Gabriela Michetti reconoció en una entrevista que tiene esperanzas de volver a formar parte de la fórmula presidencial del PRO. «Me gustaría seguir acompañando a Mauricio», dijo y cuando le preguntaron sobre su tarea frente a la Cámara alta afirmó, sin sonrojarse, que «en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había».

Los allegados de la titular del Senado reconocen que suele ser excesivamente honesta a la hora de responder y que eso le provocó más de un dolor de cabeza. Tal vez este sea un último caso de sinceridad extrema de Michetti cuando  afirmó que «el trabajo que nos toca a los vicepresidentes es medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había, ¿A vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad, por algo nadie se quejó», dijo.

En cuanto a los próximos comicios presidenciales reconoció que «la verdad es que me gustaría seguir acompañando a Mauricio», dijo durante una entrevista concedida al portal Infobae mientras descansa unos días en Cariló. En estos últimos días, el presidente Macri confirmó su deseo de pelear por la reelección aunque se cuidó de hacer alguna referencia sobre quién lo acompañará en esa futura fórmula presidencial.

«No debatimos el tema, todavía hay tiempo. Me obsesiona que la Argentina se ponga en marcha, que baje la inflación, que crezca el empleo, empezar a crecer después de las tormentas de 2018», dijo en su momento Macri.

Según Michetti las «posibilidades» de reelegir existen porque «creamos la expectativa de hacer mucho y mejor, y en eso estamos. Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía. Pero creo que la gente que está a favor del laburo, del esfuerzo y del mérito nos apoya todavía».

En estos últimos años, Michetti protagonizó una serie de papelones tanto en el Senado, donde todavía le cuesta recordar los artículos del reglamento de la Cámara alta, y como representante del Gobierno nacional. El último de ellos fue durante la cumbre del G-20. Michetti no sólo llegó tarde a recibir al presidente de Francia, Emmanuel Macron sino que luego intentó entablar un diálogo en un francés bastante básico. Incluso luego dijo que lamentaba tener que abandonar la cumbre porque debía viajar a México:  «Me voy a México porque, lamentablemente a mi toca, me hubiera encantado estar en todas las actividades del G20, pero a mí me toca reemplazar al Presidente y representar a Argentina en la asunción de (Andrés Manuel) López Obrador”, afirmó.

Al salir de la aeronave, Macron apenas recibió el saludo de un empleado de la pista de aterrizaje, vestido con un chaleco amarillo. Casualmente, los “chalecos amarillos” son los protagonistas de fuertes protestas en Francia contra el aumento de los combustibles y son en este momento los grandes enemigos del jefe de Estado. Un Macron desconcertado y con gesto adusto se dirigió entonces al auto oficial con su esposa.

Finalmente Michetti llegó a la pista de aterrizaje y decidió apelar a sus conocimientos del francés para intentar congraciarse con Macron. Allí dijo que esperaba que la del G20 fuera una “trés bon reunión, a trés bon nivel”, al intentar invitar al mandatario a una reunión “del más alto nivel”, aunque la frase correcta hubiese sido que esperaba «réunions au plus haut niveau».

Tras la desprolija bienvenida, la vicepresidenta afirmó que hubo un problema de coordinación. «Teníamos que esperar que nos dijeran ‘¡Ahora!’ para ir a la alfombra roja a recibirlos. Estaba todo cronometrado, en teoría. Pero cuando nos dijeron ‘ahora’ ya se estaban metiendo en el auto», explicó anoche en diálogo con TN. “Me imagino que se deben haber sentido muy raros ahí, cuando bajaron y no había nada», completó.

El Gobierno decidió poner fin a la investigación disciplinaria interna que, en teoría, buscaba determinar las responsabilidades de distintos funcionarios en el proceso que derivó en la firma de un acuerdo por el cual el Estado aceptaba condonarle al Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, casi el total de una deuda superior a los 4 mil millones de pesos. La decisión fue tomada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y publicada ayer en el Boletín Oficial. Diez días antes, Mauricio Macri había firmado otro decreto en el que admitía un conflicto de intereses y, por eso, informaba que no participaría de cuestiones vinculadas al Correo. Pese a ese reconocimiento, la resolución firmada por Michetti afirma que no hubo irregularidades y que no hay responsabilidades administrativas en ninguna repartición. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que fue impulsor de estas actuaciones, tiene tres opciones ahora: presentar un recuso de reconsideración, desistir de todo o impulsar una investigación en el fuero contencioso administrativo, para reclamar todas las medidas que solicitó y que fueron ignoradas por el organismo que llevaba adelante el sumario, la Procuración del Tesoro. La tercera podría ser la más viable.

