El fallo contra Urribarri, quien en 2020 había sido nombrado embajador en Israel por el Gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra, fue firmado este martes en forma unánime por las vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

La Justicia entrerriana considera probado -según publica TN– que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.

Los fiscales habían pedido el cumplimiento efectivo de la condena vía prisión preventiva «fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución«. Para los representantes del ministerio Público «han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero».

El exmandatario había sido condenado en primera instancia el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023. La fiscalía pidió la detención cuando el Superior Tribunal provincial le rechazó un recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó la solicitud. La fiscalía recurrió entonces esa decisión y este jueves finalmente, se ordenó la captura.

La orden fue comunicada al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que capture a Urribarri deberá «alojarlo» en la Unidad Penal 1.

Entre los hechos juzgados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2014.

Quedó probado además que esas y otras contrataciones, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tuvieron por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.

El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión: se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador, Hugo Marsó, fue absuelto.

La ciudad de Concordia, en Entre Ríos, se vio conmocionada en las últimas horas por la muerte, en un lapso de poco más de una semana, de dos jóvenes hermanas enfermas de coronavirus.

Marina Güida, de 29 años, madre de dos chicos y estudiante de cuarto año del Profesorado de Biología, falleció en la madrugada de este martes tras permanecer internada varios días por complicaciones que le presentó el virus. Por tratarse de una paciente con covid-19, no habrá velatorio, por lo que este mismo día será enterrada en el cementerio El Pinar del Campanario.

Según informó el Diario Uno, de Entre Ríos, su hermana, Aldana Güida, de 21 años y también estudiante de Biología, había fallecido el pasado 2 de mayo por la misma enfermedad. El triste mensaje de Victor Forni, ex pareja de Marina

La noticia fue confirmada por Víctor Forni, exesposo de Marina y padre de sus hijos, desde su cuenta de Facebook. «Lamentablemente quiero agradecer de corazón a todos quienes hicieron la cadena de oración por la salud de la madre de mi hijo, por Marina Güida. Pero lamentablemente se nos fue, nos dejó. Y hay que seguir adelante. No es fácil», señaló el hombre con la voz quebrada y desazón. 

«Es un momento duro para mí, porque, más allá de ser su ex pareja, teníamos una muy buena relación como padres. Estoy destrozado como toda la familia completa por esta enfermedad de mierda que es el Covid, esta enfermedad de mierda que no le está dando tregua a nadie», indicó.

Forni, un locutor conocido en la zona, concluyó: «Quiero agradecer a la familia, a la gente presente, por habernos apoyado en todo y apoyado a la familia de ella, a la familia Güida. Primero se fue Aldana y ahora se fue Marina, así que no hay consuelo».

El posteo de Freddy Güida, hermano de las jóvenes.

En tanto, el hermano de las jóvenes, de nombre Freddy, también escribió un sentido posteo en Facebook: «Me cortaron las alas, se llevaron un pedazo de mí, no encuentro palabras para este momento, trato de pensar que es una pesadilla, que mis dos hermanas están vivas y que ya voy a despertar, pero nunca despierto y ustedes ya no están», comenzó su crudo texto.

Y con el mismo tono, concluyó: «Cuando me siente en la mesa y se sienta tan vacío, tan triste, cuando la soledad me golpee y nadie esté para levantarme, porque al fin y al cabo, aunque esté rodeado de gente me siento solo. Descansen en paz, yo cuido el legado, yo cuido a papá y mamá. Las amo, hasta pronto».

El responsable Económico Financiero de la campaña de Cambiemos en Entre Ríos durante 2015, Enrique Susevich, deberá devolver casi 2.000.000 de pesos al Estado, luego de que el Tribunal de Cuentas lo condenara por haber desviado subsidios otorgados para boletas que fueron usados para otros fines. A la par de la sentencia administrativa, el actual funcionario -es titular de Anses en la provincia- también está siendo investigado por la Justicia entrerriana, en un proceso que está muy cerca de elevarse a juicio.

El origen

En 2015 el cajero de la campaña de Cambiemos -que llevó a Alfredo De Ángeli como candidato a gobernador- recibió dos subsidios: uno de $1.027.687,04 (decreto N° 2892, del 25 de agosto) y uno de $615.312,90 (decreto N° 3743, del 14 de octubre). Ambos, en total, sumaban un monto de $1.642.999,94. Todo el dinero, según las normas estatales, eran para un solo uso: imprimir boletas para las Elecciones PASO y Generales. No obstante, al presentar la rendición de gastos en el Tribunal de Cuentas, el propio Susevich admitió que un porcentaje de los recursos fueron usados para el pago de publicidad televisiva, callejera y actos políticos.

