Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.

Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia. 

El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.

Allanamientos y fraude

Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).

La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.

El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.

La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.

Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI)del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.

Los casos detectados por las auditorías

En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.

Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:

• Caso 1 M.G.A. UGL Rosario

La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.

Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.

• Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba

Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.

• Caso 3, J.R.C.

La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.

• Caso 4 M.A.D.C.

Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.

• Caso 5 G.M.M.

Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.

• Caso 6 A.R.S.

Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.

• Caso 7 L.B.S.

A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.

La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.

Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. 

En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.

En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones. 

En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.

El caso Tucumán

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chacodel PAMI. 

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

Mirta Simone, es acusada del delito de administración fraudulenta de fondos de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE). Desviar fondos de la Asociación a cuentas propias. 

Cabe resaltar que el pasado lunes ratificaron el levantamiento del secreto bancario a las cuentas de Guillermo Quiroga.

NOTICIA EN DESARROLLO

Por este motivo, recordamos que los canales oficiales de información son nuestras redes sociales, el sitio oficial scpl.coop, nuestro centro de atención de servicios al asociado al número 406 2020, como también nuestro asistente virtual Lara, vía WhatsApp al 2975260760.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio Chubut– que “el juicio se llevara adelante en las oficinas judiciales de Rawson a partir de las 09 de la mañana”.

“El Tribunal colegiado estará integrado por los Jueces O’Connor, Reyes y De Biase”, dijo.

Asimismo, aclaró que “Cigudosa y el subsecretario Care están imputados de fraude a la Administración Pública por ‘simular’ contrataciones para reparar 24 escuelas”.

“Los empresarios acusados reconocieron los hechos y ya fueron condenados, por lo que no serán parte del juicio”, indicó.

Finalmente, Rodríguez concluyó que “los ex funcionarios podrían ser inhabilitados. La pena por fraude a la Administración Público va entre los 2 y 6 años de prisión”.

La Secretaria de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, advirtió sobre una campaña de fraude digital con la app Cuidar que circula por WhatsApp para sustraer datos personales. 

«¡Atención! Hemos detectado que se encuentra circulando una campaña de fraude digital por medio de cuentas de WhatsApp en donde se hacen pasar por la aplicación Cuidar para robar información personal», denunciaron desde el área a través de sus redes sociales. 

En ese sentido, desde la Secretaría aseguraron que no utilizan cuentas de WhatsApp para solicitar «información personal sobre COVID-19 o cualquier otro tema referido a la salud».

Asimismo, indicaron a quienes reciban ese tipo de mensajes que pueden realizar una denuncia al CERT.ar y así frenar con la campaña de este tipo de fraude digital, conocido como phishing.

Que es el phishing

La expresión phishing es utilizada para definir a un tipo de fraude que tiene por objetivo engañar a la persona usuaria para que revele algún tipo de información, generalmente financiera o personal.

El objetivo de este tipo de prácticas es suplantar la identidad digital y obtener algún beneficio. Se trata del ciberataque más común y más sencillo, y quien lo perpetra suele ser denominado “phisher”.

La nueva modalidad de estafa se da a través del contexto de vacunación por la segunda dosis contra el Covid-19: “se comunican por WhatsApp, solicitando un código que les llega a través de mensaje de texto al celular de la víctima”, enfatizó la especialista.

Y agregó en diálogo con FM El Chubut que “este código es el de verificación de WhatsApp, que al pasárselo a los estafadores, ellos ingresan a nuestro WhatsApp, con acceso a las últimas conversaciones”.

En tal sentido, explicó que lo que hacen, es “solicitar dinero a nuestros contactos haciéndose pasar por nosotros, perdiendo nosotros el control de nuestro WhatsApp”.

Ante ello, aclaró que “la segunda dosis de la vacunación por Covid-19, únicamente se informa por la plataforma oficial https://vacunate.chubut.gov.ar y que no se solicitan datos personales de ningún tipo por WhatsApp o llamada telefónica.

