“Este mecanismo viene después de las inundaciones del 2017, algunos inmediatamente se pusieron a hacer este aporte porque son gente muy carenciada y a los que lo hicieron inmediatamente le dieron de baja el plan. Esta situación la denunciaron ante un legislador nacional que vino a entregar unas máquinas al Movimiento y les dijo que denuncien a la Justicia Federal y a partir de allí sucede esto”, agregó.

En ese marco, señaló que “cuando se iniciaron los planes, eran de 4 mil pesos y les pedían 400 pesos, o sea un 10%. Eso se fue incrementando y hoy está en 12 mil pesos. Después están los refuerzos de ayudas sociales, que también deben dejar 200 pesos o está el que tiene que ir a trabajar, pero no quiere hacerlo paga mil pesos más, y no tiene la necesidad de cumplir las horas”.

“Hay mucha recaudación anómala acá, que se denuncia y hay que investigarla. El beneficiario directo del Plan Social lo cobra a través del Banco Nación y una vez que estaba el depósito les avisaban en un grupo de WhatsApp que estaba el depósito y que no olviden de los aportes, que deben pagarlo antes del día 5 y había ‘premio’ para el que pagaba más puntualmente, entonces cada uno cobraba y pagaba en mano a su referente”, detalló Iturrioz.

El funcionario de Fiscalía comentó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz que “acuden a mecanismos extorsivos no voluntarios y hoy se gestiona una marcha en mi contra. Dijeron que no tienen recursos pero que van a empapelar Comodoro, entonces no sé de dónde los van a sacar para hacerlo”.

“Pueden ir 200; 300 o 500 personas a la marcha. Un 10 por ciento va voluntariamente y el resto va a ir obligada. No me molesta porque es parte de mi trabajo, pero sí cuando hay una extorsión con esas personas que tienen sus necesidades más básicas insatisfechas como ser la alimentación”, sostuvo.

Recaudación

El Fiscal comentó que “ayer referían públicamente que tenían 250 adherentes de los cuales cobraban en forma voluntaria 500 pesos a cada uno, o sea que tienen una recaudación mensual de 125 mil pesos, que sirven para pagar los 17 mil pesos de alquiler en calle Alsina, pero hay 108 mil pesos que faltan”.

“Si esto es voluntario y se destina para gastos de la organización, me imagino que van a tener una contabilidad organizada, porque quién maneja recursos de terceros tiene que tenerla. Aparte hay subsidios de Nación, ayudas de Provincia y del municipio, que los mismos denunciantes dicen que se obtienen, y se la dan a un grupo cercano que la comercializan vendiendo bolsas con alimentos en domicilios particulares, a precios muy accesibles. Eso también forma parte de la denuncia, se hizo un trabajo de campo que lo refrenda”, amplió.

Del mismo modo, contó que “hay una denunciante a la que todos los meses le hacen firmar una planilla para presentarle a la Municipalidad diciendo que necesita alimentos y que no se los dan. Dicen que se los entregan tal el día y si no va, pierde el derecho y eso que sobra posteriormente se vende en uno o dos domicilios particulares”.

“La Justicia Federal se declaró incompetente y la Justicia Provincial se declaró competente. Se van a averiguar todas las ayudas que reciben y cuál es el destino de éstas. Hasta el momento hay cuatro personas identificadas y había otras tantas por identificar, serían las personas que conducen a nivel local este Movimiento. De hecho se va a oficiar continuamente al Ministerio de Desarrollo Social para que dé cuenta de cuáles fueron las causales que se denunciaron para excluir a determinadas personas, que aún no sabemos cuántas son”.

“Tengo toda la confianza en que se va a llevar adelante el juicio en tiempo y forma y que el Superior Tribunal de Justicia va a atender la impugnación extraordinaria que planteó el Dr. Rodríguez en cuanto a declarar la causa compleja. En épocas de problemas extraordinarios como lo es una pandemia, no se puede recurrir a soluciones ordinarias, porque se van a devenir fútiles”, concluyó.

