Uruguay aprobará este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia y se convertirá en el primer país en América Latina en legalizar este proceso.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en agosto, en una sesión maratónica, con el respaldo de legisladores de diferentes partidos políticos. Este miércoles se trata en el Senado, una cámara en la que la coalición izquierdista Frente Amplio –que está a favor de la iniciativa­– tiene mayoría.

Como sucedió en Diputados, la votación estará dividida dentro del bloque opositor. Los históricos partidos Nacional y Colorado tienen diferentes posturas en su interna. La blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda, por ejemplo, votarán a favor de la iniciativa, informó este miércoles el diario El País.

El colorado Robert Silva, en tanto, pedirá licencia para darle paso a su suplente Ope Pasquet, quien en la legislatura pasada fue el promotor de que se trate este proyecto de ley, que llegó a ser aprobado en la Cámara de Diputados pero no fue tratado en el Senado.

“Después de tanto luchar será parte”, dijo Silva, en declaraciones al diario uruguayo.

En las barras del Palacio Legislativo estará presente este miércoles Beatriz Gelós, una paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace 19 años y que está a favor del proyecto.

Su historia, que fue publicada por Infobae hace casi dos años, fue un argumento utilizado en la Cámara de Diputados. Gelós no puede bañarse sola, escribir a mano, rascarse ni tomar agua por su propia voluntad cuando tiene sed. Tampoco puede ocuparse de nadie, en especial de sus nietos, a quienes nunca les cambió el pañal ni los pudo hacer dormir en sus brazos. Esta docente de 71 años sería feliz si pudiera hacer cualquiera de estas actividades, pero la ELA que padece hace 19 años se lo impide.

Gelós también estuvo en las barras de Diputados durante la discusión.

Se prevé también la presencia de grupos como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que han sido promotores del proyecto. Prudencia Uruguay, que está en contra, también dirá presente.

El proyecto de ley que se discute en el Plenario este martes establece que la eutanasia podrá aplicarse en determinadas circunstancias. Las personas que podrían acceder serían las mayores de edad aptas psíquicamente, que padecen una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”. El proyecto está pensado para aquellas personas que tienen sufrimientos “insoportables” y apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad.

El procedimiento para aplicar la eutanasia es de ocho etapas. La iniciativa debe surgir de un paciente, que se lo tiene que expresar personalmente a un médico. Luego de la evaluación de un primer profesional, es necesaria una segunda opinión médica, de un doctor que no tenga vínculos con el primero que lo vio. Después de esta instancia, habrá una segunda entrevista con el paciente para que ratifique su disposición y luego una fase para expresar su “última voluntad”. Luego de eso, el médico actuante procederá a cumplirla.

Durante la discusión en Diputados, los promotores del proyecto de ley defendieron que la propuesta “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”. Además, consideran que cada persona tiene el “derecho” de definir qué hacer con su propio destino y “evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”.

Los que rechazan la propuesta, sin embargo, consideraron que el debate no puede ser tan simplista de considerar “sufrir o morir” y rechazan que las personas tengan el derecho de “disponer de la propia vida”.

La iniciativa lleva el nombre de “Ley Alfonso”, en homenaje al cordobés Alfonso Oliva, que falleció en 2019, a los 36 años, por una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con un padecimiento psíquico enorme, al no poder mover más que sus pestañas. El joven reclamó una norma que les permita a pacientes terminales o con enfermedades que causan situaciones de vida insoportables, poder poner fin a sus días.

«Alfonso nos encargó trabajar en una ley que reconociera el derecho a morir dignamente de las personas que, como él, padecían sufrimientos físicos y psíquicos insoportables, sin posibilidad de alivio o cura. Él sabía que probablemente no vería este proyecto convertirse en ley, pero no quería irse sin aportar lo suyo para que otros y otras no tuvieran que pasar por lo mismo”, contó a Página/12 la diputada del Frente de Todo, Gabriela Estévez, promotora de la iniciativa, que espera poder presentarla pronto, para avanzar con la discusión en la Cámara de Diputados. La idea –como otras leyes de ampliación de derechos– es que reciba apoyos de distintos bloques, en forma transversal.

De aprobarse, se podría llevar adelante un procedimiento similar al solicitado y luego suspendido por la colombiana Martha Sepúlveda, de 51, que también padece ELA pero todavía no se encuentra en una fase terminal de la enfermedad.

La propuesta regula la administración de una sustancia que pueda causar la muerte por parte de un profesional de la salud o a través del propio paciente, siguiendo un procedimiento estricto de interconsulta y consejería previo.

