Se trata de un mecanismo habitual del tributo, que no responde a un beneficio extraordinario sino a la forma en que se calcula el impuesto. Durante todo el año, los empleadores actúan como agentes de retención. Cada mes descuentan una parte del salario en concepto de Impuesto a las Ganancias, en función del ingreso, las cargas de familia y las deducciones informadas por el trabajador.

Sin embargo, ese cálculo no es definitivo. El impuesto es anual, por lo que el monto final se determina considerando todos los ingresos y deducciones del período fiscal completo.

En ese contexto, pueden generarse diferencias entre lo que se retuvo mes a mes y lo que finalmente corresponde pagar. Cuando el resultado arroja que se descontó de más, ese excedente se devuelve.

Según especialistas en impuestos, cerca de 800 mil contribuyentes recibirán reintegros de Ganancias durante el mes próximo.

El rol de la actualización por inflación

Uno de los factores centrales que explican los reintegros es la actualización de las escalas y deducciones del impuesto.

El esquema vigente prevé ajustes periódicos a lo largo del año. Sin embargo, esos cambios no siempre coinciden con la dinámica de los salarios, lo que puede provocar que en determinados meses se haya retenido un monto mayor al que corresponde en el cálculo anual.El sistema prevé correcciones anuales que determinan si corresponde devolver o retener más dinero.

Cuando se realiza la liquidación final, esas diferencias se corrigen. Por eso, quienes quedaron alcanzados por retenciones más altas en algún momento del año pueden recuperar parte de ese dinero.

En términos prácticos, el ajuste implica recalcular todo lo retenido durante el período fiscal con las tablas vigentes al cierre del año, lo que genera saldos a favor en numerosos casos.

Qué pasa con las deducciones

Otro elemento clave son las deducciones que cada trabajador puede computar. Estas incluyen, entre otras, cargas de familia, gastos específicos y pagos a cuenta.

La información se carga a través del formulario SIRADIG, que tiene como fecha límite el 31 de marzo para el período fiscal anterior.

Esa presentación impacta directamente en el cálculo final del impuesto. Si un contribuyente incorpora deducciones que no habían sido consideradas durante el año, el resultado puede ser una reducción del monto total a pagar. En esos casos, también se genera un saldo a favor que se devuelve en la liquidación anual.

Cuándo se paga la devolución

Una vez cerrado el período de carga de datos, los empleadores deben realizar la liquidación anual del impuesto. Ese proceso se completa hacia fines de abril.

El resultado —ya sea un monto a pagar o un saldo a favor— se incorpora en el recibo de sueldo siguiente. En la práctica, esto implica que el ajuste impacta en los salarios que se cobran en mayo.El ajuste anual del Impuesto a las Ganancias se refleja en los salarios que se cobran en mayo, con devoluciones o descuentos según cada caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el cálculo final indica que el trabajador pagó de más, la devolución aparece como un importe adicional en el recibo. En cambio, si se retuvo de menos, se realiza un descuento.

La normativa prevé que ese ajuste se efectúe en el primer pago posterior a la liquidación o, si no alcanza, en los meses siguientes hasta completar el monto correspondiente.

El antecedente de reintegro

La devolución que se verá en mayo no es un hecho aislado. A lo largo de 2026 ya se registraron situaciones similares vinculadas a cambios en el esquema del impuesto.

Por ejemplo, a comienzos de año, la actualización de escalas y deducciones con efecto retroactivo generó ajustes en las retenciones. En esos casos, los empleadores debieron recalcular lo descontado y devolver los montos cobrados de más en los primeros meses.

Ese tipo de mecanismos responde a la misma lógica: cuando se modifican los parámetros del impuesto o se actualizan las tablas, se revisa lo ya retenido y se corrige la diferencia.

Qué pasa si no se hizo el trámite

En los casos en que el trabajador no haya completado el SIRADIG antes del cierre del plazo, el proceso cambia.

Si existen deducciones o percepciones no informadas, el contribuyente deberá inscribirse en el impuesto y presentar una declaración jurada. Ese camino implica un procedimiento más largo para recuperar los montos a favor.

Por eso, la carga de datos en tiempo y forma es determinante para que la devolución se realice directamente a través del recibo de sueldo.

Luego de múltiples conversaciones con diferentes sectores de la oposición, la mesa política de La Libertad Avanza se reunió este lunes en la Casa Rosada para hacer un resumen del panorama general de situación y terminar de diseñar la estrategia legislativa que encararán a partir del próximo lunes.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de la secretaria general, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del partido en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La novedad que surgió de esa conversación fue que se decidió incluir en el temario de asuntos a tratar durante febrero la Ley Penal Juvenil, aunque también se habló sobre otras cuestiones en agenda.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los protagonistas de esa reunión, una de las cuestiones que se abordaron fue, justamente, el pedido recurrente de las provincias por el artículo vinculado a Ganancias.