Los referentes aludieron que saben de la existencia de extorsiones como las denunciadas en ámbitos del poder político pero repudian el accionar de la Justicia en su caso tras citarse la denuncia del cobro compulsivo de un 10% de los planes a sus beneficiarios por parte de los dirigentes del MTE.

Su intención es conversar con el Fiscal Héctor Iturrioz para saber más de la investigación en curso, aunque desacreditaron su conocimiento sobre la realidad de la gente en los barrios, al tiempo que negaron las acusaciones formuladas en la denuncia.

“Se ha desnaturalizado el sistema pero entiendo que es una decisión política y no jurídica” y cuestionó que la entrega de viviendas se realice a través de organizaciones sindicales y no a través de la dinámica de viviendas sociales, señaló diario Jornada.

Mientras investiga la causa denominada “Sueños Pagos” que involucra a personas relacionadas en el IPV, expresó su malestar por la mecánica del sistema de adjudicación. “Tenemos denunciantes desde el 94. Muchos que se inscribieron con sus hijos recién nacidos que hoy ya son adultos y tienen sus propias familias constituídas. Y nunca han podido acceder a una vivienda. Acá se adjudicaron viviendas a personas que ni siquiera estaban inscriptas”, criticó Iturrioz.

Respecto a la causa que investiga el Ministerio Público Fiscal, reconoció que hay dos imputados y algunos con medidas de coacción.

“Hay casos para cautelar el proceso. La ley prevee la pena de prisión de efectivo cumplimiento por ser más de tres años. Los damnificados son vendedores ambulantes, no tienen ingresos fijos y estables y les cabe un resarcimiento. No son codelincuentes como intentó vincular la defensa de Maximiliano González”, dijo en referencia al principal acusado y detenido con prisión domiciliaria.

Iturrioz explicó los avances en cuanto a la conformación de la banda y los roles que cada uno cumplía incluyendo a los jefes, los planos intermedios y las escalas más bajas de la asociación criminal. “Eso está determinado, pedimos un tiempo extra para dar con la ubicación de los bienes ya que se hizo mucho dinero con éste accionar delictivo”.

El IPV en la mira

“El Instituto Provincial de la Vivienda viene sindo protagonista de causas judiciales desde hace años. De la causa Reyna pasamos a “Sueños pagos” y en “Revelación” inclusive se entrevistó a uno de los presidentes del IPV y mencionó irregularidades”.

Por entonces se reconoció “que se hacían adulteraciones en los listados de adjudicatarios. El IPV siempre fue un lugar de sospechas que se han ido verificando”.

Para Iturrioz la investigación del reciente caso “Sueños pagos” está casi agotada. “Nos resta avanzar en la ubicacion de los bienes porque se hizo mucho dinero en ésta maniobra delictiva”. “La causa –dijo el fiscal- está muy avanzada en cuanto a materialidad y autoría, resta recuperar el dinero y los bienes que fueron producto del delito”. Admitió que hubo más de 700 a 800 personas damnificados y que los valores que manejaba la organización iban desde 60 mil pesos iniciales hasta los 700 mil estimándose que lo recaudado en el marco de estos delitos supera en volúmen los 70 millones de pesos.

Iturrioz indicó que la mayoría de los damnificados formuló la denuncia correspondiente. “Hay una posición común que si en Comodoro no se paga una suma de dinero a algún gestor, es imposible acceder a una vivienda del IPV”.

En referencia a González, expresó que éste carecía de rango jerárquico pero ejercía un “poder sin límites” dentro del organismo. “Esto lo dicen todos los implicados. Yo defiendo la postura de que no pudo haber hecho todo solo y debió intervenir un funcionario de mayor jerarquía en el diagrama”, especuló.

En términos de tiempo, Iturrioz indicó que la pena no quedaría en suspenso ni ligada a ninguna medida no punitiva. “Seguiremos sumando testimonios por un mes y medio. Hay personas que están dudando si denunciar o no. Cuando se haga la audiencia preliminar y en setiembre estaría en condiciones del juicio oral y público”, finalizó el fiscal.

