Uno de los cambios más llamativos es la incorporación de perros de asistencia para acompañar a niños, niñas y adolescentes que deben declarar como víctimas o testigos. La iniciativa, inédita en la región, apunta a reducir el estrés y la angustia en momentos críticos. Actualmente, una integrante del equipo fiscal se está capacitando en un programa especializado para integrar a los animales en este tipo de intervenciones.

“El trabajo con perros de asistencia favorece la contención emocional y contribuye a generar entornos más humanos, accesibles y respetuosos”, destacó la fiscal jefa, María Bottini.

Pero las novedades no terminan ahí. Con una mirada puesta en el ambiente y en el acompañamiento social, la Fiscalía proyecta implementar un sistema de economía circular: todo el papel en desuso será separado, triturado y transformado en briquetas ecológicas. Luego, esas briquetas serán entregadas a familias necesitadas mediante el Plan Calor, convirtiendo documentos descartados en una fuente de calefacción para los meses más fríos.

En paralelo, se intensificaron las capacitaciones interinstitucionales, fundamentales para garantizar que los casos se aborden correctamente desde el primer minuto. Se dictaron formaciones para personal policial de Esquel, Trevelin, la División de Asuntos Rurales y efectivos de zonas remotas como Tecka, Corcovado, Río Pico y Gualjaina, entre otras.

Además, más de 130 agentes de salud y personal de las Comisarías de la Mujer participaron de capacitaciones sobre la correcta aplicación del Protocolo de Abuso Sexual Agudo, clave para proteger a las víctimas, obtener evidencias esenciales y asegurar un acompañamiento adecuado.

La Fiscalía sostiene que todos estos cambios apuntan a un mismo objetivo: acercarse más a la comunidad y fortalecer la respuesta del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

Este martes por la mañana, el Fiscal Jefe, Cristian Olazábal sobrevoló en el helicóptero de Prefectura, un área amplia en el sector donde fue hallada la camioneta de Pedro Kreder. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó Olazábal. La Fiscalía, mediante una serie de medidas realizadas con aval judicial, busca establecer si la desaparición de Pedro y Juana fue accidental o está vinculada a un delito.

El lunes 13 a la noche, la hija de Juana Morales denunció la desaparición de su madre en la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Provincia. El personal policial dio aviso al fiscal de turno y desde ese momento se activó la Instrucción 007/12 de la Procuración General que establece el protocolo de búsqueda de personas. Al momento de la denuncia solo se sabía que Juana planificaba salir de vacaciones con un hombre con quien mantenía desde hacía poco tiempo una relación sentimental y a quién la familia conocía solo por su apodo.  

El miércoles 15 se estableció que se trataba de Pedro Kreder. La División de Investigaciones constató que no estaba en su domicilio y confirmó que se había ido de viaje con Juana.

Mediante cámaras de seguridad de una casa vecina, se logró saber que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves 9 a las 20 hs. bajó una reposera y una conservadora. El análisis de antenas de telefonía celular, establece que la última antena en captarlos es de Caleta Córdoba. Se analizaron las cámaras de seguridad de esa localidad, constatándose que pasó la camioneta de Pedro por allí, el sábado 11 a las 10 hs. de la mañana, en sentido sur a norte. Este dato corroboró una versión posible, Juana iba a pasar el fin de semana a Camarones. Fue entonces cuando se inició la búsqueda por la Ruta Provincial Nº 1.

Búsqueda con canes

Establecido el lugar hacia dónde se dirigían, se realizó un rastrilló la zona con la división canes, sin resultados. De la búsqueda participaron: personal Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a agentes de policía.

Primera búsqueda aérea. Avistaje de la camioneta

El viernes 17, la funcionaria de Fiscalía, Fabiola López, participó de los sobrevuelos realizados con aviones del aeroclub. En el campo de una estancia, a 45 km de Caleta Córdoba, más precisamente en un zanjón, se visualizó algo que parecía una camioneta.

Un equipo de búsqueda con vehículos 4 x 4, llegaron al lugar y constataron que se trataba de la camioneta de Pedro, sin ocupantes y cerrada.

Levantamiento de evidencias de la camioneta

La Fiscalía dio intervención a la Unidad Especial de Criminalística y, con autorización judicial, se procedió a romper un cristal para abrirla y que los equipos especializados realicen el levantamiento de muestras relevantes para la investigación.

El viento complicó el trabajo de los canes

A partir del hallazgo de la camioneta se activó una nueva búsqueda, localizada, con los canes de rastreo y se activó el protocolo federal de búsqueda SIFEBU.

