federal solicitó al Juez de Garantías Ezequiel Andreani una orden para capturarlo.

La denuncia que radicó la cartera que conduce Patricia Bullrich surgió luego de la viralización de un video en el que Jones Huala justificó los atentados incendiarios y otros métodos de lucha, a través del uso de la violencia. Fue durante la presentación de su libro “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, cuando defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.

Andreani aceptó el planteo de los fiscales federales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo y ordenó el traslado de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel por 90 días, y dispuso 180 días para investigar los hechos.

La apelación que planteó Gustavo Franquet, abogado de Jones Huala, derivó en la apertura de un incidente en el expediente que tramita el Juzgado Federal de Bariloche y es la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, la que deberá decidir sobre el recurso.

Sin embargo, Andreani rechazó otro planteo de la defensa, en el que intentó recusarlo tras detectar “numerosas irregularidades en el proceso de detención”. Franquet describió, entre otras anomalías, que su defendido fue detenido sin orden de detención ni captura, y la autorización del magistrado llegó cuatro horas después de haber sido capturado.

Cuando autorizó su captura, Bullrich ya había anunciado en sus redes sociales que el “lonko” estaba “nuevamente detenido”.

“Vamos a plantear en la audiencia de revisión, ante la Cámara de Apelaciones de Roca, sobre esa irregularidad, que ameritan que el juez sea apartado de la causa”, dijo Franquet.

Hábeas corpus

El letrado, que integra la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, aseguró que Jones Huala se encuentra detenido en condiciones de “aislamiento absoluto”.

Arribó a la unidad 6 de Rawson hace seis días y, según informó, todavía no se le asignó un pabellón para ser detenido, por lo que “la situación es de extrema gravedad”.

Denunció además que “está mal alimentado, con frío y en condiciones extremas”. Por otro lado, reclamó también que intentaron acercarle víveres y ropa, aunque esos elementos “fueron incautados por el personal penitenciario”.

“La orden de total aislamiento llegó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación”, planteó Franquet, a partir de los dichos del personal de la Unidad 6, y aseguró que su defendido está en condiciones de “extrema tortura”.

El funcionario provincial asistió a la audiencia, acompañado por el secretario de Seguridad, Federico Massoni. Tenían que responder por las imputaciones formuladas por el fiscal Fernando Rivarola; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y abogados particulares y de la Defensa Pública que promovieron tres habeas corpus por los múltiples abusos policiales cometidos en Chubut desde que se instauró la cuarentena.

“Entendemos que la situación fue extrema y vamos a trabajar para capacitar mejor al personal policial”, sostuvo Grazzini, quien acotó: “asumimos el compromiso de cambiar las formas”.

Massoni habló al inicio de la audiencia de ayer en la tarde explicó que con el decreto de adhesión a lo dispuesto por el Gobierno Nacional derogará sus polémicas resoluciones que les sirvieron de paraguas a quienes promovieron “excesos” en Comodoro, Trelew, Madryn y otras localidades.

Sin embargo, al finalizar la audiencia el fiscal jefe Fernando Rivarola dijo que “lo único que voy a agregar es que en el Ministerio Público Fiscal, siguiendo instrucciones del Procurador General y por imperio legal, vamos a continuar investigando todas las denuncias que se han presentado, se resuelva lo que se resuelva”.

Cabe acotar que se trata de presuntas detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades proporcionadas por el Decreto 297/2020. También hay casos de apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones.

La jueza Mirta del Valle Moreno aseguró este lunes que la resolución judicial que tomó respecto a los hábeas corpus presentados por organismos nacionales y provinciales no modifica en nada el cumplimiento que deben guardar los ciudadanos sobre el aislamiento preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional.

«La regla básica es que debemos permanecer en nuestras casas porque hay un riesgo mayor, que es la posibilidad de contraer un virus y la única forma de prevención y control es evitar el aglomeramiento; para eso hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que es el 297 y sus modificatorios en cuanto a la ampliación de plazos legales sobre la obligación de permanecer en aislamiento» dijo la jueza.

Sobre el planteo que tuvo que analizar, indicó que tanto el hábeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como por la Defensa Pública provincial y organizaciones locales, «cuestionaron la forma en la cual se venía llevando adelante el control del aislamiento, lo que atacaba era la razonabilidad del proceder policial» y no la vigilancia del cumplimiento del aislamiento en sí.