Continuando con el Plan de normalización de los socios y a raíz de las denuncias de los vecinos, se llevaron a cabo una serie de operativos de desconexión de más de 125 conexiones irregulares de energía eléctrica en los barrios: Moure, Industrial, Centro, Pueyrredón, Extensión del Stella Maris, Presidente Ortiz Km.5 de Comodoro y en diversos sectores de Rada Tilly.

Se contó con el acompañamiento de la Policía Montada y del área legal, y las cuadrillas de desconexiones. Estos procedimientos se vienen desarrollando fuertemente en las últimas semanas por el insistente pedido y denuncias de los asociados que tienen su factura al día.

Al respecto, el referente del área de Conexiones Irregulares de la SCPL, Rodolfo Barrera sostuvo que, «en gran cantidad de casos, los socios del mismo barrio son quiénes denuncian a sus vecinos. Ya se desafectaron más de 125 conexiones ilegales en los últimos días, sumado a las más de 70 desconexiones que se realizaron la semana pasada en el barrio Stella Maris”.

“Este tipo de conexiones se realizan sin considerar las medidas de seguridad indispensable. Se incrementan los riesgos por electrocución o cortocircuitos que pueden generar incendios, deterioro en la calidad del servicio provocando cortes y bajas de tensión, y además del impacto económico que percibe la prestataria. Muchas conexiones ilegales toman la energía de inmuebles linderos abultando sus facturas”, sostuvo.

Por último, se invita a los usuarios a acercarse a la institución para regularizar su situación. En este contexto de pandemia, nuestra entidad contempla la situación de cada familia para que sean incluidos en el sistema nuevamente.

El fiscal Héctor Iturrioz informó este martes que la investigación por fraude en el IPV ha tenido avances importantes en las últimas semanas, con más de 200 denuncias de personas que se sumaron para informar que entregaron pagos a cambio de una vivienda. Además, precisó que la primera imputada está con prisión domiciliaria, debido a la falta de espacios de encierro adecuados para mujeres y comparó que el sistema de ventas de carpetas de adjudicación era similar al de ventas de ollas de cocina, indica ADNSUR.

“La señora Jonás está con detención domiciliaria, porque la situación de emergencia carcelaria de nuestra ciudad impide contar con un lugar acorde para detener a imputadas de sexo femenino. Como recordarán hubo un incendio en el pabellón femenino de la Alcaldía, y a partir de ese hecho no hay ningún lugar de alojamiento que cumpla las condiciones mínimas y necesarias”, reseñó. Por otro lado, Maximiliano González, otro de los imputados en la causa, continúa con prisión preventiva.

El fiscal Iturrioz indicó que se han sumado más de 200 denuncias, por lo que anticipó, en diálogo con Radio del Mar, que los particulares que se contactaron a través del sitio web de la Fiscalía serán convocados para aportar la documentación respaldatoria, aunque anticipó que llevará un tiempo por las restricciones de funcionamiento que hay en el sistema judicial.

“Lentamente vamos a entrevistar a todos para que hagan los aportes documentarios que tienen –graficó-; las denuncias son muchísimas, porque al hacerse pública la investigación hubo un montón de personas que se avinieron a realizar la denuncia. Por ahora podemos ir de a 5 personas por semana, pero esperamos que en algún momento se pueda ampliar”.

De igual modo advirtió que hay que diferenciar las situaciones de quienes fueron perjudicados como víctimas, por encontrarse en una situación de necesidad de vivienda y creyendo que la operatoria era legal, mientras que otros sabían que estaban participando de un ilícito.

Indicó que todos los denunciantes cuentan con recibos de haber pagado los montos exigidos para acceder a una vivienda.

“Empezó con 80.000 y terminó en 300.000 pesos, hay quienes pagaban en dos veces, hay quienes pagaban en una sola vez y adquirieron más de una vivienda, estos últimos mal pueden tenerse por víctima, porque había gente que quería hacerlo como una inversión inmobiliaria”.