«Desde 2018 nos pusimos a trabajar en el texto de este anteproyecto. Alfonso llegó a ver el primer borrador. Falleció al año siguiente. Pero lo seguimos trabajando con el asesoramiento del médico Carlos ‘Pecas’ Soriano, experto en bioética; la abogada Marisa Herrera y distintos especialistas comprometidos con esta causa que se fueron acercando y tomando la experiencia de los países que fueron legislando al respecto. Hoy el anteproyecto se encuentra en etapa de revisión técnica», explicó a este diario Estévez.

Los ejes principales del anteproyecto son los siguientes:

● Regula el derecho a la prestación para morir dignamente en dos modalidades:

– La administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional de la medicina competente (lo que se conoce como eutanasia)

– La prescripción o suministro al paciente por parte de un profesional de la medicina competente de una sustancia, de manera que este se la pueda autoadministrar (lo que se conoce como suicidio asistido).

● La prestación deberá ser cubierta por el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas.

● Los requisitos para acceder a esta prestación son:

– Tener nacionalidad argentina, tener mayoría de edad y ser plenamente capaz al momento de la solicitud.

– Que la solicitud sea libre, voluntaria e informada.

– Que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable (la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, en un contexto de fragilidad progresiva) o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante (situación que hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo fuerte probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación).

● El anteproyecto está jurídicamente fundamentado en los Tratados Internacionales de DD.HH. incorporados a la Constitución Nacional.

● Tiene particularmente en cuenta las experiencias de Colombia y España en relación a la temática.

● Contempla la directiva anticipada, es decir, el mandato por el cual el/la paciente designa a una o más personas, con anterioridad, en privado y en estricto orden de preferencia, para que informe al personal médico responsable acerca de su voluntad de acceder a la prestación de ayuda para morir dignamente, en caso de que concurran las circunstancias establecidas por esta ley y sea incapaz de manifestar su voluntad o se encuentre inconsciente. Debe ser escrita y firmada ante escribanx público o juzgados de primera instancia en presencia de 2 testigos. La directiva anticipada podrá ser modificada o revocada en cualquier tiempo.

● Contempla la objeción de conciencia en los mismos términos de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020.

Uno de los expertos que contribuyeron a elaborar el anteproyecto es el especialista en Medicina de Emergencia y magister en Bioética Carlos «Pecas» Soriano, quien acompañó en sus últimos días a Alfonso Oliva. «Si bien es cierto que la Ley de Muerte Digna, la 26.742, sancionada en mayo de 2012, contempla el retiro de cualquier soporte vital –en su artículo 1 dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive tratamiento de hidratación y o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación irreversible o incurable–, no contempla estos casos como el de Alfonso, en los que no hay nada que retirar», explicó ante una consulta de Página 12. Sin embargo, el paciente está sufriendo de una manera realmente muy indigna y está queriendo poner fin a su vida como cualquier ser humano se merece, agregó. «Así como uno es libre y tienen derecho a vivir una vida digna, parte de esta vida es el final, es decir, la muerte y poder morir con dignidad. Es una ampliación de derechos que no hiere a terceros. Lo que está en juego es la autonomía de la voluntad y el respeto a una muerte digna. Por eso vimos la necesidad de legislar como lo está en otros países como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, algunos estados de Estados Unidos, de Australia, Canadá y recientemente en 2015, en Colombia y España”, detalló Soriano. 

Cecilia Heyder es una mujer chilena de 54 años que padece de cáncer, lupus y distintos trastornos sanguíneos. Desde hace años es activista para que se apruebe una ley de eutanasia en su país para poder dejar el sufrimiento y poner fin a su vida de manera digna.

“Amo vivir, pero quiero morir”, expresó terminante la mujer. A lo largo de su vida se enfocó en la lucha por los Derechos Humanos. Sin embargo, en esta ocasión está poniendo todos sus esfuerzos en que el Congreso chileno apruebe una ley que permita la eutanasia.

Por su parte, Cecilia lleva luchando por legalizar esta ley hace años “sin saber que me iba a tocar, sin saber que la iba a pedir“. La razón por la cual apoya dicha legalización es porque cree en “los derechos individuales y soberanos de cada persona”. Sin embargo, también da su estado de salud como fundamento.

Para ella, que ve que su vida no es la misma y que ésta se empieza a acabar ya que no puede salir a hacer eso que más le gusta en la vida (“Encadenarte o protestar”, según expresó) eso significa que “es mejor dar un paso al costado y no seguir sufriendo“.

En cuanto a sus enfermedades, ella tiene un cáncer que no sabe si hizo metástasis porque desde 2015 que se niega a ir a un oncólogo. También padece de lupus y hace dos años desarrolló un déficit de factor siete que le causa hemorragias y coagulopatías. “Esto no es vida“, sentenció. El proyecto se aprobó en Cámara de Diputados y aguarda la decisión del Senado.