Fue por esta razón que se convocó al encuentro también al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya que cualquier medida que se tome con respecto a ese gravamen afectaría al presupuesto.

Las autoridades nacionales planean reducir las alícuotas de este impuesto para las sociedades, de manera tal que para los tramos 2 y 3 los cobros pasen de 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente.

Al ser fondos coparticipables, los gobernadores entienden que una baja de este tipo afectaría sus recaudaciones locales, en un contexto de caída general de ingresos, por lo que piden algún tipo de compensación.

Este planteo se lo hizo, por ejemplo, el mendocino Alfredo Cornejo a Santilli cuando ambos se reunieron días atrás, en el marco de la gira del ministro por el interior del país.

El titular de la cartera del Interior tiene previsto continuar esta semana su agenda con visitas a Juan Pablo Valdés, en Corrientes, y Hugo Passalacqua, en Misiones.

La discusión por Ganancias sería uno de los temas de esos encuentros, principalmente con el primero de ellos, ya que se trata de uno de los distritos más perjudicados si se implementa la quita de alícuota.

El diputado nacional cercano a Valdés, Diógenes González, ya anticipó que, si bien considera que la reforma laboral “es importante”, le preocupa el impacto de la medida fiscal.

“Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”, advirtió en declaraciones a una radio local.

A pesar de que todas las posibilidades están bajo análisis, la Nación aún no acercó ninguna propuesta alternativa e insiste con la redacción original del texto.

“Para ahora no hicieron ninguna propuesta de cambio”, comentó a Infobae una fuente cercana a varios mandatarios provinciales.

No obstante, en la Casa Rosada remarcan que la reducción impositiva no se aplicaría de manera inmediata si es que se aprueba el proyecto, sino que se hará cuando el Ministerio de Economía lo crea conveniente.

Este detalle genera opiniones encontradas entre los gobernadores, ya que mientras algunos aseguran que “tranquiliza esa aclaración”, otros se muestran más intransigentes: “Yo no escuché a ninguno mostrarse satisfecho por eso”, cuestionó una fuente de diálogo directo con varios mandatarios.

Este lunes, el santafecino Maximiliano Pullaro, que también se vería afectado por la medida, dio un gesto de respaldo al apoyar públicamente la ley penal juvenil.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el dirigente radical.

Mientras Santilli se reunió con gobernadores, Bullrich hizo lo propio en el Senado con referentes de diferentes sectores, con el objetivo de conseguir consenso para el proyecto.

A partir de ahora, el oficialismo se enfrentará al debate en el recinto. Las autoridades libertarias pretenden que la iniciativa se trate el 10 de febrero para que pase a los pocos días a Diputados y consiga Sandino definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

Este lunes, cuando el Indec difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, se confirmará la inflación minorista del mes y del primer semestre del año, por lo que se activará la actualización de las escalas de pago, tablas de deducciones y cuotas del impuesto a las Ganancias y del Monotributo.

Asimismo, se definirá el ajuste que recibirán en agosto jubilados, pensionados y beneficiarios de la Anses.

En el caso de Ganancias y del Monotributo, se trata del segundo ajuste del año. La reforma fiscal sancionada hace un año estableció dos actualizaciones semestrales por el nivel general de precios: la primera para enero-junio y la segunda para julio-diciembre.

Para aquellos que hayan recibido parte de sus ingresos antes de la actualización de los nuevos valores, el ajuste correspondiente a lo ya cobrado se incorporará en la liquidación anual, salvo en caso de que la persona termine su relación laboral antes, situación en la que el ajuste se realizará en la liquidación final. Dado que los pagos efectuados por julio no contemplaron la nueva escala, el primer ajuste se reflejará en el siguiente salario.

A cuánto podría llegar la inflación

Según el consenso de consultoras y economistas, la inflación de junio se ubicaría cerca del 2%. Si se considera que entre enero y mayo acumuló 13,3%, el ajuste semestral llegaría a 15,56%, porcentaje que definirá los nuevos parámetros de Ganancias y Monotributo.

El aumento no solo modificará el mínimo no imponible de Ganancias, sino también las deducciones y los topes de facturación y cuotas del Monotributo a partir de agosto, para prestadores de bienes y servicios.

El mínimo no imponible mensual se estimaría en $2.640.703 para trabajadores solteros sin hijos y en $3.466.800 para casados con dos hijos.

Vale resaltar que las nuevas escalas y deducciones se aplicarán sobre los ingresos devengados a partir del 1° de julio. Para quienes hayan percibido parte del salario antes de la actualización, el ajuste se incorporará en la liquidación anual, salvo en casos de baja laboral antes de fin de año, donde se hará en la liquidación final.