El intento por salvar al Correo de pagar casi el 99 por ciento de la deuda que arrastra desde hace 17 años se remonta a junio de 2016. Ocho meses más tarde, antes de que se convirtiera en un hecho consumado, lo frenó la denuncia de Gabriela Boquín, fiscal ante la Cámara Comercial –el tribunal donde se había celebrado el acuerdo–. Dijo que era “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas, y que eso era algo ostensible porque, además, los representantes estatales en el expediente del concurso de acreedores del Correo, de pronto, con la llegada de Macri al poder, habían decidido aceptar condiciones de pago (o no pago) que antes eran rechazadas por desfavorables. Y hete aquí que la empresa involucrada pertenece al clan familiar del Presidente. El planteo de Boquín causó un gran revuelo, a punto tal que Macri ordenó dar marcha atrás y propiciar un nuevo acuerdo, que nunca se concretó ni ocurrirá por lo menos hasta dentro de unos diez meses, dada la prórroga judicial concedida. De todos modos, derivó también en distintas investigaciones. Hay una causa penal en trámite en Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, que marcha a paso lento; en el propio fuero comercial se investigan maniobras de vaciamiento de Socma y Sideco, las firmas controlantes del Correo –lo que le valió a Boquín varios intentos de desplazamiento–, y también había un expediente administrativo por las posibles faltas disciplinarias, que es el que Michetti decidió dar por terminado.

Faltas disciplinarias

La investigación administrativa sobre posibles faltas disciplinarias de funcionarios se inició por pedido de la PIA, pero tramita en el ámbito de la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado. El primer procurador que se ocupó del tema, Carlos Balbín, avanzó en un sumario y una auditoría que fueron críticos respecto de lo sucedido y marcaban que los representantes del Estado habían actuado contra sus propios intereses. Esto ocurrió durante años, pero la diferencia fue que el macrismo logró consolidar un acuerdo a favor del Correo. Como resultado, Balbín tuvo que dejar el cargo. Su sucesor, Bernardo Saravia Frías –cuyo estudio de abogados supo representar a empresas de los Macri– cerró el sumario, sin dar la menor respuesta a pedidos concretos del fiscal Rodríguez, que incluso rechazó. Por ejemplo, medidas de pruebas para analizar las “instrucciones” que había impartido el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que su representante enviado a la Cámara Comercial, Juan Mocoroa, aceptara un acuerdo inconveniente: pedía documentación de esa cartera para establecer, por caso, cómo había sido posible que Aguad conociera de antemano la oferta que haría el Correo para el pago de la deuda con dos semanas de anticipación, lo que quedó registrado en una nota con el número 55 que le elevó Mocoroa, que era director de Asuntos Jurídicos, donde explicaba los detalles.

Pero, además, Rodríguez planteó la necesidad de desentrañar si, desde el ámbito de la Casa Rosada, existió una negociación irregular y paralela a las tratativas judiciales. Encontró fechas incongruentes en la documentación y sellos diferentes que generaron dudas. También reconstruyó una sucesión de reuniones en el ámbito del Poder Ejecutivo que contradecían la afirmación de Macri de que era ajeno y no conocía el tema. Desde los inicios de su presidencia quedaron asentados algunos encuentros con la participación del Presidente sobre la situación del Correo. Hay otras reuniones previas al acuerdo a las que asistieron, según los registros el apoderado del Correo, Jaime Cibils Robirosa, el secretario de Tecnología del entonces ministro Aguad, Héctor María Huici, y luego también Mocoroa, entre otros funcionarios.

La gran paradoja es que, de acuerdo al régimen de la administración pública, la única persona con facultades para analizar un pedido de revisión del titular de la PIA es el propio Presidente de la Nación. Pero Macri, por decreto, anunció a comienzos de octubre su excusación de todo lo que tuviera relación con el caso, al admitir que sus familiares mantienen “participaciones societarias en las empresas controlantes” del Correo. Entonces le pasó la posta a Michetti, quien concluyó que no hay nada más que investigar porque no hubo ninguna anomalía en el caso en cuestión.