El viento fue una variable que dificultó el trabajo de los canes, pudiendo realizarse una búsqueda por venteo. Los canes se dispersaban de un lado a otro, por el efecto generado por el viento.

Se realizó un rastrillar por cuadrículas, recorriendo estancias, puestos cercanos y toda construcción existente en cada sector, con resultados negativos.

Segunda búsqueda aérea: helicóptero

Hoy, el Fiscal Jefe participó del sobrevuelo en el helicóptero de Prefectura. Se mapearon grietas y cañadones desde las 9:30 a 11:30, con resultados negativos. Luego, Olazabal regresó al lugar en un vehículo.

Traslado de la camioneta

La camioneta de Pedro, permanece secuestrada como parte de la investigación. Una vez finalizadas las medidas de prueba sobre el rodado, se autorizó a la familia a retirarla del lugar. Para ello se llevó a un cerrajero al campo, generó una nueva llave y con ella se la encendió y trasladó a una comisaría donde permanecerá en resguardo mientras lo requiera la investigación.

Continúan las medidas investigativas

Mientras organismos dependientes del Poder Ejecutivo tienen a su cargo la búsqueda de ambos jubilados, la Fiscalía lleva adelante diferentes medidas de investigación, fundamentales para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición de Juana y Pedro, como por ejemplo allanamientos y entrevistas de posibles testigos, entre otras.

El fiscal de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, se refirió a las tareas de búsqueda que se activaron para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder (79 años) y Juana Inés Morales (69).

En este sentido, señaló que “es poca la  información que podemos brindar. Desde el día miércoles la  Policía comenzó con los rastrillajes en la zona”.

“El viernes se pudo hallar la camioneta en la que se desplazaban Juana y Pedro. A partir de esto, el personal de Búsqueda de Personas, Defensa Civil y Protección Ciudadana y otra dependencias intensificaron la búsqueda pero  hasta el momento  todos los resultados han sido negativos”, dijo.

Asimismo, aclaró que “el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz está coordinando y acompañando  la tarea de la División de Búsqueda de Personas”.

“El día sábado activamos el sistema de búsqueda de personal federal. Desde las 06 de la mañana de hoy comenzaron de nuevo los rastrillajes con perros especializados”, indicó.

En este marco, destacó que “se inspeccionaron todos los ranchos de pescadores y cascos de estancia. La Fiscalía continúa atenta a cualquier novedad”.

“Hoy la Fiscalía también se reunió con los familiares para no generar falsas expectativas y preservarlos de información contaminada”, afirmó.

A su vez, expresó: “La zona que se debe rastrillar es muy hostil, incluso para los especialistas”.

“La hipótesis más probable que manejamos hasta el momento es que se quedaron empantanados con la camioneta, como no pudieron retirarlo por sus propios medios, salieron en búsqueda de ayuda”, agregó.

Finalmente, Olazábal concluyó: “Nosotros solicitamos la colaboración del Ejército Argentino y Prefectura para contar con un helicóptero. En la zona hay muchos cañadones y barrancos, lo cual complica mucho el acceso de la gente por vía terrestre”

Olazábal explicó a El Comodorense Radio que se detectaron numerosos casos de denuncias infundadas, especialmente vinculadas a robos de neumáticos y usurpaciones de inmuebles. En muchos de estos hechos, lo que se presentaba como delito era en realidad un conflicto contractual o de convivencia.

Consecuencias legales y económicas

El fiscal remarcó: “cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos, cada vez que verificamos en el marco de las actuaciones policiales que los hechos denunciados oportunamente son inexistentes, analizamos y estamos en presencia de lo que prevé y sanciona el artículo 245 del Código Penal, que es el delito de falsa denuncia”.

Además, subrayó que la movilización de recursos policiales y judiciales en estos casos desvía la atención de delitos reales y genera un gasto innecesario para el Estado. Por ello, la política criminal de la fiscalía es avanzar en las imputaciones contra quienes incurran en estas prácticas para disuadirlas.

Olazábal detalló: “Cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos es política criminal, al menos de esta fiscalía, avanzar en las imputaciones para evitar o disuadir este tipo de comportamientos”, concluyó.

“En Comodoro hemos constatado que varias veces se han denunciado hechos que no ocurrieron, particularmente relacionados con la sustracción de cubiertas o usurpaciones que no fueron tales, sino que previo a ello había un contrato de locación o quizás un permiso para habitar, y ante diferencias que mantenían las personas que no podían ser resueltas en los términos acordados, se denunciaba que se había ingresado al inmueble valiéndose de medios violentos clandestinos», comentó.