Iturrioz detalló que hay tres mujeres más involucradas en la investigación, ya que cumplían un rol de intermediación. “Empezaron como vendedoras de estas carpetas adjudicadas y luego incorporaron vendedores, como si fuera un sistema de ventas de ollas –comparó el fiscal-, donde está la organizadora por un lado y la que hace la venta de la olla… bueno, el sistema era similar, estaba diseñado perfectamente, y la intención es que estos últimos en incorporarse, no tuvieran contacto directo con el señor Gonzales sino a través de estas organizadoras que son tres femeninas. Para algunas de ellas hasta habría mérito para la prisión preventiva, pero reitero que no hay lugar para prisión de mujeres en Comodoro Rivadavia”.

Para Iturrioz, la asociación ilícita podría involucrar a más personas, por lo que anticipó que pronto habrá novedades en ese sentido.

Más de 60 millones de pesos

El fiscal también precisó que el monto recaudado por la organización delictiva sigue elevándose, ya que en la cuenta bancaria de uno solo de los imputados hay movimientos superiores a los 40 millones de pesos, entre el año pasado y el corriente.

 “A estos cada vendedor y organizador sumaba su comisión, por lo que yo creo que se han superado los 60 millones de pesos”, estimó. El dinero está secuestrado en una cuenta especial del Banco Chubut, por lo que en la medida que la investigación avance, se podrá devolver a las personas que han sido víctimas del hecho delictivo, aunque insistió en que la puesta en escena de todo el grupo era de mucha complejidad.

De igual modo, se refirió a comentarios que circulan sobre presuntas devoluciones de dinero, a personas que no llegaron a hacer la denuncia: “También nos llegaron esas versiones, de gente que le habrían devuelto el dinero a través de transferencias bancarias, o incluso hay gente que asegura que les habrían entregado la casa –añadió el fiscal-, sin que cumplieran los requisitos Fonavi. Hay claras irregularidades para seguir investigando”.

En este sentido, señaló que “la denuncia es por la acumulación en el grueso de las pruebas en las causas ´El Embrujo´ y ´Revelación´ por parte de Martínez Zapata, más otros hechos, entendiendo que son conductas que encuadran en distintas figuras penales que el Código tipifica como delitos contra la administración pública”.

“Martínez Zapata tiene vinculaciones con muchos de los hechos que están investigados en estas causas y no fue imputado, por eso presentamos la denuncia”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “a Martínez Zapata se le reprocha haber estado en los dos lados del mostrador en diferentes hechos. Además de que prestaba asesoramiento jurídico a Correa y Gatica, quienes están imputados por pertenecer a una asociación ilícita”.

Finalmente, Meza Evans concluyó que “a nosotros nos llama poderosamente la atención que ante la AFIP Zapata es un humilde monotributista pero su patrimonio no se justifica con el monotributo”.

En este sentido, señaló que “nos entrevistamos con personas que trabajan en la SCPL que el año pasado intervinieron en el contacto que hizo el ex funcionario provincial Pablo Korn durante la emergencia climática que atravesó Comodoro Rivadavia en marzo de 2017”.

“La causa de Pablo Korn tiene que ver con la contratación directa de una persona amiga de él. Hizo una negociación incompatible porque incumplió sus deberes de funcionario público”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el material de la contratación fue entregado. Pero estamos hablando de una contratación de cerca de 4 millones de pesos y eso violenta la libre competencia”.

“El funcionario público debe ser imparcial. No puede tener intereses personales. Está prohibido contratar parientes o amigos”, indicó.

En este marco, aseguró que “la SCPL nos contó cómo se dio el contacto con Pablo Korn. El primer encuentro ocurrió la primera semana de abril de 2017. Servicios Públicos se contactó con un proveedor local a pesar que desde la Cooperativa le pasaron el contacto de otro proveedor de Comodoro Rivadavia que tenía solvencia”.

