El estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba demuestra -según publica TN– que “mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público”. De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.

Completan el grupo de mayores transferencias y empleo público Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.

En el otro extremo están las Provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones figuran en esa lista.

“Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación. Esa norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma constitucional de 1994″, señala el informe.

En esa reforma se planteaba que la distribución entre la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuaría en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa, solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Sin embargo, todos los meses, la Nación transfiere recursos a las provincias y a CABA, la mayor parte son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa Ley.

“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las Provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo, ninguna Provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se encuentran por debajo de este promedio”, señala el documento elaborado por la bolsa cordobesa.

En ese sentido, el informe destaca que Nación y provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad” que tiene consecuencias negativas para la sociedad, como la “elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra dar servicios públicos eficientes.

«Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del régimen de Coparticipación, que amerita entre otras cosas estudiar la posibilidad de disminuir la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las Provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, concluye el informe.

El desempleo alcanzó en el cuarto trimestre de 2021 el 7%, un cifra que se ubica en el nivel más bajo de los últimos años. La explicación para que esa estadística del Indec conocida en los últimos días haya ofrecido esa foto favorable pasan por dos razones menos auspiciosas: el crecimiento del empleo se concentró en el sector público y, como un efecto adverso que dejó la pandemia, muchos que perdieron su empleo ya no salieron a buscar otro.

A lo largo de los últimos dos años, entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo período del 2021, “hubo algo de creación de empleo privado pero en una medida menor que el aumento de la población. Por eso, la tasa de empleo privado da apenas en baja, de 35,1% pasó a 35. Esto indica que la creación de empleo público fue el verdadero motor del empleo”, señaló Matías Surt, economista jefe de la consultora Invecq.

En el mismo período bajo análisis, que prácticamente se ajusta a la gestión de Alberto Fernández, la cantidad total de ocupados creció un 3,3%. Pero ese crecimiento se compone de una suba del 1,5% en los empleos privados, un porcentaje menor al 2% que creció la población, y al mismo tiempo hubo una suba del 9,1% en el empleo público. En cantidad de trabajadores, eso implica que en esos dos años se registraron 297.000 nuevos empleados públicos, explicó Surt.

“Para explicar la baja en el índice de desocupación, se dan dos fenómenos. El primero es la creación de empleo, concentrada en el sector público. El segundo factor hay que buscarlo en la tasa de actividad, que todavía no volvió a su nivel previo a la pandemia. Hay menos gente ofreciendo sus servicios en el mercado de trabajo que dos años atrás, hay menos gente buscando trabajo”, señaló.

De ese modo, todavía hay una porción de la población que salió del mercado laboral durante esos dos años y todavía no regresó. Si esas personas estuvieran buscando trabajo pero no lo consiguen, contarían como desempleadas. Pero al no estar buscando trabajo, salen de la estadística de desempleo y son contabilizados como “inactivos”.

En el mismo sentido, un informe de LCG puntualizó que, además de la caída en el índice de desocupación, “también se observó un disminución en la subocupación demandante de empleo (-1,7 pp anual, a 8,6%) y de la subocupación no demandante (-1,3 pp anual, a 3,5%)”.

A su vez, para la consultora es esperable que “la oferta laboral siga creciendo sobre todo en un contexto de inflación en ascenso y salarios corriendo otro año más a un paso más lento. La necesidad de los hogares de sumar ingresos extras implicará un aumento de la población económicamente activa”.

Ganadores y perdedores

Otro efecto claro en el mundo del empleo de los últimos años es que el trabajo en relación de dependencia va cediendo espacio frente al cuentapropismo. En 2017, el 75% de los ocupados eran asalariados, una cifra que hoy cayó a 72%. Como contrapartida, el porcentaje de trabajadores autónomos subió del 21% al 23%.

“Al ver la evolución sectorial del empleo, hay dos sectores que quedaron relegados y no pudieron recuperarse: uno es hotelería y gastronomía y el otro el servicio doméstico. Ambos están caracterizados por una participación femenina muy alta, lo que genera un problema adicional en materia de composición del empleo”, apuntó Surt.

En el primer caso, según los cálculos de Invecq, hay un 14% menos de trabajadores que en 2019, lo que implica 110.000 personas ocupadas menos. En el caso del empleo doméstico todavía hay un 25% menos de trabajadores que antes de la pandemia: a fines de 2019 había 1,5 millón de personas que hacían tareas en casas particulares mientras que hoy hay 400.000 menos.

Esos empleos no recuperados en los últimos dos años se diluyen en la estadística de desempleo por la compensación que generó el empleo estatal y también algunos sectores privados que tuvieron mayor recuperación. Tras la dura recesión de 2020, el crecimiento de 2021 no fue homogéneo para todos los sectores económicos, en sintonía con las restricciones sanitarias.

Desde LCG advierten que aún cuando la recuperación económica de 2021 es evidente y mayor a la prevista, el año en curso será diferente: “Las perspectivas para 2022 hacen difícil pensar en que las tasas de crecimiento se mantengan más allá de la recuperación. Así, no debería esperarse en adelante un marcado crecimiento del empleo. Sin una recuperación del empleo que pueda absorber una oferta laboral creciente, no somos optimistas respecto a un sendero prologando de baja del desempleo, y hasta proyectamos registros cercanos de dos dígitos hacia fines de 2022″.