Como los sueldos ya pagados por julio no incluyeron los nuevos valores, el primer ajuste se reflejará en la próxima remuneración. También hay que considerar que ARCA suele demorar alrededor de una semana en publicar las nuevas tablas de deducciones.

Cambios en el Monotributo

En caso del Monotributo, el ajuste abarcará los topes de facturación, la cuota mensual, los aportes al sistema previsional y a la obra social, así como otros ítems como alquileres y consumo de servicios.

Con una inflación acumulada estimada en 15,56% para el semestre, la categoría más baja, la A, podría facturar hasta $9.028.776,12 anuales, mientras que el límite para la categoría K, la más alta, se ubicaría en $95.187.097,05.

Dado el tiempo necesario para la publicación de las nuevas tablas, se espera que a mitad de mes se conozcan con precisión los pisos, escalas y deducciones vigentes para los próximos seis meses en Ganancias.

Recategorización

En julio, como ocurre todos los años, los monotributistas deberán realizar la recategorización semestral obligatoria, incluso si no se registraron cambios en facturación, superficie, consumo eléctrico o alquileres.

Para determinar la categoría correcta, se deben considerar los siguientes datos acumulados en los últimos 12 meses:

• Ingresos brutos
• Superficie utilizada para la actividad
• Consumo de energía eléctrica
• Alquileres devengados

Quienes tengan menos de un año de actividad deberán calcular el promedio mensual y proyectarlo a 12 meses.

Si no se cumple con la declaración en el plazo establecido, ARCA podrá recategorizar de oficio al contribuyente y aplicar sanciones económicas. Las multas podrían llegar al 50% del impuesto no ingresado, incluyendo el componente impositivo, previsional y de obra social.

Nuevos topes y cuotas del Monotributo

Con la actualización del 15,56%, los topes de facturación se modificarían de la siguiente forma:

• Categoría A: de $7.813.063,45 a $9.028.776,12
• Categoría B: de $11.447.046,44 a $13.228.206,87
• Categoría C: de $16.050.091,57 a $18.547.485,82
• Categoría D: de $19.926.340,10 a $23.026.878,62
• Categoría E: de $23.439.190,34 a $27.086.328,36
• Categoría F: de $29.374.695,90 a $33.845.398,58
• Categoría G: de $35.128.502,31 a $40.594.497,27
• Categoría H: de $53.298.417,30 a $61.591.651,03
• Categoría I: de $59.657.887,55 a $68.940.654,85
• Categoría J: de $68.318.880,36 a $79.949.298,14
• Categoría K: de $82.370.281,28 a $95.187.097,05

En cuanto a las cuotas mensuales, para la categoría A subirían de $32.221 a $37.237,85 y para la categoría B de $36.679 a $42.386,25.

Desde la categoría C en adelante, los valores varían según se trate de venta de bienes o de servicios, pero el ajuste será el mismo para todos: la inflación acumulada en el primer semestre.

ARCA habilitaría el trámite de recategorización semestral el martes 15 de julio. Esta gestión solo puede hacerse en dos períodos al año, enero y julio, en función de los ingresos y otros parámetros de actividad de los últimos 12 meses.

El Gobierno permitirá un “tapón fiscal” para el impuesto a las Ganancias en el nuevo proyecto de ley que envió al Congreso. La modificación propuesta implicará que ARCA solo podrá limitarse a fiscalizar a los contribuyentes de acuerdo a lo que diga su última declaración jurada.

Esto implica que más allá de que el plazo de prescripción de la evasión tributaria pase a ser de 3 años según el cambio propiciado en el proyecto de ley, el fisco no podrá examinar de manera retroactiva declaraciones anteriores.

“Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada», aclararon fuentes oficiales. 

“Es lo que llamamos presunción de exactitud: presumimos la buena fe de la gente y hasta que ARCA no determine que un contribuyente miente, se presume que es real la declaración jurada”, sumaron.

Este beneficio forma parte del nuevo régimen simplificado de Ganancias, uno de los ejes central de la iniciativa parlamentaria girada este jueves al Congreso y presentada por el titular de ARCA Juan Pazo y el diputado José Luis Espert.

Como otra novedad respecto a los anuncios de hace dos semanas, el proyecto de ley delimita quiénes podría ingresar en el régimen nuevo de Ganancias. Será, entonces, aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta $10.000 millones.

“Esta situación debe verificarse el año inmediato anterior al de ejercer la opción, y durante los dos años anteriores a aquel. Esto se establece con el fin de evitar maniobras de desapoderamiento de activos y/u otras formas de planificación fiscal agresiva a los fines de calificar a futuro y beneficiarse del tapón fiscal”, especificaron desde el Gobierno. 