Por tal motivo, el ente abrió un expediente que derivó en una condena administrativa en marzo de 2019: el pago de $752.999,84 más intereses, que dieron como resultado un total de $1.763.192. “Los comprobantes no se corresponden con el destino previsto para tales sumas” indicaron desde el oganismo. Si bien en un primer momento Sergio Avero, abogado del acusado, apeló la medida a través de un recurso de Revisión, finalmente desistió. Por tal motivo ofreció el pago consecutivo en 12 cuotas fijas del monto explicitado. Ese ofrecimiento está a consideración de la Fiscal de Cuentas actuante, Lucrecia Zuttión, quien llevó adelante todo el expediente contra Susevich. Zuttión fue quien a través del dictamen N° 143.416 le reprochó el desvío de fondos para otros gastos no estipulados en los decretos del Estado entrerriano.

En la Justicia

Casi de inmediato, el expediente pasó al Ministerio Público Fiscal, que abrió una investigación de oficio para investigar el supuesto delito de peculado, es decir, el uso de fondos públicos para otros fines que no son los estipulados por el Estado. A cargo de ese expediente quedaron los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Fuentes judiciales confirmaron a El Desatape que el 24 de octubre habrá una audiencia, donde los fiscales pedirán la remisión a juicio del caso. «Lo que se le está imputando es una ‘administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio del Estado’. El agravante aumenta la mínima» explicaron.

Concretamente la tesis acusatoria de la Fiscalía es: a Susevich le dieron una plata para que la gaste solamente en boletas y él la uso en otra cosa. El debería haber entregado los comprobantes de boletas o haber devuelto los excedentes. Lo que presentó fue facturas por gastos diferentes.

Según se supo, además, el hecho de que el funcionario haya aceptado la devolución ante el Tribunal de Cuentas no morigera su situación: «No es una prueba relevante desde la materialidad o autoría, Si bien sumaría para dar como acreditado el hecho, es más relevante a la hora de pedir la pena. Porque él intento reparar el daño causado. Lo que no hace la reparación del daño es hacerlo desaparecer».

Por último, desde la Justicia señalaron que, por el tipo de delito, Brugo y Malvasio solicitarían una pena de cumplimiento efectivo: «Cuando es un delito contra la administración no hay salidas alternativas. Sino vamos todos, le robamos al Estado y la devolvemos, es una invitación a pelar al Estado. No hay posibilidad de que un delito contra el Estado tenga pena condicional. Hay que dar un mensaje, que es el que pide la sociedad, y tiene que ver con que la norma está vigente y debe ser respetada».

La palabra del imputado

En diálogo con El Destape, Susevich se defendió de las acusaciones que se le imputan. «Está demostrado que no hubo corrupción y que no busqué apropiarme de un fondo público. Sí hubo un gasto que fue, en parte, para boletas y, en parte, para otras actividades electorales. La rendición está perfectamente hecha y no se hizo un desvío intencional de los fondos».

Acorde a la versión de Susevich, el primer giro de dinero no especificaba el fin de ser usado solo para boletas. Además, llegó días después de las PASO: «Decía ‘subsidio’ y llegó 20 días después de las elecciones. En ningún momento me hicieron saber del decreto, que aparte fue publicado en marzo de 2016, mucho después. El segundo, el de octubre, sí especificó que era para boletas. Por eso se cometió el error».

El actual funcionario sí reconoce que hubo un manejo irregular, pero garantiza que fue de modo involuntario: «Yo sí hice un desvío de fondos, usé una plata que era para una cosa para otra cosa. Pero quedó demostrado que yo no sabía, porque en todas las presentaciones que hice dejé expresado que no sabía».

Este domingo será una nutrida jornada de elecciones en todo el país y el 14% del padrón nacional irá a las urnas.

Además de Chubut, donde se elige gobernador, diputados a intendentes en 13 localidades, en Entre Ríos, Tucumán, Jujuy y Mendoza también se votará.

Los gobernadores de las primeras tres provincias buscarán su reelección, mientras que Mendoza celebrará sus Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según los números oficiales de las elecciones legislativas de 2017, estos cinco distritos suman 4.674.599 de electores, lo que representa el 14% de todo el país.

En Chubut habrá 1.325 mesas para votar y un total de 442.344 votantes habilitados. Algunas mesas cambiaron a diferencia de la PASO.

Los siete candidatos a la gobernación son: Mariano Arcioni, el gobernador de la provincia y candidato a la reelección por «Chubut al Frente»; el diputado nacional y candidato a la gobernación por el frente «Cambia Chubut» -la versión local de Cambiemos- Gustavo Menna; Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia, que encabeza la lista del «Frente Patriótico Chubutense»; Maximiliano Masquijo (Movimiento Socialista de los Trabajadores), Oscar Petersen (Polo Social), Carlos Whom (Partido Independiente) y Gloria Sáez (Partido del Obrero).