Además señaló: «cuando se constata y verifica que esto no fue así, disponemos la apertura de la investigación en orden al delito de falsa denuncia. Hemos procesado a varias personas».

En consecuencia, el denunciante quedará imputado por el delito de falsa denuncia, una figura legal que contempla penas de prisión de entre dos meses y un año.

«En algunos casos han reparado el perjuicio que se le ha ocasionado a la administración pública provincial porque activar el sistema de justicia y también el sistema policial genera un costo, un costo que debe ser soportado por el Estado que sale del bolsillo de los contribuyentes. Por lo tanto, cualquier tipo de falsa denuncia que constatemos es política criminal, al menos de esta fiscalía, avanzar en las imputaciones para evitar o disuadir este tipo de comportamientos” concluyó.

El conflicto comenzó cuando Fernández intentó vender el auto a un supuesto comprador perteneciente a la comunidad gitana, quien se llevó el vehículo para probarlo y nunca lo devolvió.

Días después, la Policía secuestró el auto en un galpón perteneciente a la misma persona que lo había robado. Aunque en ese momento recuperaron el coche y la documentación del mismo, las autoridades decidieron retenerlo y desde entonces, Fernández asegura que ha luchado en vano por recuperarlo.

“Mi vehículo está secuestrado en la comisaría desde hace más de cuatro meses, y las fajas de seguridad del capó, del baúl y de las puertas han sido violadas. No sé si adentro tiene todo lo que había cuando me lo secuestraron”, comentó indignado Fernández. Además, denuncia que la Fiscalía se está apoyando en un recibo de compra y venta con una firma que él califica como «trucha», lo que ha complicado aún más la situación legal.

Fernández también explicó que la fiscal Davotto lo obligó a realizar un peritaje de escritura para demostrar la autenticidad de su firma, un trámite al que accedió voluntariamente. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, no ha recibido ninguna respuesta ni avance en la investigación. “Hice todo lo que me pidieron, me sometí al cuerpo de escritura, pero no me dan ninguna solución. La Fiscalía sigue trabando el caso y ahora me dicen que la causa está archivada”.

El denunciante asegura que recientemente la procuradora de fiscalía, la Dra. Simankiewicz, decidió archivar la causa y abrir una nueva por «falsa denuncia» contra él, sin darle ninguna explicación sobre las pruebas o fundamentos que justifiquen tal decisión.

Ante esta situación, Fernández acusó a las fiscales de actuar de manera negligente e incluso insinuó un posible vínculo entre las autoridades y la comunidad gitana involucrada. «La doctora Simankiewicz tiene algún tipo de vínculo con esta comunidad, estoy seguro de eso, y estoy buscando pruebas para demostrarlo», aseguró.

Frente a la falta de respuestas y soluciones, Fernández ha tomado una postura más firme. En sus declaraciones, amenazó con encadenarse y acampar frente a la Fiscalía como medida de protesta. «Ya le dije a la fiscal que si no me devuelven el auto, voy a encadenarme y acampar acá. No me importa lo que digan, estoy dispuesto a hacerlo porque me están robando», afirmó. Incluso mencionó que, ante esta amenaza, la fiscal le advirtió que llamaría a la División de Adolescencia y Niñez, a pesar de que Fernández no tiene hijos, lo que consideró un intento de intimidación.

El abogado defensor de Fernández, el Dr. Troncoso, presentó hace más de un mes una solicitud para la reapertura de la causa, pero tampoco ha recibido respuesta. “Tienen cinco días hábiles para contestar, pero hasta ahora no han hecho nada”, reclamó Fernández, quien sigue sin tener acceso a su vehículo ni obtener una explicación clara sobre los motivos por los cuales el caso se ha estancado.

Mientras tanto, la Fiscalía le entregó una copia de la causa, aunque Fernández considera que esto no le da ninguna solución concreta. “¿Para qué quiero una copia si no avanzan en nada? Quiero recuperar mi auto, que es mío y tengo toda la documentación que lo acredita”, expresó visiblemente frustrado.

El caso de Fernández pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos cuando los procesos judiciales se dilatan sin justificación aparente, afectando gravemente sus derechos y su vida cotidiana. «La fiscal Davotto se burla de mí, se ríe en mi cara y no me toma en serio. Esto es injusto, y voy a seguir luchando por lo que me corresponde», concluyó.

Fernández continúa exigiendo la devolución de su vehículo, acusando a la fiscalía de negligencia y falta de transparencia en el manejo de su caso.