“Además, se deja abierta la posibilidad de que ARCA sume otros requisitos en caso de ser necesario, como por ejemplo el origen de las rentas”, sumaron.

El contribuyente que acepte la declaración propuesta por ARCA y realice el pago en término obtendrá efecto liberatorio respecto del tributo correspondiente a ese período fiscal. Este beneficio no se aplicará si se omiten ingresos, se computan deducciones improcedentes o se utilizan facturas truchas.

Otro elemento que precisó el proyecto de ley tiene que ver con el criterio de “discrepancia significativa”, esto es, a partir de qué montos, ARCA podría considerar que hay una diferencia marcada entre la declaración jurada y lo que el fisco tiene como información sobre ese contribuyente. En resumen, esa discrepancia será considerada como tal si existiese una distancia de un 15% entre lo declarado y lo que estipula el organismo recaudador. 

Una ventana “por única vez”

El proyecto de ley enviado al Congreso para “blindar” las medidas de impulso para los dólares bajo el colchón ampliará la ventana de oportunidad para que cada contribuyente pueda evitar una denuncia penal de ARCA por deudas tributarias a través de un pago directo, en una sola cuota, que dejará sin efecto la posibilidad de una demanda por evasión.

Una de las principales novedades está estipulada en el artículo 11°, que establece que el fisco «no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia». 

Dicho de otra forma, si un contribuyente tuviera deudas tributarias y ARCA todavía no hubiese efectuado una denuncia penal, esa persona podría presentarse ante una sede del organismo recaudador para cancelar ese monto con un único pago y así conseguir un “cerrojo” que bloquee la vía penal. Es una oportunidad “por única vez” para cada contribuyente, aseguraron fuentes oficiales a Infobae.

Esa chance ya existe con la normativa actual, pero la ley presentad este jueves da una “segunda chance” para casos de reincidencia o bien si ya hubiese una denuncia penal de ARCA presentada. Esa persona podrá liberarse de la demanda penal con un pago del capital total adeudado, con intereses y más un 50 por ciento adicional. Fue planteado así para establecer un “castigo muy fuerte” y que incentive la cancelación de las deudas antes que extender demandas en la justicia durante años. 

“El principal objetivo de la ley es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino: pasar de ser un régimen persecutor a recaudador. Eso se ve en distintas medidas de la ley para el régimen general”, planteó una fuente oficial involucrada en la elaboración del proyecto, hasta este jueves por la tarde que fue girado a Diputados.

“Actualmente, la ley prevé el beneficio que permite evitar la acción penal cancelando la deuda y sus intereses por única vez. Con el cambio propuesto, el contribuyente podrá seguir haciendo uso del instituto una vez realizada la denuncia, aunque pagando un importe adicional del 50% de la suma total”, con deuda de capital, intereses y multas. “Favorece soluciones alternativas al proceso penal, pero solo si hay restitución plena y sanción económica adicional”, mencionaron desde la Casa Rosada.

En el Gobierno estiman que la actualización de los umbrales por los cuales el fisco puede investigar el delito de evasión reducirá casi la totalidad de las denuncias actuales. 

Fuentes de ARCA mencionaron que hay vigentes 6.652 denuncias penales, pero que con los nuevos montos, que empiezan en los 100 millones de pesos para la evasión simple, podrían quedar firmes solo 198.

El Gobierno dio inicio formal al nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y ARCA habilitó desde la mañana del domingo el aplicativo para adherir. Esta semana el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso el proyecto de ley para “blindar” las medidas tributarias que anunció hace diez días y espera firmar apoyos formales de más gobernadores en la Casa Rosada.

Sobre el cierre de la semana pasada Catamarca y Tucumán fueron las primeras en poner la rúbrica a un compromiso de adhesión al sistema de información fiscal más laxo, que incluye una promesa provincial de no incorporar controles nuevos al mismo tiempo que el fisco nacional los relaja. 

Las dos primeras jurisdicciones en sumarse fueron, así, dos gobernadas por el peronismo, con Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, dos mandatarios de buena sintonía con el gobierno libertario. Según pudo saber Infobae, en Casa de Gobierno esperan que este lunes pasen por la Casa Rosada los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres.

El viernes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial y puso en marcha el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que comenzó a funcionar formalmente este domingo por la mañana, indicaron fuentes de ARCA. Más allá de que la adhesión está habilitada desde ahora, contará para para declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025, que se presentan en 2026.

Uno de los cambios más importantes del nuevo esquema es que quienes adhieran no deberán informar su patrimonio ni al inicio ni al cierre del período fiscal. Esto también elimina la necesidad de calcular el monto consumido, que se deriva del cruce patrimonial entre activos declarados y consumos. Los tributaristas reconocen que si bien esta modificación reduce la carga administrativa para el contribuyente, al mismo tiempo limita las herramientas de verificación patrimonial automática por parte del fisco.