La vicepresidenta sostuvo, según refleja el decreto publicado ayer, que el hecho de que un ministro haya dado instrucciones a funcionarios para el acuerdo con el Correo, pese a la vinculación de la empresa con el Presidente y las negociaciones dudosas, los exime de responsabilidad.  Tampoco analizó la conducta de Aguad. Y pasó por alto el problema de la falta de concordancia de las fechas: los instruye para aprobar el acuerdo el 23 de mayo de 2016 pero la empresa postal presentó su propuesta recién el 6 de junio.

La abogada Graciana Peñafort analizó ayer en su cuenta de Twitter este escenario y señaló: “Eso es inviable, salvo que tengan la máquina del tiempo, o que Aguad conociera la propuesta antes de ser presentada por Correo Argentino, lo cual hablaría de reuniones no declaradas del ministro y el Grupo Macri o bien de una nota de instrucción falsa y antedatada”.

Otro argumento de Michetti es que no hubo consecuencias para el erario público porque el acuerdo finalmente quedó abortado con la intervención de la fiscal Boquín y, por lo tanto, tampoco se violó la Ley de Ética Pública. Peñafort recordó que el Grupo Macri presentó este año una nueva oferta apenas mejorada en cuestión de intereses, por ende, algo fallaba con la anterior. Pero, además, como el Estado pidió prórrogas claramente funcionales al Correo, el asunto sigue sin ser resuelto. Por ende, ¿cómo se sabe que no hubo perjuicio patrimonial si no es un asunto terminado? ¿Y de dónde surge que, por el hecho de que no se haya plasmado el pacto, no hayan existido irregularidades en su preparación?

El texto publicado en el Boletín oficial también concluye que el cierre de esta investigación no tiene por qué impactar en la causa penal, en la que tanto Macri, como Aguad y Mocoroa están imputados. Según lo que había planteado el fiscal Rodríguez en su recurso, eso no es así. Es un riesgo para el esclarecimiento de lo ocurrido que existan resoluciones contradictorias entre el sumario administrativo y la causa penal. En esta última, a cargo del juez Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, se abrió un legajo específico sobre toda la negociación previa al acuerdo del año 2016, fueron citados funcionarios y se requirió documentación al ex ministerio. A la vez, tiene otras aristas, ya que se investigan posibles maniobras de Socma y Sideco para sacar dinero del concurso del Correo hacia otros destinos, e incluso la responsabilidad judicial. Nunca nadie fue llamado a indagatoria en este expediente. El fiscal Rodríguez, que también aporta material a esa pesquisa, analiza qué camino seguir tras el decreto de Michetti. La alternativa con más chances es hacer una denuncia en el fuero contencioso administrativo. De lo contrario, quedará sellado, al menos en el Boletín Oficial, que aquí no ha pasado nada, aunque haya pasado a la vista de todos.

El presidente Mauricio Macri mandó a cerrar la investigación interna sobre la maniobra con la que intentó condonarle la deuda del Correo Argentino a su familia por más de 70 millones de pesos. El decreto fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que inauguró su rol para intervenir en los temas relacionados con la empresa, luego de que el Presidente se excusara para evitar “posibles conflictos de intereses” ya que su familia mantiene participación societaria en empresas controlantes.

Puntualmente, el decreto cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Luego de conocerse el acuerdo con el Grupo Macri para cancelar la deuda, que en la práctica significaba una condonación encubierta, en febrero de 2017, Rodríguez pidió iniciar un sumario para investigar el rol de los abogados del Estado que encabezaron dicha negociación.

La PIA puede denunciar y pedir medidas ante la Procuración del Tesoro y también puede accionar en la justicia penal y el fuero federal. En ambos ámbitos entregó un informe que señalaba sospechas de que hubo funcionarios del Poder Ejecutivo que negociaban el acuerdo con el Correo Argentino fuera de tribunales, lo que habría quedado asentado en los registros de una sucesión de reuniones que se hicieron en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos.

Incluso existe una nota en la que Juan Mocoroa, que era director de asuntos jurídicos, le anticipaba al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la oferta que haría el Correo y pedía instrucciones. Ese material fue entregado en el marco de la causa penal en manos del juez federal Ariel Lijo.

