El Gobierno oficializó esta madrguada un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. Este entendimiento, formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca a agentes permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El pacto fue oficializado con la homologación de las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. 

Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.

A partir de enero, los aumentos serán del 2,50 % a partir de enero de 2026; del 2,20 % desde febrero; del 2 % en marzo; del 1,70 % en abril; y del 1,50 % en mayo, siempre calculados sobre la base de las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior. 

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Las escalas retributivas de los diferentes escalafones y entidades comprendidas serán actualizadas conforme a los nuevos valores, incluyendo compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida y movilidad, y gastos de guardería.

En cuanto al régimen de licencias, la normativa introduce modificaciones en los incisos b), c) y d) del artículo 3° del régimen sustituido por la Cláusula Primera del Acta Acuerdo del 29 de septiembre de 2020. Estas modificaciones alcanzan a licencias para rendir exámenes, por enfermedad, tratamientos médicos y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Se estableció que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto N° 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.

Por otra parte, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo de 2026, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida será de percepción única por persona y busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.

Aumentos para residentes nacionales

La normativa también fija los montos para los profesionales residentes nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. A modo de ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de $1.473.717 en enero y alcanzará $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año percibirán $1.117.549 en enero y $1.202.555 en mayo.

Además, se actualizan las asignaciones de becas para residentes, que irán desde $470.883 para jefes en enero hasta $506.700 en mayo de 2026, y desde $353.803 a $380.715 para residentes de primer año en igual período.

Otras actualizaciones de salarios

El Gobierno también hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales. La medida se oficializó mediante el decreto 208/2026 e impacta directamente en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y otras dependencias.

La medida también alcanza a quienes cumplen funciones en organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación, así como a quienes prestan servicios en la Antártida. De este modo, el nuevo esquema salarial pretende garantizar la actualización uniforme de los ingresos en todos los estamentos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos paritarios y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos.

El decreto modifica la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Para el personal del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución mensual del cargo de Bedel se fija en $111.212 a partir del 1° de abril de 2026 y en $112.880 desde el 1° de mayo de 2026. El ajuste se establece en el artículo 2° y responde a la política de actualización periódica de los haberes estatales.

El valor de la hora cátedra para personal docente retribuido por este sistema en la administración central se fija en $8.143 desde el 1° de abril de 2026 y en $8.266 a partir del 1° de mayo de 2026. Esta actualización no comprende al personal docente civil bajo la Ley N° 17.409 ni a quienes están dentro del convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075. La nueva escala reemplaza la establecida por el Decreto N° 1536/08 y sus modificatorios.

En materia de viáticos, el decreto sustituye la tabla correspondiente al Decreto N° 686/08 por una versión actualizada (Anexo III, IF-2026-26826385-APN-SSDYMEP#MDYTE), que será de aplicación para el personal del Servicio Exterior de la Nación y cargos extraescalafonarios. Los valores y fechas específicas están consignados en el anexo respectivo.

El valor del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida se establece en $1.448.923 a partir del 1° de abril de 2026 y en $1.470.657 desde el 1° de mayo de 2026, conforme lo previsto en la Ley N° 23.547. Este ajuste alcanza al personal militar contemplado en el Decreto N° 690/11 y sus modificatorios.

El nuevo requisito para ocupar un cargo dentro del Estado fue oficializado en el Boletín Oficial luego de que se publicara la Resolución 48/2025.

De acuerdo con el texto, que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva normativa estará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

“Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24″, señala el artículo 1° del documento oficial.

En diciembre, el Ejecutivo confirmó que el 95% de los empleados públicos que rindieron la prueba habían aprobado en el primer intento. Entonces, la cartera de Sturzenegger anunció que 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron el examen, que era obligatorio e incluía preguntas de competencias básicas.

La medida rige para la totalidad del sector público, comprendido por los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados; las empresas y sociedades del Estado; las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta; los entes públicos que cuenten con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y los fondos fiduciarios.

De esta manera, quienes hayan reprobado ya no podrán ser contratados como funcionarios o colaboradores, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo a partir del segundo semestre de 2025. 

En caso de tener un documento vigente posterior al 30 de junio, será anulado en razón de la entrada en vigencia de la nueva normativa, precisaron fuentes oficiales.

En qué consiste el examen de idoneidad impulsado por el Gobierno para los empleados públicos

El proceso forma parte de un plan impulsado por el Gobierno con el objetivo de reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.

Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice. 

Según se informó en el anuncio de la iniciativa, los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección. Cada trabajador cuenta con tres intentos para aprobar el examen.

En este sentido, señaló: “La realidad es que el censo es positivo, aunque seguramente va a mostrar un montón de cosas que están mal”.

“Durante muchísimos años se hizo un desmadre en el Estado, usándolo de trinchera para contener militancia y amigos”, dijo.

Asimismo, aclaró que “cuando las herramientas políticas se utilizan mal es una estafa hacia los trabajadores”.

“Lo que queremos hacer con este censo es ni más ni menos que un acto de justicia para quienes se levantan temprano y van a laburar teniendo puesta la camiseta de la Provincia”, indicó.

En este marco, destacó que “alguien que cobra, pero no va a trabajar, no es un trabajador, es un chanta y ahí es donde debe intervenir la justicia”.

“Vamos a exponer casos excepcionales de gente que cobra y ni siquiera vive en la Provincia. Eso es una estafa a todos los trabajadores públicos de Chubut”, afirmó.

Finalmente, Torres concluyó que “parte del ordenamiento del Estado tiene que ver con reconocer al que hace las cosas bien. En un mes tenemos pensado mostrarle a todos los chubutenses el resultado de este censo”.

De esta manera, el dinero estará acreditado y disponible el sábado 4 de marzo por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut. El Ministerio de Economía y Crédito Público informó que implica una erogación presupuestaria total de $16.522.793.678,32.