“Lo procesal se mantiene en su mínima expresión, como lo dijimos al momento de fundamentar por qué solicitamos la morigeración y el recupero de la libertad ambulatoria. Hemos tardado un poco más del tiempo previsto originariamente para colectar los medios de prueba, las evidencias que van a ser pruebas una vez que sean incorporadas al debate”, sostuvo.

El fiscal enfatizó que “ya hemos terminado con esa etapa. Pedimos un plazo de tres meses porque el procesamiento, la elaboración de la acusación, demanda que se correlacionen todos y cada uno de los elementos que colectamos; y plasmarlos en los fundamentos de lo presentado oportunamente”.

“Lo cierto es que las medidas procesales, las cautelares, solamente perviven mientras lo hacen los riesgos que las motivaron. Si mantenemos medidas cautelares de privación de la libertad ambulatoria sin riesgos procesales, estaríamos actuando de modo ilegítimo”, aclaró.

Y recordó que “el primer día de audiencia, el 23 de mayo del año pasado, dijimos que las medidas de prisión preventiva iban a durar lo estrictamente necesario, atendiendo a los cánones que fijó la Comisión Interamericana de DDHH de razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad. No nos creyeron, criticaron que respondíamos a clamores punitivos de la sociedad y que estábamos aplicando penas anticipadas, y no es así. Como debe funcionar el sistema es que todo el mundo transcurra el proceso en libertad, y una vez que se le impone una pena que la cumpla, que sea una condena y no una prisión preventiva”.

“Hay multiplicidad de hechos que se juzgan con prisión preventiva y el día que se le condena se va a su casa, es decir que eso no se computa a los fines de reincidencia como cumplimiento de condena. Entonces hay gente que fue procesada varias veces y no está declarada como reincidente por este vericueto legal. Muchas veces los defensores sostienen eso para sus clientes, ya que la reincidencia es una condición de agravamiento que quita acceso a la libertad condicional”, amplió.

Sobre la respuesta al intento que hará Diego Luthers para evitar el nuevo juicio, Iturrioz dijo que “será negativa por su condición de funcionario público, ya que es expresa la prohibición de conceder tal beneficio a representantes de la función pública. Debe seguir presentándose semanalmente en comisarías para demostrar su permanencia en la zona”.

Y acerca de si hay manera de comprobar si no tienen contacto con otra gente de la causa, o testigos, adujo que “generalmente estos últimos avisan, porque la mayoría de los testigos en esta causa están atemorizados y cuando los intentan contactar, nos avisan. Luthers está con prisión domiciliaria acá, pero está con prisión preventiva en la causa ‘El Embrujo’. Es casi un formalismo que tenga prisión domiciliaria acá, porque no está en su domicilio”.

En tanto sobre que más allá de la renuncia expresa de Iniciativa Ciudadana, y si toman como renuncia tácita la no comparecencia de las otras querellas, fue irónico: “todavía no me recupero de la sorpresa que me generó el aviso que dio la directora de la oficina judicial. No sé si vieron mi cara, quedé como cinco minutos en blanco porque aún recuerdo las declaraciones públicas en audiencia que se iban a presentar e iban a contribuir al esclarecimiento de estos hechos que tanto le hacen a la sociedad, que iban a ir a juicio hasta las últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia; y hoy encuentro que nada de lo prometido se ha cumplido”.

Finalmente, enfatizó que “en esta instancia no estaba fijado procesalmente cómo tener por desistida la querella, pero el desinterés es obvio. Se generaron costas que deberán cargar con ellas. No sé si me indigna, pero sí me deja sorprendido que nos habían prometido que sigamos con los empresarios, que había imposibilidades probatorias, mucho riesgo de ir a un juicio, pero no se aportó nada hasta la fecha”.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz están convencidos en la aplicación de la probation para algunos empresarios involucrados en la causa “Revelación”.  Los fiscales, que trabajan con el mínimo de recurso humano disponible, insistieron en defender su postura legal en disidencia con críticas de algunos diputados provinciales respecto a estas medidas. Ratificaron las mismas bajo el precepto de respeto de la Ley y la aplicación del Código Procesal del Chubut que guía el trabajo que realizan. “Lo hicimos ante la alternativa de tener que darles una pena simbólica o recuperar algo y que vuelva a la sociedad”.