En junio pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías -un hombre puesto por Macri luego de que saltara el escándalo- resolvió dar por terminado el sumario donde se investigaba la posible responsabilidad administrativa. Pero Rodríguez apeló la mediada a través de un “recurso jerárquico” en el que advertía que no se hizo una investigación completa de los hechos.

El decreto firmado por Michetti que fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial rechaza este último recurso y por ende le pone un punto final a la investigación interna. «Hágase saber al recurrente, que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa», establece el texto.

En la misma semana se conocieron esas cifras igual que la decisión presidencial de apartarse de las negociaciones por la deuda multimillonaria que las empresas de su familia tienen con el Estado argentino por el Correo. O sea que el 40 por ciento de los porteños votará otra vez a Mauricio Macri, pese a que su situación económica empeoró junto con la del país en general. El 40 por ciento de los porteños votó a una persona que tenía una deuda millonaria con el Estado y volvería a votarlo pese a que una de sus primeras acciones fue tratar de autocondonarse esa deuda que en un momento era de 70 mil millones de pesos y ahora por la devaluación debería ser el doble. El fenómeno de ese 40 por ciento de porteños que registró la encuesta de Aragón será motivo de análisis de biólogos y sociólogos del futuro como la leyenda del suicidio masivo de los lemmings que se lanzan al vacío. El odio alimentado por los medios oficialistas que se sintieron en peligro por la ley de medios antimonopólica del gobierno anterior, parece más fuerte que la realidad objetiva de un país cayendo por el precipicio.

Todo el mundo sabe que el corazón de la corrupción ha estado en los principales contratistas del Estado. Todo el mundo sabe que están cartelizados desde siempre. Y la cartelización no es para pagar coimas, sino para apretar al que está del otro lado de la mesa, que es el Estado. Las grandes fortunas de este país, incluyendo las oligarquías como los Anchorena, se amasaron como contratistas del Estado que eran retribuidos con extensiones de tierra. El 40 por ciento de los porteños o más votó y votará a uno de los dos principales contratistas de obra pública, junto con Techint. La vilipendiada constructora de Lázaro Báez es una hormiguita al lado del grupo de empresas de la familia Macri. Y la deuda del Correo es apenas uno de los negocios en los que esas empresas se favorecieron a costa del Estado. Otro negocio reciente: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en sociedad con la coimera internacional reconocida de Odebrecht.

Es increíble, al punto de la exasperación, que personas adultas puedan creer el mito de los tres PBI que se habría robado el kirchnerismo. El monto es tan  absurdo que pone en duda todo lo demás que se ha dicho. No existen ni tres PBI, ni uno, ni ninguna fortuna que se entierre como en el cuento de la isla del Tesoro. Eso hacían los piratas de las novelas. Los piratas de la vida real lavan su dinero con la ayuda de los grandes banqueros o lo esconden en cuentas y empresas offshore. No hay narco, contrabandista o corrupto que entierre su tesoro y lo paralice. No existe. Es un mito para los que no tienen idea de cómo se mueven las grandes fortunas en el planeta. El entierro de los PBI y los movimientos que mostraban los noticieros oficialistas de esta semana en el mausoleo de Néstor Kirchner, donde aseguran que había parte de los PBI, son el cuento de Disney que arman para ese 40 por ciento que está dispuesto a enterrar al país para votar en contra de los que supuestamente enterraron tres PBI. El primer enterramiento es una metáfora, el segundo es una mentira para desprevenidos que serán los responsables del verdadero entierro.

En cualquier lugar del planeta las cuentas y empresas offshore son sospechadas como vías de lavado de la corrupción, de la evasión y del narco. Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers en los que estaba involucrado el presidente Mauricio Macri, renunció el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, cuando descubrieron que tenía cuentas offshore y  el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, dejó su cargo luego de conocerse que tuvo con su mujer una sociedad offshore. El escándalo también afectó al poderoso primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron. Cuando renunció el español Soria, el gobierno de Mariano Rajoy –con numerosas causas por corrupción– dio a conocer que “nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales”. Varios ministros del gabinete macrista tienen cuentas offshore, algunos funcionarios, como el saliente Luis Caputo, eran consultores que ofrecían servicios para abrir estas cuentas tan mal vistas en todo el planeta.

El 40 por ciento de los porteños enfurecido contra la corrupción está dispuesto a votar por un presidente cuya corporación tiene más de 50 cuentas y empresas offshore, en la mayoría de las cuales figura como titular o miembro del directorio. El 40 por ciento de los porteños votaría por una persona que no podría ocupar un cargo público en otro país. En un país serio ni siquiera podría ser candidato uno de los principales contratistas del Estado –por el conflicto manifiesto de intereses– ni nadie que tenga cuentas en paraísos fiscales. Esos son datos objetivos. Lo demás, es “el olor a dólares” que supuestamente habrían sentido los perros que allanaron la vivienda de la ex presidenta Cristina Kirchner, y las extrañas formaciones de tierra que habrían encontrado mientras excavaban en la Patagonia, “con forma de cajas de seguridad”, como dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En vez de pensar que el modelo de país que plantea Cambiemos destruyó su economía doméstica y la nacional, la preocupación central de este 40 por ciento de porteños, inoculada por las corporaciones oficialistas de medios, es el debate que se abrió en el oficialismo entre Elisa Carrió y el ministro Garavano sobre la aplicación de las prisiones preventivas a los opositores.

Es una discusión que no puede ignorar la experiencia de Brasil donde el ex presidente Lula fue condenado a nueve años de prisión sin que pudieran encontrar una sola prueba en su contra más allá de las “delaciones premiadas”. Lula fue condenado porque el juez Sergio Moro declaró que tenía la “íntima convicción” de que era culpable. Un argumento que se presta a la arbitrariedad o a la persecución política. Si lo aplica, el juez debe demostrar que su juicio no se basó en su ideología política. Pero si ese mismo juez, en la última semana de la campaña electoral filtra a los medios declaraciones del ex ministro Antonio Palloci que comprometen a Lula, no está poniendo en evidencia al ex presidente, sino que está poniendo en evidencia su absoluta parcialidad. Un juez que interviene de esa forma en la campaña no puede condenar “por íntima convicción” a alguien que piensa diferente. Lo que demostró el juez Moro es que condenó a Lula por “íntimo prejuicio” o por “íntimo ensañamiento”.

Las formas legales que se están utilizando en Argentina contra funcionarios del gobierno kirchnerista son similares a las del juez Moro contra Lula y el PT. La doctrina Irurzún sobre la aplicación de la prisión preventiva solamente por el hecho de haber sido funcionarios del gobierno anterior, sin que esté siquiera avanzada la investigación, es similar a la “íntima convicción” prejuiciosa y persecutoria del juez Moro. El uso irregular de una mala ley del arrepentido tiene ese mismo sentido. Condenar sin pruebas, apoyándose solamente en el escándalo mediático; atentar contra la libertad de las personas a través de la aplicación abusiva de la prisión preventiva, y usar como pruebas afirmaciones que fueron obtenidas de manera coercitiva y que ni siquiera pudieron ser probadas, son todas formas legales que los funcionarios judiciales de la región han ido forzando como herramientas de persecución política.

Estados Unidos ha decidido terminar de raíz con los movimientos populares de la primera década del milenio y viene realizando desde hace años seminarios y congresos con la participación de funcionarios judiciales de la región donde se aconseja forzar estas herramientas judiciales que sólo son para aplicar en casos extremos. El debate sobre la prisión preventiva de Cristina Kirchner se da con Lula preso en Brasil y Rafael Correa perseguido en Ecuador. Estados Unidos y la OEA amenazan con una invasión a la Venezuela de Nicolás Maduro y en las redes sociales y los medios opositores acusan de corrupción a un Evo Morales de un ascetismo franciscano. Lo que pasa en los tribunales argentinos con relación a Cristina Kirchner y las causas que involucran al kirchnerismo están insertas en esa realidad regional. No es un debate entre Carrió y Garavano sino entre el modelo elitista y autoritario que representan ambos, frente a otro que tienda a profundizar la democracia.

