El objetivo principal del encuentro fue consensuar acciones concretas para garantizar el bienestar y la paz social en la ciudad, buscando disminuir el impacto en los sectores más afectados por los aumentos tarifarios.

En este sentido, se trazaron una serie de medidas para abordar la problemática energética y se evaluó la coyuntura actual, identificando que el problema se encuentra asociado al aumento del consumo producto de las bajas temperaturas y al consumo de los sectores electrointensivos, que, dada la carencia de gas, se ven obligados a calefaccionarse con equipos que funcionan con electricidad, lo que implica mayores aumentos en sus boletas.

Es importante mencionar, que agrava dicha situación la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la quita del subsidio. Es por ello, que se está trabajando en una reestructuración tarifaria para que dicho sector en particular, pueda contar con tarifas más accesibles.

Entre las principales decisiones, se acordó impulsar una Ordenanza Municipal para declarar la Emergencia Tarifaria local, en el marco de la emergencia sobre los Servicios Públicos vigente en el plano nacional.

Al tiempo que se planteó la necesidad de desarrollar un proyecto de comunicación para aunar criterios en lo que respecta a la aplicación de las medidas. Asimismo, se coincidió en mantener el bienestar social, garantizando un período de implementación coherente y priorizando la viabilidad de los mecanismos que se buscan impulsar en este acuerdo.

De esta manera, se confirmó el compromiso de los sectores gremiales, de acompañar el proceso, garantizando la paz social durante la ejecución de las medidas acordadas.

Los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores de la oposición pudieron cerrar filas detrás de una iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado, informa Ámbito Financiero. La propuesta impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.

En total, fueron 133 votos a favor, 94 negativos y tres abstenciones, al cabo de 12 horas y media de debate.

Además, impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo. El proyecto fue suavizado en su redacción por iniciativa del peronismo «no K» de Argentina Federal y el Frente Renovador.

Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir al transporte y los peajes de la regulación. En ese sentido, sólo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas (incluida la garrafa).

También se quitaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos.