El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, y prorrogar la intervención de los entes reguladores correspondientes.

La medida fue formalizada este lunes mediante el Decreto 370/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de todos los ministros del gabinete. La vigencia se mantendrá hasta el 9 de julio de 2026.

El texto prorroga la “emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N.º 55/2023 y prorrogada por el Decreto Nº 1023/2024”, en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como en el transporte y distribución de gas natural. El Ejecutivo justificó la decisión por “la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.

Asimismo, se decidió mantener la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Ambos organismos seguirán bajo control del Poder Ejecutivo hasta la fecha señalada o hasta la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que los reemplazará y absorberá sus funciones, “lo que ocurra primero”.

También se prorrogó el “período de transición hacia subsidios energéticos focalizados” dispuesto por el Decreto N.º 465/2024. Según lo establecido, la Secretaría de Energía continuará como autoridad de aplicación y podrá dictar los actos necesarios para avanzar en la reestructuración del régimen de subsidios, con el objetivo de definir mecanismos de asignación directa a los usuarios.

El decreto incluye, además, una convocatoria a las provincias para que coordinen con la Secretaría de Energía “las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios eléctricos en sus jurisdicciones” y colaboren en la aplicación de las nuevas políticas de subsidios.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo volvió a referirse a la situación heredada. Señaló que recibió “una herencia institucional, económica y social gravísima” y que “continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.

Respecto del sistema energético, el texto advierte sobre “la vulnerabilidad y el estado crítico” en tres aspectos: la estructura de recaudación, el estado de las instalaciones para el suministro, y la falta de señales de mercado tanto para la oferta como para la demanda.

“La continuidad de la emergencia del sector energético que se declara por el presente, en coordinación con las disposiciones de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N.º 27.742, contribuirá a erradicar la opacidad de las tarifas finales y la confusión entre los montos facturados y los subsidios”, indica el decreto.

Por último, el Ejecutivo sostuvo que el nuevo esquema busca que “el usuario final pueda discernir según qué conceptos y por qué importes abona el servicio respectivo, en un todo de acuerdo a sus propios intereses económicos”, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional.