En principio Antonena prefirió hablar de trascendidos porque no recibió copia del anteproyecto que Dufour y Meza Evans presentaron al bloque justicialista en la Legislatura.

Sin embargo señaló que «me sorprende profundamente, porque estas dos personas fueron los artífices en el año 2012 del endeudamiento de la Provincia. Obviamente que firmaron cláusulas de los factores de riesgo que tenía la Provincia y es parte de lo que está ocurriendo hoy».

El ministro de Economía expresó: «Por lo tanto gran sorpresa me produjo escuchar esto, toda vez que se produce un daño muy importante, habida cuenta que hay una cláusula que dice que el 25% de los tenedores de bonos al tomar conocimiento de eso podrían exigir el pago de la totalidad de la deuda». 

El fiscal que la acusó por no amarrar los barcos de la ex Alpesca aseguró que nada impide que termine su mandato en diciembre en la Legislatura y advirtió que al ser un delito común «no podrá ir a la Corte Interamericana».

El máximo organismo judicial no hizo lugar al reclamo de Dufour y de esta manera quedó ratificada la condena por no preservar los bienes de la empresa pesquera Alpesca de Omar «Cura» Segundo.

El fiscal Daniel Báez precisó a diario EL CHUBUT que Dufour «no podrá ser candidata a diputada nacional», en caso de tener intenciones, y agregó que «tampoco podrá tener cargos públicos» porque «posee antecedentes condenatorios».

«En esta condena queda inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años», remarcó Báez a ese diario. En torno a su estado actual como diputada provincial del bloque Frente Para la Victoria, el fiscal aclaró que «nosotros no le pedimos ninguna inhabilitación para que deje el cargo de legisladora que posee actualmente».

Asimismo, explicó que Dufour «no tiene la posibilidad de ir a la Corte Interamericana, porque esta Corte se especializa en la afectación de Derechos Humanos, no en condenas comunes».

Dijo que la Corte Interamericana «solo tiene competencia y abre una causa cuando los Estados fueron negligentes en la investigación y persecución de un caso en el que el Estado tiene participación».

Citó como ejemplo el caso de Iván Torres, joven desaparecido y que fue visto por última vez en una Comisaría de Comodoro Rivadavia. «En este caso la Corte Interamericana tiene competencia, porque en el medio está la negligencia del Estado en la búsqueda y la participación de un organismo como la Policía».

La palabra de Dufour

La diputada Dufour emitió un comunicado en que acusa a la Justicia y al Gobierno provincial de «persecución política» y dijo que es falso que con esta decisión de la Corte Suprema queda inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Dufour hizo un duro descargo: «No renunciaré a mi banca como algún corrupto pide, ese que usó la plata de la emergencia de Comodoro Rivadavia para su campaña en el acto más vergonzante e inmoral que recuerda la historia del Estado Provincial».

«Fue una causa penal que se tramitó en la Justicia de Chubut, y que estuvo plagada de irregularidades en todo su proceso», sentenció y habló de «circo» y «persecución judicial» contra los dirigentes alineados con el «campo Nacional y Popular».

Remarcó que la sentencia original de fecha 8 de marzo del 2016 «no me inhabilita para el ejercicio de ningún cargo público», ya que según la diputada, la pena solo contempla la prisión en suspenso, costas por los hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Madryn entre el 24 de febrero de 2014 y el 8 de abril de 2014 y una donación a una institución de bien público por un monto de $ 5.000.

Se mostró disconforme porque la única condena recayó sobre ella, cuando también estaban el fiscal de Estado y el ministro de Economía en el reparto del control sobre Alpesca.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena hacia la actual diputada provincial del Frente para la Victoria (FPV), Gabriela Dufour, a 2 años y 8 meses por administración fraudulenta de los bienes de la empresa Alpesca.

Al respecto, el mandatario provincial manifestó que “ha quedado demostrado que la diputada del FPV, Gabriela Dufour, fue condenada por todas las instancias judiciales en el ámbito de la Provincia del Chubut, ante esto ella apeló a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ratificó la sentencia, demostrando la inmoralidad de esta señora para ocupar una banca como legisladora”.

En el mismo sentido, Mariano Arcioni remarcó que “Dufour son de esas personas que justamente todos los chubutenses tenemos que saber y tener memoria que son las que tan mal le han hecho a la provincia”.

“Cuando muchas veces me he referido a ciertas personas que se tienen que jubilar de la política me refiero a este tipo de individuos, por eso hoy festejo la decisión de la Justicia porque ha quedado demostrado su mal actuar y accionar en perjuicio de la provincia”, enfatizó el Gobernador.

Dejar la banca

A su vez, el mandatario resaltó que “yo soy respetuoso de los fallos de la justicia, y como no estaba la confirmación de esta noticia, no quería decir nada al respecto, pero como esto cambió, lo puedo decir con todas las letras, y le exijo a la señora, Dufour, que deje la banca porque es inmoral para la provincia que haya una diputada condenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Finalmente, Arcioni instó a que “todos los medios de comunicación se hagan eco de este hecho concreto, que es una condena dictaminada por la misma Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

Sin autoridad moral

“Esto se le tiene que hacer conocer al pueblo para que ellos sepan qué tipo de persona es, porque gente como estas no tienen que estar más en la provincia dado que no tienen ni siquiera autoridad moral”, sentenció el Gobernador.

Foto: Prensa Legislatura del Chubut (@prensalegisch)Los diputados provinciales que integran la Comisión de Hacienda de la Legislatura estuvieron reunidos con el ministro de Economía, Alejandro Garzonio, y el subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, para avanzar con el presupuesto 2018.

En esta reunión en la sede de Economía, estuvieron presentes Eduardo Conde, Gustavo Fita, Gabriela Dufour, Viviana Navarro, Cecilia Otarola, Alejandro Albaini, LEandrdo Espinosa y Alejandra Marcilla.

«Hay un compromiso de todos los diputados de avanzar en la definición de un dictamen de mayoría para aprobar el presupuesto y el tema central está focalizado en el conocimiento minucioso de los gastos», dijo Conde al salir del encuentro. «Hemos pedido información concreta de cada una de las áreas de gobierno sobre la afectación de los recursos. El compromiso del ministro es que esa información va a llegar a la comisión de Hacienda lo antes posible y a partir de allí el compromiso nuestro de aprobar el presupuesto».

Por su parte, la diputada Alejandra Marcilla entiende que el gran obstáculo para avanzar en la aprobación del presupuesto, tiene que ver con la modificación en la ley de ministerios y sobre la faltarían precisiones.

Los diputados provinciales Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla pidieron investigar los inmuebles de Oscar «Chito» Alarcón y el patrimonio de Pablo y Mariví Das Neves. En FM La Petrolera 89.3 MHz, Meza Evans detalló cuáles son las características de la denuncia que presentaron hoy en el marco de las distintas causas por corrupción en el gobierno de Mario Das Neves.

«Esta denuncia es producto de información que nos ha llegado en forma anónima sobre la existencia de cuatro inmuebles a nombre de Oscar Alarcón, alias ‘Chito’. Ahí detectamos una construcción importante, que ha demandado seguramente sumas millonarias», sostuvo Meza Evans en el contacto con La Petrolera.

«Hemos detectado, también, la construcción de una casa, que sería la quinta propiedad, en la ciudad de Rawson. Con esos elementos estamos haciendo la denuncia, pero nos ha llegado información de la cordillera por la existencia de otros bienes como cabañas», agregó el diputado provincial.

«Esta es una investigación sobre los patrimonios de los distintos funcionarios y de la familia Das Neves. En este caso, estamos haciendo una investigación de los bienes de Pablo y Mariví Das Neves», indicó. «En el caso de la hija de Das Neves, nos parece extraño la construcción de un inmueble que supera ampliamente los ingresos que tenía como funcionaria pública».

Además, la denuncia se conecta con la investigación por AM Publicidad, que tuvo contratos con el Estado provincial y entre sus integrantes estaba la propia Mariví Das Neves.

«Estamos trabajando en el viejo tema de AM Publicidad, donde los fiscales han tomado intervención. Son las contrataciones que el Estado hacía con una empresa de publicidad donde se dice que Mariví Das Neves tenía participación. Esa empresa llevó adelante la campaña presidencial de Mario Das Neves en 2011», repasó Meza Evans.

«Quien figura como dueño de esta empresa es O’Relly, quien Das Neves señaló como el donante de la cartelería que cubrió todo el país cuando pretendía ser candidato a Presidente. Y es el mismo O’Relly que aparece en el listado de Diego Correa retirando 350 mil pesos mensuales», apuntó.

La diputada provincial Gabriel Dufour sostiene su pedido de información sobre las tarjetas de crédito corporativas y el rol que cumplieron en la causa El Embrujo. La dirigente peronista también es querellante junto a sus pares Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla en la investigación por corrupción que incolucró a varios funcionarios dasnevistas, entre ellos al titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Entre las operaciones dudosas y que están en análisis de las querellas se encuentran las tarjetas de crédito corporativas, las que ponían en dificultad llevar un control en tanto gasto público, y los vuelos en clase Bussines que resultaron excesivos para concretar viajes en avión dentro de Argentina.

«Un organismo de control como es la Contaduría allá por el 2012 hizo un trabajo muy exhaustivo e hizo una reglamentación para garantizar determinados sistemas de pago. En 2016 se modificó para admitir las tarjetas de crédito corporativas. Es contraria a cualquiera de los procedimientos que permite el Estado», dijo Dufour en una entrevista con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

«En esa modificación, le otorgan a la Unidad Gobernador la potestad de tener esas tarjetas. Esto se supo hasta que en enero de este año, aparece el decreto donde se le saca la tarjeta a Diego Correa y el gobernador dice que el único que puede tener tarjeta es él», señaló la diputada en el contacto con la radio.

«Como querellantes estamos recibiendo información que surge de los allanamientos, así formamos parte del análisis», indicó la legisladora provincial.

«Alguien tiene que haber informado estos excesos, estos gastos innecesarios. Hubo 18 viajes en avión que costaron 200 mil pesos cada uno cuando se podrían haber tomado otros mecanismos para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires u otros lugares».

En un pedido de informe, la diputada Gabriela Dufour solicitó cuáles fueron las compras realizadas con la tarjeta de crédito corporativa asignada a Diego Correa, el ex subsecretario de la Unidad Gobernador detenido por la causa El Embrujo por corrupción con dinero del Estado.

Dufour, informa El Chubut, describe que dados los últimos acontecimientos en los que se encuentra involucrado el ex funcionario Diego Correa, «los múltiples elementos encontrados que tipificarían como defraudación al Estado, y la evidencia de ausencia e ineficacia de control de la Contaduría General y de la Fiscalía de Estado, órganos responsables de la auditoría previa y de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, resulta indispensable conocer los gastos realizados mediante el citado medio de pago».

Dufour pidió conocer las liquidaciones de la tarjeta de crédito «desde su habilitación hasta su suspensión o baja», indicando montos máximos para compra, crédito o autorización de retiro de efectivo. No obstante, requirió copia de los expedientes que tramitaron los pagos de la tarjeta de crédito y que el mismo cuente con el detalle de los funcionarios que autorizaron los gastos incluidos en las respectivas liquidaciones.

El pedido se extiende a otros funcionarios, debido que uno de los puntos pregunta «si existió o existen otros funcionarios que fueran autorizados a utilizar tarjetas corporativas desde el dictado del Decreto 1438/16, nombres y cargos de los mismos y razón de la autorización».