Cambios por ley

El proyecto de ley para cambiar las normas penal tributaria y de procedimiento tributario ingresaría al Congreso esta semana. La iniciativa tendrá unos pocos artículos para cambiar los plazos de prescripción y el monto a partir del cual podría considerarse que hay delito de evasión tributaria.

Actualmente para el caso de evasión simple es de 1,5 millones de pesos (equivalente a 15 mil dólares) y se elevaría tal como lo hicieron los umbrales de información fiscal automática que recibe el fisco. Ese número está vigente desde 2017, y si se ajustara por inflación debería pasar a ser de unos 100 millones de pesos. El plazo de prescripción es de 5 años y será reducido a dos.

El Gobierno nacional busca que las provincias suscriban un convenio de intercambiode información fiscal, comprometiéndose a no establecer regímenes paralelos. A cambio, ARCA dejaría de enviarles ciertos datos tributarios. La adhesión de las provincias es considerada clave para avanzar con la ley en el Congreso y consolidar el plan oficial que apunta a formalizar los ahorros en dólares fuera del sistema financiero.

El fisco advirtió que las provincias que no adhieran dejarían de contar con información tributaria desde Nación. 

“Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA (50.000.000 de pesos)”, indicó el organismo recaudador.

Durante la semana pasada, el Gobierno nacional intensificó las gestiones para obtener respaldo de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en torno al paquete de medidas destinadas a facilitar el uso de “dólares del colchón”. El titular de ARCA Juan Pazo mantuvo encuentros con el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, y, por separado, con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. 

Desde la administración porteña, Arengo expresó una postura favorable, aunque propuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para analizar en detalle el convenio de intercambio de información fiscal propuesto por ARCA. “Queremos primero analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal. Por tal motivo, en la reunión propusimos armar una mesa de trabajo a través de la cual analizar la implementación de estas medidas, además de otros temas pendientes entre la Ciudad y ARCA, y que beneficiarán a los porteños”, dijo el funcionario porteño

La provincia de Buenos Aires adoptó una posición más cautelosa. Funcionarios provinciales destacaron la necesidad de contar con una mayor precisión normativa antes de avanzar en la adhesión al régimen y mencionaron que en el caso bonaerense, ya cuentan con un convenio de intercambio de información con el fisco nacional, por lo que debería acordarse una adenda para introducir cambios.

En primer lugar, se realizó una adecuación del régimen de anticipos, previendo una reducción del número de anticipos para empresas a nueve pagos anuales; una actualización de las bases de cálculo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una modificación a 11,11% de los porcentajes aplicables a cada anticipo y la implementación de un procedimiento excepcional para calcularlos en el período fiscal 2025 tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas.

La medida se implementó a través de la Resolución General Nº 5685/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Para calcular los anticipos, se deberá considerar el resultado neto del período fiscal anterior, antes de deducciones personales, actualizado por el IPC entre julio y diciembre del año previo. También se actualizarán las deducciones personales, los tramos de la escala de impuesto y los computables aplicando el mismo índice.

Excepcionalmente en el 2025 la actualización por IPC será entre los meses de septiembre y diciembre del año anterior.

Por su parte, la Resolución General 5683/2025 introduce modificaciones en la liquidación anual. La norma apunta a modernizar el régimen, sumar opciones que simplifiquen el cumplimiento y adecuar los parámetros patrimoniales. No obstante, su aplicación en ciertos casos en un plazo de apenas cinco días hábiles genera desafíos, según el tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

Las claves de la norma

• Nuevo procedimiento simplificado para ingresar el impuesto no retenido

El especialista señaló que cuando el empleador no practique la retención total del impuesto —por error u omisión, aun si fuera imputable al trabajador—, el beneficiario podrá ingresar el saldo no retenido mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), sin necesidad de inscribirse ni presentar la determinación anual del impuesto.

Este procedimiento alternativo representa una simplificación relevante para los empleados, aunque controlar las retenciones del impuesto puede resultar complejo para el trabajador. 

• Inscripción

Para la inscripción al Impuesto a las Ganancias e ingreso del impuesto, hay 3 posibilidades:

• Inscripción en el Impuesto y presentación de declaración jurada obligatoria: esto es cuando el empleador no practica la retención total del impuesto correspondiente al período fiscal —por error, omisión o cualquier otra causa, incluso si fuera imputable al trabajador— y no se verifiquen los supuestos que permiten optar por el procedimiento simplificado. En estos casos, el trabajador deberá inscribirse en el impuesto, determinar la obligación anual y presentar la declaración jurada, conforme a lo establecido por la RG (AFIP) 975.
• Inscripción en el Impuesto y presentación de declaración jurada voluntaria: cuando el trabajador desee computar deducciones que no están contempladas, puede optar por inscribirse y cumplir voluntariamente con la determinación anual del impuesto, aun si no estuviera obligado por los montos retenidos.
• Procedimiento simplificado sin inscripción en el impuesto ni presentación de declaración jurada: este mecanismo aplica cuando el empleador determina el impuesto, pero no lo retiene en forma total, y entrega al trabajador el formulario F.1359. El trabajador podrá ingresar directamente el importe faltante mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP)

“Este procedimiento también se habilita cuando el empleador no practique la retención del impuesto a las ganancias o lo haga de manera incompleta durante el período fiscal. En estos casos, el trabajador podrá ingresar el monto mediante VEP utilizando los mismos códigos, siempre que el pago se realice hasta el vencimiento general previsto para personas humanas. El impuesto autorretenido deberá informarse en el servicio SIRADIG-Trabajador”, aclaró Domínguez.

El procedimiento es una novedad importante debido a que simplifica las obligaciones de los empleados: no deberán inscribirse en el impuesto ni presentar la declaración jurada anual.

• Actualización de la declaración patrimonial

ARCA dispuso una actualización del umbral para presentar la declaración jurada de bienes personales en forma obligatoria. Por este motivo, los beneficiarios de rentas brutas gravadas, exentas y no gravadas iguales o superiores a $150.000.000 deberán presentar la declaración jurada informativa de bienes personales al 31 de diciembre de cada año. El monto se ajustará anualmente según el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

• Exclusión para los empleados que adhirieron al REIBP

Los empleados que hayan adherido al Régimen Especial de Ingreso sobre los Bienes Personales (REIBP), quedan exceptuados de la obligación de presentar declaración jurada informativa del impuesto sobre los bienes personales entre los períodos fiscales 2024 y 2027.

“Esta excepción era necesaria debido a que el art. 58 de le Ley 27.743 es categórico: quienes optan por el REIBP quedan excluidos de toda obligación vinculada con el Impuesto sobre los Bienes Personales hasta el Período Fiscal 2027″, afirmó Domínguez.

• Cambios en la obligación de presentar la liquidación anual 

Se redefine cuándo corresponde que el empleador presente el Formulario 1359 de liquidación anual ante la ARCA.

“Es obligatorio si las rentas brutas (gravadas, exentas y no gravadas) del período fiscal resultan igual o superiores al monto de la sumatoria de las deducciones del inciso a) y del inciso c), apartado 2, del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, como así también si no se practicó la retención total del gravamen”, precisó Domínguez.

“Este es un cambio importante debido a que, con anterioridad, los empleadores no estaban obligados a presentar a ARCA el formulario 1359 cuando habían retenido correctamente el impuesto y las rentas del trabajador no superaban el umbral para presentar declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales”, agregó.

• Plazo excepcional para la liquidación del Período Fiscal 2024

La liquidación anual correspondiente al período fiscal 2024 podrá presentarse hasta el 9 de mayo de 2025, inclusive. El impuesto a ingresar o reintegrar se aplicará con el primer pago posterior al 30 de abril, o en los subsiguientes si fuera necesario durante el mes de mayo.

Domínguez opinó: “Este plazo excepcional es escaso debido a que el 1 de mayo es feriado y el 2 de mayo día no laborable. La mayoría de las empresas tendrá solamente 5 días hábiles para preparar los Formularios 1359 de empleados por los cuales no tenía obligación de hacerlo. Resultaría conveniente extender el plazo hasta el 16 de mayo 2025, es decir, dos semanas completas”.

• Vigencia inmediata 

La resolución entra en vigencia hoy 30 de abril de 2025, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, y resulta de aplicación al período fiscal 2024.

A partir de enero de 2025, las escalas del impuesto a las Ganancias se ajustaron 11,78%, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre septiembre y diciembre de 2024. Esto establece que el mínimo imponible para comenzar a tributar será de $2.280.700 brutos, equivalente a un salario neto de bolsillo de $1.892.937, sin deducciones por familiares o gastos personales.

Para quienes deduzcan cónyuge y dos hijos menores de 18 años, el piso de tributación subirá a $3.024.494 brutos -$2.516.337 neto-. Los trabajadores autónomos también verán ajustes: los ingresos mensuales promedio para tributar oscilarán entre $1.468.658 y $1.631.843, dependiendo de la categoría.

Estas modificaciones podrían incorporar a miles de trabajadores y autónomos al régimen de Ganancias, aumentando la presión fiscal sobre un sector que ya enfrenta múltiples cargas impositivas. “Las autoridades fiscales y económicas deberán seguir de cerca este fenómeno, ya que el aumento de los contribuyentes podría generar más presión sobre los ingresos de los trabajadores sin un aumento proporcional de sus ingresos reales”, afirmó Juan Luis Bour, economista jefe y director de FIEL.

Mayor presión fiscal

Según el contador Sebastián Domínguez, el aumento de contribuyentes alcanzados por Ganancias responde directamente a la combinación de aumentos salariales por encima de la inflación y ajustes insuficientes en las escalas del impuesto.

«La única solución para revertir esta situación sería una modificación legal a través del Congreso. El Ejecutivo no puede hacerlo por decreto», explicó. Además, destacó que el Gobierno había planteado en el pasado la posibilidad de eliminar Ganancias para los empleados, pero que esto solo sería viable mediante una reforma tributaria integral.

En ese sentido, Domínguez también resaltó que no es posible evitar el impuesto a través de acuerdos paritarios que incluyan sumas no remunerativas.

«Por cómo quedó la reforma, todos los conceptos no remunerativos son gravados por Ganancias. Esto difiere del esquema anterior, donde se podían incluir conceptos que no pagaban este impuesto», explicó.

Además, agregó el experto tributarista, «tampoco es posible aplicar esquemas donde el aguinaldo quede exento del tributo, una idea que se había propuesto pero que no fue contemplada en las últimas modificaciones».

El contador Carlos Schestakow coincidió en que el fenómeno del aumento de los contribuyentes está ligado al ajuste automático por IPC combinado con un crecimiento real de los salarios. «Si el IPC está por debajo del aumento de los salarios, es posible que se sumen nuevos contribuyentes. Además, quienes ya están alcanzados por Ganancias podrían saltar de escalón y comenzar a pagar más», detalló.

Según Schestakow, las deducciones disponibles para los trabajadores de la cuarta categoría no son suficientes para compensar este aumento. «Sobre el sueldo bruto, se tributa sobre el 83%, ya que se descuentan jubilación y obra social, pero las demás deducciones tienen un impacto limitado», puntualizó.

El especialista también subrayó el regreso a un sistema más estricto respecto de los conceptos gravados. «Lo no remunerativo, que antes podía ser exento, ahora también es alcanzado por Ganancias. Esto vuelve a aumentar la carga fiscal sobre los trabajadores», concluyó Schestakow.

Implicancias económicas y políticas

El economista Daniel Garro, director de Value International Group, comentó que este escenario tendrá consecuencias tanto para el consumo como para la recaudación del Estado. «Si los salarios se recuperan por encima de la inflación y el mínimo imponible se ajusta por IPC, matemáticamente más gente pagará Ganancias. Eso significa menos dinero disponible para el consumo y más ingresos para el fisco», explicó.

Garro también vinculó esta situación con el contexto político actual. «La sociedad empieza a tomar conciencia del costo de sostener el Estado, especialmente después de los desequilibrios heredados. Los gobernadores, que no quieren perder recaudación, ejercen una fuerte presión para mantener este sistema».

Jorge Colina, economista y director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sostuvo que el piso de Ganancias es lo suficientemente alto como para que solo afecte a trabajadores con altos ingresos y capacidad de consumo. «Hoy Ganancias no está alcanzando a sectores que nunca antes estuvieron incluidos. Además, con la actualización del Monotributo y su incorporación al sistema, la situación se ha corregido», argumentó. Colina descartó un impacto significativo en el consumo general, dado que el grupo afectado tiene mayor poder adquisitivo.

Colina también enfatizó que la recaudación generada por este impuesto no representa un porcentaje significativo del total, por lo que su impacto fiscal sería menor al esperado. «Es importante que el debate se enfoque en las implicancias de largo plazo y no sólo en los efectos inmediatos sobre los trabajadores», concluyó.

Escalas progresivas y efectos sobre el salario

Juan Luis Bour subrayó que la presión tributaria sobre el salario formal aumenta conforme suben los ingresos. «Cuando los salarios crecen en términos reales y las escalas de Ganancias son progresivas, el impacto es inevitable. Si el salario sube un 5% real, pero el impuesto reduce 0,5% de ese aumento, se termina con un crecimiento neto menor», explicó.

Bour también se refirió a la eliminación de exenciones que antes permitían reducir la carga fiscal. «Hoy no hay manera de evitar Ganancias. Todo es taxable. Eso significa que, de aquí en adelante, la presión fiscal será mayor para los trabajadores formales», concluyó.

Además, el economista alertó que la evolución de los salarios deberá ser monitoreada mensualmente para evaluar cómo se ajustan los ingresos reales a esta nueva realidad impositiva.

En su análisis, Bour destacó que el efecto más visible será para aquellos trabajadores que ingresen por primera vez al régimen. «El impacto de pasar de no pagar Ganancias a comenzar a hacerlo es significativo. Aunque sus ingresos netos aumenten, la percepción es que están perdiendo poder adquisitivo», apuntó.