El Fiscal de la zona de la Comarca Andina de Chubut Diaz Mayer confirmó a ESQ Notas, que se designó personal en cada localidad para llevar adelante la investigación sobre el origen de los incendios que tienen en vilo a la región cordillerana y generó daños importantes. Además fueron convocados peritos de la Policía Federal y de Bomberos.

Las hipótesis son varias pero no hay datos ciertos sobre ninguna en particular aún. Tampoco se descartan. El desperfecto en una línea de tensión es una de las presunciones sobre el origen del incendio en Las Golondrinas y también hay gente que dice que vio personas con bidones.

Por lo pronto hay algunos vecinos que podrían prestar declaración en las próximas horas.

Hay casas dañadas y otras destruidas. También muchas afectadas en sus servicio. En esa línea están complicados también organismos públicos de la zona. «No hay luz ni buena comunicación» explicó el doctor Diaz Mayer.

También se trabaja en la búsqueda de personas que están autoevacuados y aún no se han reportado.

La definición es investigar con las brigadas policiales en cada localidad de origen de siniestro por separado y se designó un responsable en cada lugar.

Por unanimidad la Cámara en lo Penal local resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. La lectura integra del fallo se realizará el próximo 14 de febrero de 2019, a las 12:30 horas.

La Cámara Penal estuvo integrada por los jueces Guillermo Müller, Daniel Pintos y Martín Montenovo; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa de Alaniz fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

En un primer momento el defensor se refirió a la “arbitraria valoración de la prueba” por parte del tribunal de juicio. Insistiendo con la figura de “homicidio culposo” ya que cuando su pupilo dispara, la víctima “estaba fuera de su alcance”. Esto fue valorado en la sentencia por los jueces, pero fue desechado, aseguró el defensor. También se refirió a que según el perito, Migues Murilla, el proyectil que se extrae en la autopsia del cuerpo de la víctima, por su peso, era calibre 32 mm.. Sin embargo en el lugar del hecho se encuentran vainas 9 mm.. La explicación que da el tribunal al respecto es que el lugar es conflictivo y que las vainas pueden estar de un conflicto anterior, lo cual es una conjetura sin valor probatorio. El hecho que se le imputa a su asistido también fue objeto de cuestionamiento. La víctima es retenida detrás del auto por otra persona y cuando se zafa recibe el disparo, esto excluye el dolo, enfatizó el defensor. “Nunca tuvo la posibilidad de representarse la presencia física de la víctima mientras él disparaba”. También cuestionó la dosificación de la pena solicitando al tribunal que no se aparte del mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión.

En contraposición la fiscal solicitó que se confirme la sentencia condenatoria en contra de Alaniz ya que la misma fue lógica y fundada. Todos los efectivos policiales refirieron que había dos bandas antagónicas en el Barrio Moure, los “de arriba” y los “de abajo” o “papas fritas”, al que pertenece el imputado. Llega al lugar el imputado el “Piri” Alaniz en un auto, se baja produce primero tres disparos hacia el grupo y luego un disparo dirigido directamente al cráneo de Leonardo Vidal. Todos los testigos fueron coincidentes en que había una sola arma y el único que disparaba en el lugar era Alaniz.

El lugar es una zona altamente conflictiva y pudo haber vainas de vieja data, afirmó la fiscal. Quedó claro que la víctima descendía caminando junto a un familiar por la calle Marinero López y no se hallaba escondida detrás de un automóvil estacionado como propone el defensor. No se puede hablar de delito culposo cuando hay una persona manejando un arma de fuego, aseguró Codina. Alaniz sabía lo que hacía y dirigió la acción de disparar sabiendo que podía causar la muerte, se lo representó y lo aceptó y no se evidencia error en la psiquis del imputado, sostuvieron las tres juezas en el fallo. Respecto de la pena impuesta fue la correcta y adecuadamente fundada por el peligro causado y la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir. Solicitando se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de las juezas Arcuri, Olavarría y García.

Finalmente los jueces de la Cámara Penal resolvieron por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. En la audiencia de impugnación no se controvirtió ni la existencia del hecho ni su autoría. Hubo en el juicio un importante caudal probatorio que probó que el día del hecho la víctima venía caminando con un familiar por la calle Marinero López y recibe un disparo de arma de fuego en su rostro. Luego fallece. La única persona que se encontraba con un arma de fuego y que efectuó los disparos fue Alaniz. El tribunal de juicio ha seleccionado la prueba, le ha dado valor y han concluido que Alaniz efectúa el disparo hacia la víctima con las consecuencias conocidas. “Las críticas de la defensa no conmueven los fundamentos de las juezas le dieron a su sentencia, con argumentos sólidos y válidos, para descartar el “homicidio culposo”. Los jueces sostuvieron su postura, como en otras causas, que “quien dispara en forma reiterada hacia un sitio de personas se representa la posibilidad de matar a alguien”.