La legalización del aborto ya tiene fecha para su tratamiento en el Senado. Los jefes de los distintos bloques de la Cámara Alta llegaron ayer a un acuerdo para que la iniciativa aprobada por Diputados llegue al recinto el 8 de agosto. Durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se estableció que esa será la fecha para la votación y una semana antes, el 1 de agosto, se pasará a la firma el dictamen. Más allá de eso, no se logró resolver el conflicto por las comisiones que intervendrán en el debate. La semana pasada la vicepresidenta Gabriela Michetti había girado el proyecto a cuatro comisiones, dos más que las solicitadas por los sectores que apoyan la iniciativa. El interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto, y el FpV-PJ, que encabeza Marcelo Fuentes, impugnaron esa decisión, que podría ser debatida hoy por el conjunto de los senadores, previo a la sesión informativa especial del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Mientras afuera del edificio del Congreso se realizaba un nuevo pañuelazo, los principales senadores discutían puertas adentro el procedimiento para esta segunda etapa del histórico debate sobre el aborto. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvieron a reclamar ayer al mediodía que no se dilate la discusión y proponían que, dada la enorme cantidad de expositores que ya habían pasado por Diputados y el trabajo de las comisiones allí, la votación se realizara a mediados de julio. El pedido fue acompañado por un grupo de senadoras y senadores, el colectivo de Actrices Argentinas y distintas agrupaciones del movimiento de mujeres (ver nota aparte).

Fuentes de distintos bancadas confirmaron a PáginaI12 la fecha para emitir dictamen y para votar el proyecto. La reunión de Labor, presidida por Michetti, tuvo algunos momentos de tensión, sobretodo cuando se planteó el tema de los giros. La vicepresidenta había dispuesto que, además de Salud y Justicia, se incorporen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. La primera la preside el macrista Esteban Bullrich, un cruzado antiabortista y la segunda el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que ayer ratificó su “posición personal a favor de la vida” pero agregó que no tiene “posiciones definitivas” de cara al debate. “Estoy dispuesto a escuchar ideas, posiciones, a poner en crisis mis verdades y estar dispuesto a encontrar y entender al otro”, afirmó Mera en declaraciones a radio Concepto. El senador se mostró cercano a la despenalización pero en contra de la legalización. “Hay una colisión de derechos con ese niño por nacer que, de acuerdo a mucha normativa existente tiene el derecho consagrado a la vida. Entiendo que hay un reclamo válido del colectivo que reclama por esta media sanción; y no creo en la criminalización y penalización de la mujer”, sostuvo.

Otro que ayer hizo pública su posición fue el radical jujeño Mario Fiad, pese a que la semana pasada había dicho que no lo haría por ser presidente de la comisión de Salud, que encabezará el plenario. “Me manifiesto categóricamente a favor de las dos vidas. No estoy de acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”, aseguró Fiad en un comunicado donde sostuvo (contrariando a los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia) que la media sanción “es cuestionable desde su constitucionalidad, lo que implica un retroceso en el respeto por el derecho a la vida, derecho éste primero, fundamental y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos”. Otro senador que ayer hizo público su rechazo fue el ruralista Alfredo De Angeli. El entrerriano, fervoroso opositor a que el Estado recaude fondos por medio de las retenciones, argumentó que la legalización sería muy costosa y que el sistema de salud no podría enfrentar ese gasto. Este razonamiento fue desmentido por completo por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, del mismo espacio político que De Angeli. Durante su paso por Diputados, Rubinstein explicó que los mayores costos se producen cuando deben atender a las mujeres que padecen complicaciones tras realizarse un aborto clandestino.

El tema de la cantidad de comisiones intervinientes se terminará de resolver hoy, cuando se defina si finalmente se mantiene la decisión de Michetti, se somete a votación del cuerpo y se modifica. O no.

Los opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (LIVE) pusieron en marcha su estrategia para intentar frenar la marea verde. Gabriela Michetti, resolvió ayer, a pocos minutos de terminado el partido de la selección argentina, darle giro al proyecto a cuatro comisiones. La decisión no es menor ni inocente: a las comisiones de Salud y de Justicia, cuya intervención se descontaba, les sumó la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich, y la de Asuntos Constitucionales, a cargo del catamarqueño Dalmacio Mera, ambos confesos opositores a la iniciativa aprobada la semana pasada por Diputados. La reacción de referentes del colectivo de mujeres, así como de varios senadores, fue de rechazo inmediato. El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, calificó la medida como “innecesaria” y “totalmente excesiva”, afirmó que se trata de una “actitud dilatoria” y no descartó que la cuestión de los giros se resuelva mediante una votación en el pleno de la Cámara en la sesión del próximo miércoles. Desde el Frente para la Victoria-PJ también impugnaron la decisión de Michetti, que también será motivo de debate el próximo martes cuando los jefes de bloque se reúnan para ultimar los detalles de la sesión del día siguiente.