“Ahora estamos trabajando en los particulares que le vendieron mercadería al estado y en muchos casos no se entregó nada. Debemos localizar las usinas de facturas truchas desde donde se cometió fraude al Estado Provincial”, añadió.

A su vez, el funcionario afirmó que “acá estamos hablando de un sistema corrupto. La corrupción fue sistémica y es difícil de desterrar. La única manera de eliminar esto es con el compromiso de la gente y el compromiso social”.

Finalmente, Rodríguez concluyó que “la gente se hartó del sistema corrupto. Nos merecemos tener una sociedad libre de corrupción. Ahora hay una suerte de conciencia de hacer mejor las cosas. Los números de la Provincia se están acomodando y eso quiere decir que no se están metiendo las manos en la lata”.

En este sentido, señaló que “están en eso, lo están analizando dos jueces de revisión que son los Doctores García y la Doctora Moreno. Puesto que el juez Pineda rechazo su recusación. Estamos esperando que concluya esta decisión para ver como continuamos porque nuestra pretensión es que continúe hoy”.

“En la causa denominada ´El Embrujo´ hubo un intento similar pero no de recusación. Ahí inclusive ni siquiera cuestionaron las prisiones preventivas. Hubo si una impugnación luego cuando se detuvo al contador Gatica y que fue confirmada por la Cámara Revisora”, dijo en diálogo con Radiocracia.

En este marco, destacó que “la verdad  es un tema que motorizo a todos y nos impactó. Decir lo contrario sería desconocer una realidad. Estamos enfocados trabajando a fondo para que esto se esclarezca”.

“En su momento le pedimos al gobernador partida especial para atender toda esta investigación, y de toda esta partida se transfirió la mitad de lo que pedimos en su momento. El problema es que se retrasaron muchos los giros ordinarios. El Ejecutivo tiene una metodología que gira para gasto de funcionamiento en forma semanal tanto al Ministerio Público Fiscal como a Judicatura. En lo que va del año llevamos un retraso de 3 millones de pesos en gastos de funcionamiento. Esto se lo mostré al gobernador, le mostré mes a mes, semana a semana. Una cosa es esta causa que tiene en vilo a toda la provincia y pusimos todo el empeño, de hecho lo manifesté no solo en forma verbal sino por escrito, que hoy es prioridad. Y otra cosa es que nos olvidemos de los homicidios, violaciones, robos agravados, que se atienden en toda la provincia. El dinero no es solo para causas sino para que funcione toda la provincia”, recordó.

Asimismo, aclaró que “le puedo asegurar que el equipo de fiscales, contadores, policías, decir que trabajan a destajo es poco. Realmente acá sí que no hay horas hábiles, inhábiles, fines de semana ni nada. Por eso se pudo avanzar, no es sencillo investigar cuando hay tantas personas imputadas y detenidas, y un cumulo de evidencia para analizar que asusta”.

“Creemos que las pruebas son contundentes para sostener las detenciones. En apertura de investigación que uno tiene que hacer saber a las personas que tan imputadas por qué hechos se investiga y los elementos probatorios, son de sobra”, expresó.

A su vez, indicó que “estimamos que hubo maniobras que defraudaron al Estado por 800 millones. Esto es un cálculo estimativo, en función de algunos valores que aparecen hasta ahora de manifiesto. Pero si es más o es menos se podrá decir con mayor exactitud a la hora de formular  una acusación porque estarán las pericias contables realizadas. Ahora lo que se hizo un cálculo estimativo basado en listas que aparecieron, liquidaciones, en obra pública, en la emergencia de Comodoro. Sin ir más lejos en la emergencia de Comodoro se habla de 46 millones de pesos”.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “recuperar este dinero es una de las principales ocupaciones del Ministerio Público Fiscal, por eso en la causa ´El Embrujo´ con prisión preventiva decretada, tiene división general de bienes. Por eso se hacen todas las averiguaciones para tratar de identificar todos los bienes de esas personas, porque una de las finalidades es luego poder lograr un decomiso y para esto hace falta una sentencia firme”.