Respecto a la probation, Nápoli dijo que “durante un año y medio (los beneficiados) van a estar controlados exhaustivamente en cuanto al cumplimiento exacto de las pautas de conducta que se les ha impuesto. Mal se puede decir no tienen nada que ver con el proceso. De incumplir algunas de estas pauta (por ejemplo y la principal) la comisión de un nuevo hecho delictual no solo que se le abrirá de nuevo el proceso sino que la condena que se puede obtener será de cumplimiento efectivo”.

Consideró que hay muchas cuestiones técnicas que se nos hacen difícil de explicar porque no somos comunicadores sociales y es a veces frustrante no poder trasladarle al ciudadano de qué se trata. Lo cierto es que requerimos que confíen en nosotros, que renovamos día a día el compromiso con el proceso y vamos a tratar de llegar por todos los medios al juicio oral para los mayores responsables de este perjuicio que son los funcionarios públicos. Ellos tienen la obligación de  cuidar los bienes del estado y en cambio han hecho un despilfarro no solo delictual sino también en el engrandecimiento de su patrimonio. Es a ellos a quien vamos a dirigirnos con la mayor fortaleza y estamos orientados  a hacerlo”

Por su parte Iturrioz criticó al diputado provincial de Cambiemos Eduardo Conde quien cuestionó la decisión de aplicar una suspensión de juicio a prueba a cuatro de los empresarios imputados por cohecho activo y coimas.Dijo que “Conde hace política. Me llama la atención que diga algo así un legislador que aprobó hasta la ley del 2 por 1 en delitos de lesa humanidad porque dijo que había que respetar el imperio de la ley. Y acá que respetamos el imperio de la ley y está en desacuerdo. Es una inconsistencia terrible. Si  Conde no conoce la ley que dicta su propio cuerpo, estamos en problemas”, remarcó.

Agregó que en la causa “hay mucha prueba dura, objetiva” y sobre si con la misma no se podía avanzar y condenarlos aunque las penas no fueran de prisión efectiva manifestó: “Se podía pero era una decisión que había que tomar: o recuperar algo para la sociedad o una pena simbólica”.

El fiscal comentó además que “en el sistema acusatorio uno de los principios es la teoría del conflicto y la reparación y precisó que lo que se repara acá es “el daño que causó cada uno”. Respecto al aparato del Ministerio Público, dijo que “lo poco que tiene nos lo ha dado, pero tenemos recursos escasos: Trabajamos con una contadora, con un funcionario de fiscalía, una administrativa y tres policías compartidos”.

“Es una megacausa cuyo tamaño nunca se vio”, explicó y consultado sobre si las querellas aportaron algún tipo de prueba dijo que “no, absolutamente nada. Por eso la crítica nos indigna. Acá los únicos que vamos a recibir sanción son el doctor Nápoli y yo porque nos denunciaron. No somos buenos para la parte política”.

“Nos criticaron por la morigeración a (el exsecretario del entonces gobernador Mario Das Neves) Gonzalo Carpintero pero dijimos que cuando no haya riesgo procesal tenemos que ceder en la medida de coerción porque sería inconstitucional y abusaríamos de nuestra función. Ahí iríamos de nuevo al Consejo de la Magistratura”.

“No cambiamos nuestra hipótesis de trabajo en ningún momento. Siempre dijimos que Carpintero era la pata política de la sociedad criminal y sin la política nada de esto hubiera sido posible”, finalizó.

En los próximos meses los fiscales Iturrioz y Nápoli estarán en condiciones de tener concluida la acusación que será la base del juicio oral y público que se cree podría realizarse sobre fines de este año o principio del próximo.