El proyecto aprobado en Diputados por 129 votos a favor y 125 en contra, en medio de una multitudinaria movilización y tras meses de exposiciones, ya es motivo de una intensa disputa en la Cámara Alta. Y esto sin que se comience todavía a debatirse el texto de la iniciativa. Mientras que los jefes de los bloques más grandes –Luis Naidenoff de Cambiemos, Miguel Pichetto de Argentina Federal y Marcelo Fuentes, del FpV-PJ– se pronunciaron a favor de realizar un tratamiento más corto que en Diputados, la vicepresidente resolvió darle intervención a las comisiones presididas por dos senadores que coinciden con su postura. Esta estrategia había sido conversada en un cónclave que Michetti mantuvo el martes con Bullirch, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y la radical Silvia Elías de Pérez. Conscientes de las dificultades para impedir el avance del proyecto, el segundo paso de su estrategia consiste en introducir modificaciones en vez de firmar un dictamen de rechazo total. Así buscan sumar el apoyo de algunos senadores indecisos, que podrían acompañar la idea de una despenalización en vez de la legalización que sancionó Diputados.

“Este giro –señaló Pichetto– obedece a una posición personal de la vicepresidente, con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente”. El senador por Río Negro agregó en este sentido que “configura una actitud dilatoria tendiente a obstaculizar el dictamen y la llegada al recinto de la media sanción”. Pichetto advirtió que la decisión fue inconsulta y que si bien determinar los giros es una atribución de la Presidencia de la Cámara “siempre es producto del diálogo y el consenso con los otros bloques, cosa que en este caso no ha ocurrido”. Además, recordó que “en la Cámara de Diputados no fue girada ni a la comisión de Asuntos Constitucionales ni a la de Presupuesto y Hacienda” y que las competencias naturales del proyecto son de las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales. Finalmente, Pichetto no descartó discutir la próxima semana en el recinto los giros y someterlos a una votación.

Tanto el interbloque Argentina Federal así como el FpV-PJ elevaron esta semana sendas notas a la presidencia de la Cámara pedirle que respete esos giros y que el tratamiento se realice “en plenario”, es decir que no sea abordado en cada comisión por separado.

La defensa de Michetti vino por parte de Elías de Pérez. “La presidenta del Senado ha tomado una decisión razonable ante un tema de tamaña envergadura. No es posible pretender tratar la legalización del aborto de manera exprés como pretende un sector”, dijo la senadora por Tucumán mediante un comunicado. La radical se anticipó también al debate que se dará en la próxima reunión de Labor Parlamentaria el próximo martes. Afirmó que “los bloques como están constituidos no representan las posiciones a favor y en contra” y que por ese motivo “las decisiones que se tengan que tomar en torno a los tiempos de tratamiento tiene que ser acordado entre los senadores que representan ambas posiciones, los que están a favor de la legalización del aborto y los que nos oponemos”.

Según Elías de Pérez y Pinedo, el hecho de que las cuatro comisiones funcionen “en plenario” no implicará una demora. “¿Cuál es el apuro? Mientras más discusión y debate mejor para los argentinos”, señaló la legisladora radical, quien coronó sus declaraciones con un dardo para Pichetto: “Debe entender que no es el dueño del Senado”.

Lo cierto es que si bien el trabajo de las cuatro comisiones de manera conjunta no implicaría más reuniones, sí se aumenta el número de senadores necesario para conseguir quórum y también para lograr el dictamen de mayoría.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –que ayer tuvo su primera reunión tras la media sanción y que convocó a un pañuelazo para el próximo martes– también se manifestaron en contra de la decisión de Michetti. “No queremos más dilaciones. Lo exigimos tras 13 años de lucha en la que logramos la despenalización social y el acompañamiento de la sociedad que se expresó con un millón de personas en las calles los pasados 13 y 14 de junio. Por eso consideramos esta maniobra como antidemocrática. Cada día que pasa el Estado argentino sigue condenando a las mujeres a ser penalizadas y a llegar a la práctica del aborto de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud”, afirmaron.

Esta primera disputa todavía no está saldada y tendrá un nuevo round el martes próximo en Labor Parlamentaria. Mauricio Macri, que se declaró prescindente, había afirmado que el debate en Diputados fue “ejemplar”. Pareciera que la vicepresidenta no está del todo de acuerdo.