En este sentido “el día domingo en horas de la tarde se hallaron restos humanos en dos lugares. Ayer se realizaron allanamientos con la sección de Canes, si bien se secuestraron algunos elementos no se encontró nada significativo para la investigación”

“Restan hacer muchas pericias antropológicas a los restos. Aun no se puede determinar el sexo de la persona. Se prevé que la investigación tardará aproximadamente un mes”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “aquel ciudadano que haya visto o sepa algo le pido que se acerque a la Fiscalía o a la Brigada de Investigaciones. No tenemos datos certeros de quien es la victima ni quien el autor de este crimen”.

“La aparición de restos humanos como estos es la verdad muy llamativo”, indicó.

Finalmente, Codina concluyó que “estamos trabajando para poder resolver este crimen”.

La fiscal Cecilia Codina en su alegato mencionó las pautas mensurativas de la pena establecidas en el Código Penal, mencionando como circunstancia agravante la naturaleza de la acción, la indefensión en la que se encontraba la víctima, lo cual fue aprovechado por Alaniz. El peligro causado o la extensión del daño, había seis personas más con la víctima y los proyectiles podrían haber lesionado terceras personas, sostuvo la fiscal. También mencionó la existencia de dos bandas antagónicas y que Alaniz pertenecía a los denominados “papas fritas”. La fiscal consideró como atenuante la falta de antecedentes penales de Alaniz ya que una suspensión de juicio a prueba como menor no puede meritarse como condena. En base a todo lo expuesto la fiscal solicitó la pena de 14 años de prisión y atento a la pena en espera, pidió el mantenimiento de la prisión preventiva de Alaniz en base al peligro de fuga y a la declaración de responsabilidad penal que pesa sobre el imputado.

Por su parte el defensor Guillermo Iglesias no cuestionó la medida de coerción ya que la pena mínima que se postula implica que va a quedar detenido. “De los dos agravantes que postula la fiscalía no se dice en cuanto inciden el mínimo de la pena. Recordando dos casos que trajo como antecedentes de homicidio de la jurisdicción, como el caso “Currulef” y el de “Eliana Epulef”. En ambos casos se condenó a los responsables a la pena de 10 años y 8 meses de prisión argumentó el defensor. Rige el principio de humanidad de la pena y de no trascendencia de la pena hacia terceras personas, en el caso Alaniz tiene tres hijos menores que mantiene. Son muchos más los atenuantes que los agravantes, aseguró el defensor.

Finalmente el tribunal, presidido por Gladys Olavarría y constituido por las juezas Daniela Arcuri y Mónica García, resolvió mantener la prisión preventiva que viene cumpliendo Alaniz en virtud de la declaración de responsabilidad penal que se le dictó hace pocos días. Ello acrecienta el concepto de certeza y procede para el caso el riesgo de fuga, también en base a la gravedad del hecho y la expectativa de pena, que parte de 10 años y 8 meses de prisión. Manteniendo la prisión preventiva de Alaniz por 6 meses, o bien hasta que la sentencia quede firme. Finalmente dará a conocer su veredicto de pena el próximo 6 de septiembre, a las 11:00 horas.

Según publica diario Jornada, después de más 15 horas de audiencia, el juez Sergio Piñeda determinó este viernes a la madrugada la situación de los once detenidos de lo que se conoce como «Caso Revelación», que investiga el presunto cobro de retornos de la obra pública para pagar sobresueldos y hacer «caja política» durante el Gobierno de Mario Das Neves.

Los fundamentos que expone el fiscal general a cargo de la persecución penal no avalan tamaña decisión, no obstante resultan elocuentes los hechos objetivos que dan cuenta acabada de la invasión de esta gente al predio de la estancia de la empresa Benetton.

Los presupuestos legales alusivos a la determinación de los ilícitos penales no ameritan atenuantes en esta etapa del proceso judicial, siendo la instancia del juicio oral y público el ámbito propicio para cualquier valoración que ponga en crisis la existencia del delito, pero antes de dicho estadio, la semiplena prueba recogida en la etapa de investigación, reviste fortaleza suficiente para sostener la acusación.

Es evidente que la Fiscalía ha faltado a su elevado cometido de ejercer la defensa irrestricta de los intereses colectivos que el ordenamiento legal y procesal le ha encomendado.

El acusador particular, a la postre, se constituye en la garantía del sistema represivo, frente a la inoperancia y fragilidad del poder estatal.