En este sentido, señaló que “ayer presentamos un amparo en el Juzgado Federal de Rawson por el tema del Impuesto a las Ganancias”.

“Estamos solicitando que los trabajadores de la Salud pública de Chubut queden exentos de pagar Ganancias”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “los trabajadores de la salud que llegan al piso Ganancias no es porque tengan grandes sueldos sino porque cubren las horas guardias de los Hospitales”.

“Consideramos que un servicio estrictamente esencial como lo es la salud publica no puede estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias”, indicó.

Finalmente, Domenez Fernández concluyó que “en Chubut tenemos un total de 550 trabajadores de la salud pública que son afectados por Ganancias”.

En este sentido, señaló que “haber llegado a un acuerdo por el tema del Impuesto a las Ganancias fue un logro de todos”.

“Todos los trabajadores que no suban al campo, pagarían Ganancias solo si superan el mínimo no imponible”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “cuando nos sentamos a negociar, pusimos todo el esfuerzo en la gente que está en el campo, que deben cumplir los cronogramas que imponen las operadoras”.

“Todos los Secretarios Generales del país cerramos un acuerdo que va a beneficiar a todos los trabajadores del país”, indicó.

Finalmente, Ávila concluyó que “hoy el 90% de los trabajadores que cumplen funciones en el campo no van a tributar Ganancias y eso para nosotros es un logro muy importante”.

En este sentido, señaló que “hay algunas diferencias en el tema Ganancias. Incluso con los Gobernadores de la Patagonia coincidimos en que no se debe retrotraer esa medida”.

“Más allá de que consideramos de que es injusto y que se podrían corregir asimetrías históricas en nuestro país hay un dilema constitucional y claro”, dijo.

Asimismo, aclaró que “el artículo 85 establece que cuando una Cámara rechaza un proyecto, no se vuelve a licitar por una sola Cámara”.

“El artículo de Ganancias se rechazó en el Senado por lo tanto crear un Impuesto de manera unilateral es anticonstitucional”, concluyó finalmente Torres.

En este sentido, señaló -en diálogo con FM Delta– que “a partir del liderazgo de Mauricio Macri, el desafío es buscar una unidad para fortalecer nuestro espacio”

“La responsabilidad implicaba acompañar a este gobierno con la Ley Bases”, dijo.

Asimismo, aclaró que “no puede ser que no haya un principio de equidad en el proyecto de Ganancias”.

“No es lo mismo vivir en la Patagonia que en otros lugares del país”, concluyó finalmente Romero.

Nuevamente en la discusión para resolver los problemas estructurales del país aparece la posibilidad de tocar impuestos como forma recaudatoria y como alternativa para resolver discusiones políticas que no pueden darse desde los consensos normales que otorgan las vías institucionales de la Democracia.

Pensar en modificar el impuesto a las Ganancias y bajar nuevamente el mínimo no imponible no sólo es un castigo haca millones de trabajadores, sino que podría ser el golpe de gracia para el consumo y por lo tanto para los miles de comercios que hay en todo el país.

Las cifras que se observan muestran un declive permanente de las ventas y hasta el momento no se ha dispuesto ninguna medida que busque reactivar el sector sino todo lo contrario. Sólo en febrero la caída registrada fue del 25% respecto al año pasado. Estamos ante una escalada de precios inédita que repercute sobre el bolsillo de los trabajadores no ahora sino hace más de dos años.

Las pymes estuvieron primeras en la fila para hacer el sacrificio en pos de mantener el funcionamiento de la economía más allá de las dificultades y los obstáculos que fueron apareciendo con los vaivenes del tipo de cambio, la inflación y las obligaciones que se tuvieron que hacer en muchos casos a costa de endeudamiento.

No es momento para profundizar la crisis. Ello puede provocar que directamente muchas de nuestras pymes queden fuera de juego. En Chubut más del 90 por ciento del trabajo en el sector privado es aportado por pequeñas y medianas empresas, comercios y negocios.

Durante la cumbre de Puerto Madryn se planteó la necesaria búsqueda de un federalismo fiscal que contemple las diferentes realidades de los sectores productivos. Está claro que este no puede ser el camino para generar mayor desarrollo.

Como se expuso el déficit cero es una política que todo el sector empresarial va a acompañar, pero en la medida que ese objetivo esté sustentado en un programa integral que tenga en cuenta las inversiones, el empleo y por sobre todo contemple la coyuntura de miles de pymes que están llegando a su punto de equilibro, muchas yendo a pérdida y buscando sostener los puestos de empleo.

Se precisa de un plan claro y sostenible que no vuelva a las mismas recetas de siempre de mayor presión impositiva para resolver las ineficiencias propias del funcionamiento de la macroeconomía. Confiamos en que otra vía es posible sin tener que generar un perjuicio sobre